El mercado de oficinas en Argentina enfrenta el reto de su reconversión. Tradicionalmente, el desempeño del sector se midió en ladrillos y hormigón, pero las proyecciones para 2028 muestran que los metros cuadrados previstos no alcanzarán para absorber una demanda cada vez más selectiva, que prioriza servicios y calidad. Con una absorción neta que en 2025 marcó el mayor movimiento de la década, la vacancia en el segmento alta gama mantiene una baja constante, impulsada por el fenómeno de flight to quality.

Los datos del primer trimestre de 2026 refuerzan esta tendencia: la absorción neta del mercado Clase A en Buenos Aires fue de 19.405 m², y la tasa de vacancia bajó a 14,9% tras varios trimestres consecutivos de descenso. Un año atrás, ese indicador estaba en 16,5%. La disponibilidad total se precisó en 340.044 m² sobre un inventario de 2.283.838 m², mientras que la incorporación de nueva superficie fue de apenas 3.850 m² en el trimestre.

En este contexto, el reto se traslada: construir deja de ser el eje y toma protagonismo la reconversión. Existe una diferencia entre la sobreoferta de edificios Clase B y la escasez de producto Premium que abre una oportunidad financiera a través de la modernización de inmuebles.

Un ejemplo es la Torre Pirelli, ubicada en el corazón del Microcentro porteño, y la Torre ProUrban -conocida como el “Rulero” de Libertador-. Ambos edificios, mediante la incorporación de tecnología, el rediseño de plantas y la elevación de estándares operativos, lograron reposicionarse en el segmento A y capturar rentas más altas. La transformación integral fue resultado de una decisión de gestión y no de intervenciones superficiales; la modernización implica también optar por un gerenciamiento profesional.

La segmentación del mercado evidencia el nuevo escenario. Submercados con alta calidad edilicia, como Puerto Madero (8,2% de vacancia), Polo Saavedra (5,3%) y Corredor Libertador GBA (9,8%), exhiben vacancias muy inferiores al promedio de la ciudad, mientras que zonas como Microcentro (25,0%) y Corredor Panamericana (23,9%) concentran la mayor superficie desocupada. Esta disparidad responde a la diferencia clara entre activos que lograron aumentar su propuesta de valor y aquellos que no superaron el estándar tradicional.

Si bien la infraestructura es la base inicial, alcanzar la categoría Premium demanda una transformación operativa. Convertir un activo Clase B en uno A o A+ depende en gran medida de elevar el nivel de servicio al mismo nivel de la calidad constructiva. Las empresas, que compiten por captar y retener talento, eligen oficinas donde el bienestar, la experiencia y los servicios sean parte central de la propuesta.

Hoy los edificios de oficinas necesitan robustecer tanto su propuesta “blanda” -experiencia, servicios, bienestar- como su estructura “dura” -infraestructura, prestaciones, seguridad-. Sin embargo, un tercer componente suele pasar inadvertido: el equipo humano responsable de la operación diaria del edificio. Un proyecto triple A promete tiempo, confort y soluciones. Para sostener estos atributos, el personal de un edificio Premium trasciende el rol tradicional de “seguridad” o “limpieza” y se convierte en anfitrión de una experiencia de hospitalidad.

El gerenciamiento profesional deja de ser una cuestión administrativa para convertirse en una herramienta clave. No se trata solo de administrar expensas; es custodiar la integridad de la propuesta de valor y articular el vínculo entre arquitectura y servicio de alta gama. La calidad de este gerenciamiento marca el ritmo para evitar la depreciación acelerada de los activos frente a su amortización contable.

En los próximos años, el mercado de oficinas en Buenos Aires enfrentará una demanda creciente y exigente, con una cartera de nuevos desarrollos que no estará funcional antes de 2028.

El autor es cofundador y CEO de Wave

Luego de varias semanas con noticias semiamargas para el Gobierno, la última dejó una acumulación de señales favorables para la economía argentina. El EMAE (proxy del PBI) de marzo rebotó 3,5% mensual desestacionalizado y más que compensó la caída de febrero; el FMI aprobó la segunda revisión del acuerdo de Facilidades Extendidas y habilitó un nuevo desembolso por USD 1.000 millones; y el Gobierno anunció, casi por sorpresa, una reducción permanente de retenciones para trigo y cebada junto con una eliminación transitoria para algunos sectores industriales.

