Santiago Passaglia, intendente de San Nicolás de los Arroyos, provincia de Buenos Aires, se diferenció públicamente de los reclamos que circularon entre sus colegas del escenario municipal bonaerense y afirmó que los municipios pueden sostenerse por sí mismos si cuentan con una administración orientada a resultados. La declaración llegó en un momento en que intendentes de distintos distritos de la provincia advirteron sobre caídas de hasta el 30% en sus ingresos respecto de lo presupuestado para el año.

La postura del jefe comunal nicoleño contrastó con el tono que prevalece entre sus pares del conurbano y del interior provincial. El planteo supone que el equilibrio fiscal es una variable que depende, en parte, de decisiones de gestión y no solo de la coyuntura macroeconómica.

Esa lectura choca con la de quienes advierten que las reducciones en algunos distritos llegan al 30% de lo presupuestado para el funcionamiento anual, un margen que, según esos municipios, dificulta incluso el pago de salarios y la prestación de servicios sociales básicos.

Municipios como Tigre, Morón, San Martín, Merlo, Pilar, Berisso y Quilmes —todos de conducción peronista— vienen denunciando una merma pronunciada en sus recursos. Incluso intendencias alineadas con La Libertad Avanza, como Tres de Febrero y General Pueyrredón, reconocen el deterioro, según los trascendidos que dejaron correr en las últimas semanas.

El contexto que rodea las palabras de Passaglia no es menor. Las intendencias bonaerenses aseguran estar enfrentando una doble presión: la caída en la recaudación de tasas propias y la reducción de los fondos recibidos por coparticipación provincial. En distritos como Tigre, la administración local detalló que, si bien la recaudación total del primer cuatrimestre de 2026 creció un 27,6% en términos nominales respecto del mismo período de 2025, la inflación acumulada del lapso —43,9%— pulverizó esa variación y arrojó una caída real del 11,3%. El resultado es que varios municipios ya hablan de revisión de gastos, postergación de obras y dificultades para sostener el ritmo operativo frente al deterioro del poder adquisitivo de sus ingresos.

Fue en ese escenario donde Passaglia eligió tomar distancia. A través de un mensaje publicado en X, el intendente sostuvo que en San Nicolás “administramos bien los recursos y por eso continuamos haciendo obra pública para mejorarle la calidad de vida a nuestros vecinos”. Luego añadió una frase que marcó el tono de su posicionamiento: “Los municipios pueden sostenerse por sí mismos, con gestiones que estén orientadas a los resultados y no a la queja permanente”.

El jefe comunal también dejó en claro que la continuidad de la obra pública local no depende de quién conduzca los gobiernos de niveles superiores. “No la vamos a frenar, gobierne quien gobierne el país y la provincia”, escribió, según el texto difundido en sus cuentas de redes sociales en el que defendió la propia gestión municipal. La afirmación apunta directamente al argumento más extendido entre los intendentes en dificultades, que señalan las políticas nacionales de Javier Milei como uno de los factores que impactan sobre la producción, el consumo y, en consecuencia, sobre la recaudación local.

La declaración del intendente nicoleño se produce además mientras avanza el armado político del espacio Hechos a nivel provincial, del que Passaglia forma parte. En ese marco, su posicionamiento adquiere una dimensión que trasciende lo estrictamente administrativo: instala un modelo de gestión como argumento diferenciador frente a otros sectores del peronismo bonaerense, que canalizan el malestar fiscal hacia reclamos de mayor asistencia y previsibilidad por parte de la Nación y la Provincia.

La declaración de Passaglia, además, se ubica en línea con la imagen que intenta mostrar de su gestión. En su perfil de X, el intendente describe a San Nicolás como “la ciudad más eficiente de la Argentina”.

La semana política que empieza volverá a girar en torno a la situación judicial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, investigado en Comodoro Py por presunto enriquecimiento ilícito.

Aunque el funcionario ya tendría que haber presentado su declaración jurada de bienes para hacer aclaraciones sobre su patrimonio, todavía no lo hizo y dijo que lo concretará en las próximas semanas.

Justamente, en tiempos judiciales, será dentro de las próximas semanas, en junio o julio, que la Justicia le pedirá al funcionario que justifique sus bienes. En las causas por enriquecimiento ilícito, delito por el que se lo investiga, los jueces les piden esta medida a los investigados, previo a decidir su futuro en el expediente.

A partir de la presentación de esta documentación, que se compara con los datos obtenidos previamente, en el caso de que Adorni pueda justificar su patrimonio se lo sobreseerá y se cerrará la causa. Caso contrario, se pasará a la siguiente etapa: la indagatoria.

Javier Milei redobló la defensa a Manuel Adorni

En la reunión de gabinete del viernes pasado en Casa Rosada, el presidente Javier Milei confirmó su respaldo al funcionario, del que dejó en claro que no le va a soltar la mano, al atarlo al gabinete y atarse él a Adorni, al plantear que antes prefiere “perder una elección”.

En un fuerte mensaje a los funcionarios, les advirtió que quien no estuviera de acuerdo, que se fuera. Luego se retiró y fue el jefe de Gabinete el que tomó la palabra, empoderado nuevamente nada menos que por el propio Milei.

