INTERNACIONAL
Bolivia repite el guion del terrorismo de Estado electoral visto en Nicaragua y Venezuela

Acusaciones trucadas con pruebas falsificadas, fiscales y jueces sicarios en procesos judiciales manipulados para perseguir, apresar, exiliar o eliminar, son algunos de los medios de terrorismo de Estado que las dictaduras del socialismo del siglo 21 o castrochavismo usan para inhabilitar a opositores reales. Lo hicieron en Nicaragua 2021, en Venezuela 2024, y ahora repiten el terrorismo de Estado electoral en Bolivia para las elecciones generales del 17 de agosto de 2025.
Las dictaduras del socialismo del siglo 21 en Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia hacen elecciones periódicas que no son libres, no son justas, no están basadas en el sufragio universal y secreto, y no están destinadas a expresar la soberanía popular, sino a perpetuar el régimen con apariencia de democracia. Violan todos los elementos esenciales de la democracia del artículo 3 de la Carta Democrática Interamericana y los derechos humanos establecidos en los artículos 1,3,4,5,7,8,9,11,13,15,15,20,23,24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Por eso, Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia son “dictaduras electoralistas en las que el pueblo vota, pero no elige”, porque realizan elecciones sin libertad, sin Estado de derecho, sin separación ni independencia de poderes, sin libre organización política, con perseguidos, presos y exiliados políticos. En estos países sin democracia nada garantiza ni la libertad ni los derechos humanos.
Además, construyen y sostienen la “oposición funcional”, formada por políticos, agrupaciones y partidos que simulan ser contrarios al régimen y que actúan para dar apariencia de democracia. La oposición funcional es parte de la dictadura porque participa de la corrupción y de la impunidad, simula legalidad en órganos legislativos títeres, avala la violación de derechos humanos, la existencia de presos y exiliados y más.
A cuatro meses de las elecciones generales 2025 en Bolivia, el sistema de dictadura electoralista está en plena ejecución: 1.—El padrón electoral es el mismo demostrado como adulterado por el fraude del año 2019 y anteriores, y por Rosario Baptista que renunció “denunciando que no es posible continuar en un Órgano Electoral que no es independiente ni imparcial”, agregando que “más allá de las elecciones de 2019, en el proceso electoral de 2020 se ignoraron los verdaderos resultados y principios obligados de respeto a los derechos humanos, sometiendo a la ciudadanía a la voluntad del partido político (El MAS del régimen), que bajo las condiciones actuales nunca perderá una elección”; 2.— En Bolivia hay 303 presos políticos certificados por Global Human Rights League (www.ghrl.org) y la misma entidad prueba que “10.255 ciudadanos bolivianos han presentado solicitudes de asilo político en 29 países”. Entre los presos políticos están la ex presidenta Jeanine Añez y varios miembros de su gobierno, el Gobernador de Santa Cruz, Luis F. Camacho, el cívico potosino Marco Antonio Pumari, el activista de derechos humanos Fernando Hamdan y más; 3.— Fiscales y jueces son instrumentos del régimen que aplican la metodología usada en Cuba, Venezuela y Nicaragua de procesar, encarcelar y sentenciar a inocentes, forzándolos en muchos casos a admitir delitos que no han cometido para obtener “procesos abreviados con sentencias leves”. La justicia es el instrumento represivo de las dictaduras del socialismo del siglo 21 y cada expediente de los presos y perseguidos políticos así lo prueba.
Por el supuesto, en el golpe de Estado escenificado el 26 de junio de 2024, Bolivia tuvo más presos y perseguidos políticos, pero ahora en proceso electoral se vuelve a utilizar el caso con un video documental del régimen para inculpar más gente, entre la que destacan analistas políticos y el candidato independiente a la presidencia Jaime Dunn. Han puesto en marcha la persecución e inhabilitación de quien creen puede ser un opositor real.
Para las elecciones del 7 de noviembre de 2021 en Nicaragua, el régimen apresó por lo menos 7 candidatos presidenciales de oposición, a decenas de candidatos al legislativo, varios fueron inhabilitados y otros salieron al exilio. Puro terrorismo de Estado. Ejecutado el fraude, la dictadura exilió y desnacionalizó a 222 presos políticos y sigue detentando el poder.
Para las elecciones del 28 de julio de 2024 en Venezuela, el régimen inhabilitó a la candidata María Corina Machado que había ganado la primaria opositora con el 92,35% de votos, luego inhabilitó a Corina Yoris a quien Machado presentó como su reemplazante y finalmente Machado hizo su candidato a Edmundo Gonzales Urrutia y ganaron la elección con más del 67% de votos. La dictadura aplicó terrorismo de Estado de principio a fin y sigue usurpando el poder con un grupo criminal/militar de ocupación.
Bolivia, bajo terrorismo de Estado electoral —con crisis social, económica y energética que la lleva a la situación de miseria de Cuba y Venezuela— aún sigue exhibiendo su dictadura/narcoestado como una democracia que tendrá elecciones.
*Abogado y Politólogo. Director del Interamerican Institute for Democracy
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INTERNACIONAL
Cómo la Universidad de Harvard se convirtió en “la escuela” del Partido Comunista Chino en el exterior

