A menos de siete meses de las elecciones presidenciales en Brasil, la alarma comenzó a sonar con fuerza en la izquierda y en el entorno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Flavio Bolsonaro, el “elegido” por su padre y líder de la derecha radical Jair Bolsonaro para evitar la reelección del actual presidente, se puso cabeza a cabeza en los sondeos nacionales.

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La última encuesta de Genial/Quaest, divulgada el lunes pasado, reveló que el delfín del clan Bolsonaro aumentó cinco puntos en febrero en las intenciones de voto del electorado independiente y le descontó hasta diez puntos en los últimos meses al histórico líder del Partido de los Trabajadores (PT).

Si las elecciones fueran hoy, Flavio Bolsonaro y Lula estarían en un virtual empate técnico en un eventual balotaje. Los comicios están previstos para el 4 de octubre. Ambos recogen un 41% de respaldo.

“El escenario refuerza la idea de polarización entre Lula y Flavio Bolsonaro, pero el juego sigue abierto”, dijo a TN el analista brasileño Fernando Guarnieri, de la Universidad de San Pablo.

Por qué Flavio Bolsonaro sube y Lula cae en las encuestas

Hasta hace algunos meses, nadie dudaba de que Lula vencería con facilidad a Flavio Bolsonaro. Las encuestas le daban una amplia ventaja al presidente.

La escasa popularidad del candidato del clan bolsonarista y la condena a 27 años de prisión contra su padre por golpismo parecían cerrarle el camino al regreso de la ultraderecha al poder.

Incluso, la única opción “potable” del sector más duro de la derecha brasileña recaía en el gobernador de San Pablo, Tarcicio de Freitas, al que se veía como el único capaz de derrotar a Lula en una segunda vuelta.

Ahora el panorama cambió.

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“Todas las encuestas recientes están bastante alineadas. Hay malas noticias para Lula, como el aumento de la desaprobación del gobierno, una alta tasa de rechazo y una caída en la intención de voto”, dijo a TN el analista brasileño Marco Teixeira, de la Fundación Getulio Vargas, de Río de Janeiro.

Por otro lado, afirmó el analista, “hay un ascenso muy rápido para Flavio Bolsonaro. Quaest, Datafolha, Big Data, prácticamente todos los institutos de investigación dieron un empate técnico en la segunda vuelta. Hace un mes, Lula tenía una diferencia de al menos diez puntos, incluso un poco más”, añadió.

Malas decisiones y escándalos

Para Teixeira, “el gobierno quemó un cartucho muy grande” con la corrección de la tabla del impuesto sobre la renta que buscó aliviar la carga fiscal de la clase media y los trabajadores de menores ingresos.

“Pero no tuvo el efecto esperado”, afirmó.

Además, estalló un escándalo de corrupción en el Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS) con descuentos no autorizados sobre jubilaciones y pensiones realizados por sindicatos y asociaciones. En ese caso se investiga la participación de Lulinha (Fábio Luís Lula da Silva), uno de los hijos del presidente.

“Si está involucrado, pagará su precio”, dijo Lula.

Teixeira dijo que “Lula está pasando por un muy mal momento, pero todavía tiene esperanza. Ahora, si esto se convierte en una tendencia y el gobierno acumula más malas noticias, es muy probable que las encuestas pronto muestren a Flavio Bolsonaro por delante”.

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Para el analista, esta situación “se debe mucho más a las deficiencias del gobierno que a los méritos de Flavio Bolsonaro”.

Para Guarnieri, “el escenario muestra que los votantes reproducen la polarización observada en las elecciones recientes. Sin embargo, es importante prestar atención a la intención de voto espontáneo. Esta refleja a un votante que aún no está plenamente comprometido con las elecciones”.

“También es importante el nivel de conocimiento sobre otros candidatos potenciales. En general, son poco conocidos, lo que podría explicar en parte su pobre desempeño. El escenario, por lo tanto, refuerza la idea de polarización entre Lula y Flavio Bolsonaro, pero el juego sigue abierto”, concluyó.

Ecuador descendió en el Índice Chapultepec de Libertad de Expresión y Prensa en un contexto marcado por asesinatos de periodistas, agresiones sistemáticas y la expansión de territorios donde informar se ha vuelto cada vez más riesgoso. El retroceso refleja un deterioro del entorno informativo que combina violencia criminal, presión institucional y restricciones indirectas al ejercicio periodístico, factores que organizaciones de monitoreo consideran una señal de alerta para la calidad de la democracia en el país.

