Hay una idea de forjar la unidad que atraviesa la discusión de todo el peronismo a nivel nacional. La gran mayoría de los dirigentes creen importante construir una coalición amplia que esté apoyada sobre la base de acuerdos provinciales. Así sucedió, en gran medida, durante el 2018, cuando se edificó el Frente de Todos. Esa experiencia, por más traumática que resultó en la gestión, tuvo resultados favorables en el plano electoral.

San Luis representa el 1,15% del padrón electoral a nivel nacional. Tiene cerca de 420.000 electores. Es una de las provincias con menor representatividad en las urnas. Sin embargo, lo importante de la discusión que tiene el peronismo por estos días, entre ellos la versión puntana de la fuerza política, es el valor simbólico de la unidad como método para ganar elecciones en todas las provincias. Y, sobre todo, que la unidad sea entre dos hermanos que ocuparon el poder del gobierno de San Luis en nueve períodos: Adolfo y Alberto Rodríguez Saá.

Adolfo Rodríguez Saá fue gobernador entre 1983 y el 2001 en forma ininterrumpida, mientras que su hermano Alberto ocupó la gobernación entre el 2003 y el 2011, y el 2015 y el 2023. Entre el 2001 y el 2003 estuvo a cargo de la provincia Alicia Lemme. Entre el 2011 y el 2015 el delegado en el gobierno de los Rodríguez Saá fue Claudio Poggi, que ocho años después volvió al poder pero divorciado de Alberto y aliado con Adolfo.

Los hermanos, que están en el borde las ocho décadas, se encuentran distanciados desde el 2018. Hay cuestiones personales y políticas que trazaron una línea divisoria en el vínculo. El conflicto político se profundizó cuando Adolfo apoyó la candidatura de Poggi en el 2023. Enfrente quedó Alberto, como principal promotor de la candidatura de Jorge “Gato” Fernández, el último candidato a gobernador del PJ. La diferencia fue de ocho puntos pero con un umbral alto para el peronismo. Obtuvo el 42,30% de los votos contra el 52,9% del actual mandatario.

Con ese piso de votos, en el justicialismo piensan que una eventual unidad entre los hermanos podría volver muy competitiva a la oposición. “¿Van a forjar la unidad para salvar San Luis?“, le preguntó una periodista militante a Adolfo Rodríguez Saá en una entrevista realizada pocos días atrás en la provincia. ”Dios quiera. Hoy no hay nada. Pero por su puesto que me gustaría. Hay que buscar los puntos que nos unen y dejar de costado las cosas que nos dividen», respondió.

El planteo fue explícito. Adolfo está dispuesto a firmar la paz. Tiene su partido y su vocación de ser candidato nuevamente. Pero, a esta altura del calendario, las expresiones y los gestos son parte de un combo de tensiones donde el objetivo real es tener fuerza para negociar la unidad para volver al poder. “Esto no es solo para mi hermano. Sino para todos los dirigentes. Tenemos que dejar de buscar la mugre y buscar lo que nos une. Las coincidencias tienen que servir para tener un programa común”, explicó en una entrevista brindada a FM La Nuestra 100.3.

Adolfo utilizó en ese diálogo un lema muy conocido en el peronismo. La unidad no se proclama, la unidad se construye con gestos, ideas y propuestas. Ese mensaje cercano al PJ provincial se da cuatro meses después de su distanciamiento del esquema político e institucional del gobierno de Poggi. Ese cambio abrupto es tolerado, pero no olvidado, por muchos dirigentes peronistas. Entre ellos su propio hermano.

La mayor parte del peronismo puntano está alineado detrás de la figura de Alberto Rodríguez Saá que, un puñado de días atrás, reapareció en un acto en la sede del PJ de San Luis, donde juntó a una gran cantidad de militantes que pidieron por una nueva candidatura provincial. Allí planteó la necesidad de volver más humildes al poder y le dio impulso a una idea que tuvo en el 2019: “Hay 2027”. Una expresión de deseo y convicción para sostener el proceso de armado político y electoral. Quienes lo frecuentan aseguran que ya no habla tan mal de su hermano como antes. El silencio parece ser una señal de aplacamiento.

La decisión personal de los hermanos es lo que realmente vale para sostener el consenso. Pero por fuera de ese diálogo, hay una mayoría de dirigentes del peronismo que presionan para construir un acuerdo de unidad y presentar una opción competitiva para el año que viene. Algunos miran con atención el 17 de octubre, cuando se celebre el día de la Lealtad peronista. Advierten que puede haber un gesto de acercamiento con un trasfondo histórico que lo sostenga.

Alberto cree en la concentración de fuerzas como parte de la edificación política. Trazar una línea y contar quienes están de un lado y quienes del otro. Y, una vez seguro de los propios, avanzar en una discusión sobre roles, candidaturas y funciones. El último gobernador peronista pretende que el PJ, que actualmente preside, tenga un candidato provincial antes de fin de año.

Las especulaciones están a la orden del día en San Luis. Hay dos caminos visibles para la unidad. Uno es que haya un acuerdo entre ambos y alguno decida apoyar al otro como candidato a gobernador. En ese juego el que mejor parado está es Alberto, porque tiene el mayor caudal dirigencial desde su lado y porque es el que mejor mide en las encuestas como referente del peronismo.

El otro camino es que logren un acuerdo para respaldar la candidatura de un dirigente que no lleve su apellido. Así como lo hicieron en el 2015 con Poggi. En ese escenario hipotético empieza a correr el nombre del diputado nacional Ernesto “Pipi” Alí, que está alineado a Alberto, pero que recibió halagos de Adolfo por su decisión de estar en la trinchera enfrentando al gobierno de Poggi.

