El opositor venezolano Edmundo González Urrutia faltó este lunes a una comparecencia ante la fiscalía, que volvió a citarlo para el martes en medio de una investigación penal en su contra tras denunciar fraude en las elecciones del 28 de julio.

González Urrutia -en la clandestinidad desde hace tres semanas- reivindica su victoria en los comicios en los que el presidente Nicolás Maduro fue proclamado para un tercer mandato consecutivo con el 52% de los votos.

«Citado por segunda vez Edmundo González para que asista este martes al Ministerio Público», escribió el fiscal Tarek William Saab en un mensaje a la AFP, que acompañó con una copia de la boleta de citación, que lo convoca a las 10 de la mañana, a las once en Argentina.

Amenazado de cárcel por Maduro, González es investigado por la presunta comisión de delitos como «usurpación de funciones» y «forjamiento de documento público».

González calificó el domingo a Saab de «acusador político».

«Condena por anticipado y ahora impulsa una citación sin garantías de independencia y del debido proceso», comentó en un video en redes sociales este diplomático de 74 años, quien reivindica su triunfo en las urnas.

«El Ministerio Público pretende someterme a una entrevista sin que se precise en qué condición se espera que comparezca (imputado, testigo o experto según la ley venezolana) y precalificando delitos no cometidos», continuó González, quien apareció por última vez en público dos días después de los comicios, en una manifestación opositora en Caracas.

Desde entonces, se limita a pronunciamientos vía internet.

Maduro lo tildó de «cobarde», mientras que Saab lo responsabiliza junto a la dirigente opositora María Corina Machado por hechos de violencia en protestas poselectorales que dejaron 27 muertos -dos de ellos militares-, casi 200 heridos y más de 2.400 detenidos.

El Consejo Nacional Electoral (CNE), de línea oficialista, proclamó a Maduro reelecto para un tercer mandato de seis años, con 52% de los votos, sin publicar el escrutinio mesa por mesa como exige la ley. Alega que su sistema fue jaqueado.

La oposición asegura que González Urrutia ganó con 67% de los sufragios, según copias de actas que divulgó en la web y que el chavismo califica de «forjadas».

Ante un recurso de Maduro, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) convalidó el 22 de agosto los resultados y acusó de «desacato» a González por negarse a ir a las audiencias. El opositor argumentó «indefensión».

Uno de los directivos del CNE, Juan Carlos Delpino, que representaba a la oposición en el organismo, denunció «irregularidades» en la elección del 28 de julio.

«Todo lo ocurrido antes, durante y después de la elección presidencial señala la gravedad de la falta de transparencia y veracidad de los resultados anunciados», escribió Delpino, quien dijo no haber estado presente en el momento de la totalización de los resultados.

También pasó a la clandestinidad.

La citación de González se anunció el sábado en el marco de una investigación por «usurpación de funciones, forjamiento de documento público, instigación a la desobediencia de las leyes, delitos informáticos, asociación para delinquir y conspiración», según un documento divulgado por la fiscalía.

El abogado Joel García, que defiende a opositores encarcelados, advirtió que «por todo ese catálogo de delitos, la pena pudiese llegar a 30 años», la máxima en el país.

García denunció «vicios» en la citación, que convoca a González a «rendir entrevista» sin aclarar «en calidad de qué es citado».

«Pareciera que es imputado (…). Si es así (…), debe comparecer acompañado de su defensa. Entonces el citado va a los tribunales y en un tribunal de control se designa a su defensor y es cuando puede acudir», dijo el jurista a la AFP. «De no ser así, sería nula cualquier cosa que pudiese declarar«, añade.

Si un imputado deja de comparecer, la fiscalía podría solicitar a un tribunal una orden de arresto.

Machado llamó a protestas para el próximo miércoles, cuando se cumple un mes de la elección.

La independencia del CNE y el TSJ es puesta en tela de juicio por una misión de la ONU que evalúa la situación de derechos humanos en Venezuela. Estados Unidos, 10 países de América Latina y el jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell, rechazaron la sentencia de la corte suprema.

En esfuerzos por una negociación entre Maduro y la oposición, los presidentes de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y de Colombia, Gustavo Petro, insistieron en un comunicado conjunto en que deben publicarse resultados «desglosados y verificables».

El TSJ exhortó al CNE a publicar «resultados definitivos», sin pedir detalle mesa por mesa.