El control de la Justicia es una colina especialmente anhelada por los regímenes populistas. Se lo vio tanto en el gobierno israelí de Benjamín Netanyahu que buscó esmerilar las capacidades del Poder Judicial para escapar de las causas de corrupción en su contra, como con Donald Trump, que inyectó una mayoría conservadora en la Corte liquidando los equilibrios internos.

Es también un clásico en nuestra región donde el republicanismo vive mayoritariamente una crónica adolescencia. Aparte de las dictaduras que desconocen el sistema de controles y equilibrios (Venezuela, Nicaragua o Cuba), la nómina registra el antecedente de Jair Bolsonaro que intentó colocar hasta cuatro jueces en el Supremo brasileño.

O el salvadoreño Nayib Bukele, quien sencillamente echó sin causa a los jueces del Tribunal y los reemplazó con su gente. En nuestro país es un juego que ha marcado gobiernos de todas las etiquetas, incluido el actual.

México acaba de regresar a esas prácticas de las que había escapado tras el colapso del PRI. Lo hace con su propia fórmula de control de los tribunales: consiste en el desmonte de la carrera judicial y la transformación del sillón de los jueces en un trofeo electoral. El presidente saliente, Andrés Manuel López Obrador, impulsor de esta iniciativa, es un populista que en su mandato basculó entre el pragmatismo y posturas de añejo nacionalismo. Es legendaria su comodidad con Trump mientras el otro trataba a los mexicanos de violadores y ladrones.

AMLO, como tambien se lo llama, supone con razón que el aluvión de votos que obtuvo su partido en las presidenciales y legislativas del pasado junio, asegurará el triunfo de los candidatos oficialistas a los miles de tribunales en el país y el Supremo. De modo que su fuerza, Morena, se adueñará de los tres poderes.

Es en cierta medida el regreso de aquel PRI con otro nombre, el Partido Estado que gobernó 70 años con el “dedazo” y políticas que fueron desde la izquierda a la derecha amparando una desbocada corrupción. Ese movimiento fue la cuna justamente de este controvertido político.

Con la victoria en el Parlamento de su proyecto de reforma judicial, imita un ejercicio que ya hizo en Bolivia Evo Morales y que convirtió a los tribunales en trincheras para asediar a la oposición. Pero el caso mexicano es más complejo. Se trata de una potencia regional que, con el auge del nearshoring, las empresas que movieron sus negocios desde China a esa frontera, se ha convertido en el mayor socio comercial de EE.UU. Hacia allí se dirige el 83% de sus exportaciones y en ese proceso recibió un extraordinario caudal de inversión directa que evitó la emisión, bajó la inflación y redujo la desocupación con crecimiento.

Ese edificio está ahora en peligro. La novedad constitucional cuestiona las bases del acuerdo que asocia a México, EE.UU. y Canadá, el T-Mex debido a la inseguridad jurídica extraordinaria que supone. Un impacto ha sido la caída de 13% del peso desde principios de junio. La norma ordena elecciones populares y campañas en el Poder Judicial a partir de 2025 y reduce de 11 a 9 el número de integrantes del Supremo.

La Asociación Nacional de Magistrados confrontó esta iniciativa por el daño que causa a su estructura, y alertado que habilita la intromisión de otros “intereses” ante la evidente politización que experimentará el sistema judicial.

López Obrador termina su mandato el último día de este mes. Lo releva desde octubre Claudia Sheinbaum, la candidata oficialista que ganó las elecciones con un impresionante 60% de los votos. Esa victoria agregó la mayoría absoluta en las dos Cámaras, total en diputados y menos uno en el Senado, defecto que el mandatario resolvió fácilmente “convenciendo” a un legislador del derechista Pan. Se necesitan esas mayorías debido a que la reforma modifica la Constitución. Desarmar el descalabro requeriría las mismas densidades.

Sheinbaum, una científica que vivió en EE.UU., buscó aliviar la preocupación de corporaciones y bancos afirmando que no se trata de una política antinversionista, sino buscar resolver la corrupción que efectivamente existe en la Justicia. Aparte de que el método elegido amenaza agravar y no resolver ese problema, AMLO se ocupó de desmentir a su discípula afirmando el carácter político de este invento que, dijo, tiene como blanco específico a “los capitales internacionales que saquean México”. Una declaración que desnuda de paso que seguirá reinando en las sombras, quitándole relevancia a Sheinbaum.

AMLO tiene mucho de Trump en su narrativa ilimitada de posverdad. Sostiene que el sistema de salud en México es más eficiente y superador que el de Dinamarca, sin reparar en el hecho notorio de hoy más de 30 millones de mexicanos tienen menos acceso a la atención médica del que tenían en 2018, cuando llegó al poder. Este sexenio ha sido, además, uno de los de mayor violencia en la historia del país con 30 mil asesinatos al año y la consolidación de los grandes carteles de la droga que extienden sus operaciones al resto de la región. Pero AMLO afirma que logró reducir esa pesadilla.

Las propias elecciones lo desmienten. Fueron particularmente sangrientas. Al menos 748 personas vinculadas con las campañas en todo el país fueron afectadas de algún modo, desde amenazas a secuestros y asesinatos. Hubo más de 300 graves incidentes contra candidatos de toda las fuerzas y 34 de ellos fueron asesinados.

El crimen organizado que incidió de ese modo en la votación, es un capítulo particularmente problemático de este modelo autocrático de justicia electoral. Los candidatos para ganar los tribunales deberán emprender costosas campañas. No es claro qué es lo que puede proponer un postulante a magistrado para ganar votos sin exponer su independencia, pero sí es posible sospechar las fuentes de los recursos económicos para muchos de esos candidatos.

Con este portal abierto, las mafias del narcotráfico pueden aspirar cómodamente a adueñarse de tribunales en el interior del país y otros de mayor gravitación incluso en el Supremo. También ellos quieren controlar la Justicia. Este es el peor rostro de una mutación que se encamina a dañar la democracia mexicana y su economía.

AMLO tiene una aprobación de 73% según un sondeo del diario El Universal que explica también el suceso electoral de junio. Se debe a que mantuvo una economía estable en la cual el peso mexicano terminó apreciándose más de 25% (hasta junio) con ingresos de divisas, como decíamos, creciendo año tras año. Además distribuyó una formidable asistencia social para las madres solteras, los adolescentes en los primeros años con edad universitaria y los ancianos en su retiro. Los salarios mínimos crecieron un 120% en el sexenio.

La furia suicida del mandatario con la Justicia no es de ahora. Ha tenido un eje claro por las trabas de los tribunales a sus proyectos nacionalistas, entre ellos el intento de transformar en un monopolio estatal el mercado de energía eléctrica relegando a las empresas privadas. Según el gobernante, la legislación actual, parte de los acuerdos de la segunda versión del NAFTA, “despilfarró miles de millones de dólares en subsidios a empresas privadas”.

Pero el Supremo apoyado en la Constitución no permite monopolios en el país. Ahora ese límite se disuelve. Al mismo tiempo se desarma el instituto que defiende la libertad de información y acaba o reduce el de transparencia, el de libre competencia y el electoral.

En unos días Sheinbaum asumirá sobre este pantanal institucional. Será el rostro de todos los conflictos que sobrevendrán. AMLO, por su parte, quedará a resguardo abrazado a su imagen política y al dedazo. El nuevo rostro del PRI.

© Copyright Clarín 2024