El confuso episodio del arresto de María Corina Machado, luego negado por el régimen, podría relacionarse con un punto clave de la consistencia del chavismo. Una noción muy extendida ubica a las fuerzas armadas como el factor central de la perpetuación en el poder de la dictadura. Significa que si hubiera un quiebre en ese respaldo caería el régimen. La dirigencia opositora ha insistido en ese eje reclamando que los militares y la policía garanticen el respeto al mandato popular surgido de las elecciones del 28 de julio.

La demanda se apoya en un elemento relevante. La oposición pudo probar la victoria de Edmundo González Urrutia en esos comicios en base a un enorme volumen de actas que sus fiscales obtuvieron en gran medida con ayuda de los propios chavistas descontentos con Nicolás Maduro. Ese auxilio provino también de los uniformados que custodiaban los centros de votación.

Aún así la observación sobre los militares es solo parcialmente correcta. En Venezuela muy por encima de los uniformados existe una dimensión más sólida que explica la continuidad de esta dictadura en la riqueza petrolera y minera.

Esos intereses ganaron volumen a partir de las dos guerras de este presente, contra Ucrania y en Oriente Medio. Un beneficio que el régimen perdería si avanza sobre la líder opositora, lo que explicaría el raro zigzagueo de un arresto luego negado si es que efectivamente se produjo como todo parece indicar.

El año pasado Venezuela superó a Arabia Saudita como proveedor de crudo a EE.UU., con exportaciones cercanas a los 300 mil barriles diarios. Ese ritmo se mantuvo debido a que Washington no reimplantó las sanciones tras el semestre de luz verde que había otorgado antes de las elecciones para que la dictadura liberara presos políticos, levantara la proscripción a los líderes opositores y permitiera observadores neutrales en las elecciones.

Las elecciones y el fraude consiguiente sucedieron el 28 de julio. Ese mes, según datos de la Administración de Información Energética de EE.UU. recabados por el Nacional de Caracas, las compras de petróleo a Venezuela registraron un pico de 311 mil barriles diarios. Bajaron ligeramente luego pero volvieron a subir cerrando el año en 300 mil b/d. El régimen regresó de ese modo al tercer puesto de los proveedores de crudo a EE.UU, solo por detrás de Canadá y México.

Del lado de Europa, España, el país que facilitó la salida de González Urrutia de Venezuela, convirtió a Caracas el año pasado en su octavo proveedor de petróleo con un alza de las compras de 118%. “Tanto en los 11 primeros meses del año, como en los últimos doce, Venezuela acumula los mayores crecimientos de exportaciones hacia España de entre todos los suministradores de crudo, con alzas del 130,8% y del 118,4%, respectivamente”, indica un reporte del área económica de La Razón de Madrid.

Este escenario poco recorrido en los análisis es también efecto del giro económico del régimen desde 2019 cuando, con la dirección de la actual vicepresidente, Delcy Rodríguez, se abrió la economía en un proceso orientado por la Rusia de Vladimir Putin, privatizando grandes capítulos de intereses que había estatizado Hugo Chávez.

Un resultado de esos cambios ha sido la dolarización desordenada de Venezuela que agravó la concentración del ingreso y el empobrecimiento de la población, de ahí el constante flujo de migrantes venezolanos. Otro elemento fue la caída de la inflación, desde un extraordinario 400.000 anual aquel año a 50% hoy, pero que no alivió la crisis social.

Uno de los grandes jugadores en este esquema es la petrolera Chevron que lleva casi un siglo de permanencia en Venezuela. Hace dos años, luego de la invasión rusa a Ucrania, Joe Biden redujo las sanciones de la era de Donald Trump para permitir que esa empresa reasumiera sus operaciones en Venezuela. Se lo pretextó como un esfuerzo para persuadir al régimen para que retrocediera de su autoritarismo.

