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Honduras: Poder judicial otorga amparo a exjuez Marco Vallecillo y ordena nueva resolución en caso de extorsión

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El proceso penal contra Vallecillo es por presunta extorsión en perjuicio de un testigo protegido. La Sala consideró que se vulneró el debido proceso y la tutela judicial efectiva. (Foto: Archivo / Cortesía)

La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) resolvió por unanimidad otorgar un recurso de amparo penal a favor de Marco Antonio Vallecillo Banegas, quien enfrenta un proceso por la presunta comisión del delito de extorsión en perjuicio de un testigo protegido, al concluir que existieron deficiencias en la resolución emitida por la Corte de Apelaciones Penal.

El portavoz del Poder Judicial, Melvin Duarte, informó que la decisión del máximo órgano constitucional ordena al tribunal de segunda instancia emitir una nueva resolución debidamente motivada, conforme a los parámetros establecidos por la Constitución y sin pronunciarse sobre la responsabilidad penal del imputado.

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“La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia resolvió por unanimidad otorgar el recurso de amparo penal interpuesto a favor del señor Marco Antonio Vallecillo Banegas dentro del proceso que se le sigue por la presunta comisión del delito de extorsión en perjuicio de testigo protegido”, declaró Duarte.

El funcionario explicó que el recurso fue presentado por la defensa de Vallecillo contra la sentencia emitida el 8 de octubre de 2024 por la Corte de Apelaciones Penal con competencia nacional en materia de criminalidad organizada y medioambiente, la cual confirmó el auto de formal procesamiento y la medida de prisión preventivadictada en su contra.

La Sala de lo Constitucional otorgó un recurso de amparo a favor de Marco Antonio Vallecillo. La resolución fue aprobada por unanimidad por los magistrados constitucionales. (Foto: Cortesía / Archivo)
La Sala de lo Constitucional otorgó un recurso de amparo a favor de Marco Antonio Vallecillo. La resolución fue aprobada por unanimidad por los magistrados constitucionales. (Foto: Cortesía / Archivo)

Según Duarte, la Sala Constitucional determinó que el tribunal de alzada incurrió en una vulneración al debido proceso y a la tutela judicial efectiva, al no realizar un análisis suficiente sobre la procedencia del antejuicio, uno de los argumentos expuestos por la defensa durante la apelación.

Asimismo, el portavoz señaló que los magistrados advirtieron que la Corte de Apelaciones omitió pronunciarse sobre el agravio relacionado con el ofrecimiento de una caución económica como medida sustitutiva a la prisión preventiva, aspecto que, a criterio de la Sala, representa un defecto de motivación que afecta el derecho a la libertad personal del procesado.

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“La Sala Constitucional señaló que la Corte de Apelaciones omitió pronunciarse sobre el agravio relativo al ofrecimiento de una caución económica como medida sustitutiva a la prisión preventiva, lo que constituyó un defecto de motivación que afectó el derecho a la libertad personal”, detalló Duarte.

En consecuencia, la resolución establece que la Corte de Apelaciones deberá emitir un nuevo fallo debidamente fundamentado, atendiendo los aspectos que fueron omitidos en la resolución anterior y respetando las garantías constitucionales invocadas por la defensa.

No obstante, la Sala dejó claro que la concesión del amparo no implica un pronunciamiento sobre la procedencia de la fianza ofrecida ni sobre el fondo del proceso penal, por lo que la investigación contra Vallecillo continúa su curso conforme al procedimiento establecido por la ley.

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El portavoz de la CSJ, Melvin Duarte, informó sobre el alcance de la decisión.
La Corte de Apelaciones deberá emitir una nueva resolución debidamente motivada. (Foto: Cortesía/Archivo)
El portavoz de la CSJ, Melvin Duarte, informó sobre el alcance de la decisión.
La Corte de Apelaciones deberá emitir una nueva resolución debidamente motivada. (Foto: Cortesía/Archivo)

La decisión se limita a corregir los vicios de motivación identificados en la resolución apelada y obliga al tribunal competente a emitir un nuevo análisis que responda a todos los planteamientos formulados por las partes dentro del proceso judicial.

