El proceso de privatizaciones impulsado por el gobierno de Javier Milei acaba de dar un golpe de efecto de la mano de IMPSA, la emblemática empresa de tecnología e infraestructura que se convirtió en la primera compañía estatal en ser transferida a manos privadas bajo la actual gestión.

La empresa con su sede central en la provincia de Mendoza, acaba de sellar un acuerdo estratégico de gran envergadura en el exterior. La histórica firma, clave años atrás en el desarrollo energético de la región, implementará un plan de obras de infraestructura energética de escala masiva en Venezuela.

La operación de privatización se estructuró a través del consorcio IAF (Industrial Acquisitions Fund), del cual ARC Energy es el socio principal. La firma norteamericana se adjudicó el 84,9% de las acciones Clase C que estaban en manos del Estado nacional y de la provincia de Mendoza tras el salvataje de 2021. Para concretar el traspaso, el grupo inversor asumió el pasivo de la metalúrgica y comprometió una capitalización de 27 millones de dólares desembolsados en tramos

La llegada de la firma argentina al país caribeño se produce en el marco del proceso de apertura del mercado de Venezuela, una fase de flexibilización que se consolida tras los años de máxima tensión que condujeron a la intervención militar del gobierno de Donald Trump para capturar al presidente Nicolás Maduro.

Ante las urgencias de infraestructura del país caribeño, IMPSA firmó un acta acuerdo con el Ministerio de Energía Eléctrica local y la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), un paso administrativo y político que marca el inicio de una nueva etapa en la recuperación de la infraestructura hidroeléctrica de Venezuela. IMPSA aportará de forma directa su experiencia, ingeniería y tecnología para rehabilitar de manera integral las centrales de Macagua y Tocoma.

El plan de trabajo comprometido

El plan de trabajo trazado por los técnicos de la empresa privatizada cuenta con metas ambiciosas a corto y mediano plazo. Los ingenieros fijaron la premisa inicial de recuperar 672 megavatios (MW) de capacidad de generación en un plazo de 19 meses, atendiendo las demandas más urgentes de la red. Este acuerdo da inicio a un esfuerzo mucho más amplio para fortalecer el sistema eléctrico venezolano mediante un plan integral que podría aportar, en su totalidad, hasta 2.640 MW de capacidad hidroeléctrica en los próximos cinco años.

El epicentro de los trabajos civiles y de ingeniería civil se concentrará en la Central Hidroeléctrica Tocoma. La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, anunció formalmente la firma de este acuerdo entre el Estado venezolano y la empresa argentina, destinado a ejecutar la culminación definitiva de las obras de la Central Hidroeléctrica Manuel Piar (Tocoma), considerada el último gran proyecto hidroeléctrico desarrollado en el Bajo Caroní, dentro del Estado Bolívar.

Con una capacidad instalada prevista de 2.160 MW, la obra se reactivó con el objetivo de incorporar un total de 2.640 MW al Sistema Eléctrico Nacional mediante las nuevas optimizaciones. La central se ubica a 15 kilómetros aguas abajo de la Central Hidroeléctrica Guri, y para alcanzar dicho rendimiento, la monumental estructura estará plenamente equipada con 10 unidades de turbinas tipo Kaplan de 230 MW cada una.

El proyecto original cuenta con una extensa y compleja historia económica y contractual que sirve de antecedente al actual desembarco de la firma de capitales estadounidenses. La obra se aprobó originalmente en enero de 2002 según una resolución del Ministerio de Energía y Minas, iniciándose formalmente con el movimiento de tierras y un presupuesto total inicial de u$s3.061 millones.

Posteriormente, en 2005, la empresa Electrificación del Caroní (Edelca) –actual Corpoelec– pactó con el Consorcio OIV, conformado en su momento por la brasilera Odebrecht (50%), la italiana Impregilo (40%) y la venezolana Vinccler (10%).

La compleja historia de la central Tocoma

Diversos inconvenientes técnicos y financieros hicieron retrasar el proyecto de manera sucesiva a lo largo de los años. Al punto tal llegaron las dilaciones que para 2013 se debió solicitar una fuerte ampliación del presupuesto total a u$s9.365 millones, de acuerdo con los registros del exministro de energía, Luis Motta Domínguez, quien fue el funcionario encargado de tramitar la ampliación presupuestaria. 

El embalse proyectado cuenta con una cota de 127 metros sobre el nivel del mar, lo que implica la inundación controlada de un área total de 87 kilómetros cuadrados. Asimismo, los informes técnicos detallan que la presa principal del complejo tendrá una altura final de 65 metros y una longitud de 360 metros, dimensiones que reflejan la magnitud del desafío ingenieril que IMPSA deberá gerenciar.

Estas obras de gran escala se dan en el contexto de debate del Proyecto de Ley Orgánica de Reforma Parcial de la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico, ya aprobada por unanimidad en la Asamblea Nacional. Esta propuesta de 42 artículos plantea diversificar la participación en la cadena del servicio mediante cuatro vías que habilitan a empresas mixtas con control estatal, firmas donde el sector público tenga participación minoritaria y empresas privadas debidamente domiciliadas en el territorio nacional.

Bajo este nuevo esquema de apertura IMPSA, apuntalada por capitales de Estados Unodos, consolida su regreso al plano internacional, algo similar a lo que viene ocurriendo con el gradual apertura de oportunidades de negocios en el secor petrolero venezolano, el país con las mayores reservas mundiales de crudo.