La referente de la Coalición Cívica Elisa Carrió demandó en las últimas horas al presidente Javier Milei por presunto abuso de autoridad en contexto de violencia de género, digital, mediática e institucional por los insultos del mandatario a la periodista Maru Duffard, a quien había calificado de “zurda inmunda” y “basura corrupta”.

La exdiputada también solicitó la intervención de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM) del Ministerio Público Fiscal de la Nación para que determine las eventuales responsabilidades penales del accionar del mandatario.

“Llegará el día en que este Presidente y su lenguaje, que no es ni republicano ni espiritual, no podrá transitar entre la gente porque la violencia que sale de su boca se volverá contra él”, expresó Carrió vía X.

“A mí me dijeron lo mismo, pero los que hablaron hoy están presos por delitos de corrupción. Es cierto que hubo violencia kirchnerista y ahora hay violencia libertaria, pero con la violencia vamos todos al precipicio cualquiera sea su origen”, agregó.

En la denuncia, Carrió expresó que Milei cometió un claro abuso de autoridad, además de ejercer “violencia de género, mediática, digital e institucional” en perjuicio de Duffard a través de diversas publicaciones en X.

Los posteos a los que la exlegisladora hace alusión fueron publicados el miércoles por el líder de La Libertad Avanza. En el primero reaccionó al fragmento de un video difundido por una cuenta afín al oficialismo llamada “Contrarelato”.

El posteo adjuntaba un video de la periodista en la emisora Radio con Vos, donde hablaba sobre la intención de Cristina Kirchner de presentarse como candidata en las próximas elecciones presidenciales.

“A mí me parece muy interesante una cosa, que hay un montón de gente que la quiere votar y no va a poder, y eso es cierto. Entonces ahí me parece que, como sociedad, nos debemos un debate, porque eso es cierto. Ahí hay una cosa a tener en cuenta respecto al funcionamiento democrático”, había expresado Duffard.

Milei lo compartió y escribió: “Me parece que a veces no puteamos lo suficiente a los periodistas… decirles que son basuras corruptas es poco…”.

Sin embargo, no quedó allí. “Para LA BASURA INMUNDA DUFFARD, si es alguien que comulga con sus nefastas ideas de izquierda, robar está bien. Pasaron cerca de 2.000 años y aún hoy existen SORETES que piden por Barrabás. ZURDA INMUNDA DE DOBLE MORAL. CIAO!”, manifestó, citando un tuit de Santiago Oría, que también contenía críticas a la periodista.

Con un tercer mensaje en la misma red social, el mandatario volvió a dirigirse a Duffard: “BASURA CORRUPTA INMUNDA. Periodista la basura tenía que ser… CIAO!”.

En ese contexto, Carrió afirmó en la denuncia que Milei promovió “un ataque misógino” que tuvo miles de reproducciones usando “un vocabulario soez, cosificante y agresivo que no debe ser utilizado por un jefe de Estado, quien con esa conducta ha traspasado todo límite moral, constitucional y psicológico”.

Además, aseguró que en el caso de Milei, al ser Presidente, no puede escindir su figura en todos los ámbitos de la vida en que se desarrolla, solamente quedando reservado para sí “apenas un ámbito privado muy acotado en el su conducta no tenga repercusión en lo público”.

“Lo que claramente no sucede en el caso, en el cual aprovechando de su influencia y su jerarquía, decidió emprender violencia de género institucional, mediática y digital en contra de Duffard”, sostuvo.

El fallo de la Corte Suprema que restituyó un artículo del megadecreto 70/2023 de Javier Milei y, de esta forma, quitó los límites a la venta de tierras a extranjeros desató el intento opositor de rechazar el DNU en la Cámara de Diputados. Si así lo hiciera en la sesión convocada para el 15 de octubre, la norma quedaría finalmente derogada, dado que el Senado ya resolvió en su contra en marzo de 2024.

Al margen de la Ley de Tierras, un eventual rechazo del decreto pondría en jaque la enorme cantidad de modificaciones y derogaciones que establece aquel texto, fundacional de la gestión mileísta. Ante una avanzada opositora, entonces, las normas anuladas volverían a estar vigentes y el marco legal regresaría, en buena medida, al escenario previo a diciembre de 2023:

Estas son algunas de las normas que resucitarían si Diputados rechazara el DNU 70/2023, un texto de 366 artículos. En estos años se presentaron múltiples demandas judiciales contra distintos aspectos del decreto y, en ocasiones, se obtuvieron cautelares que frenaron su aplicación, como ocurrió con la derogación de la Ley de Tierras, que estuvo suspendida hasta este lunes.

Sin embargo, según fuentes oficiales, los ocho puntos enumerados hoy estarían vigentes y serían de los más afectados, ya que además –indicaron– no fueron ratificados por leyes posteriores, que los hubieran dotado de una mayor solidez.

Por el restablecimiento de legislación que algunos consideran obsoleta es que hay dirigentes, como Juan Manuel López, de la Coalición Cívica aunque hoy cercano al oficialismo, que preferirían restituir la Ley de Tierras mediante mecanismos alternativos.

Si la Cámara baja volteara el decreto de manera definitiva, “el impacto sobre la vida cotidiana y la seguridad jurídica será inmediato: revivirían normas derogadas como la vieja ley de alquileres y quedarían en un limbo avances clave como la posibilidad de contar con internet satelital, entre tantas otras cosas”, planteó el exdiputado. Sugirió, entonces, que “es importante pensar alternativas que no alteren abruptamente tantas relaciones jurídicas ya consolidadas”.

No obstante, la oposición en Diputados ya avanzó con la convocatoria a una sesión especial para el 15 de octubre con el objetivo de tratar el DNU 70, además de los proyectos de la prórroga de la emergencia en discapacidad y morosidad y endeudamiento familiar.

Una vez alcanzado el quorum de 129 diputados, la oposición necesitaría una mayoría simple —la mitad más uno de los presentes— para voltear el decreto de necesidad y urgencia.

El diputado Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) es uno de los firmantes del pedido de sesión, junto con legisladores del peronismo, Provincias Unidas, y la izquierda. Desde el mismo espacio, Elisa Carrió sostuvo que el DNU “es de nulidad absoluta y debe ser rechazado inmediatamente por ambas cámaras”.

Aquellos son solo algunos de los asuntos que podrían sufrir un revés. En cambio, los artículos del decreto en materia laboral transitan un camino paralelo, con sus propias demandas judiciales y la reforma laboral que sancionó este año el Congreso.