POLITICA
Hackear al Estado. Así operan las ciberbandas que secuestran bases de datos y exigen rescate
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Los ataques al Estado comenzaron meses antes de que salieran a la luz. Se infiltraron en silencio hasta tomar el control de todo. Y entonces sí golpearon, dejando al borde del knock out a la víctima y, por extensión, a miles de ciudadanos. Siempre con la misma exigencia final: el pago de un rescate para terminar con el secuestro.
El Senado de la Nación y el Poder Judicial de la provincia de Chaco son las dos víctimas más recientes del sector público que padecieron la intrusión a sus sistemas y bases de datos. Pero no fueron los únicos, ni mucho menos. También la Dirección Nacional de Migraciones, la Provincia de San Luis, la Municipalidad de General Pueyrredón o la Fiscalía bonaerense se encuentran entre sus víctimas.
La palabra clave es “ransomware”, es decir, el “secuestro de datos” online cuya liberación se condiciona al pago de una fortuna en las profundidades de Internet –o “deepweb”-, mediante complejas operaciones que ocultan al secuestrador. Pero pagar tampoco garantiza que liberen lo robado. Por el contrario, podría alimentar la codicia de ese mismo atacante… o de otros.
Ese riesgo fue el que llevó al Senado nacional, a la Justicia chaqueña y a Migraciones a tomar la misma decisión: ni siquiera contactaron a los secuestradores, según reconstruyó en base a los testimonios de funcionarios provinciales y federales al tanto de lo ocurrido en esos ataques.
Los tres ataques registraron coincidencias. La primera, que los secuestros de datos no ocurrieron de la noche a la mañana sino que se gestaron durante semanas o, incluso, meses. La segunda, que los atacantes se encargaron de borrar sus propias huellas para impedir que puedan perseguirlos. La tercera, que los hackers dejaron notas con precisiones sobre cómo negociar el pago de un rescate.
Los ataques, sin embargo, también registraron diferencias entre sí. La primera, que las protagonizaron grupos de hackers con improntas disímiles. La segunda, que quienes atacaron al Senado nacional y a la Justicia chaqueña exigieron el pago de un rescate a cambio de devolver la información, mientras que quienes afectaron a Migraciones amenazaron con difundir la información si no cobraban ese rescate.
El ataque a Migraciones fue el primero de los tres. Un usuario remoto, identificado como admin.cfeijoo se alojó dentro de los sistemas al menos desde junio de 2020, aunque el ataque estalló el 27 de agosto, cuando un “ransomware” de la variedad “Netwalker” empezó a hacer de las suyas: cifró la información –que incluía datos migratorios de miles de argentinos y extranjeros-, copió los datos de los sistemas infectados y amenazó con difundirlos en la “deepweb”.
A partir de allí, los hackers fijaron el 10 de septiembre de 2020, a las 9.10 de la mañana, como límite para la divulgación de la información secuestrada. Y algo más: cifraron el monto del rescate: 355.87180000 bitcoins, que al tipo de cambio entonces vigente eran casi US$ 3,6 millones. Migraciones radicó una denuncia penal, no pagó el rescate y los datos fluyeron por las profundidades de Internet.
Quienes atacaron al Senado, en tanto, se identificaron por un nombre de fantasía: “The Vice Society” o “la sociedad del vicio” y su ataque quedó expuesto el 12 de enero pasado, semanas después de que se difundiera que un holding de 70 periódicos noruegos y una cadena de supermercados del Reino Unidos se encontraban entre sus víctimas.
“Bloquearon todo y dejaron un archivo de texto que contenía los datos de contacto de un usuario en la ‘deep web’, a la que había que entrar utilizando el navegador Tor para negociar la devolución del material”, indicó un funcionario del Senado al tanto de lo ocurrido a .