El Congreso, entre las necesidades del oficialismo y el plan de la oposición para impulsar el desplazamiento de Adorni

En paralelo, en el Congreso, el oficialismo necesita sesiones en Diputados y en el Senado para avanzar con la agenda legislativa, como la “Ley Hojarasca”, impulsada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, para derogar normas que quedaron en desuso.

El Ejecutivo también busca conseguir en el Senado la derogación de las PASO, lo que genera condicionamientos de las oposición, que reclama separar Ficha Limpia del tratamiento de esta iniciativa. La jefa de bloque del oficialismo en Senadores, Patricia Bullrich, habilitó las negociaciones por esta posibilidad, que es rechazada por la hermana del mandatario y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

A su vez, parte de la oposición, como Encuentro Federal y la izquierda, aunque no el kirchnerismo, pidió una sesión para el próximo jueves en la Cámara Baja para discutir la interpelación del jefe de Gabinete por su situación judicial, con posible moción de censura, desplazamiento del funcionario.

La sesión pedida por parte de la oposición es para votar el emplazamiento, una convocatoria a las Comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones Poderes y Reglamentos de Diputados para discutir los proyectos que buscan llevar a Adorni a dar explicaciones al recinto. Primero se necesita conseguir dictamen y luego llevarlo al recinto y aprobarlo, un proceso extenso.

Aunque por el momento la oposición no tiene los votos para avanzar con su objetivo, en caso de que lograra hacerlo podría lograr la interpelación y moción de censura, y por ende la destitución del funcionario, lo que de concretarse sería interpretado por el Presidente como un ataque directo hacia él.

Es muy difícil igualmente que la maniobra de la oposición vaya a prosperar porque los gobernadores aliados, incluso los vinculados al peronismo, no la respaldarán, a través de los legisladores que les responden.

Los jefes provinciales tienen sus propias necesidades, en un momento difícil que atraviesan por la caída de recaudación y coparticipación, con necesidades de fondos, sumado a las elecciones provinciales, en las que muchos de ellos irán por un nuevo período en el cargo.

Manuel Adorni, Javier Milei

Los efectivos de la Policía de Río Negro podrían utilizar en un futuro cercano armas no letales como herramienta de intervención, luego de la aprobación en primera vuelta de la iniciativa que les otorga facultades a los uniformados para poder utilizarlas.

El proyecto debe sortear la segunda vuelta de votación en el parlamento rionegrino. En la primera, el peronismo se opuso a la iniciativa, argumentando que “existen otros métodos para prevenir el delito”.

El proyecto surgió del partido provincial Primero Río Negro, que comulga con las ideas libertarias y respalda la gestión del presidente Javier Milei.

El objetivo del proyecto es autorizar a la fuerza para el uso de armamento tipo Taser y otros mecanismos no letales para “prevenir, detectar y neutralizar situaciones delictivas sin tener que recurrir al uso de armas de fuego”.

En la primera sesión ordinaria de 2026, el proyecto cosechó 28 votos positivos y 9 negativos, entre los que figuran los del PJ y los de la bancada de Vamos con Todos, también vinculada al justicialismo y otras estructuras aliadas.

La normativa autoriza a los efectivos de la Policía provincial al uso de dispositivos como pistolas Taser, aerosoles irritantes, proyectiles de impacto controlado como balas de goma, y sistemas de disuasión acústica y luminosa.

La autora del proyecto, Yolanda Mansilla, aseguró que la iniciativa busca actualizar el marco legal y adecuarlo a estándares internacionales que promueven el uso progresivo de la fuerza. Señaló que en muchos casos el uso de armas letales resulta desproporcionado y que estas alternativas permiten intervenir sin generar consecuencias irreversibles.

La ley fija condiciones estrictas. Solo podrán utilizarlas efectivos con capacitación certificada y cada intervención deberá ser registrada en audio y video. Además, se establece que su uso estará limitado a situaciones de peligro inminente, defensa propia o de terceros, o para impedir delitos cuando otros medios resulten insuficientes.

El proyecto tuvo la aprobación de los legisladores del PRO y del partido del que forma parte el gobernador Alberto Weretilneck, Juntos Somos Río Negro.

El proyecto aprobado establece que se consideran armas no letales a aquellas diseñadas para incapacitar, disuadir o controlar a una persona, reduciendo significativamente la probabilidad de producir lesiones graves o muerte.

Entre los ejes centrales del proyecto, se establecen dos artículos regulatorios orientados a las limitaciones de las fuerzas policiales. Por un lado, se exige la capacitación específica de los miembros conforme a protocolos de entrenamiento técnico y operativo, los cuales además deberán quedar asentados en un registro actualizado del personal habilitado, consignando instructor y fecha de certificación.

Otro artículo obliga a los oficiales a dejar constancia de todo el procedimiento mediante audio y video con el fin de transparentar la legalidad del procedimiento. “Siempre se ha discutido si hubo un exceso de la policía o no, pero de esta forma, con un video, audio, filmación, vamos a poder controlarlo administrativa o judicialmente”, explicó la autora.

El armamento podría ser entregado a efectivos que cumplen labores en la Brigada Motorizada o en el COER, la fuerza de choque que posee la fuerza rionegrina.