POLITICA
Hackear al Estado. Así operan las ciberbandas que secuestran bases de datos y exigen rescate
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Los ataques al Estado comenzaron meses antes de que salieran a la luz. Se infiltraron en silencio hasta tomar el control de todo. Y entonces sí golpearon, dejando al borde del knock out a la víctima y, por extensión, a miles de ciudadanos. Siempre con la misma exigencia final: el pago de un rescate para terminar con el secuestro.
El Senado de la Nación y el Poder Judicial de la provincia de Chaco son las dos víctimas más recientes del sector público que padecieron la intrusión a sus sistemas y bases de datos. Pero no fueron los únicos, ni mucho menos. También la Dirección Nacional de Migraciones, la Provincia de San Luis, la Municipalidad de General Pueyrredón o la Fiscalía bonaerense se encuentran entre sus víctimas.
La palabra clave es “ransomware”, es decir, el “secuestro de datos” online cuya liberación se condiciona al pago de una fortuna en las profundidades de Internet –o “deepweb”-, mediante complejas operaciones que ocultan al secuestrador. Pero pagar tampoco garantiza que liberen lo robado. Por el contrario, podría alimentar la codicia de ese mismo atacante… o de otros.
Ese riesgo fue el que llevó al Senado nacional, a la Justicia chaqueña y a Migraciones a tomar la misma decisión: ni siquiera contactaron a los secuestradores, según reconstruyó en base a los testimonios de funcionarios provinciales y federales al tanto de lo ocurrido en esos ataques.
Los tres ataques registraron coincidencias. La primera, que los secuestros de datos no ocurrieron de la noche a la mañana sino que se gestaron durante semanas o, incluso, meses. La segunda, que los atacantes se encargaron de borrar sus propias huellas para impedir que puedan perseguirlos. La tercera, que los hackers dejaron notas con precisiones sobre cómo negociar el pago de un rescate.
Los ataques, sin embargo, también registraron diferencias entre sí. La primera, que las protagonizaron grupos de hackers con improntas disímiles. La segunda, que quienes atacaron al Senado nacional y a la Justicia chaqueña exigieron el pago de un rescate a cambio de devolver la información, mientras que quienes afectaron a Migraciones amenazaron con difundir la información si no cobraban ese rescate.
El ataque a Migraciones fue el primero de los tres. Un usuario remoto, identificado como admin.cfeijoo se alojó dentro de los sistemas al menos desde junio de 2020, aunque el ataque estalló el 27 de agosto, cuando un “ransomware” de la variedad “Netwalker” empezó a hacer de las suyas: cifró la información –que incluía datos migratorios de miles de argentinos y extranjeros-, copió los datos de los sistemas infectados y amenazó con difundirlos en la “deepweb”.
A partir de allí, los hackers fijaron el 10 de septiembre de 2020, a las 9.10 de la mañana, como límite para la divulgación de la información secuestrada. Y algo más: cifraron el monto del rescate: 355.87180000 bitcoins, que al tipo de cambio entonces vigente eran casi US$ 3,6 millones. Migraciones radicó una denuncia penal, no pagó el rescate y los datos fluyeron por las profundidades de Internet.
Quienes atacaron al Senado, en tanto, se identificaron por un nombre de fantasía: “The Vice Society” o “la sociedad del vicio” y su ataque quedó expuesto el 12 de enero pasado, semanas después de que se difundiera que un holding de 70 periódicos noruegos y una cadena de supermercados del Reino Unidos se encontraban entre sus víctimas.
“Bloquearon todo y dejaron un archivo de texto que contenía los datos de contacto de un usuario en la ‘deep web’, a la que había que entrar utilizando el navegador Tor para negociar la devolución del material”, indicó un funcionario del Senado al tanto de lo ocurrido a .
La decisión final fue, sin embargo, no contactar a los secuestradores. Entre otras razones para no fijar un precedente que aliente a los mismos u otros hackers a redoblar los ataques, decisión que también adoptó el Superior Tribunal de Justicia de Chaco. No negociaron con quienes tomaron el control de los sistemas operativos del Poder Judicial de la provincial la noche del viernes 7, o la madrugada del sábado 8, de enero pasado.
