POLITICA
El Gobierno reglamentó el nuevo régimen penal juvenil: cuáles son los ejes centrales
El Gobierno reglamentó esta madrugada la Ley del Régimen Penal Juvenil N° 27.801, que rige para adolescentes de 14 a 17 años. El decreto, firmado por el presidente Javier Milei, el ministro de Justicia Diego Santilli y el secretario Juan Bautista Mahiques, fija cómo se implementarán las modificaciones introducidas a la legislación vigente.
Aunque la reforma penal permitirá que los adolescentes de 14 años puedan ser judicializados por delitos previstos en el Código Penal, estos seguirán enmarcados bajo un sistema especial. Esta normativa contemplará condenas, medidas alternativas y, en determinados casos, privación de la libertad.
La medida se oficializó mediante la publicación del decreto 875/26 en el Boletín Oficial. De acuerdo con lo dispuesto, la autoridad de aplicación será el Ministerio de Justicia, a cargo de Juan Bautista Mahiques. En ese sentido, la cartera será la encargada de coordinar la implementación del régimen, dictar normas complementarias y celebrar convenios de colaboración con provincias, universidades, organismos públicos y organizaciones de la sociedad civil.
El supervisor especializado
Una de las piezas centrales del decreto es la regulación de la figura del supervisor especializado, el profesional responsable del seguimiento, la asistencia y el control del adolescente durante el proceso. Para ser designado, deberá acreditar formación académica en educación, pedagogía infanto-juvenil, psicología, adicciones o trabajo social.
De esta manera, crearon el Registro de Supervisores del Régimen Penal Juvenil en el ámbito del Ministerio de Justicia. Dado que el registro definitivo requiere una convocatoria pública, se establece un régimen transitorio: la autoridad de aplicación elaborará un listado provisorio de profesionales habilitados con un plazo máximo de 180 días para sustanciar esa primera convocatoria. Los jueces designarán al supervisor en cada causa entre los profesionales del listado.
Una vez conformado el registro definitivo, quienes no logren incorporarse al padrón permanente perderán la posibilidad de ser asignados a nuevos casos, aunque el juez correspondiente evaluará su continuidad en las causas en las que ya intervengan.
Crearon un comité interministerial y una mesa federal
Para lograr una implementación transversal, el Gobierno dispuso la creación del Comité Interministerial del Régimen Penal Juvenil, un organismo permanente que articulará la actuación conjunta de cuatro ministerios: Justicia —que ejercerá la coordinación—, Seguridad Nacional, Capital Humano y Salud. Cada cartera designará un representante titular y uno suplente, con rango mínimo de director nacional.
Entre sus funciones, este organismo deberá elaborar lineamientos comunes en materia de prevención, abordaje y reinserción; intercambiar información estadística y técnica; y emitir recomendaciones no vinculantes a la autoridad de aplicación. También le corresponde instrumentar la articulación necesaria para la ejecución de las penas alternativas previstas en el artículo 12 de la ley.
El decreto habilita, además, la participación de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas, la Procuración General de la Nación, la Defensoría General de la Nación y otros organismos del Poder Judicial en carácter de colaboradores, cuando la materia a tratar lo requiera.
A su vez, formalizaron la creación de la Mesa Federal del Régimen Penal Juvenil, un espacio permanente —aunque de adhesión voluntaria— para el diálogo entre la Nación, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La instancia estará coordinada por un representante de la cartera de Justicia e integrada por un delegado de cada jurisdicción provincial y de la CABA, además de representantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la Procuración General de la Nación y la Defensoría General de la Nación.
Sus funciones incluyen la armonización de criterios técnicos y procesales, el intercambio de buenas prácticas y la facilitación de convenios de cooperación entre jurisdicciones. La Mesa podrá emitir recomendaciones no vinculantes sobre implementación, y su funcionamiento operativo —frecuencia de reuniones, modalidades de adhesión y procedimientos de adopción de recomendaciones— quedará regulado por sus propios integrantes.