El prestigio de la Universidad de Harvard entre los funcionarios del Partido Comunista Chino (PCC) ha alcanzado tal nivel que algunos en el gigante asiático la consideran la principal “escuela del partido” fuera del país, según un comentario publicado en 2014 por el Shanghai Observer: “Si tuviéramos que clasificar las ‘escuelas del partido en el extranjero’, la que merece el primer lugar tiene que ser la Escuela de Gobierno Kennedy de la Universidad de Harvard en Estados Unidos”.
Esta percepción se ha consolidado a lo largo de décadas, durante las cuales miles de burócratas chinos de nivel medio y alto han recibido formación ejecutiva y estudios de posgrado en campus estadounidenses, siendo Harvard el destino más codiciado. No obstante, esta tradición de intercambio académico podría llegar a su fin, luego de que la administración de Donald Trump anunciara nuevas restricciones para estudiantes chinos con vínculos con el Partido Comunista.
El secretario de Estado Marco Rubio comunicó el miércoles pasado que las autoridades estadounidenses endurecerán los criterios para las solicitudes de visa provenientes de China y “revocarán agresivamente las visas de estudiantes chinos, incluidos aquellos con conexiones con el Partido Comunista Chino o que estudian en campos críticos”. Aunque la declaración no especificó cómo se evaluarán los vínculos con el partido ni qué grado de relación resultará en la revocación de visas, la medida representa un cambio significativo en la política de admisión de estudiantes extranjeros en Estados Unidos. En China, la membresía en el partido se considera un requisito habitual para el ascenso profesional tanto en el sector público como en el privado, y es casi indispensable para quienes aspiran a cargos de alto nivel.
La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Mao Ning, criticó la decisión de Washington, afirmando que “la medida de Estados Unidos dañó gravemente los derechos e intereses legítimos de los estudiantes chinos”. The Wall Street Journal detalló que las presuntas conexiones con el Partido Comunista se han convertido en uno de los principales argumentos de la campaña de presión del presidente Trump contra Harvard. El pasado 22 de mayo, el Gobierno anunció la revocación de la autorización de la prestigiosa universidad para inscribir estudiantes extranjeros, acusando a la institución de colaborar con el PCC, aunque posteriormente concedió a Harvard un plazo de 30 días para impugnar la decisión. La universidad ha presentado una demanda para mantener la inscripción de estudiantes internacionales.

