Cinco militares bolivianos murieron al ser prendidos fuego vivos mientras participaban de un operativo contra una banda de contrabandistas en la frontera con Argentina. Los crímenes conmocionaron a Bolivia y las autoridades de ese país hablan de una «emboscada».

Los subtenientes del Ejército, Yamil Argani y José María Romero, junto con los sargentos Braulio Pacaje, Vladimir Pacasi y Ruddy Medoza, perdieron la vida cerca de Villamontes, al sur de Bolivia, a unos 90 kilómetros de la frontera con Argentina.

El cruel episodio comenzó con la persecución de los militares a un vehículo cargado con sustancias químicas ilegales. Sin embargo, esa carrera por atrapar a los sospechosos se detuvo abruptamente cuando la camioneta en la que se transportaban las autoridades chocó y volcó fuera de la carretera, donde quedó atrapada en una especie de zanja.

En medio de la confusión provocada por el impacto, los atacantes aprovecharon la ocasión para desarmar a los militares, rociarlos con gasolina y prenderlos fuego. Luego, con una crueldad sin límites, abandonaron la escena, dejando atrás rastros de botellas de gasolina.

Al llegar al lugar, con el hecho consumado, los investigadores analizaron la hipótesis de un accidente de tránsito. Sin embargo, el viceministro de Lucha contra el Contrabando, Daniel Vargas, desestimó esa versión y lo denunció como un crimen atroz.

El ministro de Defensa, Edmundo Novillo, confirmó que la emboscada y el asesinato de los militares ocurrieron como resultado de un operativo contra el contrabando, detallando que los uniformados fueron atacados tras decomisar mercadería ilegal.

En un mensaje por las redes sociales, el ex presidente Evo Morales se expresó por lo sucedido. Allí transmitió sus condolencias para la familia y pidió a las autoridades la rápida investigación y esclarecimiento del hecho.

«Se informó que se investiga la posibilidad que hayan sido víctimas de un atentando cuando participaban de actividades de intervención a la internación de productos ilegales al país», dijo.

Y siguió: «Solicitamos a las autoridades la rápida investigación y esclarecimiento de este hecho. En un Estado de derecho no podemos aceptar contemplación y protección alguna a organizaciones criminales no solo ligadas al contrabando, también al narcotráfico».

Entre el 1 de enero y el 14 de diciembre del año pasado la Aduana Nacional decomisó mercancía ilegal valorada en 670 millones de bolivianos (unos 96,2 millones de dólares) en 15.910 operativos de control efectuados en todo el país.

Con información de agencias.