La decisión final fue, sin embargo, no contactar a los secuestradores. Entre otras razones para no fijar un precedente que aliente a los mismos u otros hackers a redoblar los ataques, decisión que también adoptó el Superior Tribunal de Justicia de Chaco. No negociaron con quienes tomaron el control de los sistemas operativos del Poder Judicial de la provincial la noche del viernes 7, o la madrugada del sábado 8, de enero pasado.
El riesgo de un colapso –que podía llevar a la desaparición de miles de expedientes penales, laborales, civiles y de familia, con el consecuente perjuicio social- alarmó a las máximas autoridades judiciales de la provincia, que conformaron un comité de crisis para revertir lo ocurrido… o al menos intentarlo. Actuaron en línea con los pasos que siguió la provincia de San Luis tras el ataque “ransomware” que sufrió el 25 de agosto de 2019. Ese día, el gobierno puntano perdió el control de 7,7 gigas de datos -una década de información pública- y poco después decretó la emergencia administrativa.
Los hackers que avanzaron contra Chaco, en tanto, se identificaron con otro nombre de fantasía, según indicaron desde Resistencia a . Se presentaron como el “Hive Ransomware Group”, siendo “hive” la palabra que en inglés significa “colmena”. Ese grupo acumula más de 350 ataques a empresas privadas y organismos públicos alrededor del mundo en cuatro meses. Es decir, tres hackeos diarios.
La ofensiva escaló tanto que la Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) emitió una alerta el 25 de agosto pasado sobre ese grupo. Detalló las tácticas, técnicas y procedimientos más habituales en sus ataques, como también recomendó algunas formas para “mitigar” el riesgo. La primera de ellas, crear copias de seguridad –o “back-up”- de toda la información, las que deben almacenarse sin conexión alguna a Internet.
El FBI también exhortó a no pagar el rescate exigido, aunque expresó que “comprende” a quienes toman esa decisión. “El FBI comprende que cuando una empresa afronta la imposibilidad de funcionar, sus ejecutivos evalúen todas las opciones para salvaguardar a sus accionistas, empleados y clientes”, indicó. Ese fue el caso de Colonial Pipeline, una firma estadounidense que pagó US$ 4,4 millones en criptomonedas al grupo “DarkSide” –en español, “Lado Oscuro”- y recuperó el control de sus operaciones. Un mes más tarde, el FBI logró decomisar US$ 2,3 millones.
Colonial Pipeline estuvo lejos de ser la única empresa que pagó un rescate. La plataforma Chainalysis identificó que los hackers cosecharon más de US$ 692 millones durante 2020, y otros US$ 602 millones durante 2021 –provenientes de 140 ataques distintos-, según un informe preliminar que difundió el mes pasado.
Si el FBI puso en la mira al grupo “Hive” –el mismo que atacó al Poder Judicial chaqueño-, “Vice Society” quedó bajo la mira del Centro de Ciberseguridad Nacional británico y de expertos israelíes que buscaron determinar el origen de esos ataques. Algunos dedos apuntan a Irán y China; otros, a Rusia, desde donde habría provenido el pedido de al menos US$ 7,5 millones que recibió la empresa privada Telecom Argentina, en julio de 2020, tras padecer su propio ataque “ransomware”.
La mayoría de los ataques termina impune, tanto en la Argentina como en el extranjero, aunque de vez en cuando se registran arrestos. En noviembre pasado, Interpol lideró una redada con el apoyo de 17 países que culminó con la detención de siete sospechosos en Corea del Sur, Kuwait y Rumania, en tanto que Estados Unidos y Rusia arrestaron a miembros rusos y ucranianos de otra banda criminal, conocida como “Revil”.
Mientras tanto, desde el Senado nacional, el Poder Judicial chaqueño y Migraciones coincidieron en que el único paliativo ante un ataque es contar con copias de seguridad, aunque no necesariamente resulte un remedio: el back-up puede no llegar a la fecha del ataque, ni tampoco es recomendable acudir a la copia de seguridad más reciente. ¿Por qué? Porque para entonces los sistemas ya podrían encontrarse infectados por los hackers, por lo que sugieren retrotraerse a la penúltima versión de resguardo.
