El presidente Javier Milei firmó el Decreto 982/2026, publicado en el Boletín Oficial, por el cual el gobierno nacional reconoció el derecho de Mendoza a percibir el 100% de las regalías hidroeléctricas generadas por el Sistema Hidroeléctrico Los Nihuiles. La norma dejó sin efecto el Decreto 1560/73 y puso fin a más de cinco décadas durante las cuales esos recursos se distribuían entre la provincia cuyana y La Pampa. El gobernador Alfredo Cornejo encabezó este viernes una conferencia de prensa junto al ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema, y a la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, para celebrar el reconocimiento y detallar los pasos que seguirá la Provincia.

Además de percibir las regalías en forma íntegra a partir de ahora, Mendoza readecuará la demanda judicial iniciada en 2022 ante la Corte Suprema de Justicia para reclamar los montos que no percibió durante los años en que estuvo vigente el esquema anterior.

El origen de la disputa se remonta a 1973, cuando aquella resolución estableció un esquema de reparto que Mendoza siempre consideró injusto. Durante más de 50 años, la provincia sostuvo que las regalías debían corresponderle en su totalidad, dado que la generación de energía se produce íntegramente dentro de su territorio. El fundamento jurídico descansa en el dominio originario que las provincias tienen sobre sus recursos naturales: el aprovechamiento hidroeléctrico —con su infraestructura, su inversión y la energía que produce— es un bien distinto del agua del río Atuel, cuyo carácter interjurisdiccional compartían ambas provincias. El nuevo decreto recoge ese criterio y lo traduce en una decisión de alcance concreto.

Cornejo señaló que el decreto confirma que Los Nihuiles era “la única hidroeléctrica que cobraba regalías con otra provincia”, en contra del criterio y la jurisprudencia que establece que las regalías corresponden a las provincias donde se produce la caída del agua que genera la energía. El mandatario remarcó que el fallo pone en evidencia que a Mendoza “le asiste el derecho” y “la razón” en su postura de que la generación realizada dentro de su territorio no debía ser compartida con La Pampa por el solo hecho de que el río Atuel sea interprovincial.

El gobernador vinculó el reconocimiento con otro antecedente en que la Provincia logró recuperar recursos que consideraba propios: el resarcimiento obtenido durante su primer mandato por la Promoción Industrial, que le reportó a Mendoza 1.023 millones de dólares, fondos que el propio Cornejo describió como los que hoy financian obras de agua, energía y rutas. En esa misma línea, el mandatario afirmó que la defensa de los recursos provinciales se articula con una relación que combina acompañamiento y litigio: “Cuando hay que litigar, pedir y demás, estamos haciéndolo siempre en defensa de la provincia”, sostuvo.

El reclamo judicial que continuará a partir de ahora busca recuperar lo que Mendoza dejó de percibir durante las décadas en que el Decreto 1560/73 estuvo vigente. Según explicó Cornejo, el monto actualizado de ese reclamo ronda los 680 millones de dólares. Para canalizarlo, la Provincia readecuará la demanda que presentó ante la Corte Suprema en 2022 y ajustará los montos reclamados al nuevo escenario jurídico que abre el decreto nacional.

El anuncio también se produce en un momento crítico para el sistema hidroeléctrico. Mema detalló que las centrales del complejo Los Nihuiles sufrieron una merma considerable: de una capacidad de 290 megawatts pasaron a producir solo 90, como consecuencia del daño en dos de sus unidades. Frente a ese deterioro, la Provincia avanza en paralelo con el proceso de definición de una nueva concesión que permita atraer capitales privados para recuperar y ampliar la capacidad instalada.

El ministro puso el decreto en perspectiva histórica y remarcó que “esta injusticia nació en 1973”, según sus declaraciones ante la prensa. A lo largo de ese período se sucedieron distintas instancias jurídicas y convenios sin que el reclamo mendocino prosperara. Para Mema, el cambio implica que la Provincia ya no percibirá la mitad de las regalías sino su totalidad, lo que modifica de forma sustancial el volumen de recursos que recibirá: “A partir de hoy, no solamente vamos a cobrar lo que nos corresponde, sino que lo vamos a cobrar íntegramente, porque veníamos cobrando la mitad”, afirmó.

Sobre el esquema de la nueva concesión, el titular de la cartera de Infraestructura fue claro en cuanto al rol que deberá cumplir el Estado: controlar que las obras se ejecuten, garantizar que la inversión se concrete y cobrar el porcentaje correspondiente sobre la energía generada. “Nuestra visión es muy clara, lo que necesitamos es inversión privada, y necesitamos generar las mejores condiciones para que vengan e inviertan la mayor cantidad posible, en el menor tiempo posible”, indicó Mema en la misma conferencia.

