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Bolivia repite el guion del terrorismo de Estado electoral visto en Nicaragua y Venezuela

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El presidente de Bolivia, Luis Arce, al atender a la prensa este lunes, 7 de abril, en La Paz (Bolivia) (EFE/STR)

Acusaciones trucadas con pruebas falsificadas, fiscales y jueces sicarios en procesos judiciales manipulados para perseguir, apresar, exiliar o eliminar, son algunos de los medios de terrorismo de Estado que las dictaduras del socialismo del siglo 21 o castrochavismo usan para inhabilitar a opositores reales. Lo hicieron en Nicaragua 2021, en Venezuela 2024, y ahora repiten el terrorismo de Estado electoral en Bolivia para las elecciones generales del 17 de agosto de 2025.

Las dictaduras del socialismo del siglo 21 en Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia hacen elecciones periódicas que no son libres, no son justas, no están basadas en el sufragio universal y secreto, y no están destinadas a expresar la soberanía popular, sino a perpetuar el régimen con apariencia de democracia. Violan todos los elementos esenciales de la democracia del artículo 3 de la Carta Democrática Interamericana y los derechos humanos establecidos en los artículos 1,3,4,5,7,8,9,11,13,15,15,20,23,24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

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Por eso, Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia son “dictaduras electoralistas en las que el pueblo vota, pero no elige”, porque realizan elecciones sin libertad, sin Estado de derecho, sin separación ni independencia de poderes, sin libre organización política, con perseguidos, presos y exiliados políticos. En estos países sin democracia nada garantiza ni la libertad ni los derechos humanos.

Además, construyen y sostienen la “oposición funcional”, formada por políticos, agrupaciones y partidos que simulan ser contrarios al régimen y que actúan para dar apariencia de democracia. La oposición funcional es parte de la dictadura porque participa de la corrupción y de la impunidad, simula legalidad en órganos legislativos títeres, avala la violación de derechos humanos, la existencia de presos y exiliados y más.

A cuatro meses de las elecciones generales 2025 en Bolivia, el sistema de dictadura electoralista está en plena ejecución: 1.—El padrón electoral es el mismo demostrado como adulterado por el fraude del año 2019 y anteriores, y por Rosario Baptista que renunció “denunciando que no es posible continuar en un Órgano Electoral que no es independiente ni imparcial”, agregando que “más allá de las elecciones de 2019, en el proceso electoral de 2020 se ignoraron los verdaderos resultados y principios obligados de respeto a los derechos humanos, sometiendo a la ciudadanía a la voluntad del partido político (El MAS del régimen), que bajo las condiciones actuales nunca perderá una elección”; 2.— En Bolivia hay 303 presos políticos certificados por Global Human Rights League (www.ghrl.org) y la misma entidad prueba que “10.255 ciudadanos bolivianos han presentado solicitudes de asilo político en 29 países”. Entre los presos políticos están la ex presidenta Jeanine Añez y varios miembros de su gobierno, el Gobernador de Santa Cruz, Luis F. Camacho, el cívico potosino Marco Antonio Pumari, el activista de derechos humanos Fernando Hamdan y más; 3.— Fiscales y jueces son instrumentos del régimen que aplican la metodología usada en Cuba, Venezuela y Nicaragua de procesar, encarcelar y sentenciar a inocentes, forzándolos en muchos casos a admitir delitos que no han cometido para obtener “procesos abreviados con sentencias leves”. La justicia es el instrumento represivo de las dictaduras del socialismo del siglo 21 y cada expediente de los presos y perseguidos políticos así lo prueba.

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Por el supuesto, en el golpe de Estado escenificado el 26 de junio de 2024, Bolivia tuvo más presos y perseguidos políticos, pero ahora en proceso electoral se vuelve a utilizar el caso con un video documental del régimen para inculpar más gente, entre la que destacan analistas políticos y el candidato independiente a la presidencia Jaime Dunn. Han puesto en marcha la persecución e inhabilitación de quien creen puede ser un opositor real.

