La invitación a compartir un asado en un centro cultural vinculado al peronismo, ubicado a pocas cuadras de la Legislatura bonaerense, en La Plata, fue lo suficientemente tentadora para agrupar a jefes de la mayoría de los bloques de las dos cámaras provinciales, con el objetivo de dialogar para dinamizar la aprobación de proyectos. El miércoles, al mediodía, senadores y diputados bonaerenses se reunieron en un encuentro en el que también se habló de las reformas electorales posibles, pero en el que no se mencionó el caso Chocolate, que volvió a la escena pública tras conocerse que la Cámara de Diputados archivó los expedientes administrativos que se habían abierto sobre la cuestión.

La convocatoria surgió del senador bonaerense Sergio Berni (jefe del bloque de Fuerza Patria), quien convocó a los jefes de bloque del Senado provincial, cámara que preside la vicegobernadora Verónica Magario. El impulsor de la cumbre está alineado con Cristina Kirchner en la interna peronista. A los diputados provinciales los convocó Alejandro Dichiara, presidente de esa cámara, un dirigente también cercano al sector de la vicepresidenta.

El asado se hizo en el Centro Cultural El Amor y La Igualdad, que está ubicado en la calle 56, entre las calles 8 y 9. La identificación peronista del centro cultural, y su ambientación con el mismo tono, no atentaron contra la convocatoria, que excedió al justicialismo. Se sentaron a la mesa representantes de La Libertad Avanza (Carlos Curestis y Juan Osaba), de Pro (Alejandro Rabinovich, Pablo Petrecca, Alex Campbell), de Unión y Libertad (Carlos Kikuchi, Sergio Vargas, Martín Rozas) del bloque UCR-Hechos (Marcelo Leguizamón) y del bloque UCR+Cambio Federal (Diego Garciarena). Entre los dirigentes peronistas presentes estuvieron Berni, Dichiara, Alexis Guerrera, Mario Ishii, Facundo Tignanelli, Mariano Cascallares, Juan Pablo De Jesús y Rubén Eslaiman.

Según pudo reconstruir de fuentes que participaron del almuerzo -que se extendió por alrededor de una hora y media-, el objetivo de acelerar la aprobación de proyectos se consensuó sin inconvenientes.

El origen del encuentro fueron algunos cuestionamientos en el Senado por proyectos que no se aprobaban en Diputados luego de obtener media sanción. “En [la última reunión de] labor, nos metían proyectos sobre tablas de Diputados para sacar, pero los diputados no sacan los proyectos con media sanción del Senado. [Se acordó] que pongan a funcionar nuestros proyectos”, dijo a este diario un comensal del asado legislativo bonaerense del miércoles, un encuentro que los legisladores quedaron en repetir periódicamente.

“Se habló de que las cosas que van de una cámara a la otra se demoran, y de que las que tienen consenso salgan más rápido, como una iniciativa para excombatientes de Malvinas que estuvo unos dos años en tratamiento”, afirmó otro de los presentes en el almuerzo. Se refería a una norma que integra al régimen previsional especial para oficiales y suboficiales combatientes de Malvinas a aquellos que no pudieron seguir sus carreras militares por las secuelas de la guerra.

Pero, más allá del objetivo de agilizar la dinámica entre las cámaras, se abordaron iniciativas de cambio electoral, que fueron las que insumieron mayor tiempo de diálogo, aunque sin definiciones. Se mencionaron los temas de la vuelta de las reelecciones indefinidas de los intendentes, la continuidad o no de las PASO, la aplicación de la Boleta Única de Papel. “Se dejó en claro que para avanzar en las discusiones, primero, el Poder Ejecutivo debe cumplir los acuerdos celebrados el año pasado. Fundamentalmente dos: la bicameral para distribuir los fondos a los municipios y la integración de la Suprema Corte provincial [que tiene cuatro vacantes]”, aseguró una fuente opositora.

“Fue todo distendido, espontáneo. Fue como un asado de fin de semana, entre amigos”, describió el encuentro uno de los participantes.

Si bien el martes por la noche, horas antes del encuentro, se había difundido un informe del canal TN en el que se daba cuenta del archivo, en el mes de mayo, de expedientes administrativos del caso Chocolate decidido por la Cámara de Diputados, el tema no entró en la conversación durante el asado. Todas las fuentes consultadas coincidieron en señalar que no hubo mención alguna.

