Con preocupación y expresiones de una pronta y plena recuperación recibieron el gobierno de Javier Milei y la Iglesia argentina el anuncio de la operación a la que deberá someterse el papa León XIV, a raíz de la aparición de un nódulo en el pulmón.

En la Casa Rosada evitaron hacer especulaciones sobre la visita papal y Milei le dedicó al Sumo Pontífice un posteo en X. “Mi afecto y mis mejores deseos ante la intervención a la que será sometido. Toda la Argentina acompaña con afecto y oración a Su Santidad, deseándole una pronta y completa recuperación”, fue el mensaje del Presidente ante la inesperada novedad, a menos de un mes de la programada visita del Santo Padre al país, entre el 8 y el 11 de noviembre.

En medios eclesiásticos argentinos se destacó especialmente que el propio Papa hiciera el anuncio con serenidad, dato que, además de aportar transparencia a la política de comunicación del Vaticano, contribuiría a “quitar dramatismo” al problema de salud, interpretaron.

En cuanto al Gobierno, en distintos ministerios consultados por este diario, afirmaron que durante la jornada no hubo contactos con el Vaticano en torno a la salud del Papa. Algunos funcionarios relataron haberse enterado por los medios de comunicación y las redes sociales de la cirugía.

Tanto en el Gobierno como en la Iglesia mantuvieron un expectante silencio frente a posibles novedades en la agenda del Papa, a la espera de que la Santa Sede defina los próximos pasos de León XIV, en función de la evolución de su estado de salud.

Fuentes eclesiásticas y funcionarios que siguen de cerca la organización de la visita programada para noviembre dejaron trascender que “sigue todo en pie”, aunque al mismo tiempo agregaron un matiz: “Hay que esperar”.

En su mensaje, Milei dijo también: “Desde nuestro país nos unimos en oración por su salud, con la esperanza de que pronto pueda continuar guiando a la Iglesia con la sabiduría y fortaleza que lo caracterizan”.

Pedido del Episcopado

La Conferencia Episcopal Argentina, que preside el arzobispo de Mendoza, monseñor Marcelo Colombo, invitó “a todo el Pueblo de Dios a unirse en una oración especial por el papa León XIV”, ante la intervención quirúrgica a la que será sometido.

“Pedimos al Señor que le conceda fortaleza y paz en este momento, que la operación se desarrolle favorablemente y que pueda alcanzar una pronta y plena recuperación”, dijo el Episcopado en una nota firmada por Colombo y el secretario general del organismo y obispo auxiliar de San Isidro, monseñor Raúl Pizarro.

Ambos obispos señalaron: “La serenidad y la confianza con que el Santo Padre se refirió a este momento durante el Ángelus de hoy nos reconfortan y nos animan a permanecer espiritualmente unidos a él, como nos lo ha pedido, acompañándolo con nuestro afecto, cercanía y oración, y confiándolo especialmente al cuidado maternal de la Virgen María”.

En el mensaje, los obispos remarcaron la importancia de mantener la unión espiritual con León XIV, especialmente ante el delicado momento que deberá afrontar.

El anuncio de la operación que se le deberá practicar al Papa se conoció poco antes de la llegada de una “última avanzada” de la Santa Sede para ajustar detalles en la planificación de la visita, especialmente en materia de seguridad, con integrantes de la Guardia Suiza y de la Gendarmería Vaticana.

En los últimos meses se sucedieron reuniones para acordar detalles de la organización del viaje, de las que participaron el nuncio apostólico, monseñor Michael Wallace Banach, y el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, entre otros.

En el Gobierno esperan que siete millones de personas participen en los tres encuentros masivos que presidirá León XIV en su visita al país: al pie del Monumento de los Españoles, en la Basílica de Luján y en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (Fadea), donde se calcula que la convocatoria equivaldrá a “15 Kempes”, en alusión a la capacidad del estadio mundialista de Córdoba.

La ministra Monteoliva viene trabajando con el Vaticano en el diseño de un megaoperativo de seguridad para blindar al Papa, en articulación con los gobiernos de la Ciudad y las provincias de Buenos Aires y Córdoba.

El lunes pasado, el Papa recibió en una audiencia privada al obispo de la diócesis salteña de Orán, el fraile franciscano Luis Scozzina, con quien conversó sobre la realidad de la diócesis. Como presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Aborigen, Scozzina le entregó una carta elaborada por el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen, con una síntesis de la situación que enfrentan las comunidades originarias en distintos puntos del territorio argentino.

A orillas del río Elba, la ciudad alemana de Hamburgo alberga al Tribunal Internacional del Derecho del Mar. Hasta allí llegará próximamente una delegación de la Cancillería con la intención de defender los derechos argentinos sobre las Islas Malvinas, la “causa nacional” que hoy abraza con inusitada fuerza el gobierno de Javier Milei.

Mario Oyarzábal, diplomático de carrera con misiones pasadas en Países Bajos y Naciones Unidas, es el encargado de llevar adelante, como director de la consejería legal internacional, el reclamo que el Gobierno presentará ante el tribunal.

Este lunes vence el plazo de dos semanas que la diplomacia nacional le dio a Gran Bretaña para que frene la actividad de explotación petrolera que, en el contexto del proyecto Sea Lion, llevan adelante las empresas Rockhopper (británica) y Navitas (israelí) en las aguas circundantes a las islas.

Nadie espera que Gran Bretaña revea su posición y la decisión de llevar a cabo la presentación está tomada.

Experimentados diplomáticos consultados por advirtieron sobre eventuales consecuencias negativas que ese reclamo unilateral podría traer en la batalla por la recuperación de las islas por la vía diplomática.

