El vicerrector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Emiliano Yacobitti, desmintió este sábado las declaraciones del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sobre el financiamiento de los hospitales universitarios y acusó al Gobierno de retener fondos ya aprobados en el presupuesto 2026 como mecanismo de presión para debilitar el reclamo universitario. La polémica se produce días antes de la Marcha Federal Universitaria convocada para el próximo martes 12 de mayo a las 17 horas en la Plaza de Mayo.

En una entrevista con Radio Mitre, Yacobitti rechazó punto por punto los argumentos de Adorni, quien este viernes, durante una conferencia de prensa, calificó de “falsa” la denuncia de la UBA por el desfinanciamiento de sus hospitales. El jefe de Gabinete sostuvo que el Ejecutivo transfirió mensualmente la totalidad de los créditos presupuestarios asignados en el presupuesto 2026 para la función salud, y que lo que la UBA reclama es “una partida adicional de 75.371 millones de pesos, equivalente al 94,5% del presupuesto total de hospitales universitarios de todo el país”. “Una sola universidad pretende apropiarse del crédito presupuestario destinado al conjunto de los hospitales universitarios nacionales”, sentenció el funcionario.

Yacobitti respondió que esa descripción mezcla deliberadamente partidas distintas. La cifra en disputa —que el propio Ministerio de Capital Humano calculó en unos 80.000 millones de pesos— no es una demanda adicional ni extraordinaria, sino una partida específica para hospitales universitarios que figura en el presupuesto 2026, aprobado por el Congreso y propuesto por el propio Ejecutivo. “No estamos hablando de la Ley de Financiamiento Universitario, sino de una ley que ni siquiera fue vetada y que el Gobierno reconoce que todavía no cumplió absolutamente nada», afirmó el vicerrector.

Esa partida cubre los gastos operativos de los hospitales universitarios de la Universidad Nacional de Córdoba, la UBA, la de La Rioja y la de Cuyo. Según los directores de los hospitales Clínicas, Roffo y Lanari, que el 5 de mayo dieron una conferencia de prensa para alertar sobre la situación, al cabo de cuatro meses del año el Gobierno no había girado un solo peso de esos fondos. El propio comunicado de Capital Humano reconoció que el ministerio aún analiza cómo distribuir esa partida. Para Yacobitti, ese reconocimiento implícito contradice la versión pública de Adorni: “Lo que está haciendo Adorni es pretender confundir a la gente para deslegitimar un reclamo”.

Sobre el argumento de la proporcionalidad —que la UBA pretende el 94,5% de los fondos destinados a todo el sistema—, el vicerrector explicó que esa distribución no es nueva ni arbitraria. En 2024, el Gobierno asignó casi el 90% de esa partida a la UBA; en 2025, el 85%. La razón es de escala: los hospitales de la universidad porteña atienden a un volumen de pacientes muy superior al del resto. El Hospital Roffo, centro oncológico de alta complejidad que recibe pacientes de todo el país, ya redujo tratamientos y derivó algunas patologías a otros centros por falta de insumos.

Yacobitti fue más allá en su caracterización de la estrategia oficial. Afirmó que el Gobierno retiene los fondos del presupuesto 2026 de forma deliberada para presionar a las universidades y que moderen su reclamo por la Ley de Financiamiento Universitario. “Lo que está haciendo es decirle a las universidades de manera indirecta: si ustedes siguen reclamando, yo no les voy a pagar en tiempo y forma el presupuesto 2026”, sostuvo. Al ser consultado sobre si esa situación del Gobierno era una extorsión, el vicerrector respondió: “Sí, claro. Lo es”.

La presión recae con mayor fuerza sobre la UBA por su peso relativo en el sistema y su capacidad de visibilización, según Yacobitti, quien descartó que eso frene la movilización. Para el Gobierno, en cambio, el equilibrio fiscal justifica la demora: Adorni señaló que las transferencias a las universidades se realizan en forma mensual, que la inflación bajó del 211,4% al 31,5% respecto de la gestión anterior y que el presupuesto universitario 2026 creció hasta los 4,8 billones de pesos. También planteó que la Ley de Financiamiento Universitario “nació suspendida” hasta que el Congreso defina las fuentes de financiamiento.

Yacobitti rechazó también los cuestionamientos sobre el manejo de los fondos universitarios. Las universidades son auditadas de forma permanente por la Auditoría General de la Nación (AGN) y los informes están disponibles en las páginas de cada facultad y en el sitio de la AGN. Añadió que el monto de los 80.000 millones para hospitales universitarios es inferior a lo que el Estado dejará de recaudar por la reducción del impuesto a los autos de lujo, y que el presupuesto universitario destina el 90% a salarios que el propio Gobierno transfiere directamente a docentes y trabajadores.

La crisis de financiamiento tiene además una dimensión de largo plazo que Yacobitti subrayó: en los últimos dos años, 438 docentes e investigadores abandonaron la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, sobre una planta de aproximadamente 3.200 personas. Muchos tienen posgrados y especializaciones en el exterior. Los procesos de investigación interrumpidos no se retoman de inmediato, advirtió el vicerrector.

La movilización del 12 de mayo fue convocada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), el Frente Sindical de Universidades Nacionales y la Federación Universitaria Argentina (FUA), con epicentro en Plaza de Mayo y marchas simultáneas en todo el país. Yacobitti señaló que la vía legislativa y la judicial ya se agotaron: hay dos fallos judiciales favorables a las universidades que el Ejecutivo no acata.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, acusó al presidente Javier Milei de provocar un deterioro en el sistema de salud y el Gobierno salió a responder con crudeza: “Debe dejar de mentir y hacerse cargo de la provincia que gobierna”.

El mandatario provincial participó este viernes de un congreso de la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA) en Córdoba y estuvo acompañado por el secretario general del gremio y extitular de la CGT, Héctor Daer.

“El sistema de salud está en crisis en todo el mundo, pero en nuestro país eso se agrava por un Gobierno nacional que no considera importante entregar remedios, invertir en hospitales ni en ningún elemento que permita mejorar la atención tanto pública como privada”, escribió Kicillof en X.

Para el gobernador bonaerense, la salud no puede ser “un privilegio de unos pocos”. “No podemos tolerar tanto desprecio. El problema no son los médicos ni la salud pública; el problema es Milei”, apuntó.

La reacción de la Casa Rosada ante la crítica del gobernador bonaerense fue inmediata. La Oficina de Respuesta Oficial rechazó las acusaciones y planteó que su gestión mantiene una deuda con Nación por $630.635 millones en concepto de su porcentaje de participación en los hospitales SAMIC.

“Pese a esa deuda millonaria que obliga a Nación a sostener el 100% de su financiamiento, Kicillof sale a dar clases de federalismo e inventa que el Gobierno ‘no entrega remedios ni invierte en hospitales’”, plantearon desde la administración libertaria.

En esa línea, la Oficina de Respuesta Oficial desmintió los dichos de Kicillof y subrayó que “la salud es responsabilidad primaria de las provincias”, al sostener que la Constitución establece que las jurisdicciones conservan los poderes no delegados.

También rechazaron las acusaciones del gobernador sobre un supuesto recorte en el programa REMEDIAR.

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Según datos oficiales, el Ministerio de Salud invirtió más de $68.300 millones en 2025 y $25.595 millones en el primer trimestre del año en medicamentos de alto costo y oncológicos destinados a los bonaerenses. Con respecto al programa REMEDIAR PBA, la provincia recibió medicamentos por más de $5329 millones.

“El gobernador debe dejar de mentir y hacerse cargo de la provincia que gobierna, pagando lo que debe, atendiendo a sus afiliados de IOMA y, sobre todo, dejando de inventar culpables en Nación. Los recursos existen. El problema es cómo se administran”, concluyó la publicación de la Oficina de Respuesta Oficial.

Axel Kicillof, Javier Milei, salud

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