Derechos de las víctimas y capacitación de operadores
Por otro lado, la reglamentación de la ley establece los derechos reconocidos para las víctimas, dentro de los que se encuentran la tutela efectiva, asistencia especializada y patrocinio jurídico gratuito. La norma también establece que el Ministerio de Justicia deberá llevar adelante actividades de capacitación continua dirigidas a magistrados, fiscales, defensores y demás operadores del sistema de Justicia Penal Juvenil que actúen en el fuero nacional y federal. Las provincias y la CABA podrán desarrollar sus propias instancias de formación en sus respectivos ámbitos.
Asimismo, el decreto fija un mecanismo de comunicación al Registro Nacional de Reincidencia, dependiente del propio Ministerio de Justicia, para el seguimiento de los adolescentes alcanzados por el régimen. Esa comunicación deberá respetar la reserva del proceso contemplada en la ley.
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POLITICA
El Gobierno reconoció que “está bajo análisis” la postura argentina en el Comité de Descolonización de la ONU
Tan solo unas horas después de que los Estados Unidos insinuaran sus intenciones de disolver el Comité de Descolonización de Naciones Unidas, lo cual generó una primera diferencia geopolítica entre los dos países, en la Argentina el Gobierno reconoció que “está bajo análisis” la postura que va a tomar con respecto a ese organismo, en el cual mantiene abierto su reclamo contra el Reino Unido por la soberanía de las Islas Malvinas.
Por la mañana, no hubo acuerdo en el plenario de las comisiones de Defensa, Relaciones Exteriores y Legislación Penal de la Cámara de Diputados en el que, justamente, se estaba debatiendo la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional.
Por la tarde, el vocero, Adrián Ravier, aseguró que la Cancillería está estudiando los pasos a seguir respecto de la posición en la ONU y no descartó que el mencionado proyecto, que busca sancionar a las empresas que operen ilegalmente en el archipiélago, sufra modificaciones.
Durante su habitual conferencia de prensa en la Casa Rosada, el funcionario fue consultado por la iniciativa de la administración de Donald Trump, que cuestionó la continuidad del organismo por considerar que algunas de sus actividades implican un “despilfarro de recursos”.
“Bueno, esto está bajo análisis hoy como para tomar una decisión final. No puedo hacerlo yo. Es algo que hablará seguramente el canciller Pablo Quirno, pero está en análisis”, respondió.
La definición abre una diferencia en la relación entre el presidente Javier Milei y su par estadounidense, que hasta el momento habían mostrado coincidencias en asuntos centrales de política exterior, como el respaldo a Israel, la crítica a determinadas instituciones internacionales y la posición frente a los gobiernos de Venezuela, Cuba y Nicaragua.
La propuesta de los Estados Unidos afecta directamente a uno de los foros donde la Argentina plantea cada año ante el Reino Unido su reclamo de soberanía sobre las Malvinas.
El Comité Especial de Descolonización, conocido como C24, fue creado en 1961 y tiene entre sus temas pendientes la situación de las Islas, que es uno de los 17 casos de territorios no autónomos y una parte importante de ellos involucra al Reino Unido.
En los últimos años, los distintos cancilleres de la administración libertaria participaron de las sesiones del Comité para sostener la posición argentina. Diana Mondino, Gerardo Werthein y ahora Quirno cuestionaron la ocupación británica y reclamaron que Londres retome las negociaciones bilaterales.
Sin embargo, todo se convulsionó cuando Washington planteó la necesidad de terminar con el mandato de ese organismo durante el debate de la Cuarta Comisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas. La eventual disolución, de todos modos, dependería de una decisión de la Asamblea General, donde la Casa Blanca no tiene poder de veto.
Durante la conferencia, el vocero fue consultado también por la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que el Gobierno envió al Congreso y que apunta a endurecer las sanciones contra empresas que exploten recursos naturales en las Islas Malvinas sin autorización argentina.
Ante la pregunta sobre supuestos reclamos de compañías y funcionarios estadounidenses por el alcance de esa iniciativa, Ravier evitó confirmar si existió un pedido formal desde Washington, aunque dejó abierta la posibilidad de que el texto tenga modificaciones durante el debate parlamentario.
