En nuestro país la prudencia se volvió sospechosa. Se la confunde con miedo, con falta de ambición o con timidez. Fue hace unos días, y a propósito de la Inteligencia Artificial, cuando en la ONU volvimos a escuchar esta curiosa idea de boca del Presidente de la Nación. Ahora lo audaz parece que es renunciar a regular preventivamente a la IA. Y el que no esté de acuerdo, como siempre, será acusado de tibio o de izquierdista disfrazado de responsable.

No quiero discutir en abstracto. Prefiero bajar esta idea a tierra y preguntarnos qué significa, en concreto, no poner ninguna regla. Pensemos en un banco que deja que una IA decida a quién darle un crédito. La IA aprende de lo que el banco hizo en los últimos veinte años. Si en ese tiempo a los vecinos de ciertos barrios se les prestó menos, concluye que ahí no conviene prestar. Nadie se lo ordenó. Nadie lo decidió. Pero lo aplica miles de veces por día. Y el que vive en esos barrios pide un crédito y recibe un no por su código postal, sin que nadie tenga que explicarle por qué.

Esto no es teoría. En los Países Bajos, entre 2013 y 2020, la administración tributaria usó un sistema automático para detectar fraudes en los subsidios para el cuidado de los hijos. Entre los indicadores de riesgo figuraba la doble nacionalidad. Miles de familias fueron acusadas injustamente y obligadas a devolver dinero que no debían. En enero de 2021 renunció el gobierno entero. Los Países Bajos no son un país desordenado. Pero les pasó igual.

Ahora pensemos en una empresa que no tiene un solo empleado, manejada de punta a punta por una IA. Tampoco es ciencia ficción. El Gobierno envió al Congreso un proyecto para reconocer las “sociedades automatizadas”. Y su posición sobre las reglas es bien explícita.

En enero, en Davos, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, dijo que su “única tarea” es “que no aparezca ninguna ley de Inteligencia Artificial”. Si una empresa así le niega un crédito a una familia, estafa a un jubilado, comete un fraude o difunde una mentira, ¿a quién le vamos a reclamar? ¿A quién citarán los jueces?

La pregunta no es abstracta: hasta los legisladores del oficialismo en el Senado introdujeron cambios para que haya personas que respondan. Mientras tanto, los países que se toman en serio esta tecnología hacen exactamente lo contrario: están escribiendo las reglas.

Corea del Sur, el país de Samsung, quiere ser una de las tres potencias mundiales de la Inteligencia Artificial. A principios de este año puso en vigor una ley que identifica los usos más sensibles, como los préstamos, la salud, la educación, las investigaciones criminales y la energía nuclear, y les exige más transparencia y más seguridad. El argumento oficial fue simple: sin previsibilidad legal y sin confianza del público, la tecnología no va a escalar.

Italia fue el primer país de la Unión Europea en sancionar su propia ley. La impulsó el gobierno de Giorgia Meloni. Exige supervisión humana en salud, justicia, educación, trabajo y administración pública, y castiga con prisión a quien use falsificaciones digitales para dañar a otro. Al mismo tiempo, creó un fondo de hasta mil millones de euros para invertir en empresas del sector. Regla e impulso, en el mismo paquete.

En Estados Unidos, el gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, firmó una ley vigente desde este año que prohíbe los sistemas diseñados para discriminar o para asignarles un puntaje social a las personas. Texas puede ser muchas cosas, menos una república soviética.

En Europa, aun cuando este año Bruselas decidió darles a sus empresas más tiempo para adaptarse, la evaluación de créditos siguió en la lista de usos de alto riesgo. Los países serios simplifican y corrigen plazos. Pero no se les ocurre tirar el reglamento a la basura. El ejemplo más elocuente llegó a fines de septiembre, desde Washington. Varios de los máximos responsables de las empresas de Inteligencia Artificial venían advirtiendo en público sobre los riesgos de sus propios productos, y algunos habían pedido reducir el ritmo al que mejoran sus modelos.

Donald Trump, cuya visión nuestro Gobierno dice compartir plenamente, los reunió en la Casa Blanca. Su respuesta fue pedirles que se controlen solos. Firmaron un documento, el Acuerdo de la Casa Blanca sobre la Superinteligencia, que no obliga a nada ni prevé ninguna sanción. Trump lo definió como “moralmente vinculante”. Es como dejar que cada equipo fije sus propias reglas para jugar al fútbol.

Lo curioso es que hasta ese documento reconoce que hacen falta controles externos y que con el tiempo podría tener sentido convertir estos compromisos en leyes. Nada de lo que hacen Corea, Italia, Texas o Europa es obra de marxistas. Son las cosas que hacen los gobiernos responsables. Los que escriben estas reglas quieren atraer inversiones tanto como nosotros. Pero saben algo que la Argentina aprendió de la peor manera: el capital serio no se instala en lugares donde no hay reglas. Busca países donde las reglas existen, se cumplen y no cambian con cada gobierno.

Cuando los que fabrican autos piden frenos, prometer que las rutas no van a tener límites de velocidad no es audacia. Es un error y punto. Aristóteles lo explicó mejor que nadie. El coraje está en el medio entre dos defectos: por un lado, la cobardía, que es el exceso de miedo, y por el otro, la temeridad, que es su falta. El que no le teme a nada no es un valiente. Es un imprudente. Y la prudencia es justamente la virtud que nos permite distinguir una cosa de la otra.

No es un freno para la decisión. Es la condición para decidir bien. Tampoco se trata de desconfiar del progreso tecnológico. La Revolución Industrial terminó mejorando la vida de casi todos. Pero en Inglaterra, entre 1780 y 1840, la producción por trabajador creció un 46% y los salarios reales apenas un 12%. Pasaron sesenta años, una vida laboral entera, para que el progreso llegara a quienes lo producían.

Gobernar una transición es, entre otras cosas, conseguir que la espera no se lleve puesta una generación. En la Ciudad de Buenos Aires nadie espera a que se caiga un ascensor para exigir que alguien lo revise. No es burocracia: es la condición para que la gente se suba tranquila. Cuando gobernamos la ciudad, incorporamos asistentes virtuales y sistemas para asignar mejor los recursos. Y la pregunta que más nos importaba nunca fue qué podía hacer la herramienta. Fue quién respondía cuando se equivocaba. Las reglas no deben frenar la innovación. Al contrario, deben dar los marcos necesarios para crecer.

Los argentinos conocemos muy bien el precio de la imprudencia. Lo pagamos con inflaciones, defaults y promesas que alguien hizo con entusiasmo y que otros tuvieron que pagar. Por eso la discusión sobre la inteligencia artificial es, en el fondo, una discusión mucho más vieja. La prudencia no es de izquierda ni de derecha. Es la virtud de los que saben que sus decisiones las van a terminar pagando otros. Lo contrario no es la libertad. Es irresponsabilidad, venga de donde venga.