A pesar de auge de los autos híbridos, todavía son pocos los modelos en el mercado local que tienen en su oferta versiones con propulsión convencional de gasolina y versiones con motorización híbrida. Sin embargo, en casi todos los casos, cuando hay una elección que tomar, la mayoría termina vendiendo más volumen de autos híbridos que nafteros.

Contando los autos más vendidos del primer semestre, son seis modelos los que tienen esa dualidad de versiones, y arrojaron como resultado general que el 58% son híbridos.

El caso más relevante es el de los dos modelos que dominan las ventas de autos híbridos convencionales en el mercado argentino: el Ford Territory y el Toyota Corolla Cross. El primero es el líder en ventas de este año y el segundo el más vendido de 2025.

En el caso del Ford Territory hay tres versiones, dos nafteras y una ubica híbrida. En los primeros seis meses del año se vendieron en total 11.470 unidades, de las cuales 4.885 fueron con sistema de propulsión híbrida, lo que equivale al 42 por ciento. Este es uno de los pocos casos en los que las versiones a combustión son más que las híbridas, y tiene directa relación con que sólo estas últimas están dentro del cupo del Gobierno eximidos de pagar arancel de importación, mientras que las nafteras deben pagar ese 35% al ingresar al país.

El caso del Toyota Corolla Cross es distinto, no solo por el mix, sino porque todas las versiones vienen desde Brasil, por lo tanto no pagan arancel de importación alguno. En este caso, el total de unidades vendidas entre enero y junio fue de 6.534 vehículos, de los cuales 4.079 fueron híbridas, lo que representa el 72 por ciento. Aquí se nota la preferencia por la propulsión combinada con electricidad de la propuesta.

El tercer vehículo es otro Toyota, el nuevo SUV-B, Yaris Cross, que también llega desde Brasil y por lo tanto sin diferencias arancelarias entre combustión e híbridación. Este vehículo comenzó a venderse este año en el mes de marzo y ya lleva un total de 4.479 unidades, de las cuales 2.225 fueron híbridas, es decir el 49 por ciento.

Por historia y por continuidad, incluso a pesar de ser un sedán, el Toyota Corolla es el cuarto vehículo que se vende con ambas opciones de motorización. El desglose es del 54% a favor de los híbridos, ya que, del total de 3.002 vehículos patentados, hubo 1.629 con motor híbrido.

El quinto caso es el Haval H6 y Jolion, dos modelos chinos de la marca Great Wall que importa el Grupo Antelo, y que se vendió en los primeros seis meses en varias versiones, de las cuales tres eran nafteras y tres híbridas. A pesar de esa cantidad de opciones, del total de 1.401 H6 patentadas, los híbridos fueron 1.271, es decir el 90%; y de los 1.259 de Jolion, 1.215 fueron híbridas, el 96 por ciento.

Por último, el Chery Tiggo 4 también tuvo dos opciones de motorización, pero con clara preferencia a los híbridos. En total se vendieron 924 autos con 830 híbridos, que representan el 89 por ciento.

Hay un caso diferente en BYD, que trajo el mismo auto con dos nombres diferentes y en diferentes momentos, pero que alternan entre híbridos y 100% eléctricos.

Se trata del BYD Yuan Pro, que se lanzó el año pasado con el desembarco de la marca y que es únicamente eléctrico, y el Atto 2, que llegó este año en febrero, y que es un híbrido enchufable. Entre ambos modelos se vendieron 3.523 unidades, de las cuales 2.545 fueron del Atto 2, es decir que nuevamente los híbridos se impusieron como los de mayor preferencia para los usuarios con el 78% de las ventas.

Hay dos modelos utilitarios que también comparten propulsión entre naftera e híbrida, son las Ford F150 y Ford Maverick, una importada de EE.UU. y la otra desde México. Pero no hay números oficiales del mix en ambas pickups.

«Nos van a salir dólares por las orejas» suele repetir Javier Milei. Luis Caputo piensa lo mismo. Un diagnóstico, basado en el potencial de generación de divisas que tiene la economía argentina, mezclado con la confianza que el Gobierno genera en los mercados financieros y, hay que decirlo, en la menor demanda de billetes verdes que generan el consumo y la industria, al menos en estos momentos.

Por ahora, el escenario luce más que bien.

Los depósitos bancarios en dólares de individuos y empresas acaban de alcanzar un récord en los últimos 26 años: superaron los u$s40.000 millones.

Y el Gobierno quiere activar mecanismos para que esos fondos sirvan para encender una actividad económica a la que no resulta fácil levantar.

Dólares récord: la estrategia oficial para ponerlos en movimiento

El Gobierno apuesta en dos vías distintas. Por un lado, va por un nuevo proyecto de «inocencia fiscal», que quite barreras para convencer a quienes tengan billetes en el «colchón» para que los «ponga a trabajar», en lugar de mantenerlos fuera del sistema.

