A simple vista, la foto mostró exactamente lo que el PRO quería mostrar: Mauricio Macri y Jorge Macri compartiendo una reunión de trabajo, revisando la marcha de la gestión porteña y dejando atrás varias semanas de especulaciones sobre un supuesto distanciamiento político. Pero detrás de esa imagen de distensión siguió abierta una discusión que el partido todavía no resolvió: cuándo, cómo y bajo qué condiciones construir un acuerdo con La Libertad Avanza de cara a las elecciones presidenciales de 2027.

Ese fue, hoy, el verdadero debate que atravesó al macrismo. No se discutió si el PRO terminaría o no construyendo un entendimiento con el espacio de Javier Milei. La discusión pasó por el momento en que debería hacerlo, el margen de autonomía que debía conservar hasta entonces y si todavía tenía sentido preservar la posibilidad de presentar un proyecto presidencial propio.

La reunión del lunes en la sede del Gobierno porteño, en Uspallata, terminó convirtiéndose en la primera expresión visible de ese delicado equilibrio.

Según pudo saber Infobae, el encuentro estuvo lejos de ser una cumbre para discutir candidaturas o alianzas. Jorge Macri repasó junto a Mauricio Macri los principales indicadores de la Ciudad, la evolución de las cuentas públicas y distintos aspectos de la administración. Del encuentro participaron también el jefe de Gabinete porteño, Gabriel Sánchez Zinny; el ministro de Hacienda y Finanzas, Gustavo Arengo Piragine; y el diputado nacional, secretario general del PRO y principal espada política de Mauricio Macri, Fernando De Andreis.

En el entorno del jefe de Gobierno rechazaron de plano la idea de que existiera una crisis con el ex presidente. Admitieron que existían diferencias de enfoque sobre la estrategia frente a La Libertad Avanza, pero sostuvieron que el vínculo político y personal entre ambos continuó siendo bueno y atribuyeron las versiones sobre un supuesto conflicto a interpretaciones externas que, según esa mirada, magnificaron desacuerdos que nunca dejaron de ser administrables.

En Uspallata también buscaron despejar otra interpretación que consideraron equivocada: la de un Jorge Macri enfrentado con la Casa Rosada. Cerca del jefe de Gobierno describieron una relación fluida con el presidente Javier Milei y con varios integrantes de la primera línea del Gobierno nacional, entre ellos el ministro de Economía, Luis Caputo; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; la presidenta del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich; y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. Ese canal de diálogo, agregaron, también existió con la presidenta de La Libertad Avanza en la Ciudad, Pilar Ramírez, especialmente para abordar cuestiones vinculadas con la gestión porteña.

La convivencia institucional, sin embargo, no eliminó el debate político. Sobre todo, porque hay una figura que es central en cualquier acuerdo: Karina Milei, secretaria General de la Presidencia, titular de La Libertad Avanza y la voz que más escucha el jefe de Estado.

El debate interno del PRO por el acuerdo con La Libertad Avanza

Dentro del PRO convivieron hoy dos miradas respecto de la relación con La Libertad Avanza. Un sector importante del partido —integrado por gobernadores, legisladores nacionales y dirigentes con fuerte peso territorial, entre ellos Cristian Ritondo— consideró que el entendimiento con el oficialismo debería comenzar a consolidarse cuanto antes para repetir el esquema electoral de 2025, cuando ambas fuerzas compitieron juntas y lograron imponerse tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en la provincia de Buenos Aires.

La incorporación de Ritondo a la mesa política del PRO porteño fue interpretada precisamente como otro gesto en esa dirección. Quienes impulsaron esa estrategia creyeron que el electorado ya validó esa experiencia y que anticipar un acuerdo permitiría fortalecer una alternativa competitiva frente al peronismo.

Mauricio Macri no rechazó esa posibilidad. Nadie dentro del partido lo ubicó hoy enfrentado a un eventual acuerdo con Milei. Su diferencia pasó por otro lado: creyó que todavía faltaba demasiado para las elecciones presidenciales y consideró un error mostrar desde ahora al PRO dispuesto a integrarse a una alianza cuyos términos ni siquiera comenzaron a discutirse. Para el ex presidente, adelantar esa definición implicó resignar capacidad de negociación y llegar debilitado a una conversación que, inevitablemente, debería darse más adelante.