El riesgo de un colapso –que podía llevar a la desaparición de miles de expedientes penales, laborales, civiles y de familia, con el consecuente perjuicio social- alarmó a las máximas autoridades judiciales de la provincia, que conformaron un comité de crisis para revertir lo ocurrido… o al menos intentarlo. Actuaron en línea con los pasos que siguió la provincia de San Luis tras el ataque “ransomware” que sufrió el 25 de agosto de 2019. Ese día, el gobierno puntano perdió el control de 7,7 gigas de datos -una década de información pública- y poco después decretó la emergencia administrativa.
Los hackers que avanzaron contra Chaco, en tanto, se identificaron con otro nombre de fantasía, según indicaron desde Resistencia a . Se presentaron como el “Hive Ransomware Group”, siendo “hive” la palabra que en inglés significa “colmena”. Ese grupo acumula más de 350 ataques a empresas privadas y organismos públicos alrededor del mundo en cuatro meses. Es decir, tres hackeos diarios.
La ofensiva escaló tanto que la Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) emitió una alerta el 25 de agosto pasado sobre ese grupo. Detalló las tácticas, técnicas y procedimientos más habituales en sus ataques, como también recomendó algunas formas para “mitigar” el riesgo. La primera de ellas, crear copias de seguridad –o “back-up”- de toda la información, las que deben almacenarse sin conexión alguna a Internet.
El FBI también exhortó a no pagar el rescate exigido, aunque expresó que “comprende” a quienes toman esa decisión. “El FBI comprende que cuando una empresa afronta la imposibilidad de funcionar, sus ejecutivos evalúen todas las opciones para salvaguardar a sus accionistas, empleados y clientes”, indicó. Ese fue el caso de Colonial Pipeline, una firma estadounidense que pagó US$ 4,4 millones en criptomonedas al grupo “DarkSide” –en español, “Lado Oscuro”- y recuperó el control de sus operaciones. Un mes más tarde, el FBI logró decomisar US$ 2,3 millones.
Colonial Pipeline estuvo lejos de ser la única empresa que pagó un rescate. La plataforma Chainalysis identificó que los hackers cosecharon más de US$ 692 millones durante 2020, y otros US$ 602 millones durante 2021 –provenientes de 140 ataques distintos-, según un informe preliminar que difundió el mes pasado.
Si el FBI puso en la mira al grupo “Hive” –el mismo que atacó al Poder Judicial chaqueño-, “Vice Society” quedó bajo la mira del Centro de Ciberseguridad Nacional británico y de expertos israelíes que buscaron determinar el origen de esos ataques. Algunos dedos apuntan a Irán y China; otros, a Rusia, desde donde habría provenido el pedido de al menos US$ 7,5 millones que recibió la empresa privada Telecom Argentina, en julio de 2020, tras padecer su propio ataque “ransomware”.
La mayoría de los ataques termina impune, tanto en la Argentina como en el extranjero, aunque de vez en cuando se registran arrestos. En noviembre pasado, Interpol lideró una redada con el apoyo de 17 países que culminó con la detención de siete sospechosos en Corea del Sur, Kuwait y Rumania, en tanto que Estados Unidos y Rusia arrestaron a miembros rusos y ucranianos de otra banda criminal, conocida como “Revil”.
Mientras tanto, desde el Senado nacional, el Poder Judicial chaqueño y Migraciones coincidieron en que el único paliativo ante un ataque es contar con copias de seguridad, aunque no necesariamente resulte un remedio: el back-up puede no llegar a la fecha del ataque, ni tampoco es recomendable acudir a la copia de seguridad más reciente. ¿Por qué? Porque para entonces los sistemas ya podrían encontrarse infectados por los hackers, por lo que sugieren retrotraerse a la penúltima versión de resguardo.
Hugo Alconada Mon,LA NACION,Política
La Justicia de los Estados Unidos avanza con la investigación por los movimientos millonarios de dinero entre la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y empresas fantasma a partir del acuerdo comercial que la entidad deportiva firmó en 2021 con TourProdEnter LLC, la empresa de Javier Faroni que está radicada en Florida.
1) ¿Qué se investiga en Estados Unidos?
El Departamento de Justicia inició una investigación penal para determinar si pudieron cometerse múltiples delitos; entre ellos, el lavado de activos mediante un fraude cometido a través del sistema bancario norteamericano para desviar fondos de la AFA de manera ilícita, a terceros, mediante contratos espurios y facturas apócrifas.