Entre los bloques que no estuvieron en el encuentro del miércoles al mediodía están Nuevos Aires, la Coalición Cívica y Derecha Popular, todos de la Cámara de Diputados. Los bloques de la izquierda en ese cuerpo no fueron convocados. Así lo informaron a desde las bancadas unipersonales del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) y de Izquierda Socialista (IS). Christian Castillo, del PTS, fue el único diputado que se opuso a archivar las resoluciones administrativas entre las que estaban las actuaciones del caso Chocolate.

Omar Padilla, el juez de menor cuantía de Las Lomitas, Formosa, que condenó a un equipo periodístico de a cinco días de arresto o una multa por imágenes que registraron en un lugar público, es un militante de Gildo Insfrán, el gobernador que lleva más de 30 años en el poder.

El juez fue concejal y dirigente justicialista de Las Lomitas; incluso defendió públicamente a Gildo Insfrán antes de ser designado juez de Paz por el Superior Tribunal de Justicia de la provincia, donde nada se mueve sin la anuencia del gobernador.

“Nosotros tenemos quien nos indica el camino a tomar y que por muchos años lo ha hecho bien, y es nuestro gobernador”, afirmó el ahora juez Padilla en un acto público, cuando actuaba en la política partidaria local.

En marzo de 2025 fue designado por el Superior Tribunal como juez de paz de menor cuantía.

En 2014, cuando todavía era abogado y ocupaba una banca como concejal de Las Lomitas, el Superior Tribunal de Justicia había señalado la incompatibilidad de ese cargo con su participación como conjuez. El Superior Tribunal resolvió entonces excluirlo de la lista de conjueces.

Años después continuó vinculado al peronismo local y en 2024 participó de actividades de la Unidad Justicialista de Las Lomitas. En noviembre de 2024 era presentado como dirigente de Unidad Justicialista de Las Lomitas. Al referirse a actividades deportivas organizadas en esa localidad, afirmó que trabajaban mediante el “acompañamiento y gestión del gobernador Gildo Insfrán”.

En julio de 2024, Padilla fue identificado públicamente como “dirigente justicialista” durante una actividad vinculada a comunidades originarias de la zona de Las Lomitas. En ese contexto cuestionó políticamente al intendente Atilio Basualdo y afirmó: “Las comunidades estamos consustanciadas con este proyecto de gobierno que representa nuestro gobernador”.

También manifestó que la militancia justicialista estaba descontenta con Basualdo y cuestionó su acercamiento a las ideas libertarias.

El 26 de marzo de 2025, el Superior Tribunal de Justicia anunció oficialmente que, mediante la Resolución 184/25, había designado a Omar Padilla como juez de Paz de Menor Cuantía de Las Lomitas, en reemplazo de Nicanor Aurelio Maldonado.

El propio tribunal superior señaló entonces que Padilla reunía el perfil necesario para desempeñarse con “eficiencia, prudencia y dedicación” y explicó que utilizó las atribuciones conferidas por la Constitución provincial para cubrir inmediatamente el cargo.

Padilla es el juez que condenó al equipo de integrado por Lautaro Guillamondegui, Micaela Urdinez, Joaquín Rajadel y Javier Corbalán a cinco días de arresto por realizar entrevistas y filmaciones en la comunidad San José. La sanción puede sustituirse por una multa de $282.550 para cada uno.

Los periodistas actuaron con el permiso de las personas que estaban entrevistando y en un lugar público, y aun así fueron condenados.

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) expresó ayer su “profunda preocupación y rechazo” ante el fallo de Padilla. “ADEPA considera especialmente preocupante e inadmisible que una controversia vinculada con el ingreso y la realización de actividades periodísticas en una comunidad haya derivado en una sanción de naturaleza penal o contravencional contra quienes desarrollaban una tarea informativa”, afirmó. “La libertad de prensa protege el derecho de los periodistas a investigar, entrevistar, registrar y difundir información de interés público, y cualquier restricción a ese ejercicio debe ser compatible con las garantías constitucionales y convencionales que protegen la actividad periodística”, sostuvo.