La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó el archivo de la causa contra el expresidente Mauricio Macri y los actuales ministros Luis Caputo y Federico Sturzenegger por el crédito de 57.100 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional (FMI) que acordaron en 2018.

Con la firma de los jueces Javier Carbajo, Gustavo M. Hornos y Mariano Hernán Borinsky, el tribunal también rechazó las recusaciones formuladas contra sus integrantes y los fiscales intervinientes, y dio intervención al Colegio Público de Abogados por el contenido de los escritos.

La decisión se tomó luego de que la semana pasada el fiscal ante la Casación Raúl Pleé desistió de la apelación que habían planteado sus colegas de las instancias inferiores contra el cierre del caso.

La investigación, iniciada a partir de distintas denuncias, tuvo entre sus principales involucrados al expresidente Macri; los extitulares del Banco Central Sturzenegger, Caputo y Guido Sandleris; el exministro de Hacienda Nicolás Dujovne; y otros funcionarios.

Se buscaba determinar si el endeudamiento contraído con el FMI y el posterior destino de los fondos habían permitido financiar un proceso de fuga de capitales en perjuicio del Estado nacional, mediante conductas que podían configurar los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, administración fraudulenta y malversación de caudales públicos.

En febrero de 2026, el Juzgado Federal N° 5 dispuso el archivo de las actuaciones por inexistencia de delito, decisión que fue confirmada en septiembre por la Sala I de la Cámara Federal porteña. Frente a ello, el fiscal general José Luis Agüero Iturbe interpuso un recurso de casación que fue declarado inadmisible, por lo que acudió en queja ante la Cámara de Casación.

Sin embargo, al intervenir en esta última instancia, el fiscal general Pleé desistió del recurso. En su dictamen señaló que, después de más de cinco años de investigación, los representantes del Ministerio Público Fiscal no habían identificado medidas de prueba concretas que permitieran modificar las conclusiones de las instancias anteriores. También consideró que no se había logrado sostener una hipótesis delictiva suficientemente fundada y afirmó que “lo único que queda en pie de esta acusación es el desacuerdo con un modelo económico determinado”. En consecuencia, la Sala IV tuvo por desistida la queja fiscal, sin ingresar al examen del fondo de la cuestión.

El tribunal también debió resolver la presentación de Antonio Conrado De Martino, un particular que había intentado incorporarse al proceso como querellante invocando su condición de ciudadano y contribuyente, y que había adherido al recurso de casación del Ministerio Público Fiscal. La Cámara Federal ya había rechazado su intervención por considerar que no había demostrado un perjuicio directo y personal derivado de los hechos investigados. Posteriormente, De Martino acudió en queja ante Casación para cuestionar esa decisión y procurar que continuara la revisión del archivo.

La Sala IV no hizo lugar a su recurso. Los jueces explicaron que la adhesión a un recurso es una vía accesoria que presupone la existencia de una impugnación principal concedida. En este caso, el recurso fiscal nunca había sido admitido y la queja posterior fue desistida por su titular. Por lo tanto, De Martino no contaba con un recurso autónomo que permitiera sostener su intervención ante Casación.

Además de cuestionar el archivo de la investigación, De Martino, con el patrocinio del abogado Nicolás Roberto Corbetto Norese, promovió la recusación de los tres integrantes de la Sala IV. También solicitó el apartamiento del fiscal Pleé y la nulidad de su dictamen, y recusó al fiscal Agüero Iturbe, pese a que anteriormente había adherido al recurso presentado por este último.

El tribunal rechazó in limine todos esos planteos. Consideró que las acusaciones se sustentaban en apreciaciones subjetivas, referencias a otras investigaciones y publicaciones periodísticas, sin elementos objetivos que permitieran poner en duda la imparcialidad de los magistrados ni justificar el apartamiento de los representantes del Ministerio Público Fiscal. Los jueces destacaron, además, la contradicción en la que incurrió De Martino al recusar al mismo fiscal cuyo recurso pretendía que Casación mantuviera vigente.

La resolución también dedicó especial atención al contenido de las presentaciones de De Martino, en las que se formularon graves acusaciones personales contra magistrados y funcionarios judiciales, junto con manifestaciones de carácter antisemita. En particular, el presentante sostuvo que los atentados contra la Embajada de Israel y la AMIA habrían sido organizados por los propios judíos con el propósito de presentarse como víctimas y favorecer intereses territoriales en Medio Oriente.

La Sala IV advirtió que las presentaciones contenían expresiones discriminatorias, incompatibles con los principios de la ley 23.592 y con el respeto a la dignidad de las personas. Los jueces señalaron, además, que el ejercicio del derecho de defensa y la facultad de cuestionar las decisiones judiciales, aun con firmeza, no autorizan a formular imputaciones personales de naturaleza delictiva ni a atribuir propósitos espurios a los magistrados sin el debido sustento.

En consecuencia, el tribunal formuló una observación a De Martino y a su abogado Corbetto Norese, para que en lo sucesivo ajusten sus expresiones a las exigencias de respeto y decoro propias de la actuación judicial. Asimismo, dispuso dar intervención al Colegio Público de Abogados de la Capital Federal para que examine la conducta profesional del letrado, las normas que regulan el ejercicio de la abogacía.

