POLITICA
Piden a la UIF que investigue a Manuel Adorni y su esposa por posible lavado de dinero
El Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE) solicitó formalmente hoy a la Unidad de Información Financiera (UIF) que abra un expediente de inteligencia financiera para analizar la evolución patrimonial y eventualmente denunciar ante la Justicia penal por presunto lavado de activos al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y su esposa Bettina Angeletti ante la existencia de fondos y bienes cuyo origen -según planteó la entidad- no ha sido debidamente acreditado.
Dirigida al titular de la UIF, Matías Gabriel Álvarez, el CIPCE reclamó la adopción de “todas las medidas previstas en las facultades legales y reglamentarias” para realizar un monitoreo intensivo sobre ambos, tras recordar su carácter de Personas Políticamente Expuestas (PEP), con el objetivo de establecer la trazabilidad, el origen y la consistencia económica de su patrimonio.
El pedido se apoya en una serie de elementos que, según el CIPCE, ameritan un escrutinio reforzado: la compra de una vivienda en un barrio privado en noviembre de 2024 y de un departamento en la ciudad de Buenos Aires en noviembre de 2025 -ambas operaciones realizadas cuando Adorni ya ocupaba funciones públicas-, la tenencia de sumas significativas de dinero en efectivo, viajes en aeronaves privadas junto a contratistas del Estado y la realización de operaciones crediticias no bancarias con personas que no evidenciarían capacidad económica suficiente.
Augusto Famulari –
La entidad también incorporó como elemento relevante la entrevista que concedió anoche Adorni a José Del Rio, en LN+, en la que sostuvo que sus ahorros familiares habían sido constituidos “en negro”, es decir, fuera de los circuitos formales de registración tributaria. El jefe de Gabinete admitió haber ocultado ese dinero, “por error”, en sus declaraciones juradas de los años 2023 y 2024. Ese capital, según se desprende de sus declaraciones, era del orden de los US$500.000: “Ahorramos en negro como todos los argentinos”, dijo.
Según la ONG que se especializa en investigar la corrupción y los delitos económicos, ese reconocimiento de Adorni plantea interrogantes sobre el cumplimiento de los estándares de transparencia exigibles a los funcionarios y sobre el origen de los fondos involucrados.
En su presentación, CIPCE citó testimonios de quienes declararon ante la Justicia federal que indicarían que al menos una de las operaciones inmobiliarias no habría sido escriturada por su valor real. De confirmarse, podría encuadrar, según el planteo, en maniobras de simulación susceptibles de ser analizadas bajo la figura de lavado de activos.
El CIPCE subrayó, además, que la adhesión al régimen simplificado de Ganancias previsto en la ley de “Inocencia Fiscal” no limita ni suspende las obligaciones en materia de prevención del lavado de activos ni las facultades de la UIF para analizar operaciones patrimoniales inconsistentes. En ese sentido, recordó que la normativa vigente impone deberes de debida diligencia reforzada para las PEP, precisamente por su mayor exposición a riesgos de corrupción.
Con la firma de su director ejecutivo, Pedro Biscay, CIPCE contextualizó su petición en el contexto internacional. Remarcó que la Argentina se encuentra bajo seguimiento reforzado del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que exige avances en la prevención, detección e investigación del lavado, en particular cuando está vinculado a hechos de corrupción.
En ese marco, el CIPCE sostuvo que una actuación “diligente y oportuna” de la UIF en casos que involucren a funcionarios de alto rango constituye una señal clave de cumplimiento de los estándares internacionales. Por ello, solicitó que se realicen controles de consistencia patrimonial integrales, con cruce de información proveniente de organismos como la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y reportes del sistema financiero.
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El Gobierno prevé que el vicepresidente de EE.UU. llegue al país la tercera semana de noviembre y avanza con el operativo de seguridad
El Gobierno espera que el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, llegue a la Argentina durante la tercera semana de noviembre y comenzó a coordinar con Washington los preparativos de la visita. La fecha exacta todavía no está cerrada, pero en Nación ubican el viaje después del paso del papa León XIV por el país y ratifican que la iniciativa partió de la administración de Donald Trump.
La organización ya tuvo una primera avanzada estadounidense para trabajar sobre logística, seguridad y agenda. La Casa Rosada considera confirmada la visita y mantiene como principal actividad una reunión de Vance con Javier Milei. El esquema inicial contempla entre dos y tres días en la Argentina.
El cálculo oficial ubica la llegada a partir de mediados de noviembre, con la tercera semana como principal ventana. El viaje será parte de una recorrida regional, aunque Washington todavía no informó públicamente qué otros países integrarán el itinerario ni el orden de las escalas.
La secuencia se definió también en función de la visita de León XIV. El Vaticano mantiene programada la presencia del Papa en la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre, dentro de una gira por Uruguay, la Argentina y Perú. El pontífice será recibido por Milei en la Casa Rosada el 8 de noviembre y partirá hacia Lima el 11.
