El presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, ha traído un rayo de esperanza a quienes apoyan el esfuerzo bélico de Ucrania.

El 31 de marzo, en Fox News, sugirió que intentaría animar a su partido dividido para que apoyara la llamada Ley REPO (sigla en inglés de Reconstrucción de la Prosperidad Económica y Oportunidades).

Esa legislación permitiría al presidente Joe Biden, en colaboración con sus aliados europeos, apoderarse de las reservas de divisas rusas congeladas en Occidente y utilizarlas para ayudar a Ucrania.

Apropiarse de estas reservas sería conveniente bajo una perspectiva política.

Desde la invasión rusa a Ucrania en febrero de 2022, Estados Unidos y sus aliados han invertido más de un cuarto de billón de dólares en la guerra, con pocos resultados concretos. Ucrania ha sufrido últimamente una serie de derrotas en el campo de batalla.

Prolongar la guerra es un proyecto que los estadounidenses de todas las tendencias políticas se han mostrado cada vez menos dispuestos a financiar mediante impuestos.

Johnson respalda el esfuerzo bélico de Ucrania y considera que apoyarlo es una responsabilidad del liderazgo estadounidense.

Pero su caucus —más en sintonía con la base de votantes republicanos— lo ha obstaculizado.

La Ley REPO podría ofrecer tanto a Johnson como a Biden una manera de eludir la controversia.

Hasta ahora, la idea de abastecer a Ucrania a través de un proyecto de ley de gastos ha provocado el rechazo de los republicanos en el Congreso, quienes se preguntan si no sería mejor gastar los impuestos de los estadounidenses en fortalecer la frontera entre Estados Unidos y México.

La Ley REPO, en contraste, podría hacer que “Rusia pague la factura de su propia agresión”, como lo expresó un grupo de académicos de la Institución Brookings.

El propio Johnson la califica de “poesía pura”.

Pero también es una mala idea.

En cualquier país libre existe un recelo constitucional a permitir que el gobierno haga cualquier cosa sin recaudar impuestos, por una buena razón.

Los impuestos y la rendición de cuentas van de la mano.

Por lo general, si los ciudadanos no están pagando un programa gubernamental a través de impuestos, lo hacen de alguna manera menos directa: endeudándose, por ejemplo, o permitiéndole una participación gubernamental descomunal a alguna corporación u otro interés privado.

La Ley REPO conlleva riesgos adicionales.

El propio acto de apoderarse de activos rusos plantearía peligros para la economía estadounidense, porque otros países, no solo Rusia, lo considerarían un acto de pillaje.

Esto podría debilitar el estatus del dólar como principal moneda de reserva mundial.

El dólar es probablemente el activo estratégico más valioso que tiene Estados Unidos.

Ejercemos cierto grado de control sobre la economía mundial porque el mundo, con fines comerciales, permite que sus transacciones pasen a través de nuestra moneda.

Esto nos deja con costos de transacción más baratos y cargas financieras más ligeras.

Nos da un margen para acumular deuda (34 billones de dólares hasta ahora) que otros países no tienen.

Si Rusia, China y otros rivales diplomáticos decidieran que sus activos en dólares son vulnerables y que ya no pueden confiar en el dólar como medio de cambio, sentiríamos el dolor de esos 34 billones de dólares en deuda de una manera que en la actualidad no sentimos.

Conservar las ventajas de una moneda de reserva depende de que nos comportemos como custodios confiables y neutrales de los activos de otros.

Si empezamos a robar el dinero de otros, eso podría cambiar.

Al comienzo de la guerra, Rusia tenía alrededor de 600.000 millones de dólares en reservas.

Eso significa valores en euros, dólares, libras esterlinas, yenes y otras monedas estables y convertibles, además de oro.

En tiempos normales, Rusia, al igual que otros países, maneja esas divisas para facilitar el comercio y estabilizar su propia moneda.

Una pequeña parte de ese dinero —unos pocos miles de millones de dólares— está en Estados Unidos.

La mayor parte de la conversación sobre la incautación de activos rusos se refiere a los aproximadamente 300.000 millones de dólares que se encuentran en Europa, la mayor parte en un depósito en Bélgica llamado Euroclear.

Aunque los europeos regulan este dinero, por lo general, han seguido el ejemplo de Estados Unidos en cuestiones diplomáticas y estratégicas desde el comienzo de la guerra.