“Como todo proyecto de ley, entra al Congreso a debatirse en un marco de democracia. Como siempre decimos, no tenemos legisladores propios suficientes para alcanzar una mayoría simple y que los proyectos sean aprobados, con lo cual todo proyecto de ley que ingresa es debatido, es dialogado. Eventualmente, puede tener o no modificaciones”, explicó.
El funcionario remarcó que no podía anticipar cambios concretos, pero recordó que otras iniciativas del oficialismo tuvieron alteraciones durante su tratamiento legislativo. “Este proyecto hoy se está discutiendo. Si va a tener modificaciones, hoy no lo puedo adelantar”, agregó.
Por otra parte, Ravier sostuvo que la presentación de esa medida mantiene “sintonía” con el pedido de los Estados Unidos para eliminar el Comité de la ONU y negó, en cambio, que haya una contradicción entre ambas posturas.
En ese sentido, mencionó la construcción de una Base Naval Integrada y las acciones diplomáticas del Ejecutivo. “Nosotros en Argentina tenemos una política muy fuerte de seguridad nacional o pretendemos ir construyendo la seguridad nacional que en el último tiempo no tuvimos”, afirmó.
North America
POLITICA
Exploran el armado de un frente opositor en la Capital, pero La Cámpora asoma como un “problema”
Ante la posibilidad de que Pro y La Libertad Avanza (LLA) sellen un acuerdo en la ciudad de Buenos Aires para los comicios de 2027, el sector del exjefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta, el Partido Justicialista (PJ) y la Unión Cívica Radical (UCR) exploran conversaciones preliminares en tren de armar un gran frente electoral opositor para competir por la Jefatura de Gobierno, hoy en manos de Jorge Macri, quien ya anunció que buscará la reelección.
Aunque todavía están “frías”, las negociaciones entre Pro y LLA y la chance de que los comicios se realicen junto a los nacionales aceleran los diálogos en la oposición y empujan a espacios de signos muy diversos a evaluar un armado conjunto. También pesa el sistema de balotaje: si ningún candidato supera el 50% en las generales, los dos más votados se miden en una segunda vuelta. Frente a un Pro que gobierna la Capital desde 2007 y a libertarios que cosecharon grandes resultados en el distrito desde su irrupción, la oposición comienza a cerrar filas.
Los diálogos son “súper preliminares” e “informales” y están lejos de cerrar un acuerdo, pero la posibilidad de converger está puesta sobre la mesa.
En ese escenario de incipientes conversaciones ya asoma un actor que incomoda a varios de los involucrados: La Cámpora. Aunque tiene un peso menor en la Capital –comparado con su fortaleza a nivel nacional–, su sola presencia en una alianza crispa a referentes de sectores que integraron coaliciones como Cambiemos.
Una alianza artesanal
Larreta, hoy legislador porteño y alejado de Pro, es el único dirigente ya lanzado a la carrera para suceder a Jorge Macri. En su tribu admiten que dialogan con todos los espacios, salvo LLA y Pro, aunque aclaran que falta para tejer alianzas. Este año, el exjefe porteño priorizará su posicionamiento con recorridas barriales, encuentros con vecinos y piezas de comunicación.
“En principio, no descartamos nada”, afirma una fuente cercana a Larreta, en diálogo con . “Bienvenidos sean los que comparten esta idea de Ciudad [la impulsada por el exalcalde]”, aseguran, con espíritu aperturista. Sin embargo, dicen que no tendrían problema en competir solos: en las elecciones locales de 2025 alcanzaron el 8% y entienden que hoy duplican esa cifra.
En el peronismo se muestran más flexibles, aunque advierten que el armado no sería sencillo. Reconocen que una alianza con Larreta podría “enojar a muchos” –dada la histórica distancia que mantuvieron–, pero ese reparo se diluye frente a un obstáculo mayor: la debilidad del justicialismo en el balotaje porteño. Su mejor resultado en las últimas tres elecciones ejecutivas fue del 35% y, en 2023, el legislador porteño Leandro Santoro, por entonces candidato a jefe de gobierno, se bajó del balotaje.
Un importante dirigente del peronismo porteño admitió que, en una eventual PASO de este frente hipotético, sería un “problema” que ganara el PJ, dada su dificultad para enfrentar una segunda vuelta electoral. “El único en condiciones de liderar ese frente opositor es Larreta”, resumió a , entendiendo que el exjefe de gobierno sería ampliamente más competitivo en aquella instancia.