La gira papal continúa oficialmente en pie pese a que León XIV ingresó este martes al hospital Gemelli de Roma para someterse a una intervención por un nódulo pulmonar. El Vaticano prevé aproximadamente una semana de recuperación y, hasta ahora, no modificó el viaje sudamericano programado entre el 6 y el 17 de noviembre.
Antes de que Vance llegue a Buenos Aires, Christopher Landau, subsecretario de Estado y número dos de Marco Rubio, que tiene previsto viajar el 21 de octubre junto con Juan Pablo Segura, responsable de la política estadounidense para el Hemisferio Occidental. Parte de esas conversaciones servirá para seguir preparando la visita del vicepresidente.
La agenda de Landau y Segura incluirá además seguridad, cooperación contra el crimen organizado y el pedido argentino para incorporarse al Programa de Exención de Visa. Washington y Buenos Aires profundizaron en las últimas semanas el intercambio de información y la asistencia técnica en materia de narcotráfico.
POLITICA
ATE convocó a un paro nacional de 24 horas para este jueves contra el DNU 70/23 del Gobierno
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) anunció este martes un nuevo paro nacional de 24 horas para este jueves 15 para apoyar la derogación por parte de Diputados del DNU 70/23 del gobierno de Javier Milei.
La medida de fuerza, anunciada por el secretario general Rodolfo Aguiar, incluirá paros, asambleas y movilizaciones durante toda la jornada y coincidirá con la marcha por el financiamiento universitario y la Ley de Tierras convocada para los alrededores del Congreso.
“¡¡Ahora!! ATE lanza un paro nacional de 24 horas para protestar en todo el país el 15/10. ¡¡Tenemos que ir por todo y voltear el DNU 70/30 completo!! Este decreto no es motosierra contra la casta, es motosierra contra nosotros para que la casta se llene de guita”, expresó el secretario de ATE Nacional en su cuenta de X.
Y añadió: “No podemos permitir que sigan gobernando a la Argentina a sola firma. Lo que no consiguen con los votos pretenden hacerlo por decreto”.
“Este decreto es un delivery para las grandes corporaciones. Incluye más de 300 leyes. Ni [Jorge Rafael] Videla se animó a tanto. No sólo deroga la Ley de Tierras, sino la de Góndolas, de Alquileres, permite la privatización de las empresas públicas y le regala el comercio exterior a 10 empresas. Esto no es reforma, es saqueo”, expresó el titular.
La nota en la que confirmaron la medida de fuerza —dirigida a la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social del Ministerio de Capital Humano— resaltó que el objetivo será “reclamar por la Soberanía Nacional, contra la Extranjerización de las tierras y en defensa de la Educación Pública Universitaria”.
De forma similar a lo que ocurrirá durante la Marcha Federal Universitaria convocada por el Partido Justicialista (PJ), el radicalismo, la izquierda y los movimientos sociales, ATE concentrará su movilización en la Ciudad en las inmediaciones de la Plaza del Congreso a partir de las 13.30, mientras que las actividades en las otras provincias del país serán “definidas por las conducciones locales”.
“El sindicato protesta por el Financiamiento Universitario, la derogación del DNU 70/23, en defensa de la Soberanía Nacional sobre el territorio y los recursos estratégicos, repudiando las políticas del Gobierno Nacional de entrega de tierras a capitales extranjeros, la constante vulneración derechos y deterioro del empleo estatal”, añadieron en el documento dirigido al secretario Julio Cordero.
La medida de fuerza se mantiene más allá de que la Corte Suprema repuso la vigencia de la Ley de Tierras a través de una medida cautelar interina publicada el viernes luego de haber refrendado la vigencia del decreto 70/23, que en su artículo 154 la dejaba sin vigencia.
La movilización no sólo exigirá el cumplimiento de la Ley de Tierras (que regula y limita la compra de terrenos rurales en la Argentina por parte de personas o empresas extranjeras), sino también exigirá el “cumplimiento efectivo” de la Ley de Financiamiento Universitario, la recomposición salarial de docentes universitarios, la actualización de las becas estudiantiles y la obtención de los fondos necesarios para garantizar el funcionamiento de las universidades.
Servicios afectados
Según indicaron desde el sindicato a , durante la jornada sólo se garantizarán los servicios de guardias mínimas en hospitales y de atención de urgencia en centros asistenciales de niños, adolescentes y adultos mayores.
Al mismo tiempo, la recolección de residuos, los auxiliares de educación, la guardia urbana, migraciones, los controles sanitarios en puertos y aduanas del Senasa, radiooperadores de medios públicos, personal de manejo de incendios forestales, agentes de tránsito, controladores aéreos, la Comisión Nacional de Regulación de Transporte (CNRT) y el mantenimiento de plantas nucleares también se verán afectados. Por ahora, informaron, sólo se garantizarán vuelos sanitarios y de Estado por parte de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), mientras que PAMI y la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) atenderán únicamente emergencias.