El Índice Chapultepec —elaborado por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP)— evalúa las condiciones de libertad de expresión en el continente a partir de tres dimensiones: ciudadanía informada y libre de expresarse, actuación del Estado frente a la violencia e impunidad contra periodistas, y control de medios y periodismo. En su edición correspondiente al período comprendido entre el 2 de noviembre de 2024 y el 1 de noviembre de 2025, Ecuador obtuvo 38,42 puntos sobre 100, lo que lo ubica en la categoría de “alta restricción” a la libertad de expresión.

El puntaje ecuatoriano se encuentra por debajo del promedio regional de 47,13 puntos y lejos de países con mejores indicadores, como República Dominicana (82,17), Chile (77,22) o Canadá (74,48). El índice muestra además que el desempeño más débil del país se registra en la dimensión relacionada con la respuesta estatal frente a la violencia contra periodistas, donde Ecuador obtiene apenas 9,35 puntos de un máximo de 40 posibles.

Este resultado refleja un contexto particularmente complejo para el periodismo. Según el monitoreo de libertad de expresión, elaborado por Fundamedios, en 2025 se documentaron 230 agresiones contra periodistas y medios en 22 provincias del país. El registro incluye 59 ataques físicos, cinco asesinatos de periodistas y al menos 16 comunicadores que se vieron obligados a abandonar sus ciudades o salir del país entre 2023 y 2025 por amenazas relacionadas con su trabajo.

La violencia contra la prensa no proviene únicamente de organizaciones criminales. Del total de agresiones documentadas en 2025, 114 fueron cometidas por agentes estatales, 68 por actores no estatales, 16 por estructuras criminales y 32 por agresores no identificados. Las agresiones estatales incluyen restricciones al acceso a información pública, procesos judiciales, actos de censura y discursos estigmatizantes contra periodistas.

En la práctica, estos factores generan un efecto inhibidor en la cobertura periodística, especialmente en temas sensibles como seguridad, crimen organizado o corrupción pública. Investigaciones locales señalan que en algunas regiones los periodistas han optado por omitir nombres, reducir coberturas o abandonar investigaciones por temor a represalias.

Uno de los fenómenos que más preocupa a las organizaciones de libertad de prensa es la aparición de lo que se denomina “zonas silenciadas”: territorios donde el riesgo de violencia o intimidación es tan alto que la cobertura informativa se reduce drásticamente. La región costera, particularmente las provincias de Santa Elena, Esmeraldas y El Oro, se ha convertido en el principal foco de estas dinámicas.

En esos territorios, donde el crimen organizado ha consolidado presencia territorial, el periodismo enfrenta amenazas directas, ataques físicos y presiones para limitar la publicación de información. En algunos casos, además, se han identificado mecanismos digitales para retirar contenidos críticos, como denuncias estratégicas por supuestas infracciones de derechos de autor.

El deterioro del entorno informativo ocurre en paralelo a un proceso político en el que Ecuador ha reiterado formalmente su adhesión a principios hemisféricos de libertad de expresión. En 2024, el presidente Daniel Noboa firmó el Compromiso de Salta y ratificó la Declaración de Chapultepec, instrumentos promovidos por la Sociedad Interamericana de Prensa que establecen principios para la protección de la libertad de prensa y el derecho a la información.

La paradoja es evidente: mientras el país reafirma su compromiso con estos estándares internacionales, los indicadores regionales muestran un deterioro en las condiciones reales para ejercer el periodismo.

El Índice Chapultepec también analiza la influencia de los entornos legislativo, judicial y ejecutivo sobre la libertad de expresión. En el caso ecuatoriano, el entorno ejecutivo aparece como el factor con mayor influencia desfavorable, seguido por los ámbitos legislativo y judicial. Este resultado sugiere que las condiciones políticas e institucionales del Estado influyen significativamente en el deterioro del entorno informativo.

Además de la violencia directa, el informe sobre la situación de la prensa identifica otros factores que afectan el ejercicio periodístico: judicialización estratégica, restricciones al acceso a información pública, estigmatización discursiva y mecanismos de silenciamiento digital. En conjunto, estos elementos configuran lo que los investigadores describen como un “entorno híbrido de riesgo”.

Este concepto se refiere a un escenario donde convergen distintas presiones: criminales, institucionales y digitales que erosionan progresivamente la libertad de prensa sin necesariamente implicar censura formal.

El deterioro del entorno informativo tiene implicaciones que van más allá del sector periodístico. Organismos internacionales, como la CIDH o la ONU, han advertido que la libertad de expresión es un componente central de la calidad democrática, porque garantiza el acceso de la ciudadanía a información plural y permite el control social sobre el poder.