2) ¿Por qué se abrió una investigación en Estados Unidos?
El foco de la investigación del Departamento de Justicia es TourProdenter LLC, una empresa constituida en Estados Unidos que firmó un contrato de representación con la AFA en 2021 y que desde entonces recaudó cientos de millones de dólares de la entidad provenientes de auspiciantes, partidos amistosos y premios que se canalizaron a través de sus cuentas en cinco bancos estadounidenses -Citibank, JP Morgan, Bank of America, Synovus y PNC, quedando sujeta, por tanto, a la jurisdicción norteamericana.
3) ¿Quiénes están bajo investigación del Departamento de Justicia?
La titular de TourProdEnter LLC en los papeles es Erica Gillette, esposa del productor teatral, Javier Faroni, ex legislador del Frente Renovador de Sergio Massa. Ambos integran el primer eslabón de interés de los investigadores, que también buscan reconstruir cómo es la interacción entre TourProdEnter LLC, Gillette y Faroni con el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, Pablo Toviggino y otros dirigentes o empleados de la entidad.
4) ¿La investigación que tramita en Estados Unidos es la misma o está vinculada con algunos de los expedientes penales que tramitan en la Argentina?
No. La investigación que avanza en Estados Unidos tiene bajo la lupa a Tapia y Toviggino, entre otros directivos de la AFA, que también son investigados por la Justicia argentina, pero no se trata de la misma pesquisa. En la Argentina y en Estados Unidos se investiga la presunta comisión de delitos distintos, en jurisdicciones distintas, por lo que no se violaría la garantía constitucional de “non bis in idem”; es decir, ser juzgados dos veces por el mismo delito.
5) ¿Quiénes están al frente de la investigación en Estados Unidos?
Los tres fiscales que intervienen en la pesquisa que tramita en Estados Unidos cuentan con experiencia en investigaciones por delitos financieros y corrupción internacional. Michael Berger se desempeña como abogado litigante senior en la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Florida y llevó adelante, entre otros expedientes, el caso que concluyó con la condena del excontralor general de Ecuador Carlos Ramón Polit Faggioni por lavado de activos en Miami. A Berger se suman Patrick Gushue, que en Washington, DC, integra la Unidad de Integridad Bancaria del Departamento de Justicia y dirige el Programa Piloto de Premios para Denunciantes Corporativos, y Christopher Ting, que se desempeñó antes en el estudio Latham & Watkins LLP, donde participó en investigaciones vinculadas con delitos financieros.
6) ¿Cuándo se inició la investigación en el Departamento de Justicia?
La investigación comenzó durante el último trimestre de 2025 a instancias de Guillermo Tofoni, un empresario argentino que demandó a la AFA en la Argentina porque considera que la entidad incumplió el contrato de representación comercial que tenían firmado para beneficiar a TourProdEnter LLC. Tofoni se presentó en Nueva York, Delaware y Florida para solicitar “discoveries”; es decir, la entrega mandataria de registros bancarios de TourProdEnter LLC por orden judicial, para presentarlos en sus pleitos contra la AFA. Con ese material, Tofoni también contactó al Departamento de Justicia para denunciar la presunta comisión de delitos bajo jurisdicción estadounidense.
7) ¿Quiénes ya declararon en la investigación de Estados Unidos?
Además de Tofoni, los fiscales Berger, Tushue y Ting, junto con agentes de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) contactaron a múltiples personas y empresas; entre ellas, a Juan Pablo Beacon, el otrora lugarteniente de Pablo Toviggino dentro de la AFA. También, a empresas no argentinas que sellaron negocios con la entidad, pero que giraron dinero a cuentas bancarias en Estados Unidos de TourProdEnter. Esas compañías firmaron contratos como “sponsors” de la AFA o prestaron servicios a la entidad que recaudó más de US$ 300 millones durante los últimos cinco años con, por ejemplo, Adidas (US$ 60 millones) y Warner (US$40 millones).
8) ¿Cuál es el próximo paso en Estados Unidos?
