El Tribunal Especializado en Delitos Económicos y Anticorrupción de Asunción se reunirá este lunes para la etapa final del juicio contra el exsenador Edgardo Kueider y su secretaria, Iara Guinsel, acusados de contrabando en grado de tentativa por intentar ingresar a Paraguay más de 200 mil dólares sin declarar.

La sentencia podría conocerse durante la jornada que comenzará a las 9.30 horas.

El proceso judicial comenzó el 4 de diciembre de 2024, cuando Kueider y Guinsel fueron detenidos en la frontera entre Foz do Iguaçu (Brasil) y Ciudad del Este (Paraguay). Viajaban en un vehículo Chevrolet Trailblazer y, según la acusación fiscal, transportaban una suma de dinero en efectivo que no fue declarada ante las autoridades aduaneras paraguayas.

La Fiscalía sostiene que se configuró un delito de contrabando en grado de tentativa y solicitó una pena de dos años y dos meses de prisión, cercana al máximo previsto para ese tipo penal, que es de dos años y medio.

La defensa, a cargo de los abogados Marcelo Bogado y Carlos Arévalo, argumentó que el dinero no constituye mercancía y que, por lo tanto, no puede configurarse el delito de contrabando.

Durante los alegatos, Kueider afirmó que “ni él ni su pareja cometieron delitos” y que “eso quedará demostrado” tanto en este juicio como en otras causas que se tramitan en Paraguay y en la Argentina. Los acusados no prestaron declaración durante las audiencias.

El tribunal está integrado por las juezas Elsa García, Adriana Planás y Matías Garcete Piris. Tras la audiencia de mañana, los magistrados se retirarán a deliberar.

Las causas en la Argentina

Kueider y Guinsel cumplen prisión domiciliaria en Paraguay desde hace un año y medio. Ese tiempo será computado en caso de que se dicte una condena firme.

Paralelamente, ambos fueron procesados en la Argentina por lavado de activos, en una causa vinculada a la compra de seis departamentos con cocheras en un edificio de lujo de Asunción.

En la Argentina, el exlegislador enfrenta dos expedientes por presunto enriquecimiento ilícito: uno en el Juzgado de Garantías 2 de Concordia y otro en el Juzgado Criminal y Correccional Federal 1 de San Isidro.

Leé también: La Justicia investiga el millonario patrimonio de Priscila Ferrante, vinculada al entorno de Jesica Cirio y Martín Insaurralde

La jueza federal Sandra Arroyo Salgado solicitó su extradición, trámite que cuenta con la aprobación de las autoridades paraguayas y que se encuentra pendiente de definición de competencia ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

La Cámara Federal de San Isidro rechazó recientemente un pedido de eximición de prisión, lo que implica que Kueider podría ser detenido de inmediato en caso de regresar al país.

Edgardo Kueider, Paraguay, Justicia

El Gobierno nacional aprobó otorgar un anticipo financiero de hasta $400.000.000.000 para la provincia de Córdoba durante el Ejercicio Fiscal 2026. La medida se oficializó mediante la publicación del decreto 584/2026 en el Boletín Oficial.

La decisión, instrumentada por la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía, responde a la solicitud presentada por las autoridades provinciales ante la imposibilidad transitoria de atender compromisos presupuestarios y amortización de deudas.

El mecanismo elegido por el Gobierno nacional se ampara en lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley N° 11.672, Complementaria Permanente de Presupuesto, que habilita al Ministerio de Economía a anticipar fondos a las provincias sobre la base de su participación en la recaudación de impuestos nacionales.

El monto máximo a desembolsar será determinado por la Secretaría de Hacienda, considerando la capacidad de repago de Córdoba y su participación en el régimen de coparticipación federal. La devolución del anticipo deberá realizarse dentro del ejercicio fiscal en curso, a través de retenciones automáticas sobre los fondos coparticipables que la provincia percibe del Tesoro Nacional. La tasa de interés fijada es del 15 % nominal anual, que se aplicará sobre el saldo pendiente desde el desembolso hasta la efectiva devolución.

El decreto faculta a la Secretaría de Hacienda a definir el cronograma de desembolsos, las formas de cancelación y cualquier otra condición aplicable al acuerdo con la provincia. La administración cordobesa, por su parte, deberá afectar su participación en el Régimen Transitorio de Distribución de Recursos Fiscales entre la Nación y las Provincias —establecido por la Ley N° 23.548— y en otros recursos coparticipables, hasta cubrir el monto anticipado más los intereses generados.

La decisión de otorgar anticipos financieros a las distintas provincias se fundamenta en la necesidad de brindar soluciones inmediatas a las dificultades de liquidez que pueden atravesar las provincias. El artículo 124 de la Ley N° 11.672 establece la obligatoriedad de reintegrar los anticipos dentro del mes de su otorgamiento, aunque el Poder Ejecutivo puede ampliar ese plazo hasta el cierre del ejercicio fiscal, previa opinión favorable del Ministerio de Economía.

A lo largo de los últimos meses, se implementaron medidas similares para otras jurisdicciones. Por ejemplo, en enero de este año, la Provincia de Entre Ríos recibió un adelanto de $220.000 millones, posteriormente ampliado, y en el mismo año se otorgaron anticipos de hasta $400.000 millones a las provincias de Santa Fe y Jujuy, entre otras, en condiciones equiparables a las de Córdoba.

La normativa establece que el anticipo se destina exclusivamente a cubrir necesidades financieras transitorias y no implica recursos adicionales de libre disponibilidad. El Gobierno de Córdoba deberá formalizar acuerdos con la Secretaría de Hacienda para precisar las condiciones de desembolso y devolución. Además, la intervención de la Contaduría General de la Nación y la Tesorería General garantiza el registro y control de la operación en el marco del presupuesto nacional.