En paralelo, mejoró la confianza del consumidor, se confirmó que el Tesoro siguió comprando dólares al BCRA y los bonos Globales se recuperaron de un arranque turbulento, ayudados también por un mejor clima internacional. El mercado volvió a reaccionar a un combo que gana peso en la historia de crédito argentina: más actividad y más reservas.

El dato de actividad fue alentador, aunque convino leerlo con cautela. El propio BCRA reconoció en su último Informe de Política Monetaria que los registros de febrero y marzo estuvieron afectados por factores puntuales, entre ellos paros en la industria, menor cantidad de días hábiles y efectos de base. Mirado el bimestre en conjunto, la foto fue más representativa: la actividad de marzo se ubicó 0,7% por encima de enero y 5,5% arriba en la comparación interanual.

Las compras del BCRA en el mercado oficial volvieron a acelerar y acumularon unos USD 9.000 millones en lo que va del año. Si bien el FMI destacó que la meta de reservas netas no se cumplió a diciembre del año pasado, reconoció avances, validó medidas correctivas y dejó la puerta abierta a que el objetivo incluso pueda sobrecumplirse este año.

Para un programa que el mercado juzgó, en buena medida, por su capacidad de acumular poder de fuego, el dato no fue menor.

Hecho este balance de la semana, el foco pasa a los bonos. Tras años de volatilidad, la prudencia se volvió un instinto de supervivencia, pero hay momentos en que incluso el inversor más escéptico necesita hacerse una pregunta menos emocional: ¿cuál es hoy el verdadero costo de oportunidad de “mirar desde afuera”?

Para dimensionar ese costo, conviene mirar un ejercicio simple de puntos de indiferencia. La idea consiste en estimar, para cada Global argentino, cuál debería ser su exit yield al 29 de octubre de 2027 para que el retorno total de mantenerlo hasta esa fecha iguale el de una alternativa más conservadora. La fecha no fue elegida al azar: octubre de 2027 coincide con las elecciones presidenciales, una instancia que el mercado suele leer como la prueba de estrés para la deuda.

El concepto de exit yield refiere a la Tasa Interna de Retorno (TIR) a la que debería rendir el bono en esa fecha de salida. En otras palabras, no se pregunta cuánto debería valer el bono hoy ni cuánto podría subir o bajar en el camino, sino qué rendimiento tendría que convalidar el mercado postelectoral para que, mirando hacia atrás, hubiera dado lo mismo quedarse en el soberano o haber elegido otra alternativa.

La mecánica parte del precio dirty actual de cada bono, incorpora los pagos intermedios hasta el 29 de octubre de 2027 y calcula el precio de salida consistente con tres costos de oportunidad. El primero es Vista 2038 al 7% anual. El segundo es un bono del Tesoro de los Estados Unidos (Treasury) a un año al 3,80% anual. En estos dos casos, se asume que las tasas se mantienen constantes. El tercero es un umbral nominal de 0%, como referencia extrema para medir cuánto debería deteriorarse cada bono para no dejar retorno alguno entre hoy y esa fecha.

Los ejemplos ayudan a llevar la intuición a números. El GD30 hoy rinde 8,9% anual. Para que mantenerlo hasta octubre de 2027 empate el retorno de quedarse en un Treasury al 3,80%, su exit yield debería ubicarse en 18,4%. Si la referencia fuera Vista 2038 al 7%, esa tasa de salida sería 12,1%. Y para que el retorno acumulado fuera nulo, el GD30 debería cerrar ese día rindiendo 27,1 por ciento.

En el GD35 la lógica es la misma. Su rendimiento actual ronda el 10,1%. Para empatar el retorno de un Treasury al 3,80%, la exit yield de indiferencia sería 12,3%. Si la comparación se hiciera contra Vista 2038 al 7%, la tasa de salida compatible sería 11,1%. Y si el umbral fuera no ganar ni perder en términos nominales, el GD35 debería rendir 13,8% a fines de octubre de 2027.

