Claudio Uberti, el funcionario que durante el kirchnerismo manejó los contratos de concesión vial y que se transformó en el primer “arrepentido” que contó la recaudación ilegal que hacía para Néstor Kirchner, fue beneficiado hoy con la prisión domiciliaria, luego de denunciar amenazas de muerte en la cárcel. Será controlado con una tobillera electrónica.

Uberti está preso en la cárcel de Ezeiza, juzgado por el caso de los Cuadernos y condenado a cuatro años y medio de prisión por el ingreso al país de 800.000 dólares en el caso de la valija de Guido Antonini Wilson, destinados a financiar la campaña electoral de Cristina Kirchner en 2007.

Ahora, la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal decidió concederle la prisión domiciliaria a Uberti. El tribunal, con los votos de los jueces Guillermo Yacobucci y Ángela Ledesma y la disidencia parcial en los alcances del juez Alejandro Slokar, fundamentó su decisión en el grave deterioro de la salud de Uberti y el “terror” constante que padecía intramuros por su condición de imputado colaborador, lo que incluía denuncias por amenazas.

El defensor de Uberti dijo que desde que es “imputado colaborador” fue ingresado al Protocolo de Resguardo de Personas en Situación de Especial Vulnerabilidad, que se transformó en verdad en un régimen “de trato cruel, inhumano y degradante”.

Los abogados de Uberti denunciaron amenazas explícitas y manifestaciones públicas hostiles contra quienes, como él, decidieron romper el pacto de silencio. En los informes periciales del Cuerpo Médico Forense y de psicólogos de parte, quedó acreditado que el encierro le provocó un estado de “terror” subjetivamente verosímil, angustia, pesadillas y una “hipervigilancia constante”.

Para evitar agresiones en pabellones comunes, el Servicio Penitenciario Federal lo mantuvo en aislamiento prácticamente absoluto. Pasaba casi las 24 horas del día encerrado, sin actividades educativas, sin salida regular al aire libre y sin luz natural, lo que terminó agravando severamente su cuadro psicofísico.

Los jueces evaluaron además el estado de salud del exfuncionario. Uberti padece patologías crónicas e irreversibles: hipertensión arterial, cardiopatía hipertensiva, temblor esencial y lumbociatalgia.

Se agravó el caso