POLITICA
Misiones: la pelea entre el gobernador Passalacqua y el caudillo Rovira desencadenó una crisis de gabinete
Posadas es un hervidero. Todos los días se esperan las novedades de la pelea entre el gobernador Hugo Passalacqua y el caudillo Carlos Rovira que, en los papeles, es solo un legislador provincial. El mandatario detenta el poder formal, pero la estructura política responde al “hombre fuerte”.
Desde las últimas horas del miércoles corrió la versión de que este jueves caería “una bomba”. Todas las miradas se dirigieron a la Legislatura, donde antes de cada sesión Rovira hace un encuentro político. De esos cónclaves, denominados “previas”, surgieron las principales novedades de la pelea en las últimas semanas.
Sin embargo, la detonación se escuchó en “La Rosadita”, como se conoce a la Casa de Gobierno misionera. A las 14.30, Passalacqua publicó en su cuenta de X un posteo en el que anunciaba una reducción de gabinete.
Cuáles serán los cambios
“Instruí al Ministerio de Hacienda para que, a través de la Dirección de Presupuesto, avance en la reestructuración y reorganización de los ministerios y áreas de Gobierno de cara al Presupuesto General de la Provincia para el ejercicio del 2027”, expresó el gobernador. El gabinete tiene, ahora, 13 carteras.
Passalacqua, concluyó: “Tenemos la responsabilidad de consolidar un Estado cada vez más cercano, austero y eficiente, que optimice los recursos públicos, eliminando superposiciones y garantizando un mejor servicio a la gente”.
El posteo fue el corolario de un relevamiento previo. Desde el primer círculo de la gobernación hubo un punteo del funcionariado. “Vos, ¿de qué lado estás?”, fue, palabras más o menos, la consulta.
En uno de los despachos de “La Rosadita” comentaron a Infobae que aún “no hay una definición certera”. “Son tres o cuatro ministerios cuyas funciones pueden seguir operativas como subsecretarías, bajo la órbita de otras carteras – paraguas”, detallaron.
“No es un número cerrado. Puede haber algunas subsecretarías involucradas también”, agregó.
Medios locales indicaron que las áreas que serán reestructuradas son el Ministerio de Acción Cooperativa, a cargo de Liliana Mabel Rodríguez, y las secretarías de Estado de Agricultura Familiar (Marta Ferreira) y Cambio Climático (Gervasio Malagrida). La intención sería que esas áreas queden en la órbita de los ministerios de Industria, Agro y Producción y Ecología, en forma respectiva.
Todos los funcionarios en la mira están en la órbita de Rovira.
Un funcionario de primera línea confirmó a este medio que la reestructuración “va por ahí”. Antes de volver a sus ocupaciones, soltó: “Todo está en veremos. Faltaría Energía, que podría pasar a Hacienda”.
“Está todo roto”
En Misiones hay un doble comando. Desde la Legislatura, Rovira impulsa proyectos y medidas de gestión sin consultar con el Ejecutivo. Entre ellas, una reforma política y la emisión de deuda. Hoy adelantó que modificará el Código Procesal Penal misionero.
Además, “El Conductor” (como lo llaman sus acólitos) borró el sello partidario que cofundó con Passalacqua en 2003: el Frente Renovador de la Concordia. “Caducó”, fue el término elegido para dejar la vieja piel. Casi de inmediato, se hizo el trámite ante la Justicia Electoral a fin de modificar la denominación por el nuevo Encuentro Misionero.
El gobernador tiene el apoyo de 67 intendentes sobre un total de 78. Y hoy sumó a su cruzada a un exmandatario al que Rovira le había bajado el pulgar: Maurice Closs. El dirigente reposteó el tuit de Passalacqua de hoy y comentó: “Bien ahí. Pleno consenso tendrá esta medida”.
El quiebre tendrá consecuencias. Ante la consulta de Infobae, un alto funcionario, de los que no tiene en riesgo su sillón, confesó: “La relación entre Passalacqua y Rovira está rota y sin retorno”.
Un dirigente de primera línea del oficialismo, con diálogo con ambos, reconoció que la disputa puede poner en riesgo el gobierno en las elecciones del año próximo.
“No hay lugar para divisiones Este experimento era antes. Ahora tenés fuerzas que están mejor que nosotros en la consideración” de la gente, se quejó.
