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INTERNACIONAL

Narcos en Ecuador: los jueces tienen miedo y reciben amenazas de muerte por Whatsapp

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La policía de Ecuador detuvo este jueves a dos sospechosos del asesinato del fiscal antimafias César Suárez, cuando el país libra una guerra contra el narcotráfico con miles de militares desplegados. Las autoridades reconocieron que «no tenía custodia policial permanente», pese a la violencia y las amenazas.

“Me amenazaron en diciembre del año 2023, según el panfleto, porque no estaba aliada del crimen organizado. Lo enviaron por WhatsApp. Desde ahí mantengo la custodia policial”, cuenta Heidy Borja Hernández, presidenta de la Asociación de Magistrados y Jueces en la provincia del Guayas. Como otras personas del gremio, continúa ejerciendo a pesar de las amenazas.

Los dos detenidos por la muerte del fiscal Suárez. Foto: AFPLos dos detenidos por la muerte del fiscal Suárez. Foto: AFP

El asesinato del fiscal César Suárez, en plena calle en Guayaquil, ha puesto de manifiesto las numerosas fallas de protección a los fiscales, jueces y abogados que se encargan de casos muy peligrosos. Suárez estaba investigando, entre otras cosas, el ataque al canal TC Televisión.

“¿Por qué lo mataron? Pues la primera vulneración que tenemos los jueces y fiscales en el Ecuador es porque no tenemos un sistema de protección. No hay garantías mínimas de seguridad. Sobre todo, una persona que tenía un alto riesgo debido a que manejaba muchos casos contra la corrupción, muchos casos contra la mafia y la delincuencia organizada, no de ahora, sino desde hace varios años”, explica la jueza.

“Inclusive era un fiscal quien siempre tenía delegaciones por parte de la fiscal general para que realice muchas investigaciones, tanto en la provincia del Guayas como en otras provincias, donde se refleja un alto índice de criminalidad. De lo que tengo entendido, si tenía protección policial y eso es algo que tendrá que averiguar la Policía Nacional, si cumplieron con la protección al fiscal. Evidentemente no, ya que fue asesinado”, recalca.

Plazos y disponibilidad presupuestaria

Heidy Borja Hernández lamenta que, aunque existe un protocolo de protección policial, no funciona.

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“Existe un acuerdo ministerial, número 0150, que fue aprobado por el ministro del Interior en diciembre del año 2023, en el cual modifica el nuevo protocolo para conceder protección policial a los funcionarios judiciales que lo requieran, sea por amenaza o porque se encuentran en riesgo», explica

Y agrega: «Lo lamentable de este protocolo es que prácticamente concede un plazo de 15 días para que te den custodia policial. Es decir, yo soy amenazada de muerte y tengo que esperar máximo 15 días que me den protección policial”.

La violencia impulsó la venta de chalecos antibala en Ecuador. Foto: EFE La violencia impulsó la venta de chalecos antibala en Ecuador. Foto: EFE

“Asimismo, este protocolo exige que el Consejo de la Judicatura emita una certificación de disponibilidad presupuestaria para que se pueda cubrir el gasto de hospedaje, alimentación y viáticos de la custodia policial. Y en muchos casos en que un juez o fiscal es amenazado, nosotros, los jueces y fiscales en nuestro bolsillo, terminamos asumiendo esos gastos. Y también para cubrir los gastos de un seguro médico privado y un seguro de vida, porque tampoco te lo da el Estado ecuatoriano”, subraya la jueza.

Jueces con miedo

“Claro que hay miedo en los jueces», dice y asegura que eso es lo más preocupante. «Sobre todo en los jueces penales. Y ese miedo afecta mucho el desempeño de nuestras funciones, porque tú estás teniendo jueces con miedo. Eso afecta mucho a la salud mental de los jueces y todo eso tiene que considerarse. Por eso, no es simplemente que estamos reclamando como síntoma de rebeldía”.

“Aquí ya estamos protestando porque es nuestra vida la que está en riesgo. Nosotros no nos vamos a conformar con que simplemente emitan un acuerdo de condolencia y ya está. Lo que queremos es que más vidas no se pierdan cumpliendo nuestras funciones, sobre todo los buenos jueces y fiscales en este país. Si esto es un conflicto interno armado, todos tenemos que articular esfuerzos y todos tenemos que estar protegidos”, concluye.



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INTERNACIONAL

Caracas tacha de «robo descarado» la confiscación de un avión venezolano por parte de Estados Unidos

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Caracas calificó este viernes de «robo descarado» la confiscación de una segunda aeronave venezolana en República Dominicana por parte de Estados Unidos, y acusó al jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, como «ladrón de aviones».