Algunos políticos estadounidenses sostienen que el Partido Comunista Chino aprovecha la experiencia académica en suelo norteamericano para perjudicar los intereses de Estados Unidos. Estas críticas han sido citadas por la administración Trump para justificar su esfuerzo por provocar un cambio cultural en las universidades locales, consideradas por muchos conservadores como bastiones de ideologías liberales y de izquierda.
Desde la década de 1990, las universidades estadounidenses han desempeñado un papel central en la formación de funcionarios chinos en el extranjero, en un intento de Beijing por mejorar la gobernanza mediante la exposición de sus burócratas a ideas y prácticas occidentales de políticas públicas. Además de Harvard, otras instituciones como Syracuse, Stanford, la Universidad de Maryland y Rutgers han ofrecido programas ejecutivos para funcionarios chinos, según materiales promocionales y otras fuentes citadas por The Wall Street Journal. Por ejemplo, la Escuela Maxwell de Ciudadanía y Asuntos Públicos de Syracuse colaboró en la creación de programas de posgrado en administración pública en universidades chinas a principios de los años 2000.
El fenómeno, no obstante, no se limita a Estados Unidos. El periódico señala que funcionarios chinos también han asistido a universidades de prestigio en países como Singapur, Japón y el Reino Unido. La Universidad Tecnológica de Nanyang en Singapur ha formado a miles de funcionarios chinos desde principios de los años noventa, principalmente a través de programas de posgrado conocidos popularmente como la “Clase de Alcaldes”.
La reputación de Harvard entre los funcionarios chinos se ha visto reforzada por el éxito de sus egresados, muchos de los cuales han alcanzado altos cargos en el gobierno e incluso han ingresado al Politburó del partido. The Wall Street Journal citó a observadores que consideran a Harvard una “escuela del partido” de facto, en referencia a las academias de formación del partido para burócratas prometedores.
Entre los exalumnos más destacados figura Li Yuanchao, ex miembro del Politburó y vicepresidente de China entre 2013 y 2018, quien asistió a un programa de formación para profesionales en la Escuela Kennedy de Harvard en 2002. En un discurso pronunciado en Harvard en 2009, Li recordó que su primera clase se centró en la gestión de crisis y relató cómo esa formación resultó crucial cuando tuvo que enfrentar un envenenamiento masivo en Nanjing tras su regreso a China. “Se salvaron a tiempo más de 200 vidas y el sospechoso fue capturado en 36 horas. Fuimos elogiados por la población local y el gobierno central por esto”, afirmó en su intervención. “Así que, cuando regreso hoy, quiero decir: ‘¡Gracias, Harvard!’”.

Otro caso relevante es el de Liu He, ex viceprimer ministro y principal negociador comercial de Xi Jinping en las conversaciones con la primera administración Trump, quien obtuvo una maestría en administración pública en la Escuela Kennedy de Harvard en 1995. Además, el actual miembro del Politburó y legislador de alto rango Li Hongzhong participó en un programa de corta duración en Harvard en 1999.
The Wall Street Journal indicó que, aunque la Escuela Kennedy de Harvard recibió estudiantes chinos desde la década de 1980, fue en la siguiente década cuando Beijing comenzó a enviar funcionarios de manera más organizada para recibir formación de mitad de carrera. Uno de los programas, iniciado en 1998, ofrecía becas y cursos ejecutivos a unos 20 altos funcionarios cada año.
A principios de los años 2000, Harvard lanzó el programa “Líderes de China en Desarrollo”, que permitía a funcionarios chinos participar en un curso de varias semanas dividido entre Harvard y la prestigiosa Universidad Tsinghua de Beijing. Según Harvard, el objetivo era “ayudar a preparar a altos funcionarios locales y centrales del gobierno chino para abordar de manera más efectiva los desafíos continuos de las reformas nacionales de China”. De acuerdo con boletines del Centro Ash para la Gobernanza Democrática y la Innovación de la Escuela Kennedy, el segmento de Harvard del programa incluía clases sobre gestión pública, desarrollo económico y política social, así como visitas a organizaciones gubernamentales estadounidenses.
No solo los funcionarios, sino también los hijos de altos dirigentes del Partido Comunista han estudiado en Harvard. La hija de Xi Jinping, Mingze, cursó estudios de pregrado en Harvard a principios de la década de 2010 bajo un nombre falso, aunque algunos administradores y profesores conocían su verdadera identidad. Ingresó cuando su padre era vicepresidente y líder en espera, y se graduó después de que Xi asumiera el poder.