Hugo Alconada Mon,LA NACION,Política
Javier Milei y Axel Kicillof convivieron dos días bajo el cielo de Nueva York sin verse, pero como si se persiguieran con las palabras. Desplegaron un duelo de desmesuras ante inversores y políticos. Donde el presidente libertario ve un boom de crecimiento y consumo, una Argentina a la que “los dólares le salen por las orejas”, el gobernador peronista distingue “una catástrofe”, un desierto de empresas quebradas y desempleo masivo. Lo que dejaron fue una estela de desconfianza, acompañada por una suba del riesgo país hasta el nivel más alto desde abril.
La doble visita resultó una puesta en escena del carácter provisorio de la transformación que experimenta la Argentina. Milei ha optado por aferrarse a la polarización con el kirchnerismo, o sus herederos, y esa decisión lo expone delante de los actores económicos a los que seduce para que se lancen a invertir.
Su lógica de empujar reformas del 50%, sin buscar mínimos puntos de consenso con una oposición a la que baña de insultos a diario, cubre su programa de un manto de incertidumbre. Lejos de ser una brújula fiable, el famoso “rumbo” queda sometido a un examen permanente de opinión pública. Preso de los resultados de corto plazo. El apego al equilibrio fiscal, la nueva legislación laboral, la apertura comercial, el incentivo a las grandes inversiones del RIGI y el alineamiento geopolítico con Estados Unidos se asumen como decisiones personales de Milei.
“Si aparecen pelotudos hablando por Nueva York, (el riesgo país) sube, obvio”, dijo Milei el miércoles, cuando la tasa ya superaba los 550 puntos. Aludía a Kicillof, por ahora el dirigente que lo sigue más de cerca en las encuestas de intención de voto presidencial, aunque todavía le quede un pedregoso camino para afianzarse como el candidato del peronismo. Lo llamó “enano soviético” y otras lindezas por el estilo ante auditorios que tienen un temor innato a los políticos de inclinación intervencionista.
Agitar el “riesgo kuka” es un cuchillo de dos filos. Agrupa a un sector del electorado al que le causa escalofríos el recuerdo de los gobiernos kirchneristas, pero vuelve conservadores a los que mueven el dinero. Lo sabe el ministro Luis Caputo, que por eso hace tiempo decidió declarar que, a su juicio, es imposible que en 2027 el peronismo vuelva a gobernar el país.
Pero la tentación de culpar al enemigo es más fuerte cuando la economía no llega al lugar que el Gobierno espera. A estas alturas del año, Milei y Caputo proyectaban que la inflación habría caído por debajo del 1 por ciento mensual y que el crecimiento sería perceptible para la mayoría de la población. Tienen, en cambio, la actividad en retroceso, el empleo planchado, niveles de mora crediticia récord y movimientos de precios que aún impiden un despegue de los salarios.
Como consecuencia de este presente de estabilidad escuálida, el liderazgo de Milei en la carrera presidencial se ha vuelto difuso.
El ministro de Economía, que llegó a imaginar las elecciones del año que viene como “un paseo por el parque” para los libertarios, se desvive por garantizar un blindaje de reservas que le permita pulsear con el mercado en la temporada de votación. El objetivo número 1 de su gestión es evitar una corrida cambiaria ante el miedo a un vuelco radical en las reglas de la economía. La estabilidad se mantiene como el mayor tesoro a cuidar. La tasa de inflación de agosto, de 1,7% y la más baja en 14 meses, lo invita a perseverar en esa dirección.
Milei ajusta las promesas al andar. Los “mejores 18 meses” de la historia que según Caputo iban a empezar en abril se mudaron a un futuro hipotético. “Si somos reelectos, el 2028 va a ser el mejor año de la Argentina”, pontificó el Presidente el jueves. Un arquero que no para de correr el arco. Fue otra invitación a que los grandes jugadores del mercado profundicen su inclinación al “esperar y ver”.