Cuando los periodistas enfrentan violencia, censura o intimidación, la consecuencia no es solo la autocensura individual. También se reduce la capacidad de la sociedad para conocer abusos, corrupción o decisiones públicas que afectan la vida colectiva.

Uno de los casos más emblemáticos del deterioro de las condiciones para ejercer el periodismo en Ecuador es el asesinato de Robinson Del Pezo. El comunicador fue asesinado en Guayaquil en 2023 en un ataque armado que, según organizaciones de libertad de expresión, evidenció el nivel de vulnerabilidad en el que trabajan muchos periodistas que investigan temas sensibles vinculados con seguridad, corrupción y crimen organizado. Su muerte se convirtió en un símbolo de la escalada de violencia contra la prensa y de los riesgos que enfrentan quienes cubren la conflictividad social y política del país.

Un informe posterior sobre el caso lo definió como “un crimen contra la palabra”, al señalar que el asesinato de Del Pezo no solo silenció a un periodista, sino que envió un mensaje intimidatorio al resto del gremio. La persistencia de la impunidad en este tipo de crímenes alimenta el clima de miedo que rodea al periodismo ecuatoriano y refuerza la autocensura, especialmente en zonas donde el crimen organizado tiene fuerte presencia y donde investigar o publicar información crítica puede tener consecuencias letales.

En el caso ecuatoriano, el descenso en el Índice Chapultepec refleja precisamente esa preocupación: un país donde el riesgo para informar aumenta y donde la cobertura de temas críticos se vuelve más difícil.

En ese contexto, organizaciones de la sociedad civil, como Fundamedios, han planteado la necesidad de fortalecer mecanismos de protección para periodistas, mejorar los sistemas de monitoreo de agresiones y garantizar estándares no discriminatorios en el acceso a información pública. También se ha señalado la importancia de reforzar la alfabetización mediática y combatir la desinformación, factores que pueden agravar la vulnerabilidad del ecosistema informativo.

North Korean leader Kim Jong Un watched a live-fire test of multiple rocket launch systems alongside his teenage daughter Saturday, as the regime escalates weapons demonstrations amid joint U.S.–South Korea military exercises, state media reported.

The Korean Central News Agency (KCNA) said Kim oversaw a strike drill involving twelve 600mm ultra-precision multiple rocket launchers along North Korea’s east coast, according to The Associated Press.

South Korea’s military said it detected about 10 ballistic missiles launched from an area near the North Korean capital of Pyongyang.

KIM JONG UN APPEARS WITH DAUGHTER AT MAUSOLEUM, FUELING SUCCESSION SPECULATION

South Korea’s National Security Council condemned the launches as a provocation and said they violated United Nations Security Council resolutions that prohibit North Korea from conducting ballistic missile tests, The Associated Press reported.

Kim said the drill was meant to demonstrate the destructive capability of the country’s tactical nuclear forces, according to state media.

«If this weapon is used, the opponent’s military infrastructure within its striking range can never survive,» Kim said.

KIM JONG UN CALLS SOUTH KOREA ‘MOST HOSTILE ENEMY,’ SAYS NORTH COULD ‘COMPLETELY DESTROY’ IT

This photo provided by the North Korean government shows leader Kim Jong Un and his daughter watching cruise missiles launch from the naval destroyer, the Choe Hyon, via video Tuesday, March 10, 2026, in North Korea. (Korean Central News Agency/Korea News Service via AP)

Photos released by state media showed Kim and his daughter — believed to be named Kim Ju Ae, about 13 or 14 years old — walking near launch trucks, The Associated Press reported.

Kim’s daughter has appeared alongside him at numerous military events, missile tests and parades since late 2022, fueling speculation that he may be positioning her as a future successor.

NORTH KOREA’S KIM JONG UN RE-ELECTED AS RULING PARTY LEADER

In this photo provided by the North Korean government, leader Kim Jong Un’s daughter tries out a pistol at a factory producing pistols and other arms at an undisclosed place in North Korea on Wednesday, March 11, 2026.  (Korean Central News Agency/Korea News Service via AP)

The live-fire test followed annual military drills by the U.S. and South Korea earlier this week, which North Korea routinely condemns as rehearsals for an invasion. 

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Last month, Kim reportedly gave his teenage daughter a leadership role in the regime’s powerful «Missile Administration,» the body that oversees Pyongyang’s nuclear forces.

The Associated Press and Fox News Digital’s Emma Bussey contributed to this report.