En los comicios legislativos del 2025, al FRC no le fue bien. En los provinciales de junio ganó por muy poco. Rovira apuntó contra los intendentes. Los acusó de no haber movido lo suficiente la estructura. Por esos días fue el último diálogo franco entre el hombre fuerte y Passalacqua. En las nacionales de octubre, La Libertad Avanza confirmó que su elección provincial no fue casual y se alzó con el triunfo.
En el campamento libertario miran con atención lo que ocurre en el oficialismo. Siguen al pie de la letra el adagio que reza “si ves a tu enemigo cometiendo un error, no lo interrumpas”.
Las primeras evaluaciones en LLA son que se trata de “una pelea de egos y poder que se va a resolver”, y que los misioneros “están cansados de ver siempre las mismas caras y que no le solucionan los problemas”.
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POLITICA
Difirieron la implementación del Código Procesal Penal Federal en Córdoba por razones operativas
El Gobierno nacional difirió la entrada en vigencia del Código Procesal Penal Federal para la jurisdicción de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba.
De acuerdo con lo dispuesto mediante la disposición 274/2026, publicada esta madrugada en el Boletín Oficial, la implementación se postergó hasta las 00:00 horas del 8 de marzo de 2027.
La decisión responde a la necesidad de consolidar las condiciones materiales, operativas y tecnológicas que permitan asegurar una transición ordenada y sostenible en una de las jurisdicciones federales de mayor complejidad institucional del país.
La postergación se comunicará a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al Consejo de la Magistratura, a la Cámara Federal de Casación Penal, a la Procuración General de la Nación, a la Defensoría General de la Nación, a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso y al Ministerio de Seguridad Nacional, conforme lo establece la resolución. El cronograma de implementación, definido por el Ministerio de Justicia, prevé una puesta en marcha gradual del Código en los distintos distritos federales del país, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley N° 27.150 y sus modificatorias.
Desde la reanudación del proceso de reforma procesal penal federal, el Ministerio de Justicia impulsó la vigencia del sistema acusatorio en varias jurisdicciones, priorizando la consolidación paulatina y la articulación interinstitucional.
Hasta el momento, el nuevo modelo se instaló en nueve distritos federales —incluyendo provincias como Chaco, Formosa, Corrientes, Salta, Jujuy, Santa Fe, Mendoza, San Juan, San Luis, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, La Pampa y Tierra del Fuego— y en regiones de la provincia de Buenos Aires, tales como Bahía Blanca, Mar del Plata y San Nicolás de los Arroyos.
Y aún resta implementar el sistema acusatorio en nueve jurisdicciones federales, entre ellas Córdoba, La Rioja, Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero, Entre Ríos y Misiones, además de zonas de la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En el caso de Córdoba, la extensión territorial, la densidad poblacional, la dispersión geográfica de las sedes judiciales y el volumen de litigiosidad penal federal han sido señalados como factores determinantes para requerir un análisis específico de las condiciones necesarias para la transición.
La magnitud y complejidad estructural de la Justicia Federal en Córdoba obliga a contemplar una evaluación detallada de los recursos humanos, la infraestructura disponible, la tecnología y la operatividad de los organismos involucrados. El distrito concentra investigaciones vinculadas a delitos complejos, como narcotráfico, criminalidad económica y contrabando, lo que demanda un despliegue técnico y profesional adicional para garantizar la eficacia del sistema acusatorio.
En el proceso de adecuación, se realizaron aportes específicos al Poder Judicial de la Nación, la Procuración General de la Nación y la Defensoría General de la Nación, con el propósito de mejorar las condiciones de funcionamiento y garantizar estándares homogéneos en la operatividad del sistema. Entre las acciones desarrolladas, la cartera de Justicia proporcionó herramientas tecnológicas orientadas a fortalecer el análisis forense digital, mediante la entrega de sistemas UFED y equipamiento especializado que optimizan el tratamiento de evidencia digital y la preservación de la cadena de custodia.
Además, se inició el relevamiento de las estructuras edilicias del Poder Judicial para avanzar en la adecuación y equipamiento de las salas de audiencias requeridas por el modelo acusatorio, incluyendo sistemas audiovisuales, conectividad y registración digital. Paralelamente, se impulsaron instancias de formación y capacitación para magistrados, funcionarios y equipos técnicos, a través de talleres, actividades académicas e intercambios institucionales con distritos donde el sistema ya está vigente.
