La oscuridad es el manto que tendieron sobre la Justicia. La primera responsable de esa opacidad es la política; la segunda cae sobre los propios jueces. Un juez bueno, Martín Irurzun, que fue uno de los magistrados que con más convicción condenó la corrupción política, está en un limbo que seguramente se resolverá, más vale pronto que tarde, en los propios tribunales. Irurzun cumplió 75 años, que es el límite etario que marca la Constitución para ser juez en la Argentina desde la reforma de 1994; antes no existía ninguna limitación que surgiera del mandato constitucional. De hecho, hemos visto aquí como el exjuez de la Corte Suprema Carlos Fayt fue miembro del tribunal supremo hasta los 98 años; renunció poco antes de morir. Tampoco en los Estados Unidos existe esa restricción impuesta por la edad. Hemos visto de igual modo al exjuez senior del tribunal sur de Nueva York Thomas Griesa, célebre en la Argentina por ser quien resolvía sobre el caso de los holdouts (los bonistas que persistían en considerar en default la deuda argentina), morir en el cargo a los 87 años.

En el país, existen dos jurisprudencias contradictorias de la Corte Suprema. Una corresponde precisamente al juez Fayt. El llamado “caso Fayt” refiere a una resolución del máximo tribunal de justicia en el que declaró “nulo de nulidad absoluta” el articulo de la Constitución que fijó ese precepto etario. El argumento de la Corte de 1999 consistía en que ese artículo agregado a la Constitución por los constituyentes no figuraba en el núcleo de coincidencias básicas que había aprobado el Congreso cuando convocó a la Asamblea Constituyente. El núcleo de coincidencias surgió, a su vez, del llamado Pacto de Olivos que suscribieron los dos mayores partidos políticos de ese momento: el peronismo conducido por Carlos Menem y el radicalismo liderado por Raúl Alfonsín.

Mucho después, la Corte modificó esa jurisprudencia con el llamado “caso Schiffrin” por el camarista Leopoldo Schiffrin, quien reclamó, poco antes de cumplir los 75 años, que hicieran valer en su caso la jurisprudencia que había beneficiado a Fayt. La Corte, integrada ya en 2017 por otros jueces, cambió la jurisprudencia y dictaminó que la Asamblea Constituyente tenía autonomía como para agregar decisiones constitucionales que no estaban en el núcleo de coincidencias básicas. La Constitución quedó así con dos artículos contradictorios: el 99, inciso 4, que establece los 75 años como límite para que los jueces se vayan, y el artículo 110 que dispone la inamovilidad de los jueces mientras dure su buena conducta.

El reconocimiento de que el límite etario es inconstitucional, tal como la Corte estableció en 1999, contó con el voto del actual vicepresidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, quien fue asesor de Alfonsín cuando este fue constituyente para aplicar la reforma pactada con Menem. Sin embargo, otros dos jueces de la Corte, Horacio Rosatti, actual presidente de la Corte, y Juan Carlos Maqueda, que renunció en diciembre de 2024 cuando cumplió los 75 años, votaron a favor de reconocer la vigencia de ese artículo. Rosatti y Maqueda fueron constituyentes por el Partido Justicialista para la reforma constitucional de 1994. Dos posiciones entre tres jueces que participaron de la misma reforma constitucional.

Ahora, Irurzun pidió una cautelar cuando el gobierno de Javier Milei ni siquiera le contestó una solicitud formal para contar con un nuevo acuerdo del Senado por cinco años más, mecanismo también previsto por la reforma del 94. El caso de Irurzun es el mismo del juez de la Cámara de Casación Carlos Mahiques, padre del actual ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. Mahiques padre contó en el acto con el apoyo del Gobierno para continuar siendo juez hasta los 80 años. El Senado le dio el acuerdo con un número arrollador de votos. Hubo intensas gestiones del oficialismo.

La cautelar requerida por Irurzun fue rechazada por el juez de primera instancia y por la Cámara en lo Contencioso Administrativo. Irurzun planteó entonces la cuestión ante la propia Corte Suprema, pero el máximo tribunal debería en este caso dictar una cautelar, decisión que casi nunca tomó. Generalmente, las cautelares se deciden en las instancias inferiores de la Justicia.

Otro análisis que se escuchó en despachos cercanos a los jueces supremos es que se trata de un caso abstracto porque Irurzun ya cumplió los 75 años, aunque el reconocido magistrado hizo su presentación en la Corte antes de su cumpleaños. Irurzun también planteó en primera instancia la cuestión de fondo (¿el límite de los 75 años es constitucional según la jurisprudencia vigente o, por el contrario, es inconstitucional como lo estableció la Corte en 1999?).

Dijeron en despachos muy encumbrados de la Justicia que Irurzun debería esperar, sin renunciar, a que se resuelva el fondo de la cuestión. El problema es que, mientras no se resuelva el planteo a favor o en contra de Irurzun, este no puede ejercer el cargo de juez porque sus decisiones podrían ser objetadas. Mientras no renuncie y se jubile, tampoco cobrará su salario como juez hasta que no haya una sentencia definitiva. Ese es el limbo en el que está Irurzun, un juez que creó una doctrina propia cuando persiguió la corrupción del kirchnerismo. La “doctrina Irurzun” sostiene que los exfuncionarios deben ser sometidos a prisión preventiva porque pueden tener un poder residual para entorpecer el proceso. Julio De Vido fue preso, previa autorización de la Cámara de Diputados que integraba, porque prevaleció la “doctrina Irurzun”.

