Un plenario de comisiones del Senado avanzó esta tarde con el dictamen del proyecto ya aprobado por Diputados que impone una nueva ley de discapacidad y deja atrás la actual emergencia en el área, que vence a fin del corriente año. Entre los puntos más importantes del texto se mantiene la pensión no contributiva, su actualización por inflación, el nomenclador universal de prestaciones y el arancel unificado.

La firma del despacho ocurrió en las comisiones de Presupuesto y Hacienda; y de Población y Desarrollo Humano de la Cámara alta. La primera es comandada por el libertario Agustín Monteverde (Capital Federal), mientras que la segunda es presidida por la cristinista Alicia Kirchner (Santa Cruz), quien aseguró: “Hay personas que nos han dicho de agregar esto o lo otro, pero el 31 de diciembre vence la ley y es fundamental que le demos sanción. Toda ley es perfectible, pero hoy tenemos que garantizar la mayor cobertura”.

Su colega de bloque, Carlos Linares (Chubut), retiró su propuesta para prorrogar la emergencia y habló de una “gran desesperación en todo el colectivo, que se está jugando hace rato”. Además, deslizó que la iniciativa en cuestión “es lo más cercano que tenemos, pero no es lo ideal”. En esa línea, manifestó: “Es mucho lo que falta y quiero ver qué viene en el Presupuesto 2027. Ahora, tenemos que despejar la incertidumbre”.

Por su parte, la jefa libertaria en el Senado, Patricia Bullrich (Capital Federal), expresó que la norma “busca dar una respuesta permanente y genera previsibilidad después de muchos desencuentros”, con el fin de evitar “una pelea permanente por este tema”. La porteña resaltó la necesidad de “controles”, con “pensiones que están muy por la media de cualquier pueblo tiene”.

Bullrich calificó como “muy importante” la no incompatibilidad entre incapacidad y empleo», para que “puedan ser integradas y no elegir empleo y pensión, que generaba un doble problema”. Mismo caso en los “beneficios a empleadores” y la apuesta por la “transparencia” del nuevo sistema. En ese sentido, advirtió sobre la “enorme duda” en pensiones entregadas “como si fuese un plan social”.

A contramano de la mayoría de bloques y, pese a la urgencia relacionada con el tema, la peronista disidente Alejandra Vigo (Córdoba) reclamó modificaciones. No cayó bien en el resto de los presentes del plenario -más tarde, la apoyó el ahora ex kirchnerista catamarqueño Guillermo Andrada-, dado el apuro para dar una señal y el consenso obtenido en Diputados, que se replicaría en el Senado.

Tras su discurso, se sumó la cristinista Juliana di Tullio como máxima autoridad de dicha bancada en el convite. La bonaerense aprovechó la ocasión para criticar a Bullrich. Contestó el libertario Bruno Olivera Lucero (San Juan). El ida y vuelta continuó con otros legisladores y la disputa se elevó luego de las palabras del mileísta Joaquín Benegas Lynch (Entre Ríos). No es la primera vez que genera una situación de ese estilo. Tampoco se perdió su momento su colega de espacio Carmen Álvarez Rivero (Córdoba), quien mandó a siesta eterna -desde marzo- a la comisión de Trabajo que lidera. Más de siete meses.

El texto consensuado ratifica pensiones equivalentes al 70% del haber mínimo jubilatorio y el Certificado Único de Discapacidad (CUD) como principal vía para acceder a dicho beneficio, con un nomenclador universal de prestaciones y arancel unificado. Por pedido de los aliados en la Cámara baja -el Gobierno y el oficialismo tuvieron que ceder en casi todo allí-, se mantuvo la compatibilidad entre la pensión y el empleo formal: habilita que las personas con CUD conserven la pensión si tienen empleo registrado o están inscriptas en regímenes tributarios, siempre que sus ingresos no superen dos salarios mínimos vitales y móviles.

También se garantizó que tanto las personas titulares de pensiones no contributivas por invalidez laboral como por discapacidad tengan el acceso a un mecanismo de salud con las prestaciones básicas de la ley 24.901 (Programa Incluir Salud). En tanto, para evitar futuros vetos o cuestionamientos del oficialismo, se detallaron las partidas presupuestarias específicas del Ministerio de Salud que se destinarán a financiar el sistema y se previeron compensaciones desde el Tesoro, si éstas resultaran insuficientes. Además, se aclaró que el Gobierno deberá asegurar que el ingreso por beneficiario no pierda poder adquisitivo respecto del año anterior.