La decisión de diferir la entrada en vigencia del Código Procesal Penal en Córdoba surge tras evaluaciones técnicas y diagnósticos institucionales que coinciden en la necesidad de profundizar la adecuación edilicia, fortalecer la disponibilidad de espacios y asegurar la operatividad de las salas de audiencias bajo el nuevo modelo.
El proceso fue acompañado por la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba —que solicitó formalmente el aplazamiento mediante la Acordada N° 34/2026— y por la Procuración General de la Nación, que presentó un informe de diagnóstico en abril de 2026 destacando diversas necesidades operativas, tecnológicas y de infraestructura.
El relevamiento realizado por las instituciones intervinientes, incluyendo la Corte Suprema de Justicia de la Nación y el Consejo de la Magistratura, ratifica la importancia de garantizar condiciones materiales y operativas óptimas para la implementación. Se estima que la entrada en vigencia del Código solo será efectiva cuando las salas de audiencias se encuentren plenamente operativas y se hayan completado las acciones de capacitación, incluyendo simulacros y talleres de estandarización dirigidos a todos los operadores judiciales.
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POLITICA
Las dudas que dejó Manuel Adorni y que ahora deberá demostrar ante la Justicia: criptomonedas, bienes y declaraciones
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, omitió aclarar múltiples incógnitas durante la entrevista que concedió anoche a LN+ e incurrió en inconsistencias, omisiones y afirmaciones que requerirán documentación fehaciente, trazable y verificable de manera independiente que deberá presentar ante la Justicia federal, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y la Oficina Anticorrupción (OA).
Los principales puntos críticos, según contadores, expertos antilavado, inversores en criptomonedas y abogados consultados por , son los siguientes:
• Inconsistencia en la cronología de inversiones: ofreció versiones divergentes sobre el inicio de sus operaciones en Bitcoin (“hace 13 años”, “2013-2014”, operaciones exhibidas de 2017-2018), sin lograr reconstruir una secuencia temporal coherente que arroje un monto final que sea con las cotizaciones de 2014 y 2018 (con valores promedios de 527 y 7573 dólares, respectivamente, lo que arrojaría una ganancia muy superior a la declarada por Adorni). Esta inconsistencia afecta la posibilidad de verificar la evolución patrimonial y el origen temporal de los activos.
• Ganancias alegadas sin respaldo técnico idóneo: reconoció utilidades por aproximadamente US$ 300.000, sustentadas en capturas de pantalla de billeteras digitales. Pero no acreditó titularidad, integridad ni correspondencia con registros verificables en blockchain o exchanges.
• Falta de identificación de instrumentos operativos: no precisó direcciones de wallets, sean “calientes” o “frías”, ni plataformas de intercambio utilizadas o cantidades de USDT vendidas. Esta omisión impide la verificación independiente en registros públicos (blockchain) y privados (exchanges), restringiendo la auditabilidad de las operaciones.
• Origen indeterminado del fondeo inicial (FIAT): no acreditó el origen de los fondos con los que él y Angeletti habrían adquirido los criptoactivos, ni su correspondencia con ingresos declarados. Este vacío resulta relevante a efectos de determinar la licitud del capital inicial.
• Falta de correlación entre liquidación de activos y registros bancarios: no aportó evidencia sobre la fecha, modalidad ni destino de la eventual venta de criptoactivos, ni su reflejo en las cuentas bancarias en las que ingresaron esos fondos, lo que impide verificar su entrada al circuito formal, por ejemplo a través de un banco, sea en dólares, pesos u otra moneda.
• Posible inconsistencia en declaraciones juradas patrimoniales: reconoció una modificación en la titularidad del inmueble en el country Indio Cúa previamente omitido o consignado de forma parcial con Angeletti, lo que podría configurar una declaración incompleta o inexacta bajo los estándares de integridad exigidos por la legislación vigente a funcionarios públicos.
• Estructura contractual atípica en operación inmobiliaria: describió un esquema de financiamiento con créditos sin intereses con jubiladas y amigos, sin cronograma de amortización y con formalización posterior, características que se apartan de prácticas usuales y que, en sede judicial, podrían requerir justificación económica y documental adicional.
• Invocación de ingresos de terceros sin acreditación: atribuyó diferencias entre ingresos y consumos a ingresos de su cónyuge, sin aportar documentación respaldatoria suficiente ni consistencia con registros tributarios, lo que impide validar esa fuente de financiamiento.
