El ex presidente colombiano, Álvaro Uribe, manifestó su disposición a dar explicaciones en la Argentina ante el pedido del fiscal Carlos Stornelli de investigar si se violaron los derechos humanos durante su gestión gubernamental. Uribe gobernó Colombia entre el 2002 y el 2010.

“Estaré atento a explicar a la comunidad Argentina las precisiones que se requieran. Ya en ocasiones lo he hecho con mi presencia en Buenos Aires…”, agregó.

Lo hizo en una nota que envió a Clarín en respuesta a la imputación que le hizo fiscal Carlos Stornelli por supuestos crímenes de Lesa Humanidad cometidos por las fuerzas armadas y policiales durante su período.

En ese escrito, Uribe redujo las graves acusaciones por las que se lo imputó, a «una cuestión política e ideológica» y hace una fuerte crítica a las intenciones políticas, tanto de las instituciones colombianas como a las internacionales que están detrás de la denuncia.

Sobre la justicia de país, aseguró: “hay enormes diferencias respecto al número de violaciones de Derechos Humanos, conocidas como los falsos positivos (…) El número de la Justicia Especial para la Paz (JEP) ha tenido como fuente a ONG, en su mayoría con sesgo ideológico y declaradas adversarias de nuestras políticas”.

El fiscal Stornelli lo imputó a Uribe por Crímenes de Guerra y Lesa Humanidad, que comprenden 6112 casos de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas de personas cometidos por las Fuerzas Armadas (FFAA) de Colombia.

Además, agregó: “Varios integrantes de la JEP fueron miembros de las ONG de izquierda que estaban en la oposición al Gobierno que presidí”

En 2017, en el marco del Acuerdo de Paz firmado entre el Gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), se creó el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR). Se trata de una instancia extrajudicial para escalecer los crímenes cometidos durante el conflicto armado entre el Estado Colombiano y las FARC.

Entre los mecanismos que componen el Sistema Integral, se encuentran la Justicia Especial para la Paz (JEP) y la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad. Todas esas instituciones son fuertemente cuestionadas por Uribe quien, además, desconoce su legitimidad.

En lo que respecta a la jurisdicción internacional para investigar los delitos de lesa humanidad en cualquier rincón del mundo y que aceptó el fiscal Stornelli, Uribe dijo: “La Jurisdicción Especial (Universal), que debería ser complementaria o subsidiaria, no se interesa en la impunidad de las atrocidades cometidas por el grupo terrorista FARC«.

Y añadió: «Por ejemplo, en el Congreso de Colombia hay congresistas condenados por delitos de Lesa Humanidad, como el reclutamiento y la violación de niños. Estos Congresistas no fueron un sólo día a la cárcel ni han sido sometidos a las condenas simbólicas e inaplicables del fallido acuerdo de paz”.

Los crímenes por los que fue imputado Uribe habrían ocurrido entre 2002 y 2008, período en el que era Presidente de Colombia y Comandante en Jefe de las FFAA, su responsabilidad habría estado en permitir y autorizar esas presuntas ejecuciones extrajudiciales, que habrían sido falsamente presentadas como personas caídas en combate por militares colombianos, en contextos de enfrentamientos directos contra las guerrillas. Se los llamaba «falsos positivos».

En su escrito, Uribe negó haber dado órdenes a los militares para que cometieran crímenes contra civiles: “No hay un solo militar que pueda decir que recibió de mi parte mal ejemplo o indebida insinuación…”

Pero al mismo tiempo reconoció que algunos miembros de las FFAA colombianas cometieron crímenes contra civiles: “Algunos militares, vergonzosamente, violaron los Derechos Humanos y fue un gran infortunio para la Nación. Dejaron una grave mancha que jamás podrá olvidarse”.

También reconoce haber estado informado de casos puntuales: “A finales de 2008, me reuní con un Capitán del Ejército, en la Oficina de Naciones Unidas en Bogotá. Me comentó que en la Brigada de Ocaña asesinaban personas inocentes para simular que se luchaba contra el narcotráfico. Al salir de la reunión, tan pronto crucé la puerta de esa oficina, le informé al país. Los responsables fueron condenados por la justicia a 40 años de cárcel”.

Uribe defendió el accionar general de las fuerzas armadas durante su gobierno y las presentó como víctimas de instituciones judiciales colombianas: “Nuestras Fuerzas Armadas, nunca al servicio de una dictadura, tampoco beneficiarias de impunidad, fueron igualadas con el terrorismo. Sus integrantes fueron sometidos a la JEP, justicia impuesta por la Farc y con sus sesgos derivados del impostor. El diseño de esta Justicia ha facilitado que incluso militares reconozcan delitos no cometidos para garantizar su libertad…”

El ex Presidente de Colombia, cerró su argumento con una fuerte crítica a las instituciones judiciales de su país: “La Comisión de la Verdad y otros instrumentos nacidos producto de un acuerdo que no reconocemos, fueron creados para complacer a las propias FARC y organizaciones de izquierda”.

Federico Vázquez, de la maestría de Clarín