En contraste, cerca del senador y titular del PJ porteño, Mariano Recalde, alineado con Cristina Kirchner, sostienen que el peronismo presentará candidato propio, e incluso no descartan que sea el propio Recalde.
Pese a esta postura, en La Cámpora están dispuestos a competir con Larreta en una PASO, según pudo saber . Pero, a diferencia de los sectores del peronismo alejados del liderazgo de la expresidenta –representado por dirigentes como Juan Manuel Olmos, Matías Lammens y Santoro–, no dan por sentada la victoria del exjefe porteño: recuerdan que en 2025 el PJ logró resultados de entre 27% y 30%, mientras que Larreta sacó 8%.
Entretanto, en la UCR, sobre todo en el sector del diputado Martín Lousteau, se entusiasman con un frente con Larreta, pero aclaran que no están “para ir atrás de nadie”. Les atrae que se sume el PJ e imaginan una PASO entre Lousteau, Larreta y Santoro. También les gustaría que Jorge Macri integrara su frente (con quien tienen diferencias reconciliables), pero rechazan de plano pactar con LLA.
Cerca del radical Emiliano Yacobitti coinciden en el armado de un frente que celebre una gran PASO –entre dirigentes como Lousteau, Larreta y Graciela Ocaña–, pero dudan que el peronismo pueda sumarse sin romper con La Cámpora.
En el radicalismo también aparece la figura del empresario Daniel Angelici, hoy pieza clave del oficialismo porteño. Si bien dicen que insiste en que su límite es LLA, su alineamiento con el jefe de gobierno es demasiado fuerte. En el peronismo reconocen que Angelici “es oficialismo” y que las conversaciones se podrían dar más naturalmente con el sector de Lousteau.
Por su parte, en la Coalición Cívica sostienen que están “bien” con la gestión de Jorge Macri y rechazan la chance de un acuerdo con el peronismo en cualquiera de sus variantes, al tiempo que aclaran que han mantenido diálogos con la UCR y Confianza Pública, entre otros sectores.
La resistencia a La Cámpora
La Cámpora, agrupación liderada por Cristina y Máximo Kirchner, despierta rechazo entre los posibles aliados, e incluso es relegada dentro del propio peronismo porteño.
En el larretismo aseguran que no dialogan con el kirchnerismo y que sería “raro” que este sector coincidiera con su visión de Ciudad.
Confianza Pública, el espacio de Ocaña que hoy es aliado de Larreta, fue más tajante: consideran que La Cámpora “es un límite”. “Si partimos de Cristina Libre, no tenemos nada que hablar”, sentenciaron.
Mientras, en el radicalismo dijeron que preferirían a La Cámpora fuera de este frente, ya que su incorporación los “desperfila”.
Incluso en el peronismo expresan su malestar. Aseguran que el kirchnerismo no participa de estas conversaciones, que “es decisión de ellos” si quieren sumarse y que de ninguna manera conducirían este armado. “El problema para un frente es que esté La Cámpora”, dispararon, en alusión a los cuestionamientos que despiertan en potenciales socios electorales.
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POLITICA
La incertidumbre global y el escenario electoral: cómo explica el Gobierno la suba del riesgo país
Casi a contramano de las proyecciones que expresó recientemente el presidente Javier Milei, el riesgo país volvió a subir este lunes y se ubicó en 676 puntos básicos, el nivel más alto desde el 28 de octubre de 2025. Frente a ese escenario, en el Gobierno ensayan una serie de argumentos para explicar la evolución del indicador y sostener el rumbo del programa económico.
Este lunes, además de la caída en los bonos argentinos, el índice que elabora la banca privada JP Morgan arrojó un nuevo incremento de 28 unidades en el indicador respecto del cierre del viernes. En la administración libertaria atribuyen la volatilidad tanto al escenario internacional, marcado por los conflictos bélicos y las tensiones sociales en Europa, como a las expectativas políticas locales, que sintetizan bajo la expresión “riesgo Kicillof”.