La semana pasada Alí se fue del bloque de Fuerza Patria y se unió al bloque del “Gato” Fernández. Fue una decisión basada en el reacomodamiento territorial. Alberto Rodríguez Saá pretendía que el “Pipi” esté afuera del bloque. El ex gobernador nunca tuvo un buen vínculo con el kirchnerismo. Y el legislador, que tiene voluntad de ser candidato si su jefe político no se presenta, movió su ficha en el tablero legislativo.

Detrás de bambalinas hay un trasfondo más complejo en la convivencia parlamentaria. Pero la base de la decisión está basada en el ordenamiento político del peronismo en el territorio. En un encuadramiento local. Alí es parte del esquema político del PJ Federal donde están Juan Manuel Olmos, Victoria Tolosa Paz, Guillermo Michel y Federico Achával. Su cara podría ser la que encarne una renovación. Sin embargo, el diputado sabe con claridad que si Alberto decide ser candidato, su vocación tendrá un freno brusco.

Otro nombre que sonaba hasta hace poco es el del “Gato” Fernández, último candidato del peronismo para la gobernación. Pero el legislador no tiene voluntad de afrontar una nueva campaña. Trabajará para la unidad pero sin la expectativa de volver a ser. La situación es diferente en el universo de Alberto. En su entorno creen que podría ser un candidato de la unidad que contenga a su hermano, pero también algunas vertientes del kirchnerismo y el massismo, minoritarias en la superficie política de la provincia.

Tanto Alberto como Adolfo están muy activos. Recorriendo distintas localidades de la provincia y subidos a la vida pública de la política. El año que viene no solo habrá elecciones nacionales, sino que también se llevarán a cabo elecciones constituyentes, ya que Poggi decidió avanzar con un proyecto para reformar la constitución provincial. En ese contexto, la negociación de unidad gana preponderancia y altera la estabilidad política de la provincia. Hay distintos espacios en el frente para ocupar y representar.

Los hermanos no tienen interlocutores. Y la discusión que se va a dar en los próximos días es netamente provincial. El peronismo puntano no quiere que la interna nacional, anclada en las peleas de la provincia de Buenos Aires, contaminen la negociación dentro de los márgenes de San Luis. Por eso nadie habla de ni de Cristina Kirchner ni de Axel Kicillof, ni de La Cámpora ni del Movimiento Derecho al Futuro (MDF). Realidades diamentralmente opuestas.

“Hay que dejar de estar con el peronómetro en la puerta del partido. Hay que frenar los pases de factura. Y hay que poner toda la carne al asador para ganar el año que viene. El peronismo necesita la unidad del Alberto y el Adolfo. El tiene que unirse para ganar”. Así definió el estado de situación del justicialismo puntano un dirigente que conoce bien a los hermanos Rodríguez Saá. Sus palabras bien podrían ser la de tantos otros dirigentes de base que buscan, en un gesto de extremo pragmatismo, que haya perdón, para después encontrar el amor.

El proyecto de ley de defensa de la soberanía de Malvinas, ingresado esta mañana a la Cámara de Diputados, quedó en la mira de varios bloques de la oposición. Es que la iniciativa del Poder Ejecutivo incluye un artículo que, con el argumento de endurecer las reglas frente a la influencia extranjera en el país, establece penas de hasta 12 años de prisión para quienes realicen “campañas de desinformación masiva”. A ello se suman los reparos de constitucionalistas y la preocupación de entidades periodísticas.

En concreto, propone modificar el artículo 225 bis del Código Penal, a fines de sancionar con entre cinco y 12 años de prisión a quien, “actuando por cuenta, orden o financiamiento total o parcial de un Estado, organización o agente extranjero realizare actividades que alteren procesos electorales o manipulen a la opinión pública mediante campañas coordinadas de desinformación masiva”.

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En medio de la polémica por el recorte en el área de Discapacidad, que se conoció luego de que se presentara el proyecto de presupuesto 2027, Patricia Bullrich, jefa del bloque libertario en el Senado, volvió a mostrar diferencias con la Casa Rosada y endilgó responsabilidades al Ministerio de Economía de Luis Caputo por haber realizado modificaciones sin previo aviso. “A mí no me tomen por tonta”, dijo la senadora.

La espada libertaria en la Cámara alta reconoció que la eliminación de artículos claves de la ley de emergencia en discapacidad también la sorprendió a ella y confirmó que el tema no se habló en la mesa política del último martes.

“A mí me sorprendió porque, estando en la mesa política, el tema no salió a la luz y llegó el presupuesto con esta introducción, de alguna manera, de cambios en la ley de discapacidad que no eran conocidos”, dijo Bullrich el jueves por la mañana al ser consultada por el tema en Radio Rivadavia.

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El Senado de la Nación aprobó y giró a Diputados un proyecto de ley que busca establecer un nuevo marco regulatorio para los biocombustibles que eleva la cuotas de corte en un régimen de transición hasta 2036, fecha en la que debería liberarse la libre competencia en el mercado.

En la votación en general dividió al recinto de manera transversal y terminó con 41 votos a favor y 25 en contra.

El propósito central de la normativa apunta a incentivar las inversiones, consolidar la seguridad energética del país y promover una transición progresiva del sector hacia un mercado más competitivo, transparente, desregulado y ambientalmente sostenible.

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