La resolución de la Sala de lo Constitucional no modifica de manera automática las medidas cautelares impuestas a Marco Antonio Vallecillo, sino que obliga a la Corte de Apelaciones a revisar nuevamente el caso y emitir un fallo que responda de forma expresa a todos los argumentos planteados por la defensa, conforme a los estándares de motivación exigidos por la Constitución.

El amparo constitucional constituye un mecanismo jurídico destinado a proteger los derechos fundamentales cuando estos han sido vulnerados durante un proceso judicial.

En este caso, la Sala concluyó que la decisión impugnada presentaba deficiencias en su fundamentación, razón por la cual consideró procedente ordenar la emisión de una nueva resolución por parte del tribunal competente.

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corresponsal:Desde Tegucigalpa, Honduras

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En un audaz ataque con cientos de drones, Ucrania golpeó dos enormes locales de venta on line en Rusia: al menos 8 muertos y decenas de heridos

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Los drones ucranianos provocaron este sábado el caos en las regiones de Moscú y Tambov al golpear dos gigantescos almacenes de comercio electrónico que, según Kiev, servían para la distribución de piezas para los aparatos no tripulados rusos que atacan las infraestructuras civiles del país.


Al menos ocho operarios de la compañía Wildberries, conocida como el Amazon ruso, murieron en los bombardeos, mientras más de medio centenar resultaron heridos, según informaron las autoridades locales en las redes sociales.

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Las defensas antiaéreas rusas derribaron durante la pasada noche 379 drones enemigos en una veintena de regiones y la anexionada península de Crimea.

El material utilizado para construir esas naves industriales, sumado al tipo de artículos que distribuye, hizo que el fuego se propagara con inusitada rapidez. Las columnas de humo se podían ver a 50 kilómetros de distancia y en algunas zonas la humareda cubría prácticamente todo el cielo.

Tambov, una localidad situada a menos de 500 kilómetros al sur de Moscú, fue la primera en ser atacada durante la madrugada. El gobernador, Yevgueni Pervishov, estimó en siete los muertos y en 25 los heridos, de los que ocho han sido hospitalizados en estado grave.

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Moscú denuncia un «atentado terrorista»


«Se puede decir con seguridad que esto ha sido un planificado atentado terrorista contra la población civil», denunció Pervishov en Telegram, tras lo que la defensora del pueblo ruso, Yana Lantratova, aseguró que toma nota de los «crímenes de guerra» ucranianos.


El gobernador añadió que el ataque tenía por objetivo causar «un gran número de víctimas», ya que los explosivos que portaban los drones llevaban metralla, que fue extraída de los cuerpos de las víctimas. «Las defensas antiaéreas funcionaron. Fueron derribados 28 drones. Si hubieran alcanzado su objetivo, el número de afectados entre la población civil hubiera sido mucho mayor», explicó.

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Exactamente un mes después del mayor ataque de la guerra contra la capital rusa, esta vez le tocó a la región homónima ser objeto del mayor bombardeo desde febrero de 2022.


El jefe de la región de Moscú, Andréi Vorobiov, habló de un muerto en la localidad de Elektrostal y de 37 heridos. A su vez, siete de los heridos continúan en estado grave, precisó el funcionario, quien añadió que los fragmentos de un dron cayeron sobre un jardín infantil sin causar víctimas.

El ataque obligó a evacuar un centro materno infantil, incluidos pacientes y sanitarios, al igual que algunos residenciales situados en las inmediaciones del lugar del siniestro.

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Un auto incinerado por un ataque aéreo de Rusia en Járkov, Ucrania, este viernes. Foto: AP

El «Amazon» ruso

Wildberries confirmó en un comunicado los ataques con aparatos no tripulados enemigos, que describió como «una noche terrible» para la compañía. El almacén atacado en la región adyacente a la capital seguía siendo horas después pasto de las llamas, mientras el incendio ha sido ya prácticamente sofocado en Tambov.


Los drones ucranianos también golpearon y causaron un incendio en una terminal petrolera en la localidad de Noguinsk -a unos 50 kilómetros del centro de Moscú-, que dispone de 24 depósitos de combustible. Las autoridades estimaron en dos los heridos en ese ataque.


El alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, cifró en casi 1.900 los aparatos ucranianos que se dirigían a la capital abatidos en la última semana, 207 de ellos en las inmediaciones de la urbe de 13 millones de habitantes.

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«Respuesta simétrica», según Volodimir Zelenski

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, confirmó el ataque contra los centros logísticos rusos a 500 y 700 kilómetros del frente en respuesta a los bombardeos de las ciudades e infraestructuras civiles de su país.


Zelenski aseguró en su canal de Telegram que «el agresor las utiliza (las naves industriales) para el suministro de componentes que son objeto de sanciones para la fabricación de drones y equipos de navegación».

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Kiev respondió así con lo que llama «sanciones de largo alcance» a los ataques perpetrados por Moscú contra los centros de distribución de la compañía Nova Poshta. Rusia considera que dichas instalaciones son utilizadas para el ensamblaje de drones.


Según Nova Poshta, el ejército ruso destruyó en un reciente ataque el mayor y más innovador de sus centros de distribución en todo el país.

Ambos bandos se han enzarzado en las últimas semanas en una escalada de ataques con drones y misiles. Mientras Rusia ha intensificado sus ataques contra los puertos ucranianos en el mar Negro, Kiev insiste en castigar las refinerías en la retaguardia rusa y condenar a Crimea al aislamiento por tierra, mar y aire, lo que ha provocado un grave défic de combustible y arruinado su temporada de veraneo.

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Liberal circuit judge blasts SCOTUS conservatives, says Hawaii will defy high court

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NEWYou can now listen to Fox News articles!

A Hawaii Supreme Court justice used a ruling overturning a decades-old criminal conviction to deliver a blistering rebuke of Chief Justice John Roberts’ Supreme Court, accusing the nation’s highest court of weakening constitutional rights, damaging democracy and advancing a political agenda.

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Justice Todd Eddins authored the 91-page majority opinion Wednesday in State v. Granillo , a case involving a man convicted in 1990 of kidnapping and sexually assaulting a woman on Maui. The court ordered a new trial after concluding that hair and fiber evidence presented by an FBI expert relied on forensic science that has since been discredited.

But in roughly eight pages of the opinion, Eddins argued Hawaii’s courts should not look to the Roberts Court when interpreting the state constitution, using the case to deliver an unusually sharp critique of the nation’s highest court.

LAWYER WHO BEAT HAWAII GUN LAW CALLS STATE’S RELIANCE ON BLACK CODE ‘DISGRACEFUL’

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«When six justices walk away from those they are supposed to protect, state constitutions hold the line,» Eddins wrote, referring to the court’s six conservative justices. «That is not defiance. That is the design.»

Eddins argued that Hawaii’s Constitution provides stronger protections than the federal Constitution as currently interpreted by the U.S. Supreme Court, and said the Court has abandoned landmark civil rights principles.

Hawaii Supreme Court Justice issued a scathing review of the Supreme Court’s most recent rulings, arguing that the High Court has weakened constitutional protections for citizens. (Graeme Sloan/Bloomberg via Getty Images/ Ballotpedia)

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«The Court that now defines federal due process does not honor the work of 1954,» Eddins wrote. «It revives the work of 1857. The work of 1896.»

Eddins was referring to Brown v. Board of Education, ruled in 1954, which ended racial segregation in public schools, as well as Dred Scott v. Sandford, the infamous 1857 decision denying citizenship to Black Americans and Plessy v. Ferguson, the 1896 ruling that upheld racial segregation.

Eddins argued that the Roberts Court no longer reflects the constitutional principles established in Brown v. Board of Education, but instead, he argued the Court’s originalist approach relies on the same type of constitutional interpretation in the discredited Dred Scott and Plessy decisions.

