Menos de 24 horas después de que el Congreso español aprobara reconocer al opositor Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela y de que, desde el régimen chavista, le pidieran a Nicolás Maduro romper relaciones con España, el presidente Pedro Sánchez se reunió este jueves en Madrid con el ex candidato venezolano.

González Urrutia, un ex embajador de 75 años que aceptó postularse por la coalición opositora de la líder María Corina Machado -inhabilitada para presentarse-, es el presunto ganador de las elecciones del 28 de julio. Aunque su contrincante, el actual presidente Nicolás Maduro, se proclamó vencedor sin mostrar las actas electorales que lo certificarían.

Hostigado y perseguido por el régimen chavista, el ex candidato opositor huyó el fin de semana pasado de Venezuela y aterrizó el domingo en España, donde se le concederá asilo político, aunque el gobierno de Pedro Sánchez no lo reconoce como presidente electo.

Sin embargo, tal como prometió desde China, donde estuvo toda la semana en viaje oficial, lo primero que hizo Sánchez apenas regresó a Madrid fue convocar al opositor. A las diez de la mañana y sin acceso a la prensa, recibió a González Urrutia en el Palacio de la Moncloa.

La cita no figuraba en la agenda de gobierno. Tampoco hubo un comunicado oficial. Sólo un video sin voz, que el presidente español subió a sus redes, donde se lo ve caminando por el parque de La Moncloa con el ex candidato opositor al chavismo junto a Carolina, la hija menor de González Urrutia.

El apacible paseo bucólico que comparten en el video contrasta con las noticias que llegaban desde Venezuela. En Caracas, Jorge Rodríguez, hermano de la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez y presidente de la Asamblea Nacional -el Parlamento que domina el chavismo-, pedía a los gritos una resolución inminente: “Que se rompan de inmediato todas las relaciones diplomáticas, todas las relaciones comerciales -solicitó Rodríguez-. Que se vayan de aquí todos los representantes de la delegación del gobierno del Reino de España y todos los cónsules. Y nos traemos a los nuestros de allá”.

“Y que todas las actividades de índole comerciales de empresas españolas sean cesadas de inmediato”, insistió.

El reclamo ya había llegado a España cuando Pedro Sánchez y González Urrutia se reunieron. El presidente español prefirió apostar por la moderación: “Doy una cálida bienvenida a nuestro país a Edmundo González Urrutia, a quien acogemos mostrando el compromiso humanitario y la solidaridad de España con los venezolanos -dijo en sus redes-. España sigue trabajando en favor de la democracia, el diálogo y los derechos fundamentales del pueblo hermano de Venezuela.”

Después del encuentro, el opositor al chavismo hizo circular un comunicado en el que asegura: “Mi compromiso con el mandato que he recibido de parte del pueblo soberano de Venezuela es irrenunciable”.

Pero para el presidente de la Asamblea Nacional venezolana, que en España haya un reconocimiento, aunque simbólico, de la legitimidad del candidato opositor, “es equivalente a una declaración de guerra contra el pueblo de Venezuela y contra el gobierno legítimamente constituido de la república bolivariana de Venezuela”.

“Y no lo vamos a aceptar. Que se queden ellos con sus asesinos, con sus golpistas, con sus fascistas, con sus violentos”, agregó Rodríguez.

Desde el Partido Popular, propulsor de la iniciativa que votó ayer el Congreso español para reconocer a González Urrutia como legítimo vencedor de las urnas en Venezuela, quien opinó fue Esteban González Pons, responsable de Exteriores del partido: “Así responden los golpistas al Congreso de los Diputados. Veremos la semana que viene qué dicen al Parlamento Europeo. El Tribunal Penal Internacional los espera, sólo es cuestión de tiempo”.

Tanto el reconocimiento de González Urrutia como el vencedor de las elecciones de julio que el miércoles se aprobó en el Congreso de los Diputados español como el pedido del representante de la Asamblea Nacional venezolana para romper relaciones diplomáticas y comerciales con España son gestos que no se traducen en medidas concretas ya que son los gobiernos de ambos países los que fijan agenda y posiciones en política exterior.

Sin embargo, la amenaza del chavismo generó preocupación en España, un país que aumentó sus inversiones, actualmente rondan los 500 millones de euros, en Venezuela.

Entidades bancarias, de telefonía y de hidrocarburos son los principales rubros españoles en tierras bolivarianas.

Repsol, por ejemplo, está presente allí desde 1993 aunque últimamente sólo recibe petróleo en pago de la deuda que Venezuela asumió con la petrolera.

Clarín consultó a la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos de España (CORES) cómo podría impactar un posible quiebre en las relaciones bilaterales. Pero desde el organismo, que depende del Ministerio para la Transición Ecológica, se excusaron en hacer declaraciones.

El ministerio derivó la consulta a la Cancillería que a su vez se negó a opinar ante la prensa.

Sí lo hizo la portavoz del gobierno, Pilar Alegría: “La embajada (española) en Venezuela está trabajando con absoluta normalidad. El interés nuestro va a ser siempre trabajar para mantener las mejores relaciones con el pueblo venezolano, no como otros, que se sirven de los venezolanos para atacar al gobierno de España”.

Alegría, que también es ministra de Educación, aludió así al PP. Su presidente, Alberto Núñez Feijóo, apuesta a extender al Parlamento europeo la proposición no de ley que el miércoles presentó su partido en el Congreso español y que respaldaron otros grupos parlamentarios como Vox, el Partido Nacionalista Vasco, Coalición Canaria y Unión del Pueblo Navarro.

“Vamos a seguir trabajando por el reconocimiento de lo que los venezolanos han votado”, dijo Núñez Feijóo.

Así ironizaron desde su partido: “A un gobierno como el español, que retiró a su embajadora en Argentina por cuestionar la ejemplaridad de Begoña Gómez, no podrá extrañarle que Venezuela amenace ahora con algo similar. Maduro y Sánchez coinciden en dos cosas: ninguno de los dos han ganado las elecciones y ambos se enfadan cuando las decisiones de un país extranjero no les gustan”.

Así recordaba el PP la tensión entre Argentina y España que provocaron las declaraciones del presidente Javier Milei, cuando aludió a la esposa de Pedro Sánchez -investigada por presunto tráfico de influencias- llamándola “corrupta”. Milei había sido insultado previamente por un ministro del gobierno español, Oscar Puente, quien había dado a entender que el presidente argentino consumía sustancias.

Las palabras de Milei ofendieron al gobierno de Pedro Sánchez, que retiró a su embajadora de Buenos Aires, medida que sostiene desde hace casi cuatro meses.