La policía de Ecuador detuvo este jueves a dos sospechosos del asesinato del fiscal antimafias César Suárez, cuando el país libra una guerra contra el narcotráfico con miles de militares desplegados. Las autoridades reconocieron que «no tenía custodia policial permanente», pese a la violencia y las amenazas.

“Me amenazaron en diciembre del año 2023, según el panfleto, porque no estaba aliada del crimen organizado. Lo enviaron por WhatsApp. Desde ahí mantengo la custodia policial”, cuenta Heidy Borja Hernández, presidenta de la Asociación de Magistrados y Jueces en la provincia del Guayas. Como otras personas del gremio, continúa ejerciendo a pesar de las amenazas.

El asesinato del fiscal César Suárez, en plena calle en Guayaquil, ha puesto de manifiesto las numerosas fallas de protección a los fiscales, jueces y abogados que se encargan de casos muy peligrosos. Suárez estaba investigando, entre otras cosas, el ataque al canal TC Televisión.

“¿Por qué lo mataron? Pues la primera vulneración que tenemos los jueces y fiscales en el Ecuador es porque no tenemos un sistema de protección. No hay garantías mínimas de seguridad. Sobre todo, una persona que tenía un alto riesgo debido a que manejaba muchos casos contra la corrupción, muchos casos contra la mafia y la delincuencia organizada, no de ahora, sino desde hace varios años”, explica la jueza.

“Inclusive era un fiscal quien siempre tenía delegaciones por parte de la fiscal general para que realice muchas investigaciones, tanto en la provincia del Guayas como en otras provincias, donde se refleja un alto índice de criminalidad. De lo que tengo entendido, si tenía protección policial y eso es algo que tendrá que averiguar la Policía Nacional, si cumplieron con la protección al fiscal. Evidentemente no, ya que fue asesinado”, recalca.

Heidy Borja Hernández lamenta que, aunque existe un protocolo de protección policial, no funciona.

“Existe un acuerdo ministerial, número 0150, que fue aprobado por el ministro del Interior en diciembre del año 2023, en el cual modifica el nuevo protocolo para conceder protección policial a los funcionarios judiciales que lo requieran, sea por amenaza o porque se encuentran en riesgo», explica

Y agrega: «Lo lamentable de este protocolo es que prácticamente concede un plazo de 15 días para que te den custodia policial. Es decir, yo soy amenazada de muerte y tengo que esperar máximo 15 días que me den protección policial”.

“Asimismo, este protocolo exige que el Consejo de la Judicatura emita una certificación de disponibilidad presupuestaria para que se pueda cubrir el gasto de hospedaje, alimentación y viáticos de la custodia policial. Y en muchos casos en que un juez o fiscal es amenazado, nosotros, los jueces y fiscales en nuestro bolsillo, terminamos asumiendo esos gastos. Y también para cubrir los gastos de un seguro médico privado y un seguro de vida, porque tampoco te lo da el Estado ecuatoriano”, subraya la jueza.

“Claro que hay miedo en los jueces», dice y asegura que eso es lo más preocupante. «Sobre todo en los jueces penales. Y ese miedo afecta mucho el desempeño de nuestras funciones, porque tú estás teniendo jueces con miedo. Eso afecta mucho a la salud mental de los jueces y todo eso tiene que considerarse. Por eso, no es simplemente que estamos reclamando como síntoma de rebeldía”.

“Aquí ya estamos protestando porque es nuestra vida la que está en riesgo. Nosotros no nos vamos a conformar con que simplemente emitan un acuerdo de condolencia y ya está. Lo que queremos es que más vidas no se pierdan cumpliendo nuestras funciones, sobre todo los buenos jueces y fiscales en este país. Si esto es un conflicto interno armado, todos tenemos que articular esfuerzos y todos tenemos que estar protegidos”, concluye.