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«Today’s hubristic originalists use the same method to control modern life,» Eddins wrote.

justices during SOTU

John Roberts, chief justice of the US Supreme Court, from left, Elena Kagan, associate justice of the US Supreme Court, Brett Kavanaugh, associate justice of the US Supreme Court, and Amy Coney Barrett, associate justice of the US Supreme Court, during a State of the Union address in the House Chamber of the US Capitol in Washington, DC, US, on Tuesday, Feb. 24, 2026. (Graeme Sloan/Bloomberg via Getty Images)

SUPREME COURT STRIKES DOWN LIMIT ON PARTY CAMPAIGN SPENDING IN COORDINATION WITH CANDIDATES

«The Court overrides what Congress passed,» Eddins continued. «It overrides what the people chose. All to serve its own ends. What this Court has done to constitutional rights, democratic institutions, and the rule of law explains why Hawaiʻi’s Constitution takes no instruction from it.»

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Throughout the opinion, Eddins pointed to many of the Roberts Court’s most consequential decisions as evidence that constitutional protections have been weakened, including Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization, which overturned the federal constitutional right to abortion; Citizens United v. FEC on campaign finance; Rucho v. Common Cause on partisan gerrymandering; Trump v. United States on presidential immunity; and New York State Rifle & Pistol Association v. Bruen, which expanded Second Amendment protections.

Eddins accused the Roberts Court of adopting a «colorblind» approach to the Equal Protection Clause that, in his view, ignores the amendment’s original purpose of protecting formerly enslaved Black Americans.

«The Roberts Court sees only white,» he wrote. «It refuses to acknowledge who the Equal Protection Clause was written to protect.»

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He also suggested that recent Supreme Court decisions have repeatedly expanded the power of government officials and wealthy interests while reducing protections for individual rights.

«A court that systematically dismantles democratic safeguards, steamrolls constitutional liberties, and tramples human dignity does not chart the course for the Hawaiʻi Constitution,» he wrote.

Justice John Roberts

U.S. Supreme Court Chief Justice John Roberts attends inauguration ceremonies in the Rotunda of the U.S. Capitol on January 20, 2025 in Washington, DC. Chip Somodevilla/Pool via REUTERS/File Photo (Reuters)

THOMAS LEAVES NOTHING LEFT UNSAID ON RACIAL GERRYMANDERING DECISION: ‘GO FURTHER’

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The opinion quickly drew criticism from legal observers, who said it was highly unusual for a state supreme court opinion to devote so much space to criticizing the U.S. Supreme Court.

«The Court issues an unhinged attack on the legitimacy of the Supreme Court,» Iowa Solicitor General Eric Wessan wrote on X. «I haven’t ever seen something like this. And it’s not good.»

George Washington University law professor Jonathan Turley similarly described the opinion as «devoid of judicial restraint and decorum.»

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«The Hawaii Supreme Court just issued a truly shocking opinion that unleashed a torrent of rage and recrimination against the majority of the United States Supreme Court, including suggesting that they are de facto racists,» Turley wrote on X.

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The opinion comes just weeks after the U.S. Supreme Court handed Hawaii a major loss in Wolford v. Lopez, striking down the state’s so-called «vampire rule.» In a 6-3 decision, the court ruled Hawaii could not require gun owners to get a property owner’s permission before carrying a firearm into businesses and other private property open to the public.

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Eddins has served on the Hawaii Supreme Court since 2020 after being appointed by then-Democratic Gov. David Ige.

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Diputado oficialista solicita investigar uso de los recursos en universidades públicas de Costa Rica

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El diputado Gonzalo Ramírez presentó una moción para que la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público investigue el manejo de los recursos del FEES por parte de las universidades estatales. Crédito: Redes sociales Gonzalo Ramirez

La posibilidad de que la Asamblea Legislativa investigue el uso de los recursos del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) abrió un nuevo capítulo en el debate sobre el financiamiento de las universidades públicas. El presidente de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público, Gonzalo Ramírez Zamora, presentó una moción para que ese órgano legislativo analice durante un plazo de hasta dos años la administración de los fondos que reciben las cinco casas de enseñanza superior estatales, con especial énfasis en los recursos provenientes del FEES.

La iniciativa fue respaldada por los diputados del Partido Pueblo Soberano (PPSO), Kathia Calvo Cruz y Stephan Brunner Neibig, y podría ser discutida en una de las próximas sesiones de la comisión. Según el legislador, la investigación busca responder a las dudas que surgieron tras la publicación de diversos reportajes sobre gastos realizados por autoridades universitarias en alimentación, restaurantes y actividades de representación financiadas con recursos públicos.