El dilema peronista
Kicillof buscó aguarle la fiesta. En sus charlas con financistas y políticos refutó la orientación liberal y desreguladora de Milei. Se presentó como defensor de un rol fuerte del Estado en la economía, habló de una “tragedia educativa” y descalificó la doctrina trumpista de intervención en la región. A su propuesta le falta aún una definición nítida sobre cuál es la receta que lleva al crecimiento. En las últimas semanas mencionó al pasar la necesidad de “orden económico”, sin que surja aún de esas palabras un mensaje explícito contra el prejuicio muy extendido de que un triunfo del peronismo implicaría el regreso de la inflación desbocada.
Ni él ni ninguno de los integrantes del disuelto Frente de Todos ha ofrecido una explicación concreta sobre por qué fracasó el gobierno de Alberto Fernández y qué se hizo mal para que al entregar el mando la inflación interanual fuera del 211%. Sergio Massa, el ministro de Economía que perdió contra Milei, no volvió a hablar en público sobre su gestión. Cristina Kirchner mantiene la centralidad a pesar de estar en prisión domiciliaria y se limita a recordar que ella señaló en su momento las disidencias con Fernández. Una verdad a medias, porque nunca abandonó en aquellos años la jefatura del oficialismo y el poder sobre áreas centrales de la administración.
La carencia de una autopsia del último gobierno peronista opera como un freno de mano en la renovación opositora. Contrasta con lo que hizo Mauricio Macri después de su derrota en 2019. Él se tomó un tiempo para explicar por qué no había logrado sus objetivos económicos y concluyó que, si tuviera la posibilidad, “haría lo mismo, pero más rápido”. Esa autocrítica desdibujó a Juntos por el Cambio y anticipó a Milei.
Un peronismo sin el vigor de otras épocas, desprovisto de un liderazgo claro y sometido a batallas internas destructivas, le da a Milei oxígeno para pensar cómo salir del laberinto del estancamiento económico. La imagen positiva que perdió el Presidente no engorda a sus rivales. Pero el descontento social y las expectativas menos optimistas respecto del futuro producen efectos inmediatos en el plano político.
Sin esas condiciones, sería impensable el libertarianismo crítico que ensaya Patricia Bullrich o la candidatura en gestación del economista Hernán Lacunza desde el Pro, a pesar de que, en paralelo, Macri y la hermana del Presidente abrieron la negociación de una alianza de alcance nacional. “Tengo mucha confianza en que los argentinos van a quedarse con la versión del cambio de primera mano, no con la segunda marca o la tercera”, dijo Milei el jueves, en lo que pareció un mensaje a quienes lo desafían desde su andarivel ideológico.
Los retrocesos de Milei
Esa rigidez narrativa contrasta a menudo con la dinámica real de su gobierno. Milei no pacta de antemano, pero suele retroceder después. Empuja reformas sin acuerdos previos y frena cuando la realidad le pone un límite. Solo lo disimula con una pose dogmática y palabras incendiarias.
Se volvió el primer malvinero después de la oalista que se impuso a raíz del partido del Mundial entre Argentina e Inglaterra. Tardó en entenderlo y lo asumió cuando debió resignar las modificaciones a la ley de tierras que impulsaba como parte esencial de su revolución. Esta semana, ante la Asamblea General de la ONU, se presentó como el único presidente argentino dispuesto a pasar a la acción para recuperar la soberanía, pese a que su mayor gesto hasta ahora ha sido proponer una versión más dura de una ley vigente desde 2011 para sancionar a las empresas que extraen recursos en las islas y el mar circundante.
Otro giro sin sutilezas se dio en la discusión por el financiamiento para el área de discapacidad, al renunciar a los recortes que había impulsado la semana pasada en el texto del presupuesto 2027. La reacción política y social desató un clamor de los propios. El clima ya no está para presumir de crueldad con los más débiles, como solían hacer algunos de los libertarios más conspicuos. Aquellos que desafiaban en redes sociales a un chico autista o usaban como insulto el término “mogólico”.