La idea del Gobierno y la Cancillería que encabeza Pablo Quirno, afirmaron fuentes oficiales, es que el tribunal −conformado por 21 miembros y creado en 1982 en el marco de la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar− decida sobre la pertinencia del reclamo argentino ante Gran Bretaña, que rechazó la postura nacional y le adjudicó la intención de “socavar la prosperidad y la seguridad económica de un pueblo con autogobierno”.

El malestar, antes de hacerse público, fue transmitido por la diplomacia británica a la embajadora argentina en Londres, Mariana Plaza.

A diferencia de Gran Bretaña, que sostiene que las actividades relacionadas con hidrocarburos en ese territorio están reguladas por la legislación británica de las Malvinas y que se llevan a cabo “en plena conformidad con el derecho internacional”, el Gobierno afirma que le asiste al país el derecho de presentarse ante un tribunal independiente y que este defina sobre el asunto sin abordar la cuestión de fondo, la soberanía de las islas, que la Argentina reclama cada año, desde 1965, en el Comité de Descolonización de Naciones Unidas.

Quirno reiteró esta idea en la cena anual del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI), el lunes pasado. “La confiabilidad se demuestra al honrar los compromisos internacionales asumidos, incluidos los procedimientos de solución pacífica de controversias. Si Londres sostiene que sus actividades se ajustan al derecho internacional, tendrá la oportunidad de demostrarlo ante un tribunal compuesto por árbitros independientes”, dijo Quirno.

El embajador británico en el país, David Cairns, se retiró de la gala, incómodo y con gesto adusto, una vez finalizado ese discurso.

En el Gobierno están seguros de que este tribunal, y no otro, les terminará dando la razón y ordenará la suspensión de las actividades de esas empresas, al menos de forma provisoria, ya que en muchos casos los fallos de ese organismo suelen demorar varios años.

En la Cancillería se basan en publicaciones del propio tribunal, que establecen que “las controversias relativas a la Convención pueden referirse a la delimitación de zonas marítimas, la navegación, la conservación y ordenación de los recursos vivos del mar, la protección y preservación del medio marino y la investigación científica marina”.

También dan como antecedente el éxito de la presentación que, en 2012, hizo ante ese mismo tribunal el equipo de la Cancillería encabezado por la entonces representante legal, la diplomática y excanciller Susana Ruiz Cerruti, que logró en dos meses un fallo favorable que permitió rescatar la fragata Libertad, retenida y embargada en Ghana por un reclamo de los fondos buitre.

La jurista argentina Frida Armas Pfirter fue electa días atrás como vicepresidenta del tribunal, pero fuentes diplomáticas descuentan que deberá excusarse de intervenir en el caso.

Los riesgos

Más allá del optimismo oficial, tres fuentes diplomáticas con conocimiento del caso definieron la jugada como “arriesgada”. Recordaron que los sucesivos gobiernos, de distinto signo ideológico, evitaron recurrir a tribunales internacionales por la cuestión Malvinas, por temor a que un fallo adverso habilite a los isleños a seguir avanzando en la exploración y explotación de recursos en las islas.

Afirmaron que, entre las consecuencias negativas, el caso puede ser tomado por la Corte Internacional de La Haya, o −en el caso de pedidos de sanciones a empresarios− en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), con resultado incierto para el país. “Ir a un tribunal internacional puede ser muy tramposo, y el argumento de la autodeterminación de los pueblos (esgrimido por Gran Bretaña) suele ser muy escuchado”, advirtió otro de los diplomáticos consultados.

“Es un tema muy delicado, y no está claro el resultado final”, afirmó otro diplomático, que fuera de micrófono expresó reservas en relación a la iniciativa. Señaló, además, que el tribunal “suele buscar algún tipo de equilibrio” entre las partes.

El 3 de septiembre, el Presidente anunció por cadena nacional una batería de decisiones y medidas vinculadas con el reclamo argentino.

El envío al Congreso del denominado proyecto de defensa de la soberanía nacional −que endurece las sanciones contra empresas vinculadas a la explotación de recursos en Malvinas− fue uno de los anuncios; también, la creación de una base naval integrada en Ushuaia y un Consejo de Seguridad Nacional. El 28 de septiembre, por medio de un comunicado, el Presidente anunció la intimación formal al Reino Unido y afirmó en su cuenta de X: “Si en dos semanas el Reino Unido no frena la explotación ilegítima, vamos a ir al Tribunal Internacional del Derecho del Mar”.

El gobierno británico rechazó de inmediato el ultimátum y agregó, a través de la subsecretaria parlamentaria de Estado para los Territorios de Ultramar, Uma Kumaran, que continuará defendiendo los derechos de “autonomía” de los isleños. Criticó “los esfuerzos por obstaculizar la actividad económica lícita en las islas” e insinuó que la Argentina era hoy un “socio poco confiable”.

Con argumentos similares, los isleños rechazan la iniciativa argentina. En el sitio especializado Diplomacy & Law, donde los habitantes de Malvinas exponen la mirada de especialistas británicos para demostrar sus razones, se señala que “la Argentina tendría que formular reclamaciones que puedan resolverse bajo la convención sin exigir que el tribunal decida, expresa o implícitamente, la soberanía sobre las Islas Falkland”, y que “si el problema de fondo es la soberanía, cualquier resolución no implica reconocimiento alguno”. Los pobladores de Malvinas creen que, como mucho, podría existir un llamado al diálogo de parte del tribunal, pero que no se adoptará ninguna decisión en lo inmediato.

Más allá de las advertencias, el Gobierno se apresta a hacer efectiva la presentación en las próximas horas.