Para las elecciones del 7 de noviembre de 2021 en Nicaragua, el régimen apresó por lo menos 7 candidatos presidenciales de oposición, a decenas de candidatos al legislativo, varios fueron inhabilitados y otros salieron al exilio. Puro terrorismo de Estado. Ejecutado el fraude, la dictadura exilió y desnacionalizó a 222 presos políticos y sigue detentando el poder.

Para las elecciones del 28 de julio de 2024 en Venezuela, el régimen inhabilitó a la candidata María Corina Machado que había ganado la primaria opositora con el 92,35% de votos, luego inhabilitó a Corina Yoris a quien Machado presentó como su reemplazante y finalmente Machado hizo su candidato a Edmundo Gonzales Urrutia y ganaron la elección con más del 67% de votos. La dictadura aplicó terrorismo de Estado de principio a fin y sigue usurpando el poder con un grupo criminal/militar de ocupación.

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Bolivia, bajo terrorismo de Estado electoral —con crisis social, económica y energética que la lleva a la situación de miseria de Cuba y Venezuela— aún sigue exhibiendo su dictadura/narcoestado como una democracia que tendrá elecciones.

*Abogado y Politólogo. Director del Interamerican Institute for Democracy

www.carlosssanchezberzain.com



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El correísmo se fractura en torno a la narrativa de fraude luego de que las misiones internacionales validaran la elección en Ecuador

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El expresidente ecuatoriano Rafael Correa habla durante una entrevista con EFE este martes en Caracas (Venezuela). EFE/ Miguel Gutierrez

La teoría de un fraude electoral en Ecuador en la segunda vuelta del 13 de abril –impulsada por el ex presidente Rafael Correa tras la derrota de la candidata correísta Luisa González– ha perdido respaldo incluso dentro del propio movimiento Revolución Ciudadana (RC). Diversas autoridades locales de la RC se han desmarcado públicamente de esas acusaciones y, por el contrario, reconocen los resultados oficiales que dieron la victoria al presidente Daniel Noboa, haciendo llamados a trabajar con el nuevo gobierno.

El primero en aceptar el triunfo fue Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil. Apenas conocidos los resultados, Álvarez manifestó en su cuenta de X (Twitter) que si el pueblo eligió, hay que respetarlo. Más allá de que nos guste o no, el pueblo eligió democráticamente y hay que ser honestos en reconocerlo. Lo peor es ser un mal perdedor. También la prefecta de Guayas, Marcela Aguiñaga, se pronunció en el mismo sentido. Sé que no es el desenlace que esperábamos; sin embargo, los resultados avalados por el CNE favorecen a Daniel Noboa y, mientras eso sea así y como demócrata, me corresponde reconocer esa realidad, escribió Aguiñaga en sus redes sociales, admitiendo abiertamente la victoria de su contendor.

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La publicación de Aquiles Alvárez,
La publicación de Aquiles Alvárez, alcalde de Guayaquil.

Otros dirigentes provinciales de RC replicaron esta postura el 14 de abril. El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, afirmó que un comportamiento plenamente democrático exige, en este momento, dos cosas: reconocer los resultados anunciados ayer por el CNE; y que esas mismas autoridades electorales procesen todas las inconsistencias que se presenten.

La publicación de Pabel Muñoz,
La publicación de Pabel Muñoz, alcalde de Quito.

En tanto, la prefecta de Pichincha, Paola Pabón, aunque más ambigua, agradeció al binomio de Luisa González-Diego Borja por su esfuerzo de campaña y señaló que trabajará con el nuevo gobierno por los recursos que requiere su provincia. De hecho, Pabón llegó a referirse a Noboa como presidente reelecto en sus mensajes, ratificando de facto su legitimidad . Esta aceptación explícita por parte de autoridades de la Revolución Ciudadana –incluyendo también otras figuras como el alcalde de Esmeraldas, Vicko Villacís, o el prefecto de Azuay, Juan Cristóbal Lloret– contrasta con la negativa de González a reconocer su derrota y con las denuncias de fraude promovidas por la cúpula correísta.

La publicación de Marcela Aguiñaga,
La publicación de Marcela Aguiñaga, prefecta de Guayas.