Los aliados parlamentarios están menos propensos a convalidar nuevos ajustes impopulares. “Hay campo fértil para que nos toreen con leyes que amenazan el superávit fiscal. Ya pasó el año pasado antes de las legislativas”, dice uno de los integrantes de la conducción legislativa de La Libertad Avanza. Milei llama a no ceder, salvo en los casos que lo expongan a una crisis.
El termómetro del humor social aconsejó también pasar a pérdida a Manuel Adorni, que el lunes explicó ante los tribunales que había hecho su patrimonio gracias a ganancias extraordinarias con criptomonedas que ocultó al fisco durante años. Contó que guardó en su casa casi 600.000 dólares en 2017 y vivió con disimulo, austeramente, hasta que fue designado en el Gobierno, a finales de 2023. Milei no volvió a clamar la inocencia de su amigo. En las redes sociales no hubo ni un “fuerza, Manu”. El vocero Adrián Ravier se limitó a decir que será la Justicia la encargada de determinar si la explicación del exjefe de Gabinete es cierta o no. El último hilo de cortesía con Adorni consiste en mantenerle la custodia y el auto oficial.
La nueva tierra prometida
El foco del Presidente estaba puesto en la visita a Manhattan. En desplegar otra vez su oferta de una nación abierta a la inversión, destinada a convertirse en un proveedor privilegiado de minerales críticos, energía y espacio físico para el desarrollo de la Inteligencia Artificial. “Argentina es la nueva tierra prometida”, anunció en Nueva York. Explicó que su problema hoy consiste en que no se aprecie más el peso ante el auge de las exportaciones. Ahí encajó su metáfora de los dólares que nos salen por las orejas. Incluso se permitió fantasear con pasiones personales, como cuando dijo que soñaba con tener un Tesla Cybertruck negro con un león dorado para pasearse por Buenos Aires.
Pudo celebrar un acuerdo con Estados Unidos sobre proyectos de infraestructura estratégica por 7000 millones de dólares. Es otro triunfo en espera, sujeto a que el péndulo argentino no se active otra vez.
Antes de volverse, Milei describió los éxitos de lo que llama “el milagro libertario”. Refutó a los que, en línea con Kicillof, denuncian una crisis de ingresos. Dijo: “Con la baja de la inflación les devolvimos a los argentinos 100.000 millones de dólares; una inyección de dinero que se siente en el bolsillo”. Las últimas estadísticas oficiales del Indec hablan de caídas del consumo, la inversión y el empleo, y un repunte de la pobreza. Será que prendió el ejemplo de Adorni y todos decidieron guardar el dinero y vivir deliberadamente como si no lo tuvieran.
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Video: el baile de Mauricio Macri en el acto del PRO en Jujuy donde alternó apoyos y críticas al Gobierno de Milei
En su viaje a Jujuy, el expresidente Mauricio Macri dejó algo más que definiciones políticas del PRO y alguna crítica leve al gobierno de Javier Milei. Segundos antes de iniciar su discurso, ensayó unos pasos de baile con un colaborador.
No es la primera vez que lo hace, de hecho fue una suerte de marca registrada durante su gobierno, y en campaña. Ahora, desde hace unos meses volvió a reeditar los bailes, en una maniobra para mostrarse cercano a la gente.
Macri también aumentó su exposición pública, con entrevistas en redes sociales y canales de streaming; en este nuevo rol como presidente del PRO se lo ve más activo en el mundo virtual.
El exjefe de Estado volvió este viernes al centro de la escena política con una postal que el PRO construye desde hace meses: un acto propio, rodeado de dirigentes propios y en un marco federal, con el foco puesto en el armado rumbo a las elecciones del año que viene. La reaparición llega después de una semana en la que el partido fundado por el expresidente volvió a diferenciarse del Gobierno por el Presupuesto 2027 y el capítulo vinculado a discapacidad.
