El Banco Central adoptó una posición de estricto hermetismo respecto de la o las entidades con las que se hizo la cobertura del oro en 2025. La tesitura se repite igual en el Gobierno. Esto, después de que la Auditoría General de la Nación (AGN) señalara que esas operaciones le generaron a la autoridad monetaria una pérdida de US$1.023 millones, pagada con divisas.

Tanto el BCRA como la Casa Rosada puntualizaron en que la AGN -liderada por el peronista capitalino Juan Manuel Olmos– tuvo una intención “puramente política”. Alegaron que las posiciones en oro del Central, incluidas las coberturas, arrojaron una ganancia neta de US$2505 millones.

Sin embargo, desde la entidad comandada por Santiago Bausili evitaron dar a el detalle de quién fue la contraparte de la cobertura.

“Es una información que por ahora el BCRA no hará pública”, alegaron desde el Banco Central, sin mayores detalles sobre el porqué y en medio de las especulaciones que ya sembró la oposición.

Tanto en el Gobierno como en el Ministerio de Economía, previamente, habían remitido las consultas de este medio al BCRA.

El martes, el vocero presidencial, Adrián Ravier, también evitó ante responder sobre la o las entidades con las que se hizo la operación. “No tengo el nombre de la empresa que tomó la cobertura”, dijo.

Si el vocero tenía preparada una respuesta para defender la medida. Ravier sostuvo, primero, que las posiciones en oro del Banco Central derivaron en US$2500 millones de ganancia. “Si miramos el punto del oro, representa 20% de las reservas internacionales. Esto habla de un activo muy importante. La política habitual de los bancos centrales, incluso de este en períodos anteriores, es tratar de darle estabilidad a un activo tan importante. En otro tiempo se podría haber dicho que el oro era muy estable por sí mismo, pero la realidad es que hoy estamos observando mucha volatilidad con el precio; entonces, no es un error tomar una cobertura, un seguro, para cubrirse de la dinámica y la volatilidad del precio”, justificó.

En eso, el vocero del Presidente comparó la cobertura con un seguro para un auto. Dijo que si cualquier persona paga una póliza y durante todo el año no tiene ningún accidente, podría pensar que perdió dinero por haberla contratado. “Aquí es lo mismo: con el diario del lunes es fácil decir que el BCRA perdió dinero con la cobertura, pero la realidad es que no sabíamos un año atrás que el precio del oro iba a subir lo que subió, mas de 60%”, marcó.

Acto seguido, hizo esta cuenta: “Producto del aumento del precio del oro, el activo del Banco Central tuvo una ganancia de US$3500 millones. La cobertura implicó una deducción de US$1000 millones. La ganancia supera los US$2500 millones″.

Entonces, Ravier planteó que si el valor del oro hubiera bajado, el Central hubiera tenido con qué cubrirse y denunció una “politización” de la AGN.

“La auditoría en el informe habla de una ‘acción especulativa’ del Central y, después, de una ‘cobertura’. O es una; o es la otra. ‘Especulativa’ sería si no se hubiera tomado la cobertura porque el BCRA hubiese especulado que el precio iba a ir subiendo, no iba a necesitarla e iba a ganar con ese aumento. Como no quiere el Gobierno especular qué va a pasar con el precio del oro, se cubre con un seguro, tratando de darle estabilidad”, dijo para defender la movida.

La definición de Ravier fue en total sintonía con lo que había explicado el Central apenas se conoció el informe de la AGN. En ese momento, la autoridad monetaria sostuvo que este tipo de operaciones son una práctica habitual desde 2007.

En el reporte que generó la controversia, la AGN definió que los estados contables del Central al 31 de diciembre de 2025 “son razonables, en sus aspectos técnicos, sobre la situación patrimonial de la entidad”, pero hizo un “señalamiento” sobre el resultado de las operaciones vinculadas a las reservas de oro.

“Durante 2025, el BCRA realizó operaciones financieras especulando con una determinada trayectoria para el precio internacional del oro, erró el cálculo y perdió US$1023 millones, según surge de las registraciones contables”, planteó la AGN en el informe que presentó Olmos y que desató la reacción de la Casa Rosada y el BCRA, que igual siguen sin decir quién fue la contraparte.

El juez Alejandro Gabriel López, quien quedó en medio de la polémica por un fallo que absolvió a los jefes sindicales que bloquearon una empresa y sitiaron la ciudad de San Nicolás, enfrenta el primer pedido de juicio político.

El exintendente de San Nicolás, Manuel Passaglia, formalizó la denuncia ante la Secretaría Permanente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Buenos Aires.