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El Reino Unido respaldó la explotación petrolera en Malvinas y anunció medidas legales para blindar a las empresas de la presión Argentina
El Reino Unido anunció hoy la implementación de medidas legales para proteger la explotación petrolera en las islas Malvinas frente a las presiones económicas de Argentina. El gobierno británico invocó la legislación de Protección de Intereses Comerciales (PTI) para blindar a las empresas involucradas en el proyecto Sea Lion, una acción que refuerza el respaldo de Londres. La decisión se produjo tras la presentación del gobierno argentino de una solicitud de medidas provisionales ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM).
En simultáneo, medios británicos como The Telegraph informaron que Ed Miliband, secretario de Relaciones Exteriores británico, autorizó la actividad de Sea Lion, según confirmó Navitas, la compañía israelí que lidera el proyecto junto a la británica Rockhopper Exploration.
La legislación de Protección de Intereses Comerciales (PTI) le permite al gobierno tomar acciones concretas para “blindar” a las empresas. Entre otros puntos, permite prohibir a las compañías y personas bajo jurisdicción del Reino Unido que cumplan con leyes extranjeras (en este caso, las leyes argentinas que imponen sanciones o restricciones a quienes operan en Malvinas).
También impide que los tribunales británicos reconozcan o ejecuten sentencias extranjeras contra actividades legítimas en las islas, y habilita a las empresas a reclamar ante la justicia británica la recuperación de cualquier daño económico sufrido como consecuencia de esas presiones externas.
El Gobierno -según información oficial- tramitará la legislación secundaria “con la mayor celeridad posible, con el objetivo de que entre en vigor antes de finales de año”.
Sea Lion está ubicado a unos 240 kilómetros al norte de las islas, en aguas de aproximadamente 500 metros de profundidad. Navitas comenzó a perforar a principios de 2026 y prevé desarrollar 23 pozos en el sector norte del yacimiento con dos buques de producción para procesar y transportar el crudo. Según las estimaciones de las empresas, el proyecto podría comenzar a producir en 2028 y alcanzar una capacidad de hasta 180.000 barriles diarios.
“Esto deja claro, sin lugar a dudas, que este Gobierno actuará cuando Argentina intente obstaculizar la actividad comercial legítima del Reino Unido. Implementaremos medidas en el marco de la legislación sobre la Protección de los Intereses Comerciales (PTI) para salvaguardar los intereses del Reino Unido y continuaremos colaborando estrechamente con las empresas afectadas. Estas medidas envían una señal clara de que no nos quedaremos de brazos cruzados mientras Argentina intenta aplicar su legislación interna para obstaculizar intereses comerciales legítimos en las Islas Malvinas”, señaló el secretario de Estado de Empresa y Comercio, Jonathan Reynolds.
Miliband, en tanto, afirmó: “El apoyo del Reino Unido a las Islas Malvinas es firme. Los intentos de Argentina de intimidar a empresas e individuos que realizan actividades comerciales legítimas son inaceptables. Las empresas deben tener libertad para tomar decisiones comerciales lícitas sin la amenaza de coerción política. Siempre defenderemos a los habitantes de las Islas Malvinas, su derecho a determinar su propio futuro y su derecho a buscar un desarrollo económico legítimo”.
Ayer, el primer ministro británico, Andy Burnham, ya había defendido la actividad petrolera de Sea Lion durante su intervención ante la Cámara de los Comunes para reafirmar la posición de Londres sobre el archipiélago. En su declaración, indicó que había planteado el asunto al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y mencionó de forma explícita la voluntad de los isleños de continuar vinculados al Reino Unido. “Siempre haremos lo que sea necesario para defender su voluntad”, afirmó el primer ministro, según consta en la versión publicada por el gobierno británico.
“Hemos demostrado de manera constante nuestro apoyo inquebrantable a los habitantes de las islas y al proyecto Sea Lion. Lo dejé muy claro en Nueva York. Sé que la Oficina de Asuntos Exteriores, de la Commonwealth y de Desarrollo trabaja activamente en este asunto, y daremos a conocer más novedades a su debido tiempo”, señaló Burnham.
A primeras horas de hoy, la Cancillería argentina y la Secretaría de Legal y Técnica presentaron ante el TIDM una solicitud formal de medidas provisionales. La presentación formula cuatro requerimientos urgentes: la prohibición de nuevas actividades extractivas, la restricción en el uso de información técnica obtenida durante las exploraciones, la exigencia de que el Reino Unido se abstenga de otorgar nuevos permisos, y la preservación de los derechos soberanos argentinos sobre la plataforma continental mientras se sustancia el procedimiento arbitral principal iniciado el 28 de septiembre bajo el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar).
Las decisiones provisionales del TIDM son de cumplimiento obligatorio para los estados involucrados.
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