En otras palabras, el debate no giró alrededor del “qué”, sino del “cuándo”.

Ese matiz explicó buena parte de las conversaciones que atravesaron al partido amarillo. Mientras un sector entendió que la anticipación fortalecía el vínculo con La Libertad Avanza, Mauricio Macri consideró que apresurar esa discusión solo reducía el margen de autonomía política del PRO y limitaba su capacidad para negociar desde una posición de fortaleza.

Fue en medio de ese escenario cuando apareció un movimiento inesperado que sorprendió incluso a dirigentes experimentados del partido.

La irrupción de Lacunza y el candidato propio

Hernán Lacunza, el último ministro de Hacienda del gobierno de Mauricio Macri, reconoció públicamente durante una entrevista televisiva que le gustaría competir por la Presidencia.

“Faltan 18 meses para las elecciones, pero tengo esa vocación. Sí, me gustaría, pero eso no es una decisión mía”, afirmó. Luego agregó otra definición que también tuvo fuerte repercusión interna: “Le va a hacer bien al país que haya opciones de corte liberal, pero con otra jerarquía institucional”.

La declaración llamó la atención porque Lacunza nunca había expresado de manera tan explícita una aspiración presidencial. Además de haber sido el último ministro de Hacienda del gobierno de Cambiemos, hoy es vicepresidente de Racing Club, dirige la consultora Empiria y representa al PRO como director del Banco de Córdoba, cargo al que llegó en el marco del entendimiento político alcanzado con el gobernador Martín Llaryora. El mandatario cordobés, uno de los principales referentes del peronismo no kirchnerista, alternó etapas de cooperación con la Casa Rosada con otros momentos de fuerte confrontación y ya comenzó a preparar el escenario para la elección que definirá a su sucesor, donde una alianza de perfil liberal podría reunir a La Libertad Avanza, Luis Juez y Rodrigo de Loredo.

La pregunta empezó a repetirse rápidamente dentro del PRO: ¿Mauricio Macri estaba al tanto de esa declaración? ¿Existió algún tipo de aval previo?

La respuesta que ofreció un histórico dirigente partidario buscó relativizar la discusión.

“Es como lo que hacía Menem. ¿A quién le va a decir Mauricio que no diga que quiere ser candidato a presidente, si quiere serlo?”, resumió la fuente.

Más allá de esa interpretación, la aparición de Lacunza fue leída dentro del partido como algo más que una expresión individual. Para varios dirigentes, volvió a instalar la discusión sobre si el PRO debía reservarse la posibilidad de llegar a 2027 con un candidato presidencial propio, aun cuando más adelante terminara construyendo algún tipo de entendimiento con La Libertad Avanza.

Ese dato tampoco pasó inadvertido en el oficialismo.

En la Casa Rosada existió un objetivo electoral claramente definido: intentar que Javier Milei consiguiera la reelección en primera vuelta y evitar un balotaje que podría unificar detrás de un solo candidato a buena parte de la oposición. Desde esa perspectiva, cualquier candidatura competitiva ubicada dentro del universo liberal o del centro-derecha comenzó a ser observada con atención, incluso cuando todavía faltaran 18 meses para las elecciones. Una postulación propia del PRO podría captar un porcentaje reducido del electorado, pero suficiente para complicar la estrategia libertaria de imponerse sin necesidad de una segunda vuelta.

La foto de los primos Macri buscó ordenar el presente. La aparición del “tapado” que transparentó su intención de ser candidato a presidente empezó a discutir el futuro. Entre una imagen y otra quedó sintetizado el momento que atravesó el PRO: un partido que intenta administrar sus diferencias con Javier Milei sin romper puentes institucionales y que, al mismo tiempo, empezó a preguntarse si en 2027 llegaría como socio político de La Libertad Avanza o con un proyecto presidencial propio.

La discusión no pareció inminente. Falta más de un año para la elección. Pero la reunión de Uspallata y la irrupción de un potencial candidato dejaron una misma conclusión: el partido amarillo todavía no terminó de definir cuál será su lugar en el mapa político que imagina Javier Milei para buscar la reelección.