Esos son los trazos principales de un conflicto de técnica jurídica que afecta a un juez que nunca fue cuestionado. La cuestión central es otra: Irurzun integra la sala II de la Cámara Federal de Apelaciones que tiene a su cargo la revisión de la investigación por el presunto pago de sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad, que expuso su propio exdirector, y amigo del Presidente, Diego Spagnuolo. La denuncia afecta directamente a la influyente hermana del Presidente, Karina Milei, y a los primos Menem, sobre todo a Eduardo “Lule” Menem, según se desprende de los audios atribuidos a Spagnuolo.

Fuentes oficiales inmejorables aseguraron que el ministro Mahiques le garantizó a la familia Milei que él se haría cargo de terminar con la investigación sobre los presuntos sobornos por la compra de medicamentos para discapacitados. El ministro Mahiques nunca habló bien del juez Irurzun, tal vez para justificar el desdén con el que lo trató su gobierno.

¿Permitirá la Justicia que se cometa semejante injusticia? En la cuestión de fondo, ¿no son muchos, acaso, los jueces capaces de suscribir la teoría de la inconstitucionalidad de ese artículo de la Constitución porque saben que algún día la guillotina caerá sobre ellos? Además, una justicia que le renueva de inmediato el acuerdo para seguir siendo juez al padre del ministro de Justicia, y se lo niega a un juez con reconocidos antecedentes como intachable magistrado, no es justicia.

Peor: Irurzun podría ser reemplazado por el juez Pablo Yadarola, amigo personal del ministro Mahiques. Todo un estropicio. Como señaló ayer en un artículo en el entrañable político Esteban Bullrich “sin instituciones confiables, la república termina siendo apenas una palabra escrita en la Constitución”.

Ese es el contexto en el que se enmarca la audiencia convocada para hoy por la Cámara de Casación para escuchar a las partes; en síntesis, los jueces Diego Barroetaveña y Mariano Borinsky aceptaron escuchar a Claudio “Chiqui” Tapia y a su cómplice, Pablo Toviggino, otro personaje frecuentado por el ministro Mahiques, o a sus abogados. Estos aspiran a que la investigación sobre la propiedad de la mega mansión de Pilar, atribuida a Toviggino, testaferros mediante, se dirima en el juzgado federal de Campana, donde manda el juez Adrián González Charvay. Los dueños de la AFA confían más en la bondad para con ellos de González Charvay que en la jueza Verónica Straccia, actualmente a cargo de ese expediente y con prestigio de persona seria y trabajadora.

La Cámara de Casación debe decidir si la sede de la poderosa AFA está en un terreno baldío de Pilar (en ese caso, la cuestión caería en manos de González Charvay) o en su histórico edificio de la calle Viamonte en la Capital, donde durante décadas se vivieron los días de gloria y de infortunio del fútbol argentino. Hace poco, Tapia y Toviggino hicieron levantar una carpa en el terreno de Pilar, e instalaron baños químicos, para poder hacer una asamblea de dirigentes. Todo es poco para notificar a los jueces de que ellos ahora trabajan en Pilar y no en la calle Viamonte de la Capital. Todo es poco para que sea el juez González Charvay quien investigue la propiedad de esa mansión en la que el juez Carlos Mahiques, padre del ministro, habría festejado sus 75 años. No es solo una versión. Hay también una virtual confesión: “Y si fuera cierto, ¿cuál sería el problema?”, respondió Mahiques padre cuando le preguntaron si era cierta la información de su fiesta cumpleañera en ese lugar.

Fuentes cercanas al Ministerio de Justicia señalaron que la Justicia debe establecer la sede de Pilar como el lugar de la AFA porque así lo estableció la Inspección General de Justicia. ¿Solo por eso? ¿Manda más la IGJ que el criterio de los jueces? Elisa Carrió reclamó ayer que el juez Barroetaveña se excuse de seguir tratando el caso de la AFA en la Cámara de Casación porque fue presidente de la Comisión de Ética de la entidad más importante del fútbol argentino hasta fines del año pasado. Tiene razón. No se puede ser juez y parte. Barroetaveña no es el único juez que estuvo cerca de Tapia y Toviggino en los últimos años. Son muchos, no pocos de ellos cumplen funciones en las provincias. La AFA y el vaho de poder que la rodea son demasiado seductores. Por su parte, el juez Yadarola, el amigo del ministro Mahiques, quedó en el puesto 16 entre los candidatos a integrar la Cámara Federal en el examen escrito, pero escaló hasta la terna finalmente enviada por el Consejo de la Magistratura al Gobierno luego de su examen oral. No hay otra deducción creíble si no se piensa mal: saben hablar, pero no saben escribir.