Otros descendientes de la élite china que han pasado por Harvard incluyen a Alvin Jiang, nieto del ex líder Jiang Zemin, y Bo Guagua, hijo del ex miembro del Politburó Bo Xilai. Bo Guagua estudió en la Escuela Kennedy de Harvard entre 2010 y 2012 y obtuvo una maestría en políticas públicas. Su padre fue destituido en 2012 y condenado a cadena perpetua al año siguiente por cargos de soborno, malversación y abuso de poder.
Las conexiones de Harvard con China también han facilitado el acceso de algunos de sus académicos más destacados a altos funcionarios en Beijing. The Wall Street Journal informó que Graham Allison, ex decano de la Escuela Kennedy, ha mantenido reuniones con Xi Jinping y el ministro de Relaciones Exteriores Wang Yi durante el último año, en las que el profesor expuso sus puntos de vista sobre las relaciones entre Estados Unidos y China.
El futuro de estos intercambios académicos se encuentra ahora en entredicho tras las nuevas restricciones anunciadas por la administración Trump. La decisión de revocar visas a estudiantes chinos con lazos con el Partido Comunista podría poner fin a una era de colaboración educativa que ha influido en la formación de la élite política china y en la relación bilateral entre ambos países.
North America,Government / Politics,CAMBRIDGE
INTERNACIONAL
South Korea faces high-stakes election; fears over China, North Korea and US ties shape voter concerns

Early South Korean voters reportedly turned out in record numbers this week as the nation awaits the June 3 presidential election in what has been described as a pivotal race amid ongoing threats posed by China and recent rocky relations with the U.S. due to President Donald Trump’s tariffs.
The leader of the progressive Democratic Party of South Korea, Lee Jae-myung, is reported to be leading the race as the frontrunner, but he has raised some eyebrows after he vowed to take a «pragmatic» approach to geopolitics, chiefly by easing previously hawkish positions on China and lessening dependence on the U.S.
«The alliance with the U.S. is the foundation of South Korea’s diplomacy,» Lee said during a debate earlier this month, Bloomberg reported.
Lee Jae-myung of the Democratic Party of Korea appeals for support during a South Korean presidential election campaign in Wonju, Gangwon State, South Korea. May 30, 2025. (The Yomiuri Shimbun via AP Images)
KIM JONG UN LEFT FUMING AFTER NORTH KOREA’S NEW DESTROYER DAMAGED IN FAILED LAUNCH
Lee said the U.S.-South Korea-Japan partnership should be expanded, but he also said Seoul can’t be «unilaterally bound» to relations with Washington, particularly when it comes to U.S. geopolitical rivalries.
«We should not neglect ties with China or Russia. We need to manage them appropriately, and there’s no need to have an unnecessarily hostile approach like now,» Lee also said during the debate, the South China Morning Post reported.
Former California GOP Congresswoman Michelle Steel, who was born in South Korea, explained that China’s «bullying» behavior in the region leaves much for the global community to be concerned about.
«China [poses] the biggest threat, and they already told the whole world that they’re going to take over Taiwan,» she told Fox News Digital. «When they take over, where are they going to go [to] next? South Korea or Japan? The Philippines?
«China has been always fighting to expand.»
Foreign policy has taken center stage in the presidential race after conservative former President Yoon Suk Yeol threw the nation into political chaos after his December 2024 impeachment.