POLITICA
Gremios, empresarios y movimientos sociales buscan articular un documento económico para la visita del Papa León XIV
Cuando falta un mes y medio para que el papa León XIV viaje a la Argentina, gremialistas, empresarios y dirigentes de movimientos sociales iniciaron conversaciones con el objetivo de elaborar un informe crítico sobre la situación económica y social del país que aspiran a entregarle al Sumo Pontífice en el marco del encuentro que mantendrá con representantes del “mundo del trabajo” en la sede de la Universidad Católica Argentina (UCA), en Puerto Madero.
Esa reunión, que forma parte del cronograma oficial que difundió el Vaticano para la visita de León XIV al país y será organizada por la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), genera nerviosismo en la Casa Rosada. Es que desde el gobierno de Javier Milei transmitieron a los obispos su temor de que los sindicatos o referentes sociales intenten hacer un uso político de la presencia del Papa en la UCA. La misma preocupación despierta en los despachos oficiales la recorrida que hará el Pontífice por el Cottolengo Don Orione, en Claypole, donde viven unas 400 personas con discapacidades severas. Los preparativos para el viaje papal tienen lugar en momentos en que Milei enfrenta complicaciones por los efectos del ajuste y su programa de estabilización. Según el Indec, la pobreza creció al 32,3% en el primer semestre del año y la economía retrocedió en julio un 2,9%.
En la Iglesia tienen muchas expectativas puestas en el encuentro que encabezará León XIV en el auditorio San Juan Pablo II del campus universitario. Ese día, los obispos pretenden exhibir una convocatoria amplia y plural de dirigentes del mundo laboral en un ámbito académico. En la casa de estudios pontificia, planean congregar a empresarios, gremialistas, integrantes de organizaciones populares, representantes de la cultura y de universidades públicas y privadas. El Papa escuchará tres testimonios sobre la realidad de cada sector y dará un mensaje frente al auditorio.
En ese contexto, Jorge Sola, secretario general del sindicato del Seguro e integrante del triunvirato que conduce la CGT, y Osvaldo Cornide, referente de Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y líder de la corriente de opinión Fuerza Suma, un espacio transversal y apartidario que se basa en los principios de la Doctrina Social de la Iglesia, articulan un documento en el que apuestan a describir las dificultades que atraviesa la economía del país. Los equipos técnicos ya empezaron a trabajar en los borradores.
La idea de los impulsores de la iniciativa es incluir en la elaboración del informe la visión de los movimientos sociales y diversas entidades económicas. Quieren exhibir ante el Papa que existe un consenso entre los diversos sectores que conforman el mundo del trabajo en la Argentina en torno al diagnóstico de los problemas sociales y las propuestas para desarrollar la economía. En otras palabras, procuran hacer un gesto de diálogo tripartito. Es lo que pretende la Iglesia: que se priorice la construcción de consensos y evitar el conflicto entre los actores.
En la cúpula de la CGT esperan aprovechar la visita del Papa para hacer una convocatoria al diálogo social. “Tendremos que hacer un esfuerzo para que seguramente lo acompañe el sector empresario con sus miradas. Queremos mostrar una mesa de diálogo entre el capital y el trabajo hacia una Argentina de desarrollo”, anticiparon fuentes sindicales. El documento está en una fase de construcción. No obstante, los organizadores ya tienen claros los lineamientos. Por ejemplo, prevén imprimirle un tono moderado al informe. Procuran evitar que se interprete como un intento de confrontar con el gobierno de Milei durante la visita papal y apelarán al espíritu de unidad nacional, en sintonía con el mensaje que transmite el Papa León XIV, defensor a ultranza del diálogo.