Por el otro, Caputo ya demostró su interés en que los bancos puedan volver a prestar en moneda dura en forma generalizada, tal como existía antes de la explosión de la convertibilidad.

No es fácil: el propio ministro reconoció que eso depende de una modificación legislativa. Lo cierto es que la mayoría de los bancos se resisten a un plan tan abarcativo por el temor a que el descalce de monedas produzca una crisis sistémica como en los años de la salida del uno a uno.

El stock de depósitos en dólares del sector privado llegó a u$s40.437 millones, el registro más elevado desde el año 2000.

La cifra refleja un crecimiento de alrededor de u$s26.000 millones respecto de diciembre de 2023 y constituye uno de los cambios más notorios del sistema financiero durante la gestión de Milei.

El dato tiene una doble lectura.

Por un lado, confirma el regreso de una parte importante de los dólares de los argentinos al circuito formal, impulsado primero por el blanqueo de capitales y luego por un escenario de mayor estabilidad cambiaria y una inflación en retroceso.

Por otro, plantea un desafío para el equipo económico: cómo transformar esa montaña de divisas en crédito, inversión y mayor nivel de actividad sin poner en riesgo la solidez del sistema financiero.

Es justamente ese el objetivo del Gobierno. La apuesta es que los dólares que hoy permanecen inmovilizados en los bancos comiencen a financiar proyectos productivos y ayuden a acelerar la recuperación económica.

El tesoro que todavía permanece inmóvil

Aunque el crédito en dólares también mostró una fuerte expansión, todavía existe una brecha significativa entre los depósitos y los préstamos.

El financiamiento al sector privado en moneda estadounidense ya ronda los u$s23.000 millones, un salto considerable respecto del inicio de la actual administración. Se trata de fondos prestados a compañías exportadoras.

Sin embargo, si se compara esa cifra con los depósitos, surge que todavía hay aproximadamente u$s17.000 millones que permanecen líquidos dentro del sistema financiero.

Se trata de recursos que los bancos aún no lograron canalizar hacia empresas o proyectos de inversión.

Para el Gobierno, ese dinero representa una oportunidad: si una mayor proporción de esos fondos comienza a convertirse en préstamos, podría generarse un impulso adicional sobre la inversión privada sin necesidad de emitir pesos ni incrementar el gasto público.

En otras palabras, la Casa Rosada pretende que el crecimiento económico encuentre una fuente adicional de financiamiento dentro del propio sistema bancario.

Con ese objetivo, el Banco Central decidió hace algunas semanas dar un paso que el mercado esperaba desde hacía tiempo.

La autoridad monetaria flexibilizó las condiciones para otorgar créditos en dólares. Hasta ahora, la regla general consistía en prestar prácticamente de manera exclusiva a empresas que generaban divisas, como exportadores del sector agropecuario, petrolero, minero o a industrias con ventas al exterior.

La lógica detrás de esa política era sencilla: quien cobra en dólares tiene menores riesgos para devolver una deuda denominada en esa moneda.

La nueva normativa amplía ese universo. A partir de ahora, empresas que no exportan también podrán acceder a préstamos en dólares siempre que cuenten con garantías otorgadas por compañías que sí generan divisas.

La intención oficial consiste en ampliar la demanda de crédito sin alterar uno de los principios que el sistema financiero argentino incorporó después de la crisis de 2001: evitar que se multipliquen los descalces cambiarios.

El recuerdo de las viejas crisis sigue condicionando

Ese es, precisamente, el principal límite que observan los economistas.

Si bien consideran que la flexibilización puede ayudar a incrementar el volumen de préstamos, advierten que el margen de expansión continúa condicionado por un riesgo que Argentina conoce demasiado bien.

El problema aparece cuando una empresa obtiene un crédito en dólares, pero sus ingresos están denominados en pesos: mientras el tipo de cambio permanece estable, la operatoria puede resultar conveniente, pero una devaluación significativa puede disparar el peso de esa deuda y deteriorar rápidamente la capacidad de pago del deudor.

Lo dicho más arriba: ese fenómeno, conocido como descalce cambiario, fue uno de los factores que agravó la crisis financiera de comienzos de siglo y explica por qué los bancos argentinos mantienen una política mucho más conservadora que la observada en otros países.

En la práctica, las entidades financieras prefieren resignar parte del negocio antes que asumir un riesgo que pueda comprometer la calidad de sus carteras.

El récord de depósitos refleja, además, un cambio en el comportamiento de los ahorristas.

Aun con depósitos dolarizados en niveles récord, buena parte de los dólares permanecen fuera del sistema financiero, guardados en cajas de seguridad o directamente «bajo el colchón».

Para el Gobierno ya no alcanza con que los dólares ingresen al sistema. El objetivo pasa por conseguir que circulen dentro de la economía y financien inversión, producción y empleo.