South Korea’s People Power Party’s presidential candidate, Kim Moon-soo, waves during a presidential election campaign in Seoul, South Korea, May 20, 2025. (AP Photo/Ahn Young-joon)
Yoon was ardently aligned with the U.S. when it came to opposing Chinese aggression in the Yellow Sea and East China Sea, where Beijing has been accused of expanding, militarizing and blocking freedom of navigation in contested territorial zones.
Lee’s chief challenger, Kim Moon-soo of the conservative People Power Party (PPP), a former labor minister under Yoon, pushed back on the democratic challenger’s position when it comes to China and the U.S.
But Lee has rejected the idea he is not prioritizing the U.S. alliance and reportedly said during this month’s debate, «There’s no need to worry. The South Korea-U.S. alliance is important and should continue to grow and strengthen.»
NORTH KOREA LAUNCHES SHORT-RANGE BALLISTIC MISSILES INTO SEA, SOUTH KOREA SAYS
Though he did caution that certain steps taken by the Trump administration, including the 25% tariffs announced earlier this year and the potential withdrawal of troops has «eroded» the relationship.
«If the U.S. continues this way — eroding its soft power and the trust of other nations — it won’t be sustainable. At some point, brakes will be applied,» Lee said. «Until then, endurance is key.»
Steel argued the «South Korean people understand the importance of a strong relationship with the United States.»
«Whatever the outcome of the election, South Korean leaders should embrace President Trump and look to make an incredible trade deal that will benefit everyone,» she added.
But Lee has not convinced all who are weary of his view on U.S. relations, including David Eunkoo Kim, founder and president of the Truth Forum, a conservative youth organization founded at Seoul National University.

South Korean and U.S. Marines take positions during a joint amphibious landing exercise with their Filipino counterparts on a beach facing the South China Sea in San Antonio town, Zambales province, Oct. 7, 2022. (Ted Aljibe/AFP via Getty Images)
«This election is widely seen as a pivotal moment for South Korea because the stakes — both domestically and geopolitically — are extraordinarily high,» Kim said.
«Throughout his political career, (Lee) has consistently aligned himself with both pro-North Korean and pro-Chinese agendas. He has been implicated in sending funds to North Korea in violation of U.N. sanctions, and his deference to China has been nothing short of submissive,» Kim said.
Kim was referring to Lee’s indictment for an illegal cash transfer scheme to North Korea, though Lee denies the accusations and has argued they are politically motivated.
During this month’s debate, Lee’s opponents claimed Lee is also a «North Korea risk» as concerns about Pyongyang’s military movements continue to escalate, Radio Free Asia reported.
Lee maintains he wants to ease tensions with North Korea by engaging in peaceful diplomacy.

A TV screen shows a file image of North Korea’s missile launch during a news program at the Seoul Railway Station in Seoul, South Korea, April 22, 2024. (AP Photo/Ahn Young-joon)
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But David Eunkoo Kim told Fox News Digital Lee’s legal troubles are another geopolitical vulnerability.
«With multiple criminal investigations looming, he has every incentive to cling to power at all costs — even if that means aligning South Korea more closely with Beijing,» he said. «And this concern is not theoretical.
«China is already aggressively asserting influence in the region.»
INTERNACIONAL
Senate Republicans eye changes to Trump’s megabill after House win

House Republicans eked out a win in May with their advancement of President Donald Trump’s «big, beautiful bill,» filled with negotiations and compromises on thorny policy issues that barely passed muster in the lower chamber.
Next week, Senate Republicans will get their turn to parse through the colossal package and are eying changes that could be a hard sell for House Speaker Mike Johnson, R-La., who can only afford to lose three votes.
INSIDE THE LATE-NIGHT DRAMA THAT LED TO TRUMP’S TAX BILL PASSING BY 1 VOTE
President Donald Trump listens to a question during an event to present law enforcement officers with an award in the Oval Office at the White House on May 19. (AP Photo/Manuel Balce Ceneta)
Congressional Republicans are in a dead sprint to get the megabill — filled with Trump’s policy desires on taxes, immigration, energy, defense and the national debt — onto the president’s desk by early July.
Trump has thrown his support behind the current product, but said during a press conference in the Oval Office on Friday that he expected the package to be «jiggered around a little bit.»
«It’s going to be negotiated with the Senate, with the House, but the end result is it extends the Trump tax cuts,» he said.
«If it doesn’t get approved, you’ll have a 68% tax increase,» the president continued. «You’re going to go up 68%. That’s a number that nobody has ever heard of before. You’ll have a massive tax increase.»
Senate Majority Leader John Thune, R-S.D., has an identical margin to Johnson, and will need to cultivate support from a Senate GOP that wants to put its own fingerprints on the bill.
Senators have signaled they’d like to make changes to a litany of House proposals, including reforms to Medicaid and the timeline for phasing out green energy tax credits, among others, and have grumbled about the hike to the state and local tax (SALT) deduction cap pushed for by moderate House Republicans.
SCOOP: HOUSE GOP MEMO HIGHLIGHTS REPUBLICAN WINS IN TRUMP’S ‘BIG, BEAUTIFUL BILL’

