La fiscalía peruana solicitó este viernes 34 años de prisión para el expresidente Pedro Castillo por los delitos de «rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación a la tranquilidad pública» cometidos a fines de 2022 cuando el entonces mandatario intentó disolver el Parlamento.

«Ministerio Público solicita 34 años de prisión contra Pedro Castillo Terrones por los delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación a la tranquilidad pública«, publicó el Ministerio Público a través de su cuenta de Twitter.

El requerimiento fue realizado por la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos.

“El expresidente es acusado de perpetrar el golpe de Estado el pasado 7 de diciembre de 2022”, indicó la fiscalía en la red social.

El 7 de diciembre de 2022, Castillo fue destituido por el Congreso y arrestado poco después de intentar disolver el Parlamento, en una maniobra que no fue respaldada ni por los militares ni por la policía.

Castillo, un izquierdista de 54 años, cumple prisión preventiva hasta diciembre de 2025 en el penal de Barbadillo, que es conocido como una cárcel para expresidentes, porque allí está alojado Alejandro Toledo y hasta hace poco estaba allí Alberto Fujimori.

Por el «delito de rebelión», la Fiscalía también pidió «25 años de prisión contra la expremier Betssy Chávez Chino, los exministros Roberto Sánchez Palomino, Willy Huerta Olivas, los oficiales PNP Manuel Lozada Morales, Jesús Venero Mellado y Eder Infanzón Gómez».

Además, solicitó «15 años de pena privativa de la libertad por el delito de rebelión» para el ex primer ministro y exministro de Justicia Aníbal Torres.

El líder del sindicato de los maestros se encontró acorralado por el Parlamento el 7 de diciembre de 2022, cuando, minutos antes de su presentación ante el pleno para responder por las acusaciones en su contra, eligió anunciar el cierre del Legislativo y formar un Ejecutivo de emergencia que debía gobernar por decreto, además de reconfigurar el sistema de Justicia.

El fallido autogolpe de Castillo no encontró el respaldo de ningún sector y, minutos después, fue destituido por el Parlamento, detenido por su escolta y recluido en prisión por los delitos de rebelión y conspiración.

Luego de que el exmandatario fue removido, el Congreso nombró como su sucesora a su entonces vicepresidenta Dina Boluarte, quien tomó el poder el 7 de diciembre.

Su entonces vicepresidenta juró como la nueva mandataria para dar inicio a un aparente periodo de transición, pues la ciudadanía pedía en las calles el adelanto de elecciones generales, pero esa alternativa fue rechazada, una y otra vez, por el Congreso.

Los reclamos dieron paso a las protestas masivas que, en enfrentamientos con las fuerzas del orden, dejaron 49 fallecidos y además de una veintena más de muertos por sucesos vinculados a las manifestaciones.