Cuando el ejercicio pasa del bono individual a la curva agregada, el mensaje queda más nítido. El proxy de EMBI (riesgo país) equivalente para octubre de 2027 se ubica hoy en torno a 515 puntos básicos. Bajo el escenario de indiferencia frente a Vista 2038 al 7%, ese proxy subiría a 678 puntos básicos. Si la alternativa fuera un Treasury al 3,80%, escalaría hasta 885 puntos básicos. Y si el umbral fuera un retorno nominal nulo, treparía hasta 1.165 puntos básicos.

En términos simples: para que refugiarse hoy en un Treasury termine siendo una mejor decisión que mantener los Globales hasta el día posterior a la elección presidencial, la deuda argentina debería llegar a esa fecha con un castigo suficiente como para convalidar riesgo país cercano a 885 puntos básicos. Cabe recordar que el Gobierno inició su mandato con un riesgo país mayor a 2.000 puntos.

Desde ya, se trata de un ejercicio simplificado. Sirve para poner en perspectiva el costo de oportunidad implícito detrás de decisiones más defensivas y para traducirlo a un proxy de riesgo país equivalente, pero no pretende replicar de manera exacta la metodología del EMBI de JPMorgan.

Tampoco captura por completo la volatilidad del camino, los supuestos de reinversión ni los cambios de régimen que pueden alterar la trayectoria de los precios. En un activo tan sensible al contexto político y financiero como la deuda argentina, la diversificación siguió siendo una aliada clave.

El escenario salarial atraviesa una etapa marcada por la tensión entre el ritmo de las negociaciones paritarias y la dinámica inflacionaria. Los acuerdos entre sindicatos y empleadores, que históricamente funcionaron como el principal mecanismo de recomposición del poder adquisitivo, muestran señales de debilitamiento ante la falta de homologación por parte de la Secretaría de Trabajo y el nivel de actividad. En este contexto, la capacidad de los convenios colectivos para sostener el valor de los salarios viene resultando limitada.

Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), los salarios formales registraron un aumento de 3% mensual en marzo, por lo que volvieron a quedar por debajo del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que fue de 3,4 por ciento.

Más específicamente, de acuerdo al último informe de la cartera de Trabajo, el salario conformado medio de los principales Convenios Colectivos de Trabajo (CCT) experimentó una contracción real del 0,5% mensual y 5% interanual en dicho mes. El declive alcanza los seis puntos porcentuales si se compara con noviembre de 2023.

Solo tres gremios lograron escapar a la tendencia general: aceiteros, encargados de edificio y transporte automotor.

El reporte oficial analizó que desde la reactivación de la negociación colectiva sectorial a mediados de los 2000, los acuerdos paritarios fueron un factor clave en la determinación de los salarios del empleo registrado, con aumentos negociados que se trasladaban fielmente a los sueldos efectivos.

Desde principios de 2021 y con mayor claridad desde inicios de 2025, los convenios comenzaron a presentar un comportamiento cada vez más diferenciado. Según el informe, “el rol de la negociación colectiva estaría perdiendo peso en la dinámica salarial actual”.

La consultora Audemus hizo un relevamiento sobre las variaciones reales de los salarios en los principales convenios y arrojó los siguientes datos:

• Comercio – Faceys: en el primer cuatrimestre de 2026, la caída acumulada del poder adquisitivo se moderó hasta el 7,7%. Los salarios del sector, medidos contra noviembre de 2023 -último mes antes del cambio de gestión-, se sitúan 17,2% por debajo.
• Construcción – Uocra: los salarios acumularon una leve baja del 0,1% en los primeros cuatro meses de 2026 y permanecen 3% por debajo de los valores reales de noviembre de 2023.
• Metalmecánicos – UOM: entre enero y abril, los salarios reales registraron una retracción del 6,9%. A su vez, resultan 5,8% inferiores a los del último mes pleno del gobierno de Alberto Fernández.
• Sanidad – Fatsa: el primer cuatrimestre de 2026 dejó una contracción del 3,4% en los salarios del sector. Desde el inicio del gobierno de Javier Milei, la pérdida acumulada asciende al 9,3 por ciento.
• Alimentación – FTIA: los sueldos anotan una caída del 2,4% en lo que va del año. Persiste una brecha de 3,9% en relación al nivel real de noviembre de 2023.
• Transporte de pasajeros – UTA: los salarios crecieron 5,9% entre enero y abril de 2026, impulsados por una suba real del 6,8% en enero. Pese a ello, la distancia respecto de noviembre de 2023 sigue siendo pronunciada, con un rezago del 12,4 por ciento.
• Textiles – AOT: el gremio registró el mayor deterioro del cuatrimestre, con una caída salarial acumulada del 7,9%. Frente a noviembre de 2023, los ingresos están 26,4% por debajo.