A pedido del fiscal Berger, la Justicia federal emitió citaciones (“subpoenas”, en inglés) a declarar el jueves 30 de este mes ante un gran jurado (“grand jury”) en el edificio de la Corte Federal, en el distrito sur del estado de Florida. Esas citaciones se emitieron el 8 de este mes, pero solo salieron a la luz tras la culminación del Mundial de fútbol, con el requerimiento a los citados de entregar todos los registros y documentos que tengan vinculados a TourProdEnter, Faroni, “Chiqui” Tapia, Toviggino y Diego Lucero, uno de los exsocios de la empresa que compró la mansión de Pilar.
9) ¿Quiénes fueron citados a declarar en Estados Unidos?
Se desconoce, hasta ahora, quiénes fueron citados a declarar el jueves próximo, aunque trascendió que entre los citados podrían figurar Beacon, el otrora lugarteniente de Toviggino, y Leandro Petersen, máximo responsable del área comercial y de marketing de la AFA y, por tanto, uno de los ejecutivos de la entidad con más información sobre los números y movimientos de la entidad con TourProdEnter LLC y los patrocinadores.
10) ¿Las citaciones son parte de un juicio en curso en Miami?
No. La investigación todavía está en curso, por lo que las citaciones (“subpoenas”) son para declarar ante un gran jurado (“gran jury”), a puertas cerradas, a diferencia de las audiencias de juicio, que por principio son abiertas salvo circunstancias excepcionales. Por tanto, la investigación en curso puede prosperar y derivar en un futuro juicio, o cerrarse sin llegar a esa instancia si los fiscales consideran que no se cometieron delitos, si arriban a un acuerdo con los acusados o descartan el caso en base al llamado “principio de oportunidad” (“prosecutorial discretion”, en inglés), por razones de política criminal, carga de trabajo, gravedad del hecho, entre otras opciones.
11) ¿Qué es y qué implica enviar o recibir una “subpoena”?
Una citación “subpoena” es una orden escrita emitida por un tribunal u otra autoridad competente de Estados Unidos que obliga a la persona requerida a colaborar con un proceso legal, ya sea compareciendo a declarar como testigo en una fecha y lugar determinados o entregando documentos, registros u otros objetos como prueba; su función central es asegurar la obtención de evidencia y la presencia de testigos esenciales, y el incumplimiento puede acarrear sanciones por desacato, incluida su posible detención.
12) ¿Cómo funciona y para qué se convoca un “grand jury” en Estados Unidos?
El “gran jurado”, también llamado “jurado de acusación” es un órgano integrado por un grupo de ciudadanos comunes -por lo general, entre 16 y 23 en el ámbito federal estadounidense- que son convocados para escuchar, en forma secreta, la evidencia y testigos que les presenta el fiscal, y decidir si hay “causa probable” suficiente para formular una acusación penal formal (“indictment”, en inglés) contra una persona y enviar el caso a juicio; a diferencia del jurado del juicio, no decide culpabilidad o inocencia, sino que funciona como filtro de acusaciones.
13) ¿Fue secuestrado el teléfono del “Chiqui” Tapia en Estados Unidos?
No. Las primeras versiones sostuvieron que investigadores estadounidenses le secuestraron el teléfono y otros dispositivos electrónicos al “Chiqui” Tapia, pero la AFA lo desmintió mediante un comunicado. Según la legislación y las prácticas vigentes en Estados Unidos, el FBI, Homeland Security y otras agencias fronterizas pueden requerir a cualquier turista que entreguen sus dispositivos electrónicos al ingresar o salir de Estados Unidos -por ejemplo, en un aeropuerto-, y proceder a copiar en ese mismo acto -y con ciertas restricciones— todo el contenido de esos dispositivos, para luego devolverlos a la persona requerida. Se desconoce si eso pasó con Tapia.
14) ¿Hay otras medidas de prueba pendientes o en desarrollo en Estados Unidos?
La investigación de los fiscales es confidencial, pero trascendió que evalúan citar a declarar a funcionarios o exfuncionarios argentinos que tengan información sobre las acciones de la AFA; entre ellos, Daniel Vítolo, que fue el primer titular de la Inspección General de Justicia (IGJ) durante el gobierno de Javier Milei.
la investigación,Hugo Alconada Mon,AFA,Claudio Chiqui Tapia,Conforme a
POLITICA
El Gobierno pone la mira en el mercado inmobiliario y evalúa alternativas para impulsar el crédito hipotecario
El Gobierno evalúa cambios para ampliar el crédito hipotecario y posterga la reforma de los seguros. En el Ejecutivo aseguran que el paquete de desregulación que prepara el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, todavía no llegó a la mesa política y que ya circularon distintos borradores con versiones diferentes del proyecto.
