POLITICA
Bettina Angeletti multiplicó su patrimonio durante el período en el que Manuel Adorni fue funcionario
La Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 11, a cargo de Gerardo Pollicita, puso bajo la lupa no solo el crecimiento patrimonial de Manuel Adorni sino también el de su esposa, Bettina Julieta Angeletti.
El requerimiento de justificación patrimonial que se le formuló al exjefe de Gabinete en las últimas horas evidenció un claro incremento en los ingresos, las compras y los consumos de Angeletti durante el período en que Adorni ocupó cargos públicos.
Según el documento que elaboró la fiscalía, al que tuvo acceso TN, a su nombre figura el lote 380 del Country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz, adquirido el 15 de noviembre de 2024 por $122.534.400, con origen de fondos declarado como “créditos”.
También se le atribuyen el total de la titularidad de una casa en Morón y de un departamento en la Ciudad de Buenos Aires, además del 50% del departamento de Avenida Asamblea y del 50% de la Jeep Compass del matrimonio.
Los números de sus ingresos muestran una aceleración marcada. Según se desprende del documento, su cuenta en el Banco Galicia tuvo acreditaciones de origen externo que alcanzaron $56.500.876 en 2024 y saltaron a $143.892.132 en 2025.
En 2024, $39.538.601 correspondieron a haberes de Agropecuaria Las Helenas S.A., donde trabajó en relación de dependencia hasta diciembre de ese año, otros $9.245.800 vinieron de pagos de proveedores y personas jurídicas, $4.784.475 de transferencias de terceros y $2.932.000 de depósitos en efectivo.
En 2025 el panorama cambió de escala: los pagos de proveedores y personas jurídicas sumaron $107.612.124 (de los cuales $56.684.445 se vinculan a facturación a la misma Agropecuaria Las Helenas, ya como asesora), las transferencias de personas físicas llegaron a $25.923.697 y los depósitos en efectivo a $1.700.000.
Ante la Oficina Anticorrupción, Angeletti declaró para 2024 un ingreso neto de $46.765.381 por relación de dependencia y $9.245.800 como asesora autónoma. Para 2025, en cambio, informó $113.323.164 netos por actividad independiente.
ARCA, por su parte, registró una facturación total de $124.282.864 en 2025. La DAFI del Ministerio Público Fiscal observó que a partir de septiembre de 2024 se produjo un crecimiento “significativo y sostenido” de sus ingresos como trabajadora autónoma, que se convierte en su principal fuente a partir de 2025. De hecho, abandonó el monotributo en septiembre de ese año y pasó al Régimen General porque su facturación superó el tope de la última categoría.
Al respecto, el informe destacó que durante el 2024 Angeletti emitió facturas sólo entre octubre y diciembre, concentradas en tres clientes, y aun así su facturación creció un 1.440,97% respecto del período anterior.
En 2025 facturó $124.282.864,00 a 13 clientes, aunque el 81,95% se concentró en dos receptores: Agropecuria Las Helenas S.A. y Foggia Group.
Otro dato que arrojó la investigación es que la escribana Adriana Mónica Nechevenko, que intervino en la totalidad de las operaciones inmobiliarias del matrimonio Adorni, le facturó la totalidad de sus honorarios a Angeletti.
En otro tramo del extenso informe de más de 200 páginas, se detalló que los saldos netos liquidados de sus tarjetas Visa y American Express del Banco Galicia muestran una progresión constante: $3.216.468 en 2022, $8.968.422 en 2023, $30.257.524 en 2024, $46.214.851 en 2025 y $12.260.298 solo en el primer trimestre de 2026.
Gastos en Mercado Pago y en el exterior
El total de dicho período supera los $100,9 millones. Una parte de esos consumos se realizó en el exterior o a través de plataformas internacionales, como Airbnb, Apple y agencias de viaje.
Mercado Pago funcionó, en la práctica, como un canal adicional de esos mismos gastos: entre 2024 y el primer cuatrimestre de 2026 registró egresos por $45.184.730, financiados en un 88% con sus propias tarjetas de crédito y débito.
El patrimonio del matrimonio Adorni
Para la Justicia, “la reconstrucción que sigue deja atrás el tratamiento individual, porque el patrimonio de Manuel Adorni y el de su cónyuge no funcionan como compartimentos estancos, sino como una unidad económica de hecho”.
“Ambos integran un mismo grupo conviviente, comparten bienes, afrontan gastos comunes y canalizan pagos desde cuentas de uno u otro según la operación”, se agregó al respecto.
