Al final Donald Trump zafó de pagar la friolera de más de 457 millones de dólares que debe en su caso de fraude comercial civil, cuya fecha de pago vencía hoy.

Un tribunal de apelaciones de Nueva York autorizó este lunes al expresidente a pagar una fianza mucho menor de la establecida en un principio en un caso de fraude civil. El expresidente ahora debe pagar una fianza de 175 millones de dólares en un plazo de 10 días, mientras se resuelve la apelación por la sentencia que lo multo por 457 millones de dólares, incluso mientras apela la sentencia que generó la gigantesca deuda.

Este es un importante salvavidas para el exmandatario, quien, junto con algunos de sus hijos y su empresa, fue multado después de que el juez Arthur Engoron anotara que Trump y los demás acusados inflaron fraudulentamente el valor de sus activos

Después de que la fiscal general del estado, Letitia James, ganara la sentencia, no intentó hacerla cumplir durante un tiempo de espera legal para que Trump solicitara a un tribunal de apelaciones una suspensión del pago.

El período para el pago completo terminaba este lunes, y una posibilidad era que la fiscal general del estado, Letitia James, decidiera darle más tiempo a Trump.

James, una demócrata, había dicho a ABC News el mes pasado que si Trump no tiene el dinero para pagar, ella buscaría confiscar sus bienes y estaba “preparada para asegurarse de que se pagara la sentencia”.

James no detalló entonces el proceso ni especificó a qué participaciones se refería.

Trump, mientras se dirigía el lunes por la mañana a una audiencia separada en su caso criminal de dinero para guardar silencio de un actriz porno, criticó en publicaciones en las redes sociales la sentencia civil y la posibilidad de que James intentara hacerla cumplir.

Al presentar el caso como un complot de los demócratas, el expresidente afirmó que estaban tratando de quitarle su dinero para matar de hambre su campaña de 2024.

“Tenía la intención de utilizar gran parte del dinero que tanto me costó ganar para postularme para presidente. No quieren que haga eso: ¡INTERFERENCIA ELECTORAL!” escribió en su plataforma Truth Social. Refiriéndose a sus propiedades como «mis ‘bebés’», le irrita la idea de verse obligado a venderlas o verlas confiscadas.

La incautación de activos es una opción legal común cuando alguien no tiene el efectivo para pagar una multa judicial civil. En el caso de Trump, los objetivos potenciales podrían incluir propiedades como su penthouse en la Trump Tower, aviones, edificio de oficinas de Wall Street o campos de golf.

La fiscal general también podría perseguir sus cuentas bancarias y de inversión. Trump sostuvo en las redes sociales el viernes que tiene casi 500 millones de dólares en efectivo pero que tiene la intención de utilizar gran parte de ellos en su carrera presidencial. Ha acusado a James y al juez estatal de Nueva York Arthur Engoron, que también es demócrata, de intentar “quitarme el dinero para no poder usarlo en la campaña”.

Una posibilidad sería que la oficina de James pasara por un proceso legal para que las autoridades locales confiscaran las propiedades y luego trataran de venderlas. Pero esa es una perspectiva complicada en el caso de Trump, señaló Stewart Sterk, profesor de derecho inmobiliario en la Facultad de Derecho Cardozo.

«Encontrar compradores para activos de esta magnitud es algo que no sucede de la noche a la mañana», dijo, señalando que en cualquier subasta ordinaria, «las posibilidades de que la gente pueda pujar hasta el valor real de la propiedad son bastante altas». delgado.»

La deuda de Trump surge de un juicio civil que duró un mes el otoño pasado por las acusaciones del estado de que él, su compañía y altos ejecutivos inflaron enormemente su riqueza en estados financieros, estafando a banqueros y aseguradores que hacían negocios con él. Las declaraciones valoraron su penthouse durante años como si, por ejemplo, fuera casi tres veces su tamaño real.

Trump y sus coacusados ​​negaron haber actuado mal y dijeron que las declaraciones en realidad redujeron su fortuna, vinieron con exenciones de responsabilidad y no fueron tomadas al pie de la letra por las instituciones que le prestaron o aseguraron. La discrepancia del penthouse, dijo, fue simplemente un error cometido por los subordinados.

Engoron se puso del lado de la fiscal general y ordenó a Trump pagar 355 millones de dólares, más intereses que crecen día a día. A algunos coacusados, incluidos sus hijos y los vicepresidentes ejecutivos de la empresa, Donald Trump Jr. y Eric Trump, se les ordenó pagar cantidades mucho menores.

Según la ley de Nueva York, presentar una apelación generalmente no pospone la ejecución de una sentencia. Pero hay una pausa automática si la persona o entidad paga una fianza que cubre lo adeudado.

Los abogados del expresidente han dicho que le resulta imposible hacer eso. Dijeron que los aseguradores querían el 120% de la sentencia y no aceptarían bienes raíces como garantía. Eso significaría inmovilizar más de 557 millones de dólares en efectivo, acciones y otros activos líquidos, y la compañía de Trump necesita algo sobrante para administrar el negocio, han dicho sus abogados.

Los abogados de Trump han pedido a un tribunal de apelaciones que congele el cobro sin que él pague una fianza. La fiscalía general se ha opuesto.

De Associated Press y efe