Nada de eso sucedió. La administración demócrata repudio el evidente fraude electoral cometido por Maduro, el canciller Antony Blinken se alió con Brasil, Colombia y México para presionar a la nomenklatura, pero no hubo represalias severas, por el contrario se profundizó el vínculo.

El diario The Wall Street Journal, cercano a las corporaciones norteamericanas, señaló en setiembre último que pese al endurecimiento del régimen “Biden retiró en abril una licencia general para que las compañías petroleras operaran en Venezuela, pero las alentó en privado a solicitar licencias individuales que permitieron que la actividad continuara casi sin problemas. Desde las elecciones, los funcionarios de Biden han dado señales de que no obligarán a las compañías petroleras que hacen negocios en Venezuela a retirarse”.

En ese universo juegan tanto las empresas internacionales como el establishment local, que frente a la apertura del negocio de crudo y minero, reaccionó con el regreso de la mayoría de los partidos opositores a las urnas de las que se habían retirado en repudio a una manipulación que exhibió ya un antecedente grotesco en la reelección de Maduro de 2018.

El CEO de Chevron, Mike Wirht explicó de modo sencillo esos comportamientos: «En general, es mejor trabajar con un gobierno en el poder sin adoptar posiciones que dificulten la continuidad de otro gobierno posterior. Somos un actor comercial, no político».

Lo cierto es que ese procedimiento le brindó un salvavidas económico a Maduro y su troupe. La compañía explica 20% de las exportaciones nacionales de crudo venezolanas y el 31% de los ingresos petroleros totales del régimen, enumera Asdrúbal Oliveros, director de Ecolatina en Caracas, citado por el mismo diario.

Por encima de lo que vemos, de los militares digamos, se da una tensión entre los sectores que le dan sentido económico a la continuidad del régimen y aquellos que consideran que ese rendimiento es insuficiente. La ofensiva de estas horas contra Machado acelera esa tensión.

Maduro, atento a que ese es el camino de su supervivencia, se ha esforzado para garantizar el beneficio económico de los inversores con recortes de impuestos corporativos, además de las privatizaciones, dolarización de la economía y la dilución de límites medio ambientales. El nombramiento del halcón Diosdado Cabello como ministro de Interior y de Justicia buscó mostrar que el país está férreamente controlado.

Venezuela es un notable sosías de la pasada dictadura paraguaya de Alfredo Stroessner donde, como en el país caribeño, se aludía a las instituciones como si existieran, se hablaba de Justicia como si fuera un poder independiente o del Congreso como si hubiera debate entre oficialismo y opositores. Diosdado es un emulo de Sabino Montanaro, el brutal ministro de Interior de aquel tirano paraguayo que celebraba tener en sus mazmorras al preso político más antiguo de las Américas.

Ese régimen duró 34 años. Se disolvió cuando los poderes económicos que lo amparaban advirtieron que el país rendiría más con una mutación total. Ese fantasma sobrevuela al experimento bolivariano. Es lo que machaca la actual dirección política opositora que lidera Machado.

Analistas como Jason Tuvey, de Capital Economics sostiene coincidente que un cambio “conduciría a una renovada apertura de los lazos comerciales y financieros de Venezuela con el resto del mundo”. Aun más importante, la agencia crediticia S&P’s, afirma que la destitución de Maduro “allanaría el camino para la reestructuración de la deuda de Venezuela (US$150 mil millones en default desde 2017) a través de entidades multilaterales como el FMI, el Banco Mundial y el BID”.

La llegada de Donald Trump agrega un condimento geopolítico grave. Hasta qué punto el magnate, que prepotea con conquistar de cualquier modo el Canal de Panamá con el argumento fuerte de la expansión china, permitirá que un socio privilegiado de la Potencia Asiática se mantenga indemne más allá de sus concesiones. Derribar al régimen, desde esa mirada, sería un paso inevitable para recuperar la iniciativa en la región y quizá hasta ponerle un límite a la República Popular.