En otro tramo del proyecto se introdujeron mecanismos de control más estrictos. Por caso, la Secretaría Nacional de Discapacidad realizará auditorías periódicas mediante el cruce de datos con organismos como ANSeS, ARCA, Renaper y el SINTyS, con la posibilidad de suspender -de manera preventiva- un beneficio ante un incumplimiento objetivo, aunque bajo un “debido proceso inclusivo” que contempla notificación y rehabilitación provisoria.

Por último, el texto establece que si quedaran pendientes deudas con prestadores al momento de sancionarse la ley, el Poder Ejecutivo deberá difundir un cronograma de pagos dentro de los 30 días y cancelar los pagos dentro de los 90 días.

joaquín benegas lynch

papa León XIV,con gobernadores (todos convocados),View this post on Instagram,Paula Rossi,Axel Kicillof,AFA,Luján,Conforme a

El Gobierno busca acelerar los acuerdos pendientes con Estados Unidos y avanzar en nuevos mecanismos para blindar la relación bilateral después de la derrota de Donald Trump en las elecciones legislativas del martes. En la Casa Rosada reconocen que el resultado fue más adverso de lo que esperaban y preparan una estrategia para profundizar los vínculos comerciales, logísticos y de suministros, con el objetivo de garantizar la continuidad de la cooperación entre ambos países más allá de los cambios políticos en Washington.

“Esperábamos una derrota, pero no de la magnitud que sucedió”, reconocieron a TN fuentes del Ejecutivo. El oficialismo proyectaba que los republicanos perdieran el control de la Cámara de Representantes, pero no contemplaba que también cedieran la mayoría en el Senado. El resultado dejó a los demócratas con el control de ambas cámaras a partir del 3 de enero de 2027 y redujo el margen parlamentario del principal aliado internacional de Javier Milei.

La reacción de Balcarce 50 apunta a acelerar las negociaciones que ya están abiertas con la administración estadounidense. Según explican funcionarios nacionales, el Ejecutivo está evaluando distintos mecanismos para avanzar en los compromisos pendientes y fortalecer su continuidad institucional. La estrategia comprende acuerdos comerciales, cooperación bilateral, integración de cadenas logísticas y garantías de abastecimiento en sectores considerados estratégicos.

En distintos sectores del Gobierno insisten en que el resultado electoral no modificará la orientación de la política exterior argentina. La prioridad es transformar el vínculo político entre Milei y Trump en una relación sostenida por compromisos entre los Estados. En el oficialismo consideran que la cooperación económica, tecnológica y comercial debe contar con instrumentos capaces de mantenerse vigentes independientemente de quién controle el Congreso estadounidense o llegue a la Casa Blanca.

Uno de los principales objetivos es enviar durante noviembre al Congreso argentino el Acuerdo sobre Comercio e Inversiones Recíprocos (ARTI), que ambos países firmaron el 5 de febrero de 2026 en Washington. Fuentes oficiales aseguraron a TN que esa sigue siendo la intención del Ejecutivo y que buscan avanzar con su tratamiento parlamentario. El instrumento todavía no entró en vigor y requiere completar los procedimientos legales correspondientes.

El acuerdo establece preferencias arancelarias, compromisos para reducir barreras al comercio y disposiciones sobre inversiones, tecnología y seguridad económica. También contempla mecanismos de cooperación en minerales críticos, energía, infraestructura y transporte. La administración libertaria pretende utilizar ese marco para ampliar el alcance de la relación económica y avanzar en iniciativas que no dependan exclusivamente de los contactos políticos entre ambos presidentes.

El texto incluye un esquema de coordinación permanente a través del Consejo de Comercio e Inversión establecido en el acuerdo marco bilateral de 2016. Ese ámbito permite abordar dificultades de implementación, mantener consultas y desarrollar nuevas negociaciones. También prevé cooperación para facilitar el intercambio comercial y mejorar los controles aduaneros, además de compromisos vinculados con la seguridad de las inversiones y las cadenas de suministro.