El juez López integra el Tribunal Oral en lo Criminal N.º 2 del Departamento Judicial San Nicolás.

La presentación busca que se investigue la actuación del magistrado por posible mal desempeño e incumplimiento grave de los deberes de su cargo al dictar el veredicto absolutorio del pasado 14 de octubre de 2026.

El expediente juzgó los episodios ocurridos a principios de 2021 en la planta de la firma Rey Distribución S.R.L. En dicha causa, Maximiliano Cabaleyro y otros dirigentes enfrentaban cargos por turbación de la posesión, coacción en grado de tentativa y extorsión tras una serie de medidas de fuerza que impidieron el funcionamiento y la salida de vehículos de la distribuidora.

Con el patrocinio letrado del abogado Ignacio Mateucci, la presentación argumenta que el juez incurrió en deficiencias graves al momento de justificar el derecho de huelga.

Entre los puntos centrales de la denuncia se destacan:

“Judicializar la huelga fue un despropósito”, escribió el juez López al absolver a los sindicalistas de Camioneros que bloquearon los accesos a San Nicolás, a pesar de que la fiscalía había pedido 10 años de prisión por los delitos de turbación de la posesión, coacción, extorsión y amenazas.

López llegó al Tribunal Oral N° 2 de San Nicolás en 2019, durante la gestión de María Eugenia Vidal. El Senado bonaerense lo aprobó por unanimidad, a través de un acuerdo entre el peronismo y Juntos por el Cambio.

En un veredicto de 120 páginas, López sostuvo que los bloqueos a la distribuidora Rey fueron ejercicio del derecho de huelga y que contra Maximiliano Cabaleyro no hubo “un solo testigo” que lo viera recibir o exigir dinero.

En el sorpresivo giro contra el pedido de prisión, López firmó un veredicto que cuestionó con dureza a la fiscalía y a la querella.

La entonces gobernadora María Eugenia Vidal designó a López por el decreto 1178/19, tras la aprobación del pliego.

El tribunal era nuevo, creado por la ley 14.612, y la Suprema Corte bonaerense fijó su inicio de actividades para el 11 de noviembre de 2019.

El fallo fue descalificado por el diputado bonaerense Manuel Pasaglia, intendente de San Nicolás al momento de la agresión, quien calificó a López de “garantista”.

“Una muestra más de un juez garantista; bloquearon una empresa, bloquearon una ciudad; y no pasa nada”, tuiteó Passaglia en X.

“Todos los vecinos de San Nicolás recordamos cuando estos mafiosos de la mano de los Moyano quisieron hacer colapsar nuestra ciudad: bloquearon los accesos e impidieron la entrega de comida y la recolección de basura”, agregó en su mensaje. Y completó: “Fueron los nicoleños los que aguantaron y resistieron. Y al final les torcimos el brazo. Por eso, decisiones como la de este juez son un retroceso. Porque vuelven a darle poder a los que bloquean, aprietan y extorsionan, y perjudican a los que trabajan, producen y cumplen la ley”.

El juez dio por probados los dos bloqueos a la empresa de transporte Rey Distribución, en San Pedro: el del 15 de enero de 2021 y el del 22 al 25 de febrero de ese año.

Pero dijo que no constituyen un delito penal, sino parte del ejercicio del derecho de huelga. Dijo que el Código Penal “excluye la responsabilidad de quien obra ‘en el legítimo ejercicio de un derecho’”.

Con ese argumento absolvió a Cabaleyro y a otros seis acusados: Maximiliano Pérez, Carlos y Enzo Ojeda, Matías y Lucas Torrez y Edgardo Di Mayo.

López rechazó que el derecho de propiedad y el de huelga deban ponderarse como equivalentes. “Esta línea de argumentación sólo permitiría llegar a la conclusión de que ninguna huelga es legítima. No hay modo en que el derecho de huelga se ejerza sin afectar otros derechos”, escribió.

El bloqueo de la planta provocó el aislamiento temporal de la ciudad y generó gran indignación entre los vecinos.

El veredicto también cuestionó el uso de escuchas telefónicas, que según el juez fue “desproporcionado” para un “magro resultado”.

La fiscalía, a cargo de María del Valle Viviani y Verónica Marcantonio, había pedido diez años de prisión. La querella de la familia Rey, patrocinada por la senadora Florencia Arietto (LLA), reclamaba 15. Las fiscales anticiparon que apelarán.

López había sido protagonista de otro fallo polémico cuando dispuso que el abusador Pablo Javier Gordillo cumpliera cinco años de prisión bajo la modalidad de arresto domiciliario.

Gordillo había sido encontrado culpable por un jurado popular del delito de abuso sexual gravemente ultrajante agravado.