La suba se produjo después de que el mandatario se refiriera al indicador durante un discurso ante la Cámara de Comercio de Estados Unidos. “Si tomamos el riesgo país de nuestra administración estrictamente, el riesgo país para el año que viene está debajo de los 100 puntos, lo que pasa es que Argentina está transitando el fin del viejo modelo y el inicio de la nueva Argentina y creo que los argentinos van a decidir en octubre continuar este cambio”, expresó el pasado jueves.
En Balcarce 50 le restan excepcionalidad a la suba del riesgo país y la atribuyen a un escenario internacional adverso. “La situación internacional pega fuerte. La crisis que atraviesa Europa impacta y la Argentina no está exenta. No hay explicación para lo que sucede en el plano internacional que pega en los mercados y los países emergentes tienen impacto en indicadores como el riesgo país”, expresó una fuente oficial ante Infobae.
Entre los factores internacionales que, según el Gobierno, inciden en los mercados figuran la guerra entre Rusia y Ucrania y el conflicto abierto entre Irán, Estados Unidos e Israel. En ese contexto, la suba del petróleo también agrega presión a los mercados financieros, aunque su impacto sobre la economía argentina ha sido favorable este año.
Asimismo, en el oficialismo sostienen que los recientes conflictos sociales en países como Italia, Francia y España, que celebrará elecciones anticipadas el 29 de noviembre, también repercuten en los mercados. Como ejemplo, mencionan el triunfo en primera vuelta del derechista Flavio Bolsonaro en Brasil, tras el cual el riesgo país argentino cayó más de 50 puntos el lunes siguiente a la elección y mejoró la cotización de los bonos, aunque el movimiento fue transitorio.
Sin embargo, el comportamiento de otros mercados de la región abre interrogantes sobre el peso de los factores externos. En Uruguay, por ejemplo, el riesgo país se ubicó en 77 puntos, apenas uno por encima del cierre del viernes.
En paralelo, en el oficialismo atribuyen parte de la suba a las expectativas electorales y al impacto que las encuestas pueden tener sobre las decisiones de los inversores. Según sostienen en la Casa Rosada, la competitividad de Axel Kicillof y la valoración de la gestión de Milei alimentan la incertidumbre sobre el rumbo político y económico después de 2027.
“No tiene nada que ver con las cuestiones de la macro sino con las expectativas políticas. El mercado también consume encuestas que dan un Milei en el orden de los 35 puntos, un Kicillof competitivo, eso es riesgo para el capital”, expresó una fuente que transita a diario los pasillos de Casa Rosada.
Al respecto, la última Encuesta de Satisfacción Política y Opinión Pública (ESPOP), que realiza periódicamente el Laboratorio de Observación de la Opinión Pública (LOOP) de la Universidad de San Andrés (UdeSA), reveló que el 67% de las personas consultadas está insatisfecha con la marcha general del país, mientras que el 30% manifestó su satisfacción.
En esa línea, el ministro de Economía, Luis Caputo, busca despejar ante los mercados los temores a un eventual retorno del kirchnerismo, al que define como “el infierno”, y califica a Axel Kicillof como “el anticristo”.
Ante la suba del indicador, desde el entorno del Presidente piden “mirar la película completa”: recuerdan que el riesgo país se ubicaba en 1.923 puntos básicos cuando Milei asumió la Presidencia, el 10 de diciembre de 2023, y sostienen que luego logró estabilizarse en torno a los 620 y 660 puntos, aunque con oscilaciones. “Cuando el mundo esté más tranquilo y sea más previsible va a bajar, pero es importante remarcar que no hubo una noticia económica interna que hiciera cambiar las variables”, argumentaron ante este medio.
Por su parte, el vocero presidencial, Adrián Ravier, negó la posibilidad de un plan platita de cara a las elecciones de 2027 y aseguró que el riesgo país se debe a “la incertidumbre global”. “Recordemos qué país recibimos. Con un riesgo país arriba de 2500 puntos y recordemos que hoy está arriba de los 600 puntos. Es otra Argentina, una mucho mejor, con menos riesgos que la que teníamos en diciembre de 2023″, expresó en la conferencia de prensa de este martes.
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