Algunos países europeos, sobre todo Alemania, han instado a ser cautelosos antes de decidir apropiarse de las reservas de Rusia, pues temen que tal medida pueda poner en peligro el propio estatus del euro como moneda de reserva (menor).

La Ley REPO podría incitarlos a actuar de manera más agresiva.

La Unión Europea ha propuesto una solución intermedia entre dejar el dinero en paz y apoderarse de todo.

Le ha solicitado a Euroclear que mantenga en cuentas separadas los beneficios generados por sus activos rusos.

Estas ganancias podrían luego ser gravadas con una tasa alta y dichas ganancias entregadas a Ucrania, una maniobra contable que se espera genere alrededor de 3000 millones de dólares al año.

Otros europeos han propuesto una estrategia más imprudente.

Argumentan que los cientos de miles de millones de dólares de Rusia deberían usarse como garantía para un gran préstamo bélico occidental a Ucrania, que se rembolsará con indemnizaciones anticipadas, para las cuales la Unión Europea podría remplazar a Ucrania como solicitante.

Estos debates se reducen a la diferencia entre congelar activos e incautarlos .

En los últimos meses, Biden y su gobierno han abogado por tomar posesión directa de las reservas rusas y utilizarlas para financiar la guerra contra Rusia, una medida que sería al menos radical, por no decir enteramente inaudita.

Congelar reservas es algo que sucede con regularidad.

Pero apoderarse de ellas es algo que solo se ha hecho en circunstancias drásticas, y solo de forma limitada.

Estados Unidos congeló los activos iraníes en los primeros días de la crisis de los rehenes de 1979, pero la mayoría de ellos fueron liberados dos años después.

Activos congelados fueron utilizados para pagar indemnizaciones de guerra a las víctimas kuwaitíes de la invasión de Irak en 1990, pero eso se realizó siguiendo un plan aprobado por el Consejo de Seguridad de la ONU el año siguiente.

Estados Unidos confiscó alrededor de 1700 millones de dólares de Irak en 2003, pero eso fue en medio de la guerra.

Y en septiembre del año pasado, el propio Biden devolvió unos cuantos miles de millones de dólares en activos congelados a Irán como parte de un acuerdo que involucró la repatriación de estadounidenses encarcelados allí.

Por lo general, la congelación no ha significado confiscación.

Sin embargo, las cosas empezaron a cambiar con la caótica retirada de las tropas estadounidenses de Afganistán en el verano de 2021.

Posteriormente, el gobierno de Biden congeló los 7000 millones de dólares en reservas del país y destinó la mitad a un fondo de compensación para las familias de las víctimas de los ataques del 11 de septiembre.

Aunque podría decirse que fue una medida en tiempos de guerra, este tipo de incautación fue irregular y sorpresiva.

Pocos lo vieron como un precedente:

el banco central de Rusia no ocultó sus reservas a través de empresas fantasma u otros trucos en vísperas de su invasión a Ucrania.

Nadie parece haber considerado la posibilidad de que una autoridad bancaria extranjera pudiera simplemente apoderarse del dinero.

Biden y Johnson, cada uno a su manera, están reclamando el liderazgo moral para sus respectivos partidos.

“El liderazgo estadounidense es lo que mantiene unido al mundo”, dijo Biden el otoño pasado, y afirmó que alejarse de Ucrania pondría en riesgo ese liderazgo. Johnson ha acusado a Biden de “proyectar debilidad” en su política exterior y está presentando una alternativa.

La preocupación mayor no es moral sino práctica.

Si se promulga la Ley REPO, entonces las incautaciones de divisas, que en la actualidad son percibidas como una herramienta de último recurso, podrían convertirse en un procedimiento operativo estándar, en detrimento de Estados Unidos.

Cualquier gobierno extranjero susceptible de tener un bloque de votantes estadounidense en su contra —China, para empezar— lo pensaría dos veces antes de depositar sus activos en Estados Unidos o en uno de sus aliados de la OTAN.

Esto todavía no es una probabilidad, pero sí es una posibilidad que ningún político de ninguno de los partidos debería perder de vista.

Durante décadas, Estados Unidos ha estado aplazando decisiones difíciles en el país y en el extranjero y maquillando las divisiones partidistas con las decenas de billones de dólares que nuestra ventajosa posición internacional nos ha permitido pedir prestadas.

Nuestras opciones, sin embargo, se están reduciendo.

Si Johnson cree que Estados Unidos está “proyectando debilidad” ahora, esperen a que vea a la nación sin su moneda de reserva.

c.2024 The New York Times Company