Senate Majority Leader John Thune speaks during a news conference following the Senate Republican policy luncheon at the U.S. Capitol on March 11. (Al Drago/Bloomberg via Getty Images)
Thune said many Republicans are largely in favor of the tax portion of the bill, which seeks to make Trump’s first-term tax policy permanent, and particularly the tax policies that are «stimulative, that are pro-growth, that will create greater growth in the economy.»
Much of the debate, and prospective tweaks, from the upper chamber would likely focus on whether the House’s offering has deep enough spending cuts, he said.
«When it comes to the spending side of the equation, this is a unique moment in time and in history where we have the House and the Senate and the White House and an opportunity to do something meaningful about controlled government spending,» Thune said.
The House package set a benchmark of $1.5 trillion in spending cuts over the next decade.
Some in the Senate GOP would like to see that number cranked up marginally to at least $2 trillion, largely because the tax portion of the package is expected to add nearly $4 trillion to the deficit, according to recent findings from the Joint Committee on Taxation.
«There’s just so many great things in this bill,» Sen. Roger Marshall, R-Kan., told Fox News Digital. «The only thing I would like to do is try to cut the spending, and I would love to take a little bit from a lot of places, rather than a lot from just one place.»
SPEAKER JOHNSON CLASHES WITH RAND PAUL OVER ‘WIMPY’ SPENDING CUTS IN TRUMP’S BILL

Sen. Ron Johnson talks with reporters in the U.S. Capitol in Washington, D.C., after the House passed the One Big Beautiful Bill Act on May 22. (CQ-Roll Call, Inc via Getty Images)
Others, like Sen. Ron Johnson, R-Wis., want to see the cuts in the package return to pre-pandemic spending levels, which would amount to roughly a $6 trillion slash in spending.
Johnson has remained unflinching in his opposition to the current bill, and warned that «no amount of pressure» from Trump could change his mind.
«President Trump made a bunch of promises,» Johnson said at an event in Wisconsin on Wednesday. «My promise has been, consistently, we have to stop mortgaging our children’s future. OK, so I think there are enough [Republicans] to slow this process down until the president, our leadership, gets serious about returning to a pre-pandemic level.»
Others are concerned over the proposed slashes to Medicaid spending, which congressional Republicans have largely pitched as reform efforts designed to root out waste, fraud and abuse in the program used by millions of Americans.
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The House package would see a roughly $700 billion cut from the program, according to a report from the nonpartisan Congressional Budget Office (CBO), and some Senate Republicans have signaled that they wouldn’t support the changes if benefits were cut for their constituents.
Sen. Josh Hawley, R-Mo., warned in an op-ed for The New York Times last month that cutting benefits was «both morally wrong and politically suicidal.» Meanwhile, Sen. Susan Collins, R-Maine, raised concerns about what proposed cuts to the program would do to rural hospitals in her state.
«I cannot support proposals that would create more duress for our hospitals and providers that are already teetering on the edge of insolvency,» she said.
Donald Trump,Senate,House Of Representatives,Politics
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