En la fundamentación del decreto, se destaca que el servicio jurídico permanente del Ministerio de Economía tomó intervención, y que la medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 99, inciso 1 de la Constitución Nacional.

Luis Toto Caputo,ExpoEFI,economía,Argentina,ministro,política,finanzas,discurso,conferencia

Mediante un decreto que lleva su firma y la del presidente Javier Milei, el flamante jefe de Gabinete Diego Santilli apuntó a terminar de ordenar el esquema de comunicación del Gobierno, luego de la salida de Manuel Adorni. La publicación se hizo en Boletín Oficial esta madrugada donde transfirió unidades que estaban bajo la Jefatura que conduce a la Secretaria de Vocería Presidencial y a la de Comunicación y Medios.

Este cambio deviene de la publicación del decreto 571/26 hace dos semanas, que suprimió el Ministerio del Interior -al que antiguamente representaba Santilli- y redistribuyó sus competencias en la Jefatura de Gabinete. La reciente normativa definió su arquitectura interna y los recursos que recibirán ambas secretarías dependientes ahora de la Presidencia.

“Corresponde transferir diversas unidades dependientes de la Jefatura de Gabinete de Ministros”, estableció el texto oficial. De esta manera, la Secretaría de Vocería Presidencial quedó estructurada con una Unidad Gabinete de Asesores y una Subsecretaría de Discurso, Monitoreo y Comunicación Digital, para la cual también designaron una representante. Para su funcionamiento, la Secretaría General de la Presidencia le brindará apoyo administrativo, financiero, presupuestario y de recursos humanos.

.container-video {
position: relative;
width: 100%;
overflow: hidden;
padding-top: 2%;
}
.responsive-iframe-video {
position: absolute;
top: 0;
left: 0;
bottom: 0;
right: 0;
width: 100%;
height: 100%;
border: none;
}

Asimismo, la Secretaría de Comunicación y Medios absorbió cuatro subsecretarías: la de Coordinación Administrativa y Legal, la de Prensa y Actos de Gobierno, la de Comunicación y Medios Públicos y la de Análisis y Planificación de Gobierno. Esta última proviene de la Secretaría de Asuntos Estratégicos de la Jefatura de Gabinete. También se le transfirió la Dirección de Dictámenes de Comunicación y Prensa, que dependía de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la misma Jefatura. Por su parte, la Subsecretaría legal también intervendrá “como enlace de acceso a la información pública”.

Las transferencias incluyen créditos presupuestarios, bienes, unidades organizativas y personal con sus cargos y dotaciones vigentes.

.container-video {
position: relative;
width: 100%;
overflow: hidden;
padding-top: 2%;
}
.responsive-iframe-video {
position: absolute;
top: 0;
left: 0;
bottom: 0;
right: 0;
width: 100%;
height: 100%;
border: none;
}

El decreto también actualizó el organigrama del cargo ministerial con la incorporación de dos nuevas figuras con jerarquía de Secretario: la Vicejefatura de Gabinete, con competencias en proyectos estratégicos, relaciones parlamentarias, innovación, ciencia, tecnología, turismo, ambiente y deportes; y la Vicejefatura de Gabinete del Interior, cuyo fin es gestionar los vínculos con las provincias, los municipios y los asuntos políticos.

En paralelo el Gobierno completó la puesta en marcha de la Secretaría de Vocería Presidencial con la designación de las dos funcionarias que ocuparán sus cargos de conducción. El decreto 586/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial, nombró a la licenciada Pamela Fernanda Morales Jourdan al frente de la Subsecretaría de Discurso, Monitoreo y Comunicación Digital, y a Alexia Carolina Sagemuller como titular de la Unidad Gabinete de Asesores de esa secretaría.

Con estos nombramientos, la reorganización del área de comunicación de la Presidencia queda formalmente operativa en su nivel de conducción superior.

.container-video {
position: relative;
width: 100%;
overflow: hidden;
padding-top: 2%;
}
.responsive-iframe-video {
position: absolute;
top: 0;
left: 0;
bottom: 0;
right: 0;
width: 100%;
height: 100%;
border: none;
}

Mediante el decreto 571/26 Santilli pasó a tener a cargo dos vicejefaturas: una de Gabinete y otra que corresponderá a las tareas abordadas por Interior. Ignacio Devitt, por su parte, quedó al frente de la vicejefatura de Gabinete y Gustavo Coria lo hizo al frente de la Vicejefatura del Interior. Ambos son funcionarios de confianza de Karina Milei, secretaria General de la Presidencia y hermana del mandatario.

El Decreto 574/2026 formalizó el pase de Devitt desde la Secretaría de Asuntos Estratégicos a su nuevo cargo, mientras que el Decreto 575/2026 actualizó el estatus de Coria desde secretario a vicejefe del Interior. Según voceros de la Casa Rosada, la reorganización apunta a una mayor eficiencia y coordinación entre áreas, y replica el esquema que aplicó Guillermo Francos cuando asumió la titularidad de la Jefatura de Gabinete.

Con estos movimientos, la Presidencia de la Nación amplió su órbita directa al absorber las áreas de comunicación del Poder Ejecutivo.

.container-video {
position: relative;
width: 100%;
overflow: hidden;
padding-top: 2%;
}
.responsive-iframe-video {
position: absolute;
top: 0;
left: 0;
bottom: 0;
right: 0;
width: 100%;
height: 100%;
border: none;
}