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Al presentar la moción, Ramírez sostuvo que el objetivo no es cuestionar la importancia de la educación superior pública, sino garantizar que el dinero aportado por los contribuyentes sea utilizado de manera eficiente y transparente. “Los recursos públicos no pueden ser usados como una piñata y menos en nuestras universidades”, afirmó el congresista, quien insistió en que la ciudadanía tiene derecho a conocer cómo se administran los fondos destinados al sistema universitario estatal.

De aprobarse la propuesta, la investigación abarcaría aspectos como la composición del gasto administrativo y del gasto sustantivo de cada universidad, la ejecución de los recursos provenientes del FEES, los mecanismos de control interno para autorizar y supervisar el uso de los fondos públicos, así como la razonabilidad y necesidad de gastos relacionados con representación, alimentación, actividades protocolarias, viáticos, viajes oficiales, cooperación internacional y capacitaciones.

La propuesta plantea revisar gastos administrativos, viáticos, viajes oficiales, actividades protocolarias, alimentación y otros desembolsos financiados con recursos públicos. Fuente: Universidad de Costa Rica
La propuesta plantea revisar gastos administrativos, viáticos, viajes oficiales, actividades protocolarias, alimentación y otros desembolsos financiados con recursos públicos. Fuente: Universidad de Costa Rica

Además, la comisión pretende determinar si la normativa interna que regula este tipo de gastos resulta suficiente para garantizar el cumplimiento de principios como la legalidad, la eficiencia, la economía, la austeridad, la transparencia y la rendición de cuentas. El objetivo final sería establecer si existe la necesidad de impulsar reformas legales, reglamentarias o administrativas que fortalezcan el uso responsable de los recursos públicos destinados a la educación superior.

Como parte del proceso, la moción contempla convocar a comparecer a las cinco personas rectoras de las universidades estatales, así como a representantes de las auditorías internas, direcciones financieras y a la contralora general de la República, Marta Acosta Zúñiga, con el fin de conocer de primera mano los mecanismos de fiscalización y administración de los recursos.

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Tras conocerse la iniciativa, el Consejo Nacional de Rectores (Conare) reaccionó mediante un comunicado en el que manifestó su respeto por las competencias constitucionales de la Asamblea Legislativa y por el ejercicio del control político. No obstante, recordó que dicho control debe desarrollarse respetando plenamente la autonomía universitaria consagrada en la Constitución Política.

El presidente de Conare y rector de la Universidad Nacional (UNA), Jorge Herrera Murillo, aseguró que las universidades públicas mantienen un compromiso permanente con la legalidad, la transparencia, la eficiencia en el uso de los recursos públicos y la rendición de cuentas. Asimismo, destacó que las instituciones son objeto de fiscalización constante por parte de la Contraloría General de la República y de sus respectivas auditorías internas.

La investigación tendría un plazo de hasta dos años e incluiría comparecencias de los cinco rectores de las universidades públicas, auditorías internas y la contralora general de la República. Cortesía: Transmisión Federación Estudiantes UNED
La investigación tendría un plazo de hasta dos años e incluiría comparecencias de los cinco rectores de las universidades públicas, auditorías internas y la contralora general de la República. Cortesía: Transmisión Federación Estudiantes UNED

En su pronunciamiento, el Consejo de Rectores también hizo un llamado para que el debate sobre el FEES se desarrolle con base en evidencia técnica y no únicamente en percepciones. Según Conare, el ordenamiento jurídico costarricense ya contempla mecanismos robustos de control y supervisión sobre la ejecución de los recursos públicos administrados por las universidades.

La discusión ocurre en un contexto en el que el financiamiento de la educación superior se encuentra bajo revisión por parte del Gobierno. La administración de la presidenta Laura Fernández ha reiterado que la disciplina fiscal será uno de los pilares de su gestión, por lo que ha advertido que los incrementos al FEES dependerán de una eventual redistribución de los recursos hacia carreras con mayor demanda en el mercado laboral.

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corresponsal:Desde San José, Costa Rica

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