China está presionando para establecer lo que sería la embajada más grande de Europa en un sitio histórico de Londres, generando intensos debates sobre seguridad nacional, espionaje potencial y el acoso a disidentes políticos.

El proyecto propuesto transformaría el antiguo edificio de la Real Casa de la Moneda (Royal Mint Court), ubicado frente a la Torre de Londres, en un complejo diplomático masivo de 20.000 metros cuadrados que reemplazaría las instalaciones actuales que China ha ocupado desde 1877.

Carmen Lau, una activista prodemocracia de Hong Kong de 30 años que huyó a Londres en 2021, personifica las preocupaciones que rodean la propuesta. Según informó la BBC, Lau ha sido objeto de una recompensa de un millón de dólares hongkoneses (aproximadamente USD 125.000) por información que conduzca a su captura.

La activista expresó a la BBC su temor de que China, con una embajada tan grande, “podría acosar a opositores políticos e incluso detenerlos en el edificio”.

Lau huyó de Hong Kong cuando las autoridades comenzaron a arrestar activistas prodemocracia. Hong Kong posteriormente emitió dos órdenes de arresto en su contra por “incitación a la secesión y colusión con un país extranjero o con elementos externos para poner en peligro la seguridad nacional”.

“El régimen simplemente [trata] de eliminar a cualquier posible activista en el extranjero”, dijo Lau a la BBC.

Los temores no son infundados. En 2022, un manifestante prodemocracia de Hong Kong fue arrastrado a los terrenos del consulado chino en Manchester y golpeado, requiriendo que la policía británica cruzara la frontera para rescatarlo.

Steve Tsang, científico político e historiador que dirige el Instituto de China SOAS, ofreció una perspectiva matizada a la BBC: “El gobierno chino desde 1949 no tiene un historial de secuestrar personas y mantenerlas en sus complejos de embajada”. Sin embargo, reconoció que algunos miembros del personal de la embajada estarían encargados de monitorear a estudiantes chinos y disidentes en el Reino Unido, y también se dirigirían a ciudadanos británicos como científicos, empresarios y personas influyentes para promover los intereses de China.

Los residentes locales también han expresado preocupaciones. Mark Nygate, quien ha vivido en apartamentos cercanos durante más de 20 años, dijo a la BBC: “No queremos [la embajada] allí debido a las manifestaciones, debido a los riesgos de seguridad, debido a nuestra privacidad”.

Nygate expresó particularmente su temor a un ataque contra la embajada que podría dañar a él y a sus vecinos.

Más allá de las preocupaciones sobre el acoso a disidentes, expertos han planteado alarmas sobre posibles riesgos de espionaje cibernético. El sitio de Royal Mint Court anteriormente albergó el piso de operaciones del Barclays Bank y estaba conectado directamente a la infraestructura financiera del Reino Unido.

Según informó la BBC, cerca del sitio, un túnel ha transportado desde 1985 cables de fibra óptica bajo el Támesis que sirven a cientos de empresas de la City de Londres. En los terrenos del edificio se encuentra también el Wapping Telephone Exchange de cinco pisos que sirve a la City de Londres.

El profesor Periklis Petropoulos, investigador de optoelectrónica de la Universidad de Southampton, dijo a la BBC que el acceso directo a una central telefónica en funcionamiento podría permitir obtener información.

Un funcionario con experiencia en seguridad de la administración del expresidente estadounidense Joe Biden explicó a la BBC que es “perfectamente posible que los cables puedan ser intervenidos con dispositivos que capturarían información que pasa, y esto sería casi imposible de detectar”.

“Cualquier cosa hasta media milla de la embajada sería vulnerable”, dijo el funcionario a la BBC.

La embajada china respondió a estas preocupaciones en declaraciones a la BBC: “Las fuerzas anti-China están usando riesgos de seguridad como excusa para interferir con la consideración del gobierno británico sobre esta solicitud de planificación. Este es un movimiento despreciable que es impopular y no tendrá éxito”.

La embajada también declaró a la BBC que “está comprometida a promover el entendimiento y la amistad entre los pueblos chino y británico y el desarrollo de cooperación mutuamente beneficiosa entre los dos países. Construir la nueva embajada nos ayudaría a desempeñar mejor tales responsabilidades”.

China compró el sitio de Royal Mint Court por 255 millones de libras (USD 300 millones) en 2018. La primera solicitud de planificación fue rechazada por el consejo de Tower Hamlets en 2022 por preocupaciones de seguridad y temores de que las protestas y medidas de seguridad pudieran dañar el turismo.