• Reconocimiento de omisión impositiva: admitió no haber declarado ganancias derivadas de inversiones en criptomonedas, invocando una práctica generalizada de economía “en negro”. Dicha admisión podría resultar relevante a efectos tributarios y eventualmente penales, en tanto no se invocó causal legal que justifique la omisión.
• Demora en la producción de prueba documental: indicó haber tardado tres meses en localizar documentación clave sobre el origen de los fondos, lo que plantea interrogantes sobre su disponibilidad, conservación y consistencia, elementos centrales en procesos de verificación patrimonial.
• Adhesión posterior a régimen de regularización fiscal: se acogió ayer al régimen simplificado de Ganancias creado por la Ley de Inocencia Fiscal, tres meses después de radicada la denuncia penal en su contra. Si bien la herramienta es legal, su utilización en ese contexto temporal podría ser objeto de análisis respecto de sus efectos jurídicos y su alcance frente a eventuales responsabilidades preexistentes.
la entrevista que concedió anoche a LN+,Hugo Alconada Mon,Manuel Adorni,Conforme a,Manuel Adorni,,“Ahorramos en negro”. Manuel Adorni admitió que ocultó ingresos en sus declaraciones juradas por medio millón de dólares,,Con torta de cumpleaños. Karina Milei posteó una foto de la mesa política en medio de las tensiones Adorni-Bullrich,,En redes sociales. La contundente frase de Esteban Bullrich contra Adorni
POLITICA
La Justicia investigará cómo hizo Adorni para ahorrar los US$200 mil que invirtió en bitcoin
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, presentó el miércoles su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción y aseguró que el mayor incremento de su patrimonio fue gracias a una inversión de US$200 mil en Bitcoin. La información brindada por el funcionario generó un cambio drástico en la investigación por presunto enriquecimiento ilícito y el fiscal Gerardo Pollicita profundizará ahora en los orígenes de esos fondos.
Concretamente, el fiscal a cargo de la investigación junto al juez Ariel Lijo, investigará el historial laboral de los últimos 12 años de Adorni.
Pollicita quiere saber de dónde salió ese dinero, a pesar de que el funcionario dijo que lo logró gracias a “ahorros en negro” que recaudó junto a su mujer, Bettina Angelleti.
En caso de que el jefe de Gabinete asegure que ese dinero fue hallado en la casa de sus padre, la investigación recaerá también en el resto de sus familiares hasta poder dar con el origen de los fondos.
No será la única medida que tomará Pollicita. También se reunirá con los peritos de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero(DAFI) para que se incorporen los US$500 mil que Adorni dijo tener en una entrevista.
El fiscal también solicitará la declaración jurada reservada de Bettina Angeletti, esposa de Adorni, como parte de las medidas destinadas a reconstruir el patrimonio familiar y contrastar la información presentada ante los organismos de control.
La investigación tomó impulso luego de las declaraciones públicas del jefe de Gabinete, quien admitió que durante años mantuvo ahorros no declarados junto a su esposa y aseguró que una parte significativa de su patrimonio proviene de inversiones realizadas en bitcoin.
Según pudo saber TN, Pollicita analizará además la documentación vinculada a los activos digitales mencionados por el funcionario. En la fiscalía evalúan cuál es el mecanismo más adecuado para requerir información que permita verificar la existencia de esos fondos y confirmar que fueron incorporados a las declaraciones patrimoniales correspondientes.
El foco está puesto en los US$300.000 que Adorni aseguró haber obtenido como ganancia a partir de inversiones en criptomonedas realizadas junto a su esposa. En una entrevista televisiva, explicó que comenzó a operar con bitcoin en 2013 y que entre 2014 y 2018 obtuvieron importantes rendimientos.
Leé también: Los dichos de Adorni sobre su patrimonio contradicen declaraciones anteriores en el Congreso y la Casa Rosada
“Invertimos US$200.000 y ganamos US$300.000”, sostuvo el jefe de Gabinete. También afirmó que esos fondos son la forma de demostrar que su patrimonio fue generado antes de su ingreso a la función pública.
Las explicaciones de Adorni se produjeron en medio de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito que tramita en los tribunales federales y luego de que se conociera la presentación de declaraciones juradas rectificativas ante la Oficina Anticorrupción.
Manuel Adorni, Justicia, Gobierno
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