A un mes del fraude electoral en Venezuela, la Organización de Estados Americanos sesionó este miércoles en Washington para exponer las violaciones a los derechos humanos por parte del gobierno de Nicolás Maduro que expertos denunciaron como prácticas de “terrorismo de Estado” de un régimen que actúa con “absoluta impunidad” para intimidar a la población.

El Consejo Permanente de la OEA fue convocado a una sesión extraordinaria por 12 países, incluido la Argentina, para analizar la situación de los derechos humanos en Venezuela, donde Maduro sigue proclamándose como ganador de los comicios del mes pasado sin mostrar las actas que respalden esos resultados que la gran mayoría del mundo y veedores independientes consideran fraudulentos.

La convocatoria sucede luego de que el Tribunal Supremo de Venezuela, favorable a Maduro, afirmara días atrás que el autócrata era el ganador, aunque todas las actas dadas a conocer por la oposición y los organismos internacionales señalen que el triunfador fue el líder opositor Edmundo González Urrutia.

En la sesión de este miércoles expuso Roberta Clarke, comisionada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo autónomo de la OEA, que expuso la dura situación actual en Venezuela que incluye “el uso arbitrario de la fuerza que ha causado pérdidas de vidas humanas (al menos 23); detenciones arbitrarias y desapariciones forzosas; persecución judicial y hostigamiento contra personas percibidas como opositores o voluntarios electorales; censura y restricciones a las libertades de expresión, asociación y a la libertad de reunión y obstáculos a la labor de organismos de Derechos Humanos”.

Clarke denunció que “estas prácticas, que conducen al terrorismo de Estado, perpetradas por el actual régimen y observadas por la Comisión, no solo tienen como objetivo la persecución de sectores específicos, sino que también generan un clima de miedo e intimidación entre la población venezolana. Niegan el derecho a la participación política. Esto, en un contexto de absoluta impunidad”, denunció.

“No existen recursos de protección, ya que los órganos de control responden al régimen y forman parte de la estrategia represiva del Estado. Las violaciones a los derechos humanos registradas en la actual crisis política y electoral agravan los problemas estructurales existentes, como la falta de acceso a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, así como la movilidad forzada de las personas”, agregó.

“La Comisión recuerda a Venezuela que debe actuar en cumplimiento de sus deberes y cesar de inmediato todos los patrones de represión y prácticas que buscan generar terror en su propia población”, advirtió.

La sesión de este miércoles se da en medio de una fuerte controversia de los países americanos con Brasil, que se ha erigido como supuesto interlocutor entre Maduro y la región, pero que hasta ahora no ha logrado que el régimen muestre las actas electorales.

El 16 de agosto, el Consejo Permanente aprobó una resolución “por unanimidad” exigiendo a Maduro que exhiba los documentos. Pero ese consenso se logró luego de que Brasil pidiera eliminar un párrafo de la declaración que decía que se reconocía las violaciones de los derechos humanos, denunciados por la CIDH tras las elecciones, donde señalaban que había “terrorismo de Estado”.

Ahora, la CIDH fue convocada a la OEA para que exponga sobre las acciones atroces del régimen de Maduro, que queden registradas en las actas y que no queden diluidas en el debate de las naciones.

Tras la presentación del reporte, Sonia Cavallo, la representante argentina ante la OEA, señaló que “la situación en Venezuela ha escalado a niveles alarmantes, afectando de manera directa la vida de millones de personas”. Y añadió que “los hechos documentados en informes tanto de la CIDH como la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas no pueden ser ignorados, son violaciones que claman por justicia y que requieren la acción decidida de la comunidad internacional”.

“Es particularmente preocupante que, pese a los múltiples llamados al respeto de los derechos humanos y al restablecimiento de la democracia, el régimen de Maduro continúe su camino de represión y persecución contra quienes se atreven a alzar la voz y esta vez estamos hablando de la voz soberana del mismo pueblo venezolano que se ha visto ultrajada”, agregó.

“La criminalización de la disidencia, el hostigamiento a los líderes opositores y la censura a los medios de comunicación independientes son muestras de un deterioro democrático que no podemos permitir que siga su curso sin una respuesta contundente», dijo.

Y siguió: «Hoy más que nunca, Venezuela debe recuperar su convivencia pacífica, la seguridad pública, la estabilidad política, que están siendo amenazadas por las propias autoridades de seguridad venezolanas. El momento exige un diálogo amplio, inclusivo y de buena fe para facilitar un acuerdo político, que auspicie la reconciliación nacional, la paz, la seguridad pública y la democracia en Venezuela”, señaló.

“Argentina en su compromiso con la paz y la justicia, no será indiferente ante este panorama, continuaremos insistiendo en el respeto de la expresión soberana del pueblo venezolano, que el pasado 28 de julio se pronunció de manera pacífica y contundente”.

“Argentina toma nota de este informe presentado hoy y se suma a los pedidos de la CIDH de restablecer el orden democrático y el estado de derecho en Venezuela de abstenerse al uso arbitrario de la fuerza pública y la violencia de los grupos armados no estatales, de cesar la criminalización de los opositores al régimen y el hostigamiento a las personas defensoras de los derechos humanos y de liberar a las personas detenidas de manera arbitraria, también de respetar todas las garantías judiciales de los venezolanos. Apoyaremos todos los esfuerzos que se encaminen a lograr una solución genuinamente venezolana en la que prevalezcan la democracia, la justicia, la paz, la seguridad y la libertad”, señaló.

La embajadora sumó a su discurso un reclamo mas específico sobre la situación de los opositores venezolanos que están refugiados en la embajada argentina en Caracas, a quienes el gobierno de Maduro niega el salvoconducto.

“Requerimos una vez más a Venezuela que como Estado parte de la Convención de Caracas sobre asilo diplomático de 1954, cumpla con sus previsiones y expida los salvoconductos que permitan a las 6 personas asiladas que permanecen en la residencia oficial de la República Argentina retirarse de forma segura del territorio venezolano”.