El Tribunal Constitucional de Perú ordenó este martes la liberación inmediata del encarcelado expresidente Alberto Fujimori, condenado a 25 años de cárcel por el asesinato de 25 peruanos durante su gestión, entre 1990 y 2000, luego de considerar válido un indulto que ya había sido anulado previamente.

«Este Tribunal Constitucional ordena que el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y el director del Penal de Barbadillo (donde permanece recluido), en el día, dispongan la inmediata libertad del favorecido, Alberto Fujimori«, reza un auto del TC que beneficia al expresidente, de 85 años.

La resolución lleva la firma de tres de los actuales seis miembros del tribunal, con el voto dirimente del presidente del organismo, Francisco Morales. El cuerpo declaró «fundado el recurso de reposición en el extremo de la ejecución directa e inmediata de la sentencia del 12 de marzo pasado, recaída en el presente proceso».

La decisión del Tribunal Constitucional de Perú llegó cuatro días después de que un juez de Ica, una ciudad al sur de la capital, declarara improcedente la ejecución de esa sentencia constitucional de marzo del 2022, que había dispuesto la liberación de Fujimori al concederle un recurso judicial de habeas corpus. Acto seguido, devolvió el caso al Tribunal Constitucional.

El magistrado local había aludido el viernes a una orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (IDH), que dispuso que el Estado peruano “debe abstenerse de implementar la sentencia dictada por el Tribunal Constitucional del Perú el 17 de marzo del 2022, que restituye los efectos del indulto ’por razones humanitarias’ concedido a Alberto Fujimori” en diciembre del 2017.

Fujimori cumple una condena de 25 años como autor intelectual de 25 asesinatos y lesiones graves durante su gestión (1990-2000) atribuidos a un escuadrón militar clandestino.

En diciembre de 2017 el expresidente peruano se había visto beneficiado por un indulto que le permitió salir de la cárcel. Le fue otorgado por Pedro Pablo Kuczynski, ahora ex mandatario, por razones humanitarias y tras un aparente acuerdo político con su hijo Kenji.

Sin embargo, la Corte Suprema de ese país revocó esa decisión en octubre de 2018. Adujo irregularidades en la tramitación.

Por entonces, Fujimori fue trasladado a una dependencia policial. Días después sufrió una crisis de hipertensión, por la que estuvo internado 112 días en una clínica de Lima. Finalmente, el 24 de enero salió del centro médico y fue trasladado al penal de Barbadillo.

La polémica sobre la posibilidad de su excarcelación resurgió esta semana cuando el Tribunal Constitucional ordenó cumplir, en palabras de su presidente Francisco Morales, con “la inmediata libertad” del exmandatario al denegarse pedidos de aclaración sobre aquel fallo de 2022 en el que concedía un habeas corpus y en el que revalidaba el indulto que le concedió Kuczynski a fines de 2017.

El juez de Ica, distrito en el que había recaído la presentación inicial de Fujimori y la posterior sentencia del tribunal máximo, explicó la semana pasada que no le correspondía ejecutar la sentencia a su despacho sino al propio Tribunal Constitucional, último intérprete de la Constitución.

Fujimori se enteró este martes de la resolución del Tribunal Constitucional por boca de su abogado. «Mostró tranquilidad, esperanza y gratitud con todas las personas que han trabajado por esta justa causa», describió el letrado Elio Riera.

El abogado espera que Fujimori sea liberado este miércoles.

«Entendiendo que el horario de atención es hasta las 16:00 hora local (21:00 GMT) aquí (en el penal), lo más probable es que ya sea el día de mañana. Corresponde continuar trámites administrativos para que ya se pueda viabilizar el oficio de excarcelación», explicó en las puertas del penal donde se encuentra detenido el exmandatario.

Y celebró: «El día de hoy hemos logramos alcanzar justicia, limitada previamente en Ica, la hemos conseguido, hemos logrado que en base al criterio de humanidad y sobre con todo con mayor preponderancia a los mandatos del Tribunal Constitucional, se haga efectiva esta sentencia».

Por último, cuestionó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), que el año pasado dijo que no correspondía implementar el habeas corpus por razones humanitarias. «La Corte Interamericana no puede decidir a quién libera y a quien no», sostuvo.

Con información de AP y EFE