En Balcarce 50 sostienen que la iniciativa original será dividida y enviada en partes al Congreso. La idea es evitar que un paquete demasiado amplio vuelva a trabarse por resistencias sectoriales o por diferencias entre aliados. “Primero va a ir una versión reducida. Lo de los seguros queda para más adelante”, expresan en Nación.
El cambio de estrategia responde al orden de prioridades que fijó la Casa Rosada para el segundo semestre. En el Gobierno ubican por encima de este paquete a la reforma electoral, los cambios en la Carta Orgánica del Banco Central y las modificaciones a la Ley de Inocencia Fiscal, que esperan tratar antes del Presupuesto 2027.
El texto de Sturzenegger apunta a modificar reglas de distintos sectores de la economía. En los borradores que circularon aparecen cambios sobre medicamentos, navegación fluvial, cabotaje, mercado inmobiliario, arrendamientos rurales, industria vitivinícola, mercado del libro, garrafas, sistema financiero, traductores públicos y cooperativas.
La intención oficial es reducir costos, aumentar la competencia y eliminar barreras de entrada. Pero en el propio Gobierno reconocen que el alcance del texto puede complicar su tratamiento parlamentario, en especial después de las dificultades que tuvo el oficialismo para avanzar con otros proyectos de desregulación, como propiedad privada, Hojarasca y la nueva Ley General de Sociedades.
Por eso, la primera versión que analiza la Casa Rosada estaría concentrada en capítulos con mayor consenso económico o con más conexión con la agenda financiera del Gobierno. En Nación mencionan especialmente mercado de capitales, sector inmobiliario y garantías para créditos, mientras que seguros quedaría para una etapa posterior.
Uno de los puntos que evalúa el Gobierno es incorporar cambios para ampliar el crédito hipotecario a través de las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR). En Balcarce 50 no hablan de crear hipotecas desde cero, sino de sumar herramientas para que los bancos puedan prestar con menor riesgo y para que esas carteras puedan tener, en una etapa posterior, mejor llegada al mercado de capitales.
La idea que circula en despachos oficiales apunta a que las SGR puedan actuar como garantes parciales en créditos vinculados a vivienda. El objetivo sería cubrir una parte del riesgo del deudor, mejorar la calidad de la cartera y hacer más atractivo para los bancos originar nuevos préstamos hipotecarios.
El esquema no implica que una SGR reemplace a la hipoteca sobre el inmueble. La garantía real seguiría siendo el respaldo central para el banco, pero la SGR podría funcionar como una cobertura adicional. En términos prácticos, serviría para absorber parte de una eventual pérdida, facilitar el acceso de determinados tomadores o mejorar las condiciones del financiamiento.
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Ese punto tiene un antecedente normativo reciente. En junio, Economía modificó el marco de las SGR para armonizarlo con las normas del Banco Central sobre política de crédito y acceso al crédito en moneda extranjera. La resolución también habilitó que los certificados de garantía que emitan las SGR puedan suscribirse con firma electrónica o digital.
La norma, sin embargo, no creó por sí sola un sistema hipotecario con SGR. Lo que hizo fue ordenar el marco para que las garantías recíprocas puedan operar con mayor agilidad y en línea con las reglas del BCRA para créditos en dólares. Para llevar ese mecanismo al crédito hipotecario harían falta definiciones adicionales sobre alcance de la garantía, tipo de deudores, moneda, límites de cobertura, ejecución y tratamiento prudencial para los bancos.
En Balcarce 50 imaginan un circuito de más largo plazo: el banco otorga el crédito, la SGR garantiza una parte del riesgo y la cartera mejora su perfil crediticio. En una instancia posterior, esos créditos podrían ser cedidos a un fideicomiso financiero o a un vehículo del mercado de capitales para emitir títulos respaldados por el flujo de pagos de las hipotecas.