Más allá de estas consideraciones, el eje de la causa apuntaba al acuerdo stand by celebrado con el FMI en 2018, por el cual la Argentina obtuvo inicialmente un financiamiento de 50.000 millones de dólares, luego ampliado a 57.100 millones de dólares.

La investigación procuró determinar si el crédito era innecesario y en verdad se tomó para fugar los dólares con acuerdo de empresarios y financistas allegados al poder.

También el caso trata de determinar si durante la negociación, la suscripción y la ejecución del acuerdo se produjeron incumplimientos de las normas que regulaban este tipo de operaciones.

En primera instancia, la jueza María Eugenia Capuchetti archivó el caso, fallo que fue confirmado por los camaristas Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens.

La decisión fue recurrida primero por el fiscal Franco Picardi. Luego, el fiscal de Cámara José Agüero Iturbe interpuso un recurso de Casación, que fue desestimado, y finalmente un recurso de queja, que la semana pasada fue fue desistido por el fiscal Raúl Pleé.

En línea con su promesa de aplicar la motosierra sobre la estructura del Estado nacional, el gobierno de Javier Milei puso en marcha hoy un nuevo plan de retiros voluntarios, centrado en este caso en empleados públicos que, por su edad, están cerca de jubilarse. De los 341.000 empleados que el Estado tenía al iniciarse el gobierno libertario, según el Indec, unos 72.000 dejaron de pertenecer a la planta en estos años, y la intención del Gobierno es sumar en los próximos meses un número cercano a 20.000. Es decir, espera reducir en un 25% la plantilla de la administración pública nacional para fin de año.

A través de un decreto publicado hoy en el Boletín Oficial, firmado por el presidente Milei, el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger y el jefe de gabinete Diego Santilli, el Gobierno avanza en su objetivo de achicar la planta estatal, con un plan que en principio se extenderá desde el primero al último día de noviembre, y que abarca un amplio universo de algo más de 21.000 empleados, con excepción expresa de personal de Fuerzas Armadas, de Seguridad e Inteligencia.

Se propone abonar, para el grupo de hombres y mujeres de entre 58 y 63 años sin aportes suficientes para jubilarse, el 60 por ciento del sueldo durante tres años. Un segundo grupo, de empleados con esa franja de edad y aportes suficientes para jubilarse, percibiría una única remuneración mensual por cada año trabajado. Y el tercer grupo, que abarca a mujeres de hasta 57 años y hombres hasta 62, percibirá un sueldo por año trabajado, con un tope general de veinte salarios. Como novedad, se establece que el empleado que decida irse no podrá retornar por ocho años a ocupar un cargo en el Estado.

“El programa no tiene una meta predeterminada de retiros. No buscamos alcanzar una cantidad determinada de desvinculaciones, sino seguir adecuando las dotaciones del Estado a las funciones que efectivamente necesita cumplir”, afirmaron a desde el ministerio que encabeza Sturzenegger. Agregaron que el plan “es una herramienta para aquellos organismos que tienen estructuras sobredimensionadas, funciones duplicadas o puestos que dejaron de ser necesarios. Cada retiro requiere la decisión voluntaria del trabajador y la aprobación del Estado, que evaluará cada solicitud en función de las necesidades del organismo”, afirmaron. Y destacaron que “se abre una instancia de consultas” de cada empleado con el área de recursos humanos de cada repartición, a fin de evacuar dudas.

“Seguimos buscando maneras de reducir el gasto público para seguir bajando impuestos. VLLC!”, afirmó el propio Sturzenegger, en un posteo. Y destacó que el impedimento de regreso a la función pública se lleva a cabo “para evitar una puerta giratoria”, aunque dejó abierta la posibilidad de eventuales regresos, previa devolución del dinero recibido.

A diferencia de lo que sucedió en los primeros dos años de gestión, donde los recortes de personal estuvieron dados en el área centralizada de la administración pública, a partir de 2026 el Gobierno enfocó su plan de reducciones en organismos descentralizados. Según el último informe del Indec, y al 31 de agosto pasado, la dotación de personal de la administración pública nacional, empresas y sociedades fue de 269.025 personas; esto representa una caída de 5,8% respecto a igual mes del año anterior y una caída de 0,5% respecto al mes anterior.

Desde el sindicato estatal ATE reiteraron las críticas al plan que ya se venían haciendo en los días previos a la salida del decreto, y anunciaron protestas frente a la quinta presidencial de Olivos. “No es retiro voluntario, es despido extorsivo. No hay voluntad cuando la opción es o firmás o te quedás en la calle sin laburo y sin obra social”, señaló el Secretario General de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar.

“A este plan lo vamos a enfrentar con medidas de acción directas. No podemos dejar que desmantelen el Estado y lo dejen sin su bien más preciado, que es un valioso recurso humano con trayectoria y experiencia”, agregó el sindicalista, que confirmó a que la movilización a la quinta presidencial se dará el miércoles próximo, a las 17. Ese día, el Presidente estará cumpliendo con su programada gira en España, que comienza hoy por la noche.