La incautación ocurre apenas seis días después de la visita a Caracas del enviado especial de Donald Trump, Richard Grenell, un encuentro que fue descrito por Maduro como un «nuevo comienzo» y tras el cual se concretó la liberación de seis estadounidenses detenidos en Venezuela.


«La República Bolivariana de Venezuela denuncia ante el mundo el robo descarado de una aeronave propiedad de la nación venezolana, ejecutado por orden del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio», indicó la cancillería venezolana en un comunicado.

«¡Marco Rubio, de mercenario del odio a ladrón de aviones!», añadió el texto.

Es el segundo avión incautado por Estados Unidos a Venezuela en menos de un año, pero el primer gesto de mano dura de la administración de Donald Trump, que en su primer período fijó una batería de sanciones contra Venezuela, incluido un embargo petrolero, en un intento por derrocar a Nicolás Maduro.

Nicolás Maduro recibió la semana pasada en el Palacio de Miraflores al enviado de Estados Unidos, Richard Grenell. Foto: AP

Venezuela aseguró además, que «tomará todas las acciones necesarias para denunciar este robo y exigir la devolución inmediata de su aeronave».

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Si bien la visita de Grenell a Caracas había sido celebrada por el gobernante chavista, funcionarios de la administración de Trump, entre ellos Rubio -duro crítico de Maduro-, han afirmado que «no cambia» las prioridades de Washington «con respecto a Venezuela».

Analistas observan que si bien Trump ha tomado medidas radicales desde su investidura el 20 de enero, en especial en el tema migratorio, hasta ahora no ha revocado las licencias petroleras para operar en Venezuela otorgadas a Chevron, a la española Repsol y a las francesas Maurel y Prom.

La licencia de Chevron -que produce unos 200.000 barriles diarios- permite al gobierno venezolano recibir legalmente una importante ganancia financiera, considerada vital por los especialistas.

Avión confiscado

En presencia de Rubio, un fiscal dominicano y un representante de las fuerzas de seguridad de Estados Unidos pegaron un cartel que decía «incautado» en el avión Dassault Falcon 200 de bandera venezolana que se encontraba en la pista de aterrizaje militar de Santo Domingo.

«La incautación de este avión venezolano, utilizado para evadir las sanciones estadounidenses y el (control de) lavado de dinero, es un poderoso ejemplo de nuestra determinación de responsabilizar al ilegítimo régimen de Maduro por sus acciones ilegales», dijo Rubio en X al finalizar su primera gira como secretario de Estado por cinco países de América Latina.

Marco Rubio, el secretario de Estado de EE.UU. Foto: AP Marco Rubio, el secretario de Estado de EE.UU. Foto: AP


Según el Departamento de Estado, funcionarios de Venezuela utilizaron esa aeronave para volar a Grecia, Turquía, Rusia, Nicaragua y Cuba, y la habían llevado a República Dominicana para mantenimiento.

«Este ataque contra Venezuela demuestra que Rubio no es más que un delincuente disfrazado de político, usando su cargo para saquear y despojar a nuestro país de sus bienes. Su odio lo convierte en un delincuente internacional, capaz de violar cualquier norma con tal de dañar a nuestra Patria», remarcó la cancillería venezolana.

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En septiembre de 2024, durante la administración del ex presidente Joe Biden, otro avión oficial de Venezuela, modelo Dassault Falcon 900EX, fue confiscado en República Dominicana y trasladado al estado de Florida.


Autoridades estadounidenses aseguraron que había sido comprado «ilegalmente» por 13 millones de dólares mediante una empresa fantasma y usado para trasladar a Maduro y sus colaboradores.

Ese decomiso ocurrió en medio de la crisis poselectoral por la reelección de Maduro que la oposición denunció como un fraude al reivindicar el triunfo del exembajador Edmundo González Urrutia, a quien Washington reconoce como presidente electo, exiliado en España desde septiembre.

Maduro fue declarado ganador para un tercer período consecutivo (2025-2031) por el Consejo Nacional Electoral (CNE), sin que se divulgara el escrutinio detallado, como exige la ley. El ente electoral aseguró que sus sistemas fueron jaqueados, una tesis que expertos electorales consideran inverosímil.


En junio de 2022, un avión Boeing 747 venezolano-iraní fue inmovilizado en Argentina y destruido en Estados Unidos en enero de 2024, un hecho que Caracas también tildó de «robo».

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