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Para el fiscal, “los entrelazamientos patrimoniales que se han comprobado entre los nombrados colocan, con el grado de provisoriedad de este momento del proceso, a Bettina Angeletti como persona interpuesta en los términos del art. 268, segundo párrafo, del Código Penal”.
El documentó aclaró que, si bien Angeletti fue incluida en la Declaración Jurada Inicial de 2023, no fue consignada en las Declaraciones Juradas sucesivas —Anual 2023, Rectificativa 2023 y Anual 2024—, sino que recién se la consignó en la Declaración Jurada Rectificativa de 2024.
Manuel Adorni, patrimonio, Justicia
POLITICA
El gobierno nacional cuestionó a la jueza que liberó a un ladrón de 14 años: “Le hace un daño a los argentinos”
La ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, cuestionó a la jueza porteña Laura Beatriz de Marinis por su decisión de dictar la inconstitucionalidad del nuevo régimen penal juvenil y dejar en libertad a un menor de 14 años que había sido acusado de tentativa de robo.
“Me parece tremendo. Este tipo de definiciones le hacen daño a la justicia, a las víctimas y atentan contra lo que venimos sosteniendo”, aseguró Monteoliva en Infobae en Vivo en diálogo con los periodistas Gonzalo Sánchez, Cecilia Boufflet, Ramón Indart y Tatiana Schapiro.
La funcionaria recordó que la nueva ley penal juvenil fue consensuada con distintos sectores políticos en respuesta a una deuda histórica que existía sobre la cuestión.
“Estoy en total desacuerdo con esa posición, se le hace daño a los argentinos, no le hace bien a nadie, no le hace bien a la víctima ni tampoco al mismo perpetrador”, puntualizó Monteoliva en Infobae a las Nueve.
Laura Beatriz De Marinis es la titular del Juzgado en lo Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas Nro. 3 de la Ciudad de Buenos Aires. El lunes firmó una resolución que declaró la inconstitucionalidad del artículo 1 del nuevo Régimen Penal Juvenil, con la que sobreseyó a un adolescente de 14 años acusado de tentativa de robo. La decisión desató una oleada de reacciones políticas que incluyeron pedidos de juicio político en su contra.
Noticia en desarrollo
POLITICA
Discapacidad: la advertencia por una ola de juicios forzó un cambio de estrategia en el oficialismo
El frente político no fue el único factor que llevó al Gobierno a revisar su estrategia en materia de discapacidad. En el oficialismo también pesó una advertencia judicial: avanzar con una reducción de derechos y prestaciones podría multiplicar las demandas contra el Estado y trasladar a los tribunales parte del ahorro fiscal que buscaba el Poder Ejecutivo.
“Nos íbamos a llenar de juicios in aeternum por esto”, admitió a un referente libertario que sigue de cerca las negociaciones.
El aviso alcanza tanto al proyecto que el Gobierno presentó en abril en el Senado como a las derogaciones incluidas en el presupuesto 2027. “Por eso nunca se trató”, explican sobre el primero. Sobre el segundo, sostienen: “Por suerte lo podemos cambiar”.
El principal límite está en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que desde 2014 tiene jerarquía constitucional en la Argentina. A ella se suman dos leyes permanentes: la 22.431, que estableció el sistema de protección integral, y la 24.901, que regula las prestaciones básicas de habilitación y rehabilitación.
Ese andamiaje legal obliga al Estado a garantizar los derechos reconocidos a las personas con discapacidad y vuelve especialmente sensible cualquier decisión que implique reducir prestaciones existentes.
Los cambios planteados originalmente por el Gobierno podrían, por lo tanto, ser cuestionados por los afectados y abrir una discusión judicial sobre su constitucionalidad y aplicación.
El Gobierno ya tiene un antecedente adverso. Después de que el Congreso insistiera con la ley de emergencia, Milei la promulgó, pero suspendió su ejecución hasta que el Poder Legislativo determinara de dónde saldrían los fondos. El juez federal de Campana Adrián González Charvay declaró inválida esa suspensión y ordenó poner en marcha la norma.
El expediente se originó en un amparo colectivo presentado por familias de personas con discapacidad y derivó en sucesivas intimaciones al Poder Ejecutivo. En enero, González Charvay fijó el 4 de febrero como fecha límite para que la ley estuviera plenamente implementada. Finalmente, un día antes del vencimiento, el Gobierno la reglamentó mediante el decreto 84/2026.
El mismo magistrado ya había fijado un criterio sobre los límites del Estado para retroceder en materia de prestaciones. Al hacer lugar a una acción de amparo presentada por padres de niños con discapacidad contra el veto a la ley de emergencia en discapacidad, González Charvay sostuvo que una política pública no puede contradecir las obligaciones constitucionales y convencionales asumidas por la Argentina si genera “un resultado regresivo incompatible con el principio de progresividad en la satisfacción de derechos fundamentales”.