Sucede que el Ejecutivo fijó una pauta salarial en torno al 2%. Algunos gremios eligen adaptarse para garantizar la homologación, mientras que otros presionan para lograr aumentos superiores o intentan que las empresas paguen las mejoras pendientes de convalidación formal.

Fuentes de la CGT destacan que la mayoría de las compañías suelen respetar lo firmado por encima de ese nivel, más allá de las problemáticas que puede generar a la hora del cierre de balances; pero muchas directamente no están en condiciones financieras de afrontar subas salariales por el estancamiento de la actividad. Ello explica, en parte, la mencionada pérdida de poder adquisitivo. La aceleración de los despidos también ejerce presión.

Desde CP Consultora resaltaron: “Las caídas implícitas en términos reales en los acuerdos paritarios han sido de tal magnitud que las negociaciones han reincorporado mecanismos compensatorios a través de sumas fijas. Se trata de un instrumento mediante el cual el Gobierno ha buscado morigerar la retracción del salario real ante episodios de suba de la inflación, aunque sin quebrar la tendencia descendente de los ingresos”.

El secretario general de la CTA Autónoma, Hugo “Cachorro” Godoy, dijo a Infobae que el techo a las paritarias del Gobierno está profundizando la conflictividad, dado que buscan quebrar la imposición. Como estrategia complementaria, piden adelantar la reunión del Consejo Nacional de Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), prevista inicialmente para agosto, con el objetivo de evitar que este siga actuando como un ancla que “empuja hacia abajo” la discusión.

Los últimos acuerdos paritarios de los principales gremios incluyen actualizaciones menores a la inflación esperada. A saber, el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central arrojó que los analistas anticipan una variación del IPC de 2,3% para mayo, 2,1% para junio, 2% para julio y 1,8% para agosto.

En este marco, la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra) acordó con la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) y la Federación Argentina de Entidades de la Construcción (FAEC) un incremento acumulativo del 7,7% para el período marzo-mayo. Además, sumó bonos no remunerativos que pasarán parcialmente a ser salario.

La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (Facys) pactó un aumento escalonado del 5% para el trimestre abril-junio, contemplando un bono extraordinario de $120.000. El convenio estipula una suba del 2% en abril, 1,5% en mayo y otro 1,5% en junio.

Los empleados bancarios y las cámaras empresariales rubricaron un ajuste de 2,6% en abril, a cobrarse en junio. Así, el sueldo inicial llegará a $2.319.195. En cuanto al Día del Bancario, se definió un monto mínimo de $2.067.482, a corregir en futuras negociaciones.

La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares aprobó un nuevo esquema que modificó los valores mínimos por hora y por mes para las diferentes categorías del personal doméstico, con vigencia entre abril y julio de 2026. Los aumentos se implementarán de manera progresiva: 1,8% en abril, 1,6% en mayo, 1,5% en junio y 1,4% en julio. Asimismo, se incorporó al salario básico el 50% de la suma no remunerativa correspondiente a marzo en abril y el 50% restante en julio.

En el caso del Sindicato de Camioneros, se firmó un acuerdo semestral que fija un incremento acumulativo del 10,1% entre marzo y agosto, complementado con un premio de $60.000 mensuales por presentismo en las áreas de Clearing, Carga Postal y Operaciones Logísticas. Por otra parte, la contribución patronal a la obra social de los camioneros se elevó a $25.000 por trabajador.