Estados Unidos le dio un plazo de 72 horas al embajador sudafricano en Washington, Ebrahim Rasool, para abandonar el país luego de que el jefe de la diplomacia estadounidense lo declarara «persona non grata».

El secretario de Estado, Marco Rubio, acusó a Rasool de ser un «político racista que odia a América» y al presidente Donald Trump, en un nuevo ataque de la administración estadounidense hacia Sudáfrica que el funcionario publicó en su cuenta de X.

Sudáfrica ha sido uno de los blancos favoritos del Gobierno estadounidense desde que Trump regresó a la Casa Blanca, con acusaciones de tratar de manera «injusta» a los descendientes de colonos europeos y críticas por la demanda por genocidio que presentó contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia.

«El Departamento de Estado le informó ayer (a Rasool) que tenía 72 horas para abandonar el país«, declaró Chrispin Phiri en un breve comunicado, confirmando las informaciones de los medios de comunicación sudafricanos.

«El embajador Rasool estaba a punto de reunirse con responsables estratégicos en la Casa Blanca. Este hecho lamentable anula los avances significativos», expresó Phiri después de semanas de polémicas y preocupaciones sobre el futuro del acuerdo comercial AGOA (sigla en inglés de la Ley de Crecimiento y Oportunidades en África), que permite exportar ciertos bienes sin impuestos hacia Estados Unidos.

La presidencia sudafricana calificó la expulsión de «lamentable», y el ministro de Relaciones Exteriores la describió como un hecho «sin precedentes», en una entrevista con la cadena de noticias de la televisión pública SABC.

«En el marco de relaciones diplomáticas normales se habría debido realizar un acercamiento al embajador para que explicara sus comentarios», subrayó.

La inquina de Trump con el Gobierno sudafricano que lidera el presidente Cyril Ramaphosa tiene raíz en un proyecto de ley que el mandatario impulsa y que estipula que el Gobierno puede, en determinadas circunstancias, ofrecer una «compensación nula» por las propiedades que decida expropiar en aras del interés público.

El mes pasado, Trump firmó una orden ejecutiva para cortar la ayuda financiera a Sudáfrica citando la desaprobación de su política de tierras y acusando al país de apoderarse de la propiedad agrí­cola de los afrikaaners, la minoría étnica de origen europeo que fue puntal de la colonización de esa región de África. En Sudáfrica, la mayoría de las tierras agrícolas sigue siendo propiedad de personas blancas tres décadas después del fin del apartheid.

«Sudáfrica está confiscando tierras y tratando MUY MAL a ciertas clases de personas. ¡Cortaré toda financiación futura a Sudáfrica hasta que se haya completado una investigación completa de esta situación!», «, escribió en ese momento Trump en su plataforma Truth Social.

Pocos días después de la decisión de Trump, Washington comunicó que no iba a participar de la reunión del G20 el 20 y el 21 de febrero en Sudáfrica.

«Sudáfrica está haciendo cosas muy malas. Expropiando propiedad privada. Utilizando el G20 para promover ‘solidaridad, igualdad y sostenibilidad’», expresó en aquella ocasión Rubio.

Donald Trump está considerando una nueva prohibición de ingresos a los Estados Unidos, mucho más amplia que la que el republicano impuso en su primer mandato presidencial. Abarcaría a más de 40 países, en tres niveles diferentes.

Según el diario The New York Times, que publicó la información citando a varios funcionarios que hablaron bajo condición de anonimato, el borrador con la lista de países incluye a 43 naciones, con tres categorías de restricciones de viajes. Pero esa lista fue redactada hace semanas por el Departamento de Estado, y podría cambiar cuando llegue a la Casa Blanca.

La categoría roja es la que sufriría una restricción total e incluye a los países cuyos ciudadanos no podrán ingresar a Estados Unidos. Ahí están Afganistán, Bután, Cuba, Irán, Libia, Corea del Norte, Somalia, Sudán, Siria, Venezuela y Yemen.

La segunda categoría es la naranja y ahí aparecen otros 10 países: Bielorrusia, Eritrea, Haití, Laos, Birmania, Pakistán, Rusia, Sierra Leona, Sudán del Sur y Turkmenistán. Los ciudadanos de estos países tendrían los viajes restringidos, pero no suspendidos.

En estos casos, se podría permitir la entrada a viajeros de negocios adinerados, pero no a quienes viajen con visas de inmigrante o turista. Los ciudadanos incluidos en esta lista también estarían sujetos a entrevistas personales obligatorias para obtener una visa.

Otros 22 países en la categoría amarilla tendrán 60 días para presentar descargos o podrían pasar a las otros dos niveles. La lista la completan Angola, Antigua y Barbuda, Benín, Burkina Faso, Camboya, Camerún, Cabo Verde, Chad, Congo, Dominica, Guinea Ecuatorial, Gambia, Liberia, Malaui, Mali, Mauritania, República Democrática del Congo, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucia, Santo Tomé y Príncipe, Vanuatu, y Zimbabue.

Los motivos que los colocaron en esta lista incluyen la falta de intercambio con Estados Unidos de información sobre los viajeros, prácticas de seguridad supuestamente inadecuadas para la emisión de pasaportes o la venta de ciudadanía a personas de países prohibidos.

Algunos de los países incluidos en las listas preliminares roja y naranja ya fueron sancionados por Trump durante las prohibiciones de viaje impuestas durante su primer mandato, pero muchos son nuevos. Algunos comparten características con las listas anteriores: generalmente son de mayoría musulmana o no blancos, pobres, y tienen gobiernos considerados débiles o corruptos.

Pero algunos no presentan un motivo claro para su inclusión. Un ejemplo es Bután, un país pequeño budista e hindú que se encuentra entre China e India, países que no figuran en las listas preliminares.

La propuesta de restringir drásticamente, o incluso prohibir por completo, la entrada de visitantes procedentes de Rusia plantea un problema diferente. Si bien el gobierno ruso tiene fama de corrupto, Trump ha estado intentando reorientar la política exterior estadounidense hacia una dirección más favorable a Rusia.

En una situación similar se encuentra la decisión de incluir a Venezuela, lo que también podría interrumpir una incipiente distensión en las relaciones que ha sido útil para los esfuerzos de Trump por deportar a migrantes indocumentados.

En uno de sus primeros actos como presidente tras asumir el cargo el 20 de enero, Trump emitió una orden ejecutiva exigiendo al Departamento de Estado identificar los países «cuya información sobre verificación y selección sea tan deficiente que justifique una suspensión parcial o total de la admisión de ciudadanos de dichos países«.

En esa orden se otorgaba al departamento 60 días para elaborar un informe para la Casa Blanca con esa lista, lo que significa que la lista definitiva debe presentarse la próxima semana.