Latorre, por su parte, profundizó en el fundamento jurídico del reconocimiento. La ministra explicó que las provincias tienen soberanía y dominio originario sobre sus recursos y que el caso de Los Nihuiles permite distinguir con precisión entre el agua del río —de carácter interjurisdiccional— y el aprovechamiento hidroeléctrico que se lleva a cabo dentro del territorio mendocino. “No es solamente el río, el agua, que compartimos por ser interjurisdiccional con otra provincia, es también la pendiente, es también la inversión para generar, a través del agua y de esa pendiente, energía, que es una cosa, es un bien susceptible de apropiación distinto totalmente del agua y del salto”, precisó ante los periodistas.

La funcionaria también destacó el trabajo de la Asesoría de Gobierno y de la Fiscalía de Estado en la defensa del patrimonio provincial durante todos estos años y trazó con claridad las dos vías que abre el decreto. La primera es judicial y apunta hacia atrás: reclamar lo que Mendoza fue obligada a compartir con otra provincia durante décadas. La segunda mira hacia adelante: articular una nueva concesión que, con mayor inversión privada, permita incrementar la generación. En palabras de Latorre, “mayor inversión es mayor producción, mayor producción es mejor aprovechamiento de los recursos y mayor percepción de regalías”, lo que se traduciría en más fondos disponibles para servicios como salud, seguridad y educación.

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La expareja de Fernando Cerimedo, Nadia Beller, declarará ante el fiscal Franco Picardi el 23 de septiembre como testigo en la causa donde se investiga un presunto esquema de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

Días atrás, el fiscal había librado un exhorto a Bolivia para citar a Beller por sus dichos en entrevistas periodísticas en los que había deslizado que sabía, entre otras cosas, quién había filtrado los audios atribuidos a Diego Spagnuolo que dieron origen a la causa.

La medida suma un nuevo capítulo a la investigación en la que ya declaró Cerimedo, expareja de Beller y exasesor de La Libertad Avanza, actualmente detenido en Bolivia en el marco de una causa por el intento de femicidio de la abogada.

Cerimedo ya había declarado como testigo ante Picardi en septiembre de 2025. En aquella oportunidad, aseguró que el entonces titular de la ANDIS, Diego Spagnuolo, le había hablado de un supuesto esquema de retornos en las compras de medicamentos.

Según su testimonio, Spagnuolo también le habría contado que había puesto al tanto al presidente Javier Milei sobre esa situación durante una conversación en la Quinta de Olivos. Cerimedo además mencionó a Eduardo “Lule” Menem al reconstruir el supuesto circuito de las coimas.

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Ahora, Picardi busca incorporar también la declaración de Beller, quien quedó vinculada públicamente con el expediente a partir de los planteos realizados por la defensa de Spagnuolo durante la discusión sobre el peritaje de los audios.

El abogado Mauricio D’Alessandro había mencionado declaraciones de Beller sobre el origen de las grabaciones atribuidas a Spagnuolo. Según la versión expuesta por la defensa, Cerimedo le habría hablado a su entonces pareja de una supuesta tarea de inteligencia vinculada con la filtración de esos registros.

La defensa de Spagnuolo utilizó esos dichos para respaldar su planteo de que los audios podrían haber sido manipulados. La Justicia, sin embargo, avanzó con el peritaje del material para determinar su origen y autenticidad.

El juez federal Ariel Lijo rechazó esta semana un pedido de Spagnuolo para suspender el análisis de las grabaciones. Gendarmería continúa trabajando sobre los archivos para establecer si tuvieron cortes, ediciones o algún tipo de manipulación posterior, incluso mediante herramientas de inteligencia artificial.

La fiscalía sostiene que la investigación no depende únicamente de los audios y que existen otros elementos incorporados al expediente, entre ellos documentación, teléfonos secuestrados y resultados de distintos allanamientos.

Beller y Cerimedo, involucrados en otras causas

Según pudo saber TN, la declaración de Beller ante Picardi se producirá mientras permanece en Bolivia, donde sufrió un ataque a tiros el 17 de agosto. La abogada recibió tres disparos y estuvo cinco días internada.

Por ese hecho, la Justicia boliviana ordenó la prisión preventiva de Cerimedo por 180 días mientras avanza la investigación por el presunto intento de femicidio. El consultor político negó haber participado del ataque o haber contratado a otras personas para asesinar a su expareja.

Beller, por su parte, afirmó que teme que vuelvan a atacarla y sostuvo que el atentado tuvo motivos políticos. Después de recibir el alta médica, permaneció bajo medidas de seguridad. Las acusaciones contra Cerimedo fueron rechazadas por el detenido.

En paralelo, Beller había sido citada a declarar en otra causa judicial, en este caso por presunto enriquecimiento ilícito contra Cerimedo. El 26 de agosto suspendió esa declaración y pidió ser incorporada al régimen de testigos protegidos por temor por su seguridad.

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