La lógica sería que el banco no quede atado durante décadas al préstamo que originó. Si puede ceder una cartera de hipotecas con garantías adicionales, recupera liquidez y vuelve a prestar. Del otro lado, los inversores compran títulos respaldados por esos créditos y cobran con las cuotas de los deudores.
Ese mercado secundario de hipotecas ya tuvo intentos normativos en la Argentina. La CNV creó un régimen especial para la oferta pública de fideicomisos financieros hipotecarios, que comprende vehículos con hipotecas, letras hipotecarias, créditos hipotecarios o instrumentos asimilables como activo subyacente.
También hubo cambios para proyectos inmobiliarios. El Decreto 1017/2024 habilitó, en determinados supuestos, la cesión, securitización e integración a fideicomisos financieros de hipotecas sobre derechos reales de superficie, además de la emisión de letras hipotecarias conforme a la legislación y a la normativa de la CNV.
La diferencia es que ahora el Gobierno evalúa sumar el componente de garantías de SGR como herramienta para reducir riesgo y ampliar el crédito. La apuesta es que esas garantías ayuden a que más bancos presten, que más deudores califiquen y que las carteras resultantes sean más atractivas para inversores si luego se estructuran en el mercado de capitales.
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El proyecto todavía no está definido y no tendría impacto inmediato. Para que funcione, el Ejecutivo debería ordenar varios frentes: qué SGR podrán participar, cuánto riesgo podrán garantizar, si el esquema alcanzará a personas humanas o solo a determinados perfiles, cómo se ejecutará la garantía, qué exigirá el Banco Central a los bancos y qué requisitos fijará la CNV si esas carteras se titularizan.
El principal riesgo es el descalce de moneda. Si se impulsan créditos en dólares para personas con ingresos en pesos, una devaluación puede disparar la mora y trasladar el problema al banco, a la SGR o al inversor que compró el título respaldado por esas hipotecas. También hay riesgos por mala originación de créditos, litigios en la ejecución de garantías y baja demanda de instrumentos largos en el mercado local.
La Casa Rosada busca presentar esa agenda como parte de una reforma de largo plazo. Inocencia Fiscal apuntaría a movilizar dólares del colchón; el mercado de capitales ofrecería vehículos para canalizar esos fondos; y las SGR podrían funcionar como una pieza de garantía para ampliar el crédito hipotecario o mejorar su posterior titulización.
El capítulo inmobiliario también incluiría cambios sobre corretaje. En los borradores de desregulación aparece la eliminación de barreras profesionales para corredores y martilleros, con el argumento de que los requisitos de título, matrícula o actuación por jurisdicción restringen la competencia y encarecen las operaciones. El paquete financiero incluye además cambios en prendas y warrants.
Gobierno, hipoteca, SEGUROS
POLITICA
Crisis de 2001. De la protesta a la tragedia, imágenes de 48 horas que marcaron a fuego a la Argentina
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La crisis que desencadenó el final del gobierno de la Alianza dejó 38 muertos, en su mayoría por la represión que ejercieron las fuerzas de seguridad ante las protestas que se sucedieron a partir de que Fernando de la Rúa declaró el estado de sitio la noche del 19 de diciembre de 2001. Aquella decisión presidencial propició un “cacerolazo” masivo en las principales ciudades del país, protagonizado por ciudadanos indignados. El principal foco de malestar era la instauración del llamado “corralito financiero”, impuesto por el entonces ministro de Economía, Domingo Cavallo, a principios de mes. La crisis económica y social se hizo agobiante en las semanas finales del mandato de De la Rúa.
La economía había tocado fondo luego de 10 años de convertibilidad. Industrias y fábricas cerradas o en crisis, desempleo masivo y la consiguiente explosión de la pobreza y de la indigencia fueron el cóctel que signó la caída del gobierno de la Alianza. Tras la renuncia de De la Rúa, se sucedieron cuatro presidentes en una semana, todos ellos peronistas: Ramón Puerta, Adolfo Rodríguez Saá, Eduardo Camaño y, por último, Eduardo Duhalde, que lideró un gobierno en acuerdo con la UCR de Raúl Alfonsín hasta el 25 de mayo de 2003, cuando fue elegido presidente Néstor Kirchner.
Fotos: Staff de , DyN y Télam / Archivo
Edición Fotográfica: Enrique Villegas
LA NACION,Política
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