En concreto, aún no está definido cómo presentarán las conclusiones del trabajo. Por ahora evalúan la posibilidad de brindar una conferencia de prensa o de publicar una solicitada en los diarios entre el 8 y el 11 de noviembre, cuando el Papa estará en el país. Además, ya iniciaron consultas con la Iglesia para explorar la chance de entregarle el documento a León XIV durante la actividad que se desarrollará en la UCA. Allí, el Pontífice dará un discurso -¿alertará sobre los peligros de la IA y su efecto en el mundo del trabajo, como sospechan en el Gobierno?-. Pero no está previsto que se acerque a dirigentes sindicales, empresarios o de las organizaciones sociales que concurran a la UCA, donde se esperan unos mil asistentes. El acto es cerrado y la comisión de Pastoral Social del Episcopado está a cargo de cursar las invitaciones.
Eso marcará una diferencia con la centralidad que consiguió la CGT durante la visita de Juan Pablo II al país en 1987. En ese momento, durante la gestión de Raúl Alfonsín, Saúl Ubaldini, que estaba al frente de la central obrera, tuvo un papel protagónico durante la misa que celebró el entonces Santo Padre en el Mercado Central.
En la cúpula de la Iglesia son cautos. En línea con el pedido del cuerpo diplomático del Vaticano, procuran que no se haga un uso político de la presencia de Robert Prevost en la Argentina. Remarcan que su visita es “pastoral” y “apostólica”. En reserva, aseguran que persisten las diferencias con el Gobierno, critican la visión económica de los libertarios y admiten su inquietud por las consecuencias del ajuste en el tejido social de los grandes conurbanos. El Gobierno, por lo pronto, definió que Milei participará de la misa que celebrará el Papa en el Monumento de los Españoles. También está planeado que el Presidente lo reciba en Aeroparque.
Gestiones reservadas
En la antesala del viaje de León XIV, gremialistas y empresarios buscaron reforzar sus vínculos con las autoridades de la Iglesia en la Argentina. Por caso, Cornide y Sola gestionaron una reunión con el arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge García Cuerva, que se concretó la semana pasada. También hubo contactos con el secretario general del organismo, monseñor Raúl Pizarro, y el obispo de La Rioja, monseñor Dante Braida.
Cornide había participado del tradicional encuentro de la Comisión Episcopal de Pastoral Social en Córdoba, donde los obispos reclamaron trabajar por un país con justicia social y empatía. Previamente, el extitular de CAME se había visto con el arzobispo de La Plata, monseñor Gustavo Carrara, para analizar la marcha de la economía y las dificultades que sufren pequeñas y medianas empresas. En resumen, Cornide apuesta a que la visita de León XIV fomente el diálogo social entre los distintos sectores y permita visibilizar la situación de las pymes.
La semana pasada, Alejandro Gramajo, el titular de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y dirigente del Movimiento Evita, le llevó a León XIV un informe crítico de la gestión de Milei, en el que se alerta sobre pobreza y consumo, endeudamiento y los “discursos de odio”.
Gramajo le entregó el documento al Papa en una audiencia privada, después de que finalizara el IV Encuentro Sinodal Fratelli Tutti, en el que participaron organizaciones sociales y gremiales. En Roma también estuvieron Gerardo Martínez, jefe de la Unión de Obreros de la Construcción (Uocra) y secretario de Relaciones Internacionales de la CGT, y Cristian Jerónimo, otro de los jefes de la central obrera. Martínez participó como miembro de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). En el Vaticano se encontraron con el dirigente empresario Daniel Funes de Rioja, extitular de la Unión Industrial Argentina y presidente de la CEATAL en la OEA.
En las últimas horas, antes de que viajara a París, el Pontífice volvió a toparse con una comitiva de argentinos. Después de una audiencia en el Vaticano, los senadores de Santa Fe Felipe Michlig, Alcides Calvo y Germán Giacomino y el embajador argentino ante la Santa Sede, Luis Pablo María Beltramino, entre otros, pudieron saludar al Papa y tener un breve intercambio. Le entregaron una nota sobre la gestión de Maximiliano Pullaro y hablaron sobre la situación social. “¿Argentina? Pronto voy a estar ahí”, respondió Prevost.
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