Y fue más allá: “La obligación de destinar el máximo de los recursos disponibles no puede subordinarse a pactos o acuerdos políticos que impliquen un retroceso de derechos”, sostuvo en aquella sentencia.
Ese antecedente también forma parte de los argumentos con los que el oficialismo busca ahora convencer a sus aliados de reemplazar la emergencia por una ley. Los libertarios sostienen que una norma extraordinaria y con plazo determinado no debería ser el instrumento para garantizar derechos.
“Queremos una ley permanente y salir de la lógica perversa de la emergencia”, resumen en el oficialismo tras un giro drástico.
Con esa premisa, el presidente de Diputados, Martín Menem, el jefe de gabinete, Diego Santilli, y la diputada libertaria Laura Rodríguez Machado trabajan con los bloques aliados para acordar un texto que preserve el piso de protección y, al mismo tiempo, revise algunos criterios del sistema. Buscan un punto intermedio entre las derogaciones planteadas originalmente por el Gobierno y la continuidad de la emergencia.
A cambio, buscan endurecer los criterios para otorgar las pensiones. “Se va a trabajar para que sea lo más justo posible”, respondió Menem tras ser consultado durante su paso por la mesa de Mirtha Legrand. Ayer, como parte de la tensión que generó el tema en el oficialismo, renunció a su cargo Alejandro Vilches, secretario de Discapacidad, que estaba bajo la órbita del Ministerio de Salud.
Es que a la preocupación política y fiscal que atraviesa la discusión se le suma el eje judicial. El oficialismo reconoce que el ahorro obtenido mediante la reducción de prestaciones podría terminar convertido en un costo judicial para el Estado durante años.
revisar su estrategia en materia de discapacidad,renunció a su cargo,Delfina Celichini,Cámara de Diputados,Conforme a
POLITICA
Quién es Laura de Marinis, la jueza porteña que consideró inconstitucional el nuevo Régimen Penal Juvenil y sobreseyó a un adolescente de 14 años
Laura Beatriz de Marinis es la jueza porteña que quedó en el medio de una fuerte controversia por la declaración de inconstitucionalidad del nuevo Régimen Penal Juvenil y el sobreseimiento a un menor de 14 años, en una causa caratulada como tentativa de robo, que derivó el pedido de juicio político de parte del jefe de gobierno porteño, Jorge Macri.
De Marinis empezó su carrera en la Justicia en 2006, cuando todavía no se había recibido como abogada, y pasó por diversos cargos, en el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa.
Antes de ser designada como magistrada, fue Prosecretaria de Cámara Letrada en la Secretaría Letrada de Intervención Penal Juvenil, que depende de la Defensoría General Adjunta en lo Penal, Contravencional y de Faltas, puesto que ocupó desde 2017.
En marzo de 2023 participó de un concurso de oposición y antecedentes ante la Comisión de Selección de Jueces, Juezas e integrantes del Ministerio Público del Consejo de la Magistratura, logró la calificación necesaria y el 19 de diciembre de ese año juró como jueza ante el Tribunal Superior de Justicia de la ciudad de Buenos Aires.
Ahora está a cargo del Juzgado Penal Juvenil, Contravencional y de faltas N°3 de la ciudad de Buenos Aires.
A fines de 2023 dejó sin efecto la prisión domiciliaria de Carlos Manuel Andrés, el joven condenado a cuatro años y seis meses de prisión por pegarle una fuerte trompada al playero en un estacionamiento del barrio porteño de Monserrat, el 19 de noviembre de 2021. El argumento de la magistrada fue que el joven tenía una tobillera electrónica que podía geolocalizarlo.
La referencia de la jueza a una canción de Lali Espósito luego de la sanción de la baja de la edad de imputabilidad a 14 años
En abril, luego de la sanción de la edad de imputabilidad a 14 años, De Marinis le dio una entrevista a Lo Que No Se Dice Streaming, con referencias a la canción “No hay héroes”, de Lali Espósito.
Parte de la letra de la obra dice: “Y yo sé que ni vos sabés, que no hay héroes ni villanos, que en la guerra nadie gana, que no alcanzan las dos manos, que no siempre el malo paga”.
La jueza mencionó: “A veces el malo no siempre paga, y a veces no es justo nada”. Luego dijo: “Los jueces tenemos que trabajar con lo que la ley dice, y a veces nos colocan en esos lugares donde el malo no siempre paga. La canción es muy rica, tiene un montón de partes lindas. No sé si la vida es solo de buenos y malos”.
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