Dadas las regulaciones existentes, no será un proceso automático.

Si una parte de esos u$s17.000 millones que hoy permanecen inmovilizados comienza a transformarse en préstamos, la economía podría sumar un motor adicional de crecimiento sin recurrir a políticas expansivas tradicionales.

El ministro de Economía, Luis Caputo, apuesta a la construcción para apuntalar a la actividad económica en el segundo trimestre. De hecho, afirmó que los “mejores 18 meses” iban a llegar de la mano de Inocencia Fiscal y de la concesión de los 9.000 kilómetros de rutas nacionales.

En ese contexto, funcionarios del Palacio de Hacienda entablan negociaciones con el sector para saldar deudas con contratistas del Estado y ya se pusieron sobre la mesa propuestas para reactivar la construcción de viviendas para la clase media a partir de la venta de las acciones que posee el Fondo de Garantías de Sustentabilidad (FSG) y para la conformación de los Fondos de Asistencia Laboral (FAL).

En el Ministerio de Economía ya preparan medidas para estimular el crédito en el sector de la construcción. El viceministro, José Luis Daza, confirmó en una entrevista reciente con la Televisión Pública que están analizando distintos canales para acelerar que el acceso al crédito tanto en pesos como en dólares. Sin embargo, quienes forman parte de las mesas de negociación aseguran que cada propuesta presentada ante los funcionarios que responden a Caputo queda en revisión y no avanza con rapidez.

En este marco, el secretario de Coordinación de Infraestructura y Transporte, Fernando Herrmann, adquirió un rol central en el diálogo con las empresas. Herrmann asumió la interlocución principal con la Cámara Argentina de la Construcción (Cammarco), sobre todo después de la salida de Carlos Frugoni del cargo. Este martes, Herrmann tendrá una reunión clave con las autoridades de Cammarco, donde se discutirán las condiciones del bono para cancelar deudas con contratistas estatales por hasta 220.000 millones de pesos.

Según fuentes empresariales, la adhesión al bono genera interrogantes, ya que implica que las empresas renuncien a cualquier otro reclamo ante el Estado. “Depende de las empresas: algunas van a adherir porque no tienen reclamos, alguna otra va a adherir porque el reclamo no es importante y otras quizás no lo hacen y siguen por otro camino. Como no está clara la adhesión, aún no se sabe si el monto alcanza o no”, explicó una fuente consultada por Infobae.

El bono que discuten Gobierno y empresas forma parte de un paquete más amplio de negociaciones. Según pudo saber este medio, empresarios plantearon propuestas para dinamizar el mercado de viviendas para la clase media. Una de las ideas principales consiste en utilizar los recursos provenientes de la venta de acciones del FSG, que requeriría la sanción de una ley en el Congreso, para destinar entre USD 15.000 millones y USD 20.000 millones a descontar hipotecas, con el objetivo de ampliar el acceso al crédito habitacional.

Otra propuesta relevante apunta a la organización del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) para que en lugar de que haya cuentas individuales por empresas se agruparse en una o varias cuentas grandes. Así, el remanente que no se utiliza para indemnizaciones podría canalizarse hacia hipotecas y potenciar la capacidad de financiamiento. “Si se nuclean todas en un FAL, como el monto que vos usas para pagar indemnizaciones es muy minoritario, vas a tener un remanente muy importante que, en vez de ser colocado en cualquier cosa, se coloque en hipotecas”, explicaron a Infobae quienes participan de las discusiones.

El FAL, sin embargo, atraviesa su propia secuencia de postergaciones. En mayo, el Gobierno decidió aplazar la puesta en marcha del esquema hasta el 1° de noviembre de 2026, en sintonía con el acuerdo vigente con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para preserva el superávit fiscal. La Ley de Modernización permitió ese retraso, aunque entre funcionarios del oficialismo existe preocupación por la posibilidad de que sea necesario demorar nuevamente su implementación si los ingresos fiscales no mejoran. Toda nueva postergación requeriría una ley adicional del Congreso.

La dinámica de las negociaciones con el sector constructor expone la coexistencia de intereses diversos y de expectativas cruzadas. El equipo de Caputo se mantiene receptivo a las propuestas, pero muchas de las iniciativas continúan bajo análisis, sin plazos definidos ni consensos automáticos. Herrmann, como responsable principal del diálogo, se consolidó como el canal para acercar posiciones entre las demandas empresariales y los límites que impone la situación fiscal.

El debate sobre la utilización del FAL suma una capa de complejidad. La propuesta de agrupar fondos y destinarlos a hipotecas podría liberar capitales ociosos y fortalecer el crédito, pero su implementación depende de cambios normativos y de consensos políticos que aún no se alcanzaron. El aplazamiento oficial añade incertidumbre sobre los plazos y la concreción de esta herramienta, que continúa bajo vigilancia de funcionarios y empresarios.