El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, omitió aclarar múltiples incógnitas durante la entrevista que concedió anoche a LN+ e incurrió en inconsistencias, omisiones y afirmaciones que requerirán documentación fehaciente, trazable y verificable de manera independiente que deberá presentar ante la Justicia federal, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y la Oficina Anticorrupción (OA).

Los principales puntos críticos, según contadores, expertos antilavado, inversores en criptomonedas y abogados consultados por , son los siguientes:

• Inconsistencia en la cronología de inversiones: ofreció versiones divergentes sobre el inicio de sus operaciones en Bitcoin (“hace 13 años”, “2013-2014”, operaciones exhibidas de 2017-2018), sin lograr reconstruir una secuencia temporal coherente que arroje un monto final que sea con las cotizaciones de 2014 y 2018 (con valores promedios de 527 y 7573 dólares, respectivamente, lo que arrojaría una ganancia muy superior a la declarada por Adorni). Esta inconsistencia afecta la posibilidad de verificar la evolución patrimonial y el origen temporal de los activos.

• Ganancias alegadas sin respaldo técnico idóneo: reconoció utilidades por aproximadamente US$ 300.000, sustentadas en capturas de pantalla de billeteras digitales. Pero no acreditó titularidad, integridad ni correspondencia con registros verificables en blockchain o exchanges.

• Falta de identificación de instrumentos operativos: no precisó direcciones de wallets, sean “calientes” o “frías”, ni plataformas de intercambio utilizadas o cantidades de USDT vendidas. Esta omisión impide la verificación independiente en registros públicos (blockchain) y privados (exchanges), restringiendo la auditabilidad de las operaciones.

• Origen indeterminado del fondeo inicial (FIAT): no acreditó el origen de los fondos con los que él y Angeletti habrían adquirido los criptoactivos, ni su correspondencia con ingresos declarados. Este vacío resulta relevante a efectos de determinar la licitud del capital inicial.

• Falta de correlación entre liquidación de activos y registros bancarios: no aportó evidencia sobre la fecha, modalidad ni destino de la eventual venta de criptoactivos, ni su reflejo en las cuentas bancarias en las que ingresaron esos fondos, lo que impide verificar su entrada al circuito formal, por ejemplo a través de un banco, sea en dólares, pesos u otra moneda.

• Posible inconsistencia en declaraciones juradas patrimoniales: reconoció una modificación en la titularidad del inmueble en el country Indio Cúa previamente omitido o consignado de forma parcial con Angeletti, lo que podría configurar una declaración incompleta o inexacta bajo los estándares de integridad exigidos por la legislación vigente a funcionarios públicos.

• Estructura contractual atípica en operación inmobiliaria: describió un esquema de financiamiento con créditos sin intereses con jubiladas y amigos, sin cronograma de amortización y con formalización posterior, características que se apartan de prácticas usuales y que, en sede judicial, podrían requerir justificación económica y documental adicional.

• Invocación de ingresos de terceros sin acreditación: atribuyó diferencias entre ingresos y consumos a ingresos de su cónyuge, sin aportar documentación respaldatoria suficiente ni consistencia con registros tributarios, lo que impide validar esa fuente de financiamiento.

• Reconocimiento de omisión impositiva: admitió no haber declarado ganancias derivadas de inversiones en criptomonedas, invocando una práctica generalizada de economía “en negro”. Dicha admisión podría resultar relevante a efectos tributarios y eventualmente penales, en tanto no se invocó causal legal que justifique la omisión.

• Demora en la producción de prueba documental: indicó haber tardado tres meses en localizar documentación clave sobre el origen de los fondos, lo que plantea interrogantes sobre su disponibilidad, conservación y consistencia, elementos centrales en procesos de verificación patrimonial.

• Adhesión posterior a régimen de regularización fiscal: se acogió ayer al régimen simplificado de Ganancias creado por la Ley de Inocencia Fiscal, tres meses después de radicada la denuncia penal en su contra. Si bien la herramienta es legal, su utilización en ese contexto temporal podría ser objeto de análisis respecto de sus efectos jurídicos y su alcance frente a eventuales responsabilidades preexistentes.

El Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE) solicitó formalmente hoy a la Unidad de Información Financiera (UIF) que abra un expediente de inteligencia financiera para analizar la evolución patrimonial y eventualmente denunciar ante la Justicia penal por presunto lavado de activos al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y su esposa Bettina Angeletti ante la existencia de fondos y bienes cuyo origen -según planteó la entidad- no ha sido debidamente acreditado.

Dirigida al titular de la UIF, Matías Gabriel Álvarez, el CIPCE reclamó la adopción de “todas las medidas previstas en las facultades legales y reglamentarias” para realizar un monitoreo intensivo sobre ambos, tras recordar su carácter de Personas Políticamente Expuestas (PEP), con el objetivo de establecer la trazabilidad, el origen y la consistencia económica de su patrimonio.

El pedido se apoya en una serie de elementos que, según el CIPCE, ameritan un escrutinio reforzado: la compra de una vivienda en un barrio privado en noviembre de 2024 y de un departamento en la ciudad de Buenos Aires en noviembre de 2025 -ambas operaciones realizadas cuando Adorni ya ocupaba funciones públicas-, la tenencia de sumas significativas de dinero en efectivo, viajes en aeronaves privadas junto a contratistas del Estado y la realización de operaciones crediticias no bancarias con personas que no evidenciarían capacidad económica suficiente.

La entidad también incorporó como elemento relevante la entrevista que concedió anoche Adorni a José Del Rio, en LN+, en la que sostuvo que sus ahorros familiares habían sido constituidos “en negro”, es decir, fuera de los circuitos formales de registración tributaria. El jefe de Gabinete admitió haber ocultado ese dinero, “por error”, en sus declaraciones juradas de los años 2023 y 2024. Ese capital, según se desprende de sus declaraciones, era del orden de los US$500.000: “Ahorramos en negro como todos los argentinos”, dijo.

Según la ONG que se especializa en investigar la corrupción y los delitos económicos, ese reconocimiento de Adorni plantea interrogantes sobre el cumplimiento de los estándares de transparencia exigibles a los funcionarios y sobre el origen de los fondos involucrados.

En su presentación, CIPCE citó testimonios de quienes declararon ante la Justicia federal que indicarían que al menos una de las operaciones inmobiliarias no habría sido escriturada por su valor real. De confirmarse, podría encuadrar, según el planteo, en maniobras de simulación susceptibles de ser analizadas bajo la figura de lavado de activos.

El CIPCE subrayó, además, que la adhesión al régimen simplificado de Ganancias previsto en la ley de “Inocencia Fiscal” no limita ni suspende las obligaciones en materia de prevención del lavado de activos ni las facultades de la UIF para analizar operaciones patrimoniales inconsistentes. En ese sentido, recordó que la normativa vigente impone deberes de debida diligencia reforzada para las PEP, precisamente por su mayor exposición a riesgos de corrupción.

Con la firma de su director ejecutivo, Pedro Biscay, CIPCE contextualizó su petición en el contexto internacional. Remarcó que la Argentina se encuentra bajo seguimiento reforzado del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que exige avances en la prevención, detección e investigación del lavado, en particular cuando está vinculado a hechos de corrupción.

En ese marco, el CIPCE sostuvo que una actuación “diligente y oportuna” de la UIF en casos que involucren a funcionarios de alto rango constituye una señal clave de cumplimiento de los estándares internacionales. Por ello, solicitó que se realicen controles de consistencia patrimonial integrales, con cruce de información proveniente de organismos como la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y reportes del sistema financiero.