En lugar de modificar el plan, China esperó y reenvió una solicitud idéntica en agosto de 2024, un mes después de que el Partido Laborista llegara al poder. Según informó la BBC, el 23 de agosto, el primer ministro Keir Starmer telefoneó al presidente chino Xi Jinping para sus primeras conversaciones, y Xi planteó el tema de la embajada.

Posteriormente, la viceprimer ministra británica Angela Rayner ejerció su poder para sacar el asunto de las manos del consejo, después de ser instada a hacerlo por el secretario de Relaciones Exteriores David Lammy.

Lord Peter Ricketts, ex diplomático que presidió el Consejo de Seguridad Nacional del Reino Unido, explicó a la BBC la complejidad de las relaciones y los motivos detrás de estas maniobras: “[China] Es absolutamente un adversario en algunas áreas, que trata de robar nuestra propiedad intelectual, o sobornar a nuestros ciudadanos. [Pero] es un mercado comercial, muy importante para nosotros, y es un actor en los grandes temas globales como el clima y la salud”.

El conservador Sir Iain Duncan Smith expresó a la BBC su convicción de que aprobar la nueva embajada sería un gran error: “Piensan que la única forma de obtener crecimiento es adulando a China y consiguiendo que inviertan”.

Sin embargo, el profesor Tsang ofreció un punto de vista diferente, sugiriendo que permitir que los chinos pongan a su personal en un sitio podría ser preferible “porque en este momento están por todo Londres, realmente no puedes vigilarlos”.

La decisión final recae en Rayner, quien debe equilibrar las preocupaciones de seguridad con las consideraciones diplomáticas y económicas en las complejas relaciones entre Reino Unido y China.

El milenario templo del Partenón. Foto: ARIS MESSINIS / AFP

La economía griega, que ha enfrentado años de austeridad. Foto: Reuters

El caso de Barcelona

Turistas en Barcelona. Foto: PAU BARRENA / AFP

Turistas, en mesas al aire libre en Plaka. Foto: EFE

Wyoming Gov. Mark Gordon signed an agreement last week with ICE, enabling local law enforcement in select counties to work alongside federal agents in tracking and detaining illegal immigrants.

Limited members of the Wyoming Highway Patrol in five counties – all of which encompass major interstates – will be able to assist ICE with enforcement during the execution of their day-to-day work and at the direction of and under the oversight of the federal law enforcement agency, according to a statement from Gordon’s office.

The agreement marks only the second such pact made directly between a state and ICE.

Florida Gov. Ron DeSantis was the first to sign a similar «memorandum of agreement,» while several individual counties around the country have also approved methods of cooperation with ICE.

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«Wyoming has been firm in our commitment to helping secure the border, and this is another step in that process,» Gordon said in a statement.

«Our nation’s security depends upon effective immigration enforcement, and I am proud that our Wyoming Highway Patrol continues to support this effort and is now formalizing their commitment to this work through our agreement with ICE.»

Wyoming Highway Patrol, under ICE oversight, will be able to take action and develop evidence against people who violate federal immigration law. A January executive order from President Donald Trump allows Homeland Security Secretary Kristi Noem to forge such agreements with state and local authorities.

Wyoming Highway Patrol Administrator Col. Tim Cameron cited Wyoming’s unique position of hosting several cross-country highways.

«Our troopers are uniquely positioned to support immigration enforcement through our daily operations along Wyoming’s interstates – key corridors for cross-country travel that are sometimes exploited for unlawful activity,» Cameron said in a statement.

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The nation’s longest interstate, the Boston-Seattle I-90, runs 200 miles through the upper corner of the state, New Jersey-San Francisco I-80 runs 400 miles across the bottom of Wyoming, and I-25 notably runs from near the southern border in New Mexico to I-90 in Buffalo.

The select troopers will hail from Laramie County, which includes the capital, Cheyenne; Carbon County, which includes Rawlins; and Sweetwater County, which includes Rock Springs, Green River and a very long remote stretch of I-80.

Select patrol officers in Campbell and Natrona counties will also be participating, as I-25 bisects both along the Nebraska border and into the city of Casper.

«[This] agreement enhances our ability to identify individuals in violation of federal immigration law and take appropriate action under ICE’s direction,» Cameron added.

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Wyoming Gov. Mark Gordon (Getty)

«This partnership strengthens public safety, expands our access to federal resources and intelligence, and reinforces the strong working relationships we maintain with local law enforcement.»

Wyoming taxpayers will not be fronting any additional costs for the partnership, as officers will receive free training from the feds.

Robert Guadian, a top official at ICE’s Denver Field office, praised Gordon for the agreement, calling it a «force multiplier» in immigration enforcement operations.

Wyoming had previously independently dispatched troopers to assist the Texas Department of Public Safety at the southern border during the heat of the Biden administration’s open border crisis.