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Los movimientos sociales que integran la UTEP, la CGT, las dos CTA y grupos piqueteros y agrupaciones que conforman Territorios en Lucha, como Libres del Sur, ultiman los detalles de la peregrinación de San Cayetano, prevista para el viernes 7 de agosto con partida desde la basílica del barrio porteño de Liniers y destino a Plaza de Mayo. Los organizadores aseguran que será “la marcha más grande de la década”. La consigna, que apunta a las políticas sociales y de ajuste del gobierno de Javier Milei, fue acuñada por el entonces papa Francisco: “Tierra, Techo y Trabajo”.

La movilización abrirá la temporada alta de protestas sindicales y sociales que concentrará paros, marchas y actos de fuerza de distintos sectores. Es la continuación de un plan de lucha trazado desde julio que ya generó cortes y piquetes en puentes y accesos en todo el país, acompañamiento a los reclamos que los miércoles realizan los jubilados frente al Congreso y rechazo público a la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada —que encubre la modificación a la conocida ley de Tierras— que el oficialismo busca aprobar en el Senado.

La comisión organizadora, integrada por la Confederación General del Trabajo (CGT), la CTA de los Trabajadores, la CTA Autónoma y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), se reunió esta semana para definir la logística del acto. Según anticipó a Infobae el titular de la UTEP, Alejandro Gramajo, la peregrinación arrancará por la mañana con una bendición de herramientas en la intersección de las avenidas Rivadavia y Jujuy, como es tradición cada año. Desde la organización auguran que será “la marcha más convocante de la década”.

Al recorrido desde San Cayetano hasta Plaza de Mayo se irán sumando agrupaciones estudiantiles, organismos de derechos humanos, colectivos de mujeres y profesionales. Silvia Saravia, dirigente nacional de Libres del Sur, confirmó la participación de su organización y señaló que se evalúa concentrar en el Obelisco junto a Territorios en Lucha para luego ingresar a la plaza junto a las dos CTA. “Todas las organizaciones vamos a participar este 7 de agosto. Nos parece muy importante articular todas las luchas”, afirmó Saravia en diálogo con Infobae.

La dirigente también denunció el cierre del programa Volver al Trabajo y el cese de la transferencia de $78.000 mensuales a casi un millón de personas. “Esto no solo impactaría en la economía de esas familias, sino también en las economías locales. Lo que hay de fondo es un problema de modelo de país. El gobierno está destruyendo la industria nacional, quitando derechos con la reforma laboral y entregando nuestro patrimonio con el RIGI y con la ley de extranjerización de tierras”, advirtió Saravia, quien agregó que “casi 8 de cada 10 familias están salteando comidas”.

Rechazo a la Ley de Propiedad Privada

En paralelo a los preparativos del 7 de agosto, la CGT suma su rechazo a la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que el oficialismo intentará aprobar en el Senado el 6 de agosto. La central obrera evalúa sumarse a la movilización convocada frente al Congreso un día antes, junto a las dos CTA, la UTEP y otras organizaciones que ya habían confirmado su presencia.

La norma propuesta por el Gobierno elimina los límites vigentes para la venta de tierras rurales a extranjeros, establecidos por la ley de 2011, que fija que los extranjeros no pueden ser propietarios de más del 15% de las tierras rurales del país, prohíbe la compra de campos en zonas de frontera y establece un límite de 1.000 hectáreas en la zona núcleo. Si se aprueba la modificación, la compra en zonas de frontera podría ocurrir con la doble aprobación de la Nación y de las provincias.

Este jueves, desde las 17, sindicatos, agrupaciones gremiales, movimientos populares y el Instituto de Investigaciones Jurídicas Fray Bartolomé de las Casas (IFBC) realizarán un encuentro en defensa de la función social de la propiedad y en rechazo al proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que tramita en el Senado, “ante la evidencia de sus graves implicancias en materia de expropiaciones y desalojos, acceso a la vivienda, propiedad comunitaria de tierras indígenas, extranjerización del suelo rural, deterioro del ambiente y perjuicio de la soberanía nacional”.

La marcha del 6 de agosto está precedida por una semana de acción coordinada bajo la consigna “Argentina no se vende”, que la Coalición Federal en Defensa de la Tierra y la Multisectorial por la Tierra y la Vivienda vienen desplegando con talleres, radios abiertas y banderazos en distintos puntos del país, junto con recolección de firmas y otras actividades. Este sábado 1° de agosto habrá un banderazo en el Obelisco de autoconvocados como antesala a la marcha del jueves. El reclamo también sumó pronunciamientos de otros sectores: una carta abierta a los legisladores firmada por la Iglesia, la Pastoral Social y Cáritas, un comunicado del Movimiento Nacional de Capellanes y otro del Llamamiento Argentino-Judío, todos en rechazo al proyecto.

Una fecha con historia

La movilización del 7 de agosto cumple este año una década desde su primera edición. Esteban “Gringo” Castro, extitular de la UTEP, recordó en diálogo con Infobae los orígenes de aquella primera peregrinación. “El 7 de agosto del 2016, en realidad empezó como una idea que surge a partir del Movimiento Misionero Francisco. Teníamos una reunión para ver que siempre que había alguna fecha que expresara la religiosidad popular, como puede ser el 8 de diciembre (día de la Inmaculada Concepción de la Virgen María), el 7 de agosto, nosotros hacíamos actividades, y ahí a un compañero se le ocurre plantear por qué no vamos desde San Cayetano hasta Plaza de Mayo a reclamar lo que después fue el salario social complementario”, relató Castro.

El referente del Movimiento Misioneros de Francisco recordó que hubo resistencias internas antes de la primera marcha —entre ellas, la preocupación por si la fecha podía representar a sectores evangélicos o no creyentes— y que la convocatoria se realizó un domingo, lo que dificultaba la movilización. Aun así, la respuesta fue masiva. Fue, además, el puntapié inicial del reclamo al gobierno de Mauricio Macri para que se aprobara la Ley de Emergencia Social. Castro también evocó el hilo histórico que conecta esa gesta con la marcha de la CGT a San Cayetano durante la dictadura, encabezada por Saúl Ubaldini, que fue reprimida con dureza, y con las luchas de anarquistas, socialistas y comunistas de principios del siglo pasado.

“El 18 de noviembre del 2016, acompañados por la CGT, las dos CTA y todos los movimientos populares, logramos una movilización al Congreso de más de 200.000 personas. Y a los dos o tres días firmamos casi por unanimidad la ley de emergencia social”, subrayó Castro. Esa conquista —el salario social complementario— es precisamente la que hoy el Gobierno busca desmantelar: según Castro, para agosto muchos beneficiarios dejarán de percibir ese ingreso que el Estado abonaba a través del Programa Volver al Trabajo, sucesor del Potenciar Trabajo.

El extitular de la UTEP señaló que el 45% de los trabajadores de la Argentina se encuentra en condiciones de precariedad laboral. “Es una enormidad, es una barbaridad”, afirmó, y resaltó que el 7 de agosto debe seguir siendo “un día de movilización y de construcción de comunidad, de lucha por la producción y el trabajo”, con la consigna surgida en el Vaticano bajo el papa Francisco: “techo, tierra y trabajo”.

Castro recorre a diario los barrios más vulnerables. Durante la semana, por ejemplo, visitó junto al sacerdote ruandés nacionalizado argentino Juan Bosco el barrio 17 de noviembre, ubicado en Villa Celina, en La Matanza. El religioso tiene un comedor comunitario y un club de fútbol para los niños más carenciados de ese distrito bonaerense.

Un agosto cargado de protestas

La marcha de San Cayetano es solo el primer hito de un mes de agosto con agenda sindical y social intensa. El lunes 3 de agosto, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) realizará un paro nacional con movilización al Ministerio de Economía en reclamo de un aumento salarial de emergencia y contra los despidos en el sector público. También en agosto se prevén protestas de sindicatos educativos agrupados en la CGT, junto a la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) y gremios universitarios, en reclamo de un aumento para los docentes, cuyo salario mínimo permanece en $500.000 desde hace un año.

La siguiente acción conjunta de la CGT, las CTA y los movimientos sociales está prevista para la semana del 20 de agosto: una movilización al Ministerio de Economía para visibilizar la situación de siete millones de personas que dejaron de ser sujetas de crédito por no poder afrontar sus deudas. Desde la UTEP, el secretario general Alejandro Gramajo advirtió que en los barrios populares ese endeudamiento aparece en muchos casos ligado al narcomenudeo y al crimen organizado.

El calendario continúa el 2 de septiembre con una marcha en coincidencia con el Día de la Industria para alertar sobre la caída de la actividad productiva y la pérdida de empleo. Luego, entre el 4 y el 6 de septiembre, los líderes sindicales y sociales participarán de la Semana Social que la Comisión Episcopal de Pastoral Social realizará en Córdoba.

El Gobierno busca bajarle el tono al nuevo enfrentamiento con Victoria Villarruel y asegura que el pedido del jefe de Gabinete, Diego Santilli, para que la vicepresidenta “dé un paso al costado” no tendrá consecuencias institucionales. En la Casa Rosada sostienen que se trató de “sólo una respuesta” a las críticas de la titular del Senado contra Javier Milei y remarcan que no prevén impulsar ningún movimiento formal contra ella.

En Balcarce 50 insisten en que la discusión no modifica el diagnóstico que vienen haciendo desde hace meses sobre Villarruel. En el oficialismo descuentan que la vicepresidenta buscará competir en las próximas elecciones con un armado propio y creen que intenta posicionarse como una referencia opositora con un perfil nacionalista y conservador. “Que arme su proyecto en otro lado”, expresan en Nación.

El Ejecutivo, sin embargo, no cree que Villarruel vaya a abandonar su cargo. “No se va a ir”, sintetiza un funcionario de primera línea. En la Casa Rosada consideran que la tensión forma parte de una secuencia de cruces que acompaña a la relación entre Milei y su compañera de fórmula desde el inicio de la gestión.

En el entorno de Santilli aclaran que el planteo no respondió a una estrategia coordinada para forzar la salida de Villarruel, sino a una posición personal del jefe de Gabinete frente a sus críticas contra Milei. “No está en el ADN de Diego Santilli llegar con alguien y querer tumbarlo desde adentro. Respondió lo que cree”, expresan cerca del ministro coordinador.

En la Casa Rosada, de todos modos, aseguran que no habrá pedidos institucionales ni movimientos formales contra la vicepresidenta. “Le preguntaron y respondió. No hay más vuelta”, sostienen en Nación, donde buscan evitar que la respuesta de Santilli sea interpretada como el comienzo de una ofensiva para desplazarla.

En Balcarce 50 recuerdan que las diferencias comenzaron incluso antes de asumir. Atribuyen el origen de la interna al cierre de listas de las elecciones de 2023 y sostienen que luego se profundizó cuando Milei decidió no darle a Villarruel el control de los ministerios de Defensa y Seguridad, que terminaron quedando en manos de Luis Petri y Patricia Bullrich tras el acuerdo político con ambos dirigentes.

La Casa Rosada considera que, desde entonces, la vicepresidenta fue construyendo un perfil cada vez más autónomo. En el oficialismo incluyen en esa secuencia sus diferencias por proyectos legislativos, los cuestionamientos públicos al Presidente y sus cruces con dirigentes del espacio libertario. Pese a ese escenario, el Ejecutivo busca preservar un canal de funcionamiento institucional con la titular del Senado.

En Nación reconocen que necesitan evitar un nuevo foco de conflicto en la Cámara alta mientras intentan reactivar la agenda legislativa del segundo semestre. El oficialismo proyecta mantener sesiones todos los jueves a partir de la próxima semana y pretende avanzar con el tratamiento del paquete de propiedad privada, Hojarasca, los cambios a la Ley de Salud Mental, la reforma del Etiquetado Frontal y otras iniciativas que considera prioritarias para el segundo semestre.

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La relación con Patricia Bullrich también forma parte de ese equilibrio. Después de semanas de fuertes cruces por la ley de propiedad privada y otros episodios internos, la jefa del bloque libertario volvió a reunirse con Villarruel para descomprimir la tensión y mantener abierto un canal de diálogo de cara a las próximas sesiones.

En la Casa Rosada destacan ese movimiento como una señal de que, más allá de las diferencias, existe margen para sostener la coordinación parlamentaria. El objetivo es evitar que las disputas personales vuelvan a interferir en la negociación con bloques dialoguistas y gobernadores. El oficialismo admite que el Senado seguirá siendo el frente legislativo más complejo.

Allí pretende destrabar varios proyectos sensibles y, al mismo tiempo, avanzar con pliegos judiciales que considera estratégicos para la segunda mitad del mandato. En el Gobierno sostienen que la discusión con Villarruel no altera esa hoja de ruta. La lectura interna es que la vicepresidenta continuará diferenciándose del Presidente y que esa estrategia responde a un proyecto político propio más que a una disputa coyuntural.

Gobierno, Victoria Villarruel