La reacción de Correa y sus aliados en el exilio ha sido muy distinta. Desde Bélgica, el ex presidente Correa desconoció los resultados preliminares y habló de un “mega fraude” y un robo de votos”, sin presentar pruebas. Asimismo, figuras correístas fuera del país, como la ex asambleísta Gabriela Rivadeneira, han intentado posicionar ante la comunidad internacional la narrativa de que la elección fue fraudulenta.

La publicación de Paola Pabón,
La publicación de Paola Pabón, prefecta de Pichincha.

Este discurso de fraude ha sido difundido mediante comunicados oficiales de RC y de organizaciones afines. Por ejemplo, en un comunicado emitido el 14 de abril, el movimiento Revolución Ciudadana aseguró tener evidencia concluyente de un fraude electoral sistemático, alegando que miles de votos para Luisa González desaparecieron injustificadamente durante el conteo” y que Daniel Noboa habría registrado incrementos “estadísticamente imposibles en numerosos recintos. La RC denunció supuestas manipulaciones de actas –afirmando que decenas de actas sin firma habrían favorecido solo a Noboa– y criticó la prohibición del uso de celulares en los recintos, medida adoptada para prevenir fotografiar el voto coercionado, interpretándola como un intento de impedir evidenciar la preferencia real de los votantes.

Un miembro del ejército hace
Un miembro del ejército hace guardia mientras los funcionarios electorales cuentan las papeletas durante las elecciones presidenciales, en Quito, Ecuador, el 13 de abril de 2025. REUTERS/Daniel Becerril IMÁGENES TPX DEL DÍA

En la misma línea, la CELAC Social –brazo de organizaciones sociales de la CELAC– emitió una declaración internacional respaldando a González y denunciando un grave atentado contra la voluntad popular en Ecuador. El comunicado de CELAC Social enumeró múltiples señales de fraude, incluyendo cambios de última hora en lugares de votación, uso arbitrario de recursos estatales en favor de un candidato, restricciones a la observación independiente y la controvertida militarización bajo estado de excepción durante los comicios. De igual manera, la Asociación Americana de Juristas (AAJ) –una ONG con estatus consultivo ante la ONU– se sumó a las denuncias, expresando en un pronunciamiento urgente su preocupación por una supuesta “alteración grave del orden democrático” en Ecuador y pidiendo una investigación exhaustiva del proceso electoral, según compartió Correa en su X.

Paradójicamente, incluso analistas cercanos al correísmo han puesto en duda la viabilidad de revertir el resultado alegando fraude. El politólogo Jacobo García, afín a RC, reconoció en una entrevista con Ingobernables –plataforma también cercana al correísmo– que revertir una diferencia de 11 puntos porcentuales implicaría demostrar que “50.000 actas están mal”. En efecto, la ventaja oficial de Noboa sobre González supera el millón de votos, por lo que cualquier impugnación requeriría evidencias masivas de alteraciones en las actas de escrutinio a nivel nacional, algo que ni los delegados de RC en las mesas reportaron durante el conteo ni ha sido corroborado por terceros independientes.

Por otra parte, las principales misiones de observación internacional han respaldado la legitimidad del proceso electoral del 13 de abril, descartando anomalías que pudieran haber alterado el desenlace.

Las misiones electorales no han
Las misiones electorales no han detectado indicios de fraude.

La misión de la OEA (Organización de Estados Americanos) afirmó que “los datos arrojados por el Sistema Informático de Escrutinios y Resultados del CNE coinciden con la información compilada por los observadores de la OEA desplegados en el país”.

Además, los observadores de la OEA realizaron un cotejo aleatorio de actas en las mesas monitoreadas y verificaron la “coincidencia entre las actas transmitidas, las recibidas por los partidos y las devueltas en el paquete electoral”, ratificando la correspondencia entre los resultados oficiales y las copias en manos de las organizaciones políticas. Además felicitaron a Ecuador “por su civismo y compromiso con la democracia”.

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Otras delegaciones internacionales –entre ellas las del Parlamento del Mercosur (Parlasur), el Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica (CEELA), la Asociación Mundial de Organismos Electorales (A-WEB)– coincidieron en avalar la limpieza del proceso.

Foto del lunes de un
Foto del lunes de un puesto de diarios en Quito
April 14, 2025. REUTERS/Daniel Becerril

Observadores del Parlasur, de la Unión Interamericana de Organismos Electorales (UNIORE), de la COPPPAL y del Parlamento Andino elogiaron el trabajo del CNE y el desarrollo exitoso del balotaje en sus reportes preliminares. Ninguna de las misiones internacionales acreditadas halló irregularidades sistemáticas que pusieran en duda el resultado definitivo de la contienda.

Los datos finales del escrutinio arrojan, además, un contexto que desafía la narrativa de fraude. Si bien Luisa González no aceptó su derrota inicialmente, lo cierto es que incrementó su votación en la segunda vuelta en comparación con la primera. La candidata de RC obtuvo cerca de 160.000 votos más que en la primera vuelta de febrero, alcanzando victorias en 5 provincias. Sin embargo, este crecimiento fue ampliamente superado por el salto en votos de Daniel Noboa, quien sumó aproximadamente 1,28 millones de votos adicionales en el balotaje al atraer apoyos de otros electorados, logrando así una ventaja amplia e irreversible del 55,6% contra 44,4% sobre González.

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Hamas rejects Israeli ceasefire, hostage return deal over disarmament demands

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Hamas appears to have rejected Israel’s latest attempt to secure a ceasefire and the return of nearly a dozen hostages who have been held in the Gaza Strip for 556 days.

The terrorist organization has yet to issue a formal response regarding its rejection of Israel’s ceasefire proposal, but according to remarks by Hamas leader Abu Zuhri to reporters on Tuesday, «Handing over the resistance’s weapons is a million red lines and is not subject to consideration, let alone discussion.»

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Fox News Digital could not independently verify the extent of the terms involved in the deal, but sources said the conditions included a 45-day ceasefire and the return of humanitarian aid – which has been blocked since March 2 – in exchange for 11 hostages and the disarmament of Hamas.

TOP HAMAS TERROR LEADER KILLED IN ‘PRECISE STRIKE’ BY ISRAEL: IDF

Israelis Or Levy, Eli Sharabi and Ohad Ben Ami are handed over to the International Committee of the Red Cross by Hamas terrorists in Deir al Balah, Gaza, on Feb. 8, 2025. (Ashraf Amra/Anadolu via Getty Images)

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The Israeli government assesses that 24 of the 59 hostages held in the Gaza Strip are still alive, including American Israeli Edan Alexander – who had a second proof of life video released by Hamas on Saturday, the eve of Passover. 

But Hamas on Tuesday claimed it had lost contact with the soldiers said to be guarding Alexander and accused Israeli forces of targeting his location, though it did not provide evidence of any strike. 

Hamas on multiple occasions has falsely blamed Israeli attacks for either the death of or the loss of communication with hostages held across the Gaza Strip. 

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Fox News Digital could not immediately reach Israeli authorities nor Alexander’s family for confirmation of the Tuesday claims posted in a Telegram post by Abu Obeida, spokesperson for Hamas’ Al-Qassam Brigades.

News of the proposal’s failure does not appear to have come as a surprise to mediators, who remain tight-lipped and have not responded to Fox New Digital’s questions.

Some reporting suggested that mediators were not confident the Israeli ceasefire proposal would gain much traction despite Israel’s continued advances in Gaza because it did not propose any withdrawal terms and called on Hamas to relinquish its arms. 

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FREED ISRAELI HOSTAGE CALLS ON TRUMP TO ACT AS ‘MODERN MOSES’ TO SAVE BROTHER FROM HAMAS ‘LUNATICS’

Edan Alexander

Edan Alexander, born in Tel Aviv and raised in New Jersey, is a hostage of Hamas in Gaza. (Hostage Family Forum)

Israel frustrated mediators last month when it resumed military operations across the Gaza Strip following the end of the first ceasefire and the failure to secure a second phase, which was intended to see the release of the remaining hostages. 

Israel over the weekend captured more territory in the Gaza Strip after reports earlier this month indicated it had taken over half of the Palestinian territory as talks remain stalled over ceasefire negotiations. 

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Israeli Defense Minister Israel Katz said on Sunday the IDF had captured territory in the southern portion of the Gaza Strip from the Philadelphia Corridor, which runs along the border between Egypt and the Gaza Strip, and the Morag axis, a new corridor announced by Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu earlier this month, which cuts off the city of Rafah and southern Gaza off from Khan Younis – roughly a quarter of the way up the Strip from the Egyptian border. 

Katz said the area has become a buffer zone controlled by the IDF.

Gaza strip

Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu stands before a map showing the Gaza Strip, during a press conference at the Government Press office in Jerusalem, Sept. 4, 2024.  (Abir Sultan/Pool via Reuters)

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«The area of the northern border in Gaza is also deepening and expanding as part of the security zone and the protection of Israeli settlement,» he said in a post on X. «Hundreds of thousands of residents have already evacuated from the combat zones and tens of percent of Gaza’s territory has become part of Israel’s security zones.

«The main goal is to exert heavy pressure on Hamas in favor of returning to the outline of releasing the abductees,» Katz continued. «Gaza will become smaller and more isolated, and more and more of its residents will be forced to evacuate the combat zones.»

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Cuando los líderes electos adoptan políticas riesgosas, ¿qué puede detenerlos?

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Han sido unas semanas caóticas en geopolítica.

A principios de mes, el presidente Donald Trump anunció aranceles que sumieron en la crisis económica mundial. Los inversores entraron en pánico, las bolsas se desplomaron y los analistas predijeron una recesión inminente.

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Trump insistió en que no cambiaría de rumbo, incluso mientras billones de dólares en valor de mercado se evaporaban.

Solo cuando los mercados de bonos del gobierno estadounidense comenzaron a mostrar señales de crisis, emitió recientemente una suspensión temporal y parcial.

Aunque los mercados globales se tranquilizaron un poco después de que Trump dio marcha atrás con algunos de sus aranceles, su aparente disposición a provocar graves problemas en el mercado de valores plantea una pregunta crucial:

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El Secretario del Tesoro Scott Bessent con el Presidente Trump el viernes. Foto Tom Brenner para The New York Times

cuando los gobiernos toman decisiones impopulares o desacertadas, ¿qué puede obligarlos a dar marcha atrás?

Las ventajas de los límites suaves sobre los duros

En las democracias sanas, e incluso en muchas autocracias estables, los líderes suelen verse sometidos a una leve presión para moderar sus políticas.

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Se ven influenciados no solo por las elecciones, sino también por las advertencias de asesores, aliados y grupos influyentes, como los empresarios.

“Consideramos la rendición de cuentas como algo que se da en las urnas o en un tribunal”, dijo Elizabeth Saunders, politóloga de la Universidad de Columbia.

“Votamos a líderes para que dejen sus cargos o presentamos cargos contra ellos”.

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Pero, en realidad, dijo, los líderes a menudo se ven controlados por otros tipos de presión y límites menos formales, como asesores que amenazan con renunciar si una política mal concebida continúa, o colegas legisladores que advierten sobre consecuencias electorales.

Pero si los líderes acumulan suficiente poder, pueden ignorar esa presión blanda e impulsar políticas impopulares, incluso si son catastróficamente perjudiciales.

En esos casos, es posible que solo respondan a formas de presión más duras, como el impeachment, levantamientos masivos o la agitación en los mercados de bonos.

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Las historias recientes de países como Turquía, India y, en cierta medida, Gran Bretaña, ofrecen lecciones sobre cómo se desarrolla este fenómeno.

Cuando los líderes responden rápidamente a los límites estrictos

En 2022, Liz Truss, la recién nombrada primera ministra británica, anunció un plan de drásticas reducciones de impuestos financiadas con préstamos gubernamentales.

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La primera ministra británica, Liz Truss, anuncia su dimisión ante el número 10 de Downing Street, en Londres, en octubre de 2022. Foto Henry Nicholls/ReutersLa primera ministra británica, Liz Truss, anuncia su dimisión ante el número 10 de Downing Street, en Londres, en octubre de 2022. Foto Henry Nicholls/Reuters

Los mercados reaccionaron de forma muy negativa:

las acciones, la moneda británica y la demanda de bonos del gobierno británico se desplomaron.

(Una breve introducción a los bonos: cuando los gobiernos, las empresas u otras instituciones venden bonos, están pidiendo dinero prestado a los inversores. Por lo tanto, los bonos son básicamente pagarés).

Los líderes de las naciones tienden a ser especialmente sensibles a las turbulencias en el mercado de bonos gubernamentales, porque utilizan bonos para financiar sus operaciones.

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Ante el colapso del mercado de bonos, Truss, al igual que Trump, se vio obligada a revertir su postura en cuestión de días y dimitió dos meses después.

Bajo el sistema parlamentario británico, los colegas de Truss tenían más facilidad para presionarla para que dimitiera como líder de su partido.

Trump, en cambio, no está sujeto a las mismas restricciones.

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Límites suaves, aterrizaje suave

En el pasado, formas de presión más suaves que las crisis del mercado de bonos han sido a menudo suficientes para frenar a los presidentes estadounidenses.

En 1973, por ejemplo, la “Masacre del sábado por la noche” de renuncias del Departamento de Justicia del presidente Richard Nixon provocó un aumento del apoyo público al impeachment, lo que contribuyó a la reacción en cadena de desaprobación pública que finalmente llevó a la renuncia de Nixon a su cargo menos de un año después.

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En los años siguientes, la simple amenaza de renuncias masivas solía ser suficiente.

«En una administración presidencial normal, las amenazas de renuncia pueden ocurrir, pero las renuncias reales en señal de protesta son muy poco frecuentes», declaró Saunders, de Columbia.

«Mucho más comunes —aunque mayormente ocultas hasta que aparecen en la prensa o en los libros de historia— son las amenazas de renuncia que nunca llegan a materializarse».

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En 2004, por ejemplo, el presidente George W. Bush acordó cambiar partes de su política de vigilancia después de que altos funcionarios del Departamento de Justicia, incluido el fiscal general y el director del FBI, amenazaran con dimitir.

Miles Taylor, a la izquierda, un ex funcionario de seguridad nacional cuyas críticas al Sr. Trump en un artículo de opinión del New York Times y posterior libro conmovieron a Washington y enfurecieron al Sr. Trump. Foto Erin Schaff/The New York TimesMiles Taylor, a la izquierda, un ex funcionario de seguridad nacional cuyas críticas al Sr. Trump en un artículo de opinión del New York Times y posterior libro conmovieron a Washington y enfurecieron al Sr. Trump. Foto Erin Schaff/The New York Times

Pero para que funcionen como una restricción, tales renuncias deben tener el potencial de imponer costos, como daños a las posibilidades de reelección del presidente o límites a una agenda política.

Esto no parece ser cierto en el caso de Trump, ya que estas renuncias también eliminan a críticos internos que podrían obstaculizar sus políticas y le restan poco apoyo.

La lección que Trump y su círculo íntimo parecen haber aprendido de su primer mandato es que, en el segundo, debería ser más cuidadoso al rodearse de personas leales a su agenda y despedir o castigar a quienes no lo sean.

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Cuando Danielle Sassoon, fiscal federal interina del Distrito Sur de Nueva York, renunció en protesta por la decisión de la administración Trump de retirar los cargos penales contra el alcalde de la ciudad de Nueva York, en lo que ella llamó un quid pro quo político, sus acciones no provocaron una caída sustancial del apoyo público a Trump.

Su renuncia tampoco obstaculizó la agenda política de Trump. De hecho, podría haberle allanado el camino.

Otro abogado retiró los cargos contra el alcalde de Nueva York, quien permanece en el cargo.

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Para Trump, las renuncias «son una ventaja», dijo Saunders.

«Son parte del objetivo».

Límites duros tras consecuencias más duras

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El aislamiento de la mayoría de las formas de presión es más típico de los sistemas semidemocráticos «híbridos», en los que los líderes a menudo logran acumular tanto poder que ya no son sensibles a los límites flexibles, ni siquiera a muchos más estrictos.

Si los líderes no se inmutan ante la disidencia o la presión pública, pueden aferrarse a políticas perjudiciales mucho después del desastre.

En Turquía, a principios de esta década, por ejemplo, el presidente Recep Tayyip Erdogan implementó una política poco convencional de reducción de los tipos de interés ante la alta inflación, contraria a las recomendaciones económicas convencionales.

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Una oficina de cambio en Estambul en mayo de 2023. En Turquía, a principios de esta década, el presidente Recep Tayyip Erdogan aplicó una política poco ortodoxa de recorte de los tipos de interés ante la elevada inflación. Foto Sergey Ponomarev para The New York Timesleaders nytUna oficina de cambio en Estambul en mayo de 2023. En Turquía, a principios de esta década, el presidente Recep Tayyip Erdogan aplicó una política poco ortodoxa de recorte de los tipos de interés ante la elevada inflación. Foto Sergey Ponomarev para The New York Timesleaders nyt

Se negó a cambiar de rumbo incluso cuando la inflación alcanzó el 80 % y el coste de la vida se disparó.

Fue solo después de las elecciones de 2023, en las que obtuvo peores resultados de los previstos y tuvo que ir a segunda vuelta contra el candidato de la oposición, que finalmente cambió de rumbo, nombrando a un respetado ministro de finanzas y a un nuevo director del banco central para implementar una política macroeconómica más tradicional.

“Creo que Erdogan se dio cuenta de hasta qué punto las dificultades económicas podrían haber supuesto una amenaza para su reelección, incluso en un escenario claramente inclinado a su favor”, declaró Lisel Hintz, politóloga de la Universidad Johns Hopkins que estudia la política turca.

Pero era demasiado tarde para revertir gran parte del daño.

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Turquía sigue luchando contra la inflación, los altos costos de endeudamiento público y una crisis del costo de la vida.

El momento de las elecciones también puede debilitar su eficacia como mecanismo de control. Un líder a años de la reelección podría sentir menos presión para mantener contentos a los votantes a corto plazo.

En India, en 2017, el primer ministro Narendra Modi anunció una repentina política de «desmonetización«, mediante la cual invalidó el papel moneda del país de la noche a la mañana, sin previo aviso.

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Las consecuencias fueron graves, incluyendo una escasez de efectivo tan aguda que llevó a algunos ciudadanos al suicidio, y la política no logró su objetivo declarado de castigar a delincuentes y evasores fiscales.

Pero para cuando llegaron las siguientes elecciones nacionales de la India en 2019, el dolor de la crisis se había disipado y el partido de Modi ganó con holgura.

A veces, los líderes se niegan a cambiar de rumbo durante tanto tiempo que se enfrentan a uno de los límites más duros: verse obligados a dimitir por una revuelta masiva.

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En Sri Lanka, en 2021, el gobierno prohibió los fertilizantes químicos, una de las muchas políticas impuestas para reforzar las menguantes reservas de divisas, causadas por años de mala gestión económica.

El gobierno se enfrentó a una oposición relativamente débil y se negó a levantar la prohibición a pesar de las protestas de los agricultores.

«Gotabaya Rajapaksa dirigía la administración en ese momento y había nombrado a sus hermanos y a su sobrino para su gabinete», explicó entonces mi colega de The New York Times, Emily Schmall, quien cubrió la crisis.

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«No escuchó muchos consejos fuera de su familia».

Para cuando Rajapaksa revirtió la política siete meses después, ya era demasiado tarde.

La caída en la producción de cultivos contribuyó a una crisis económica y a una alta inflación.

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El gobierno tuvo dificultades para obtener préstamos, y las importaciones escasearon, lo que provocó una escasez de combustible y alimentos que provocó protestas masivas en las calles.

Los manifestantes invadieron los edificios gubernamentales, y Rajapaksa, cuya familia había ostentado el poder durante la mayor parte de las dos décadas anteriores, presentó su dimisión en 2022.

Para Trump, las últimas semanas han revelado que su tolerancia al riesgo y al caos sigue siendo alta, lo que genera incertidumbre en los estadounidenses sobre el futuro.

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Y eso podría ser costoso.

Como Diane Swonk, economista jefe de KPMG, le dijo a mi colega Talmon Joseph Smith:

«La incertidumbre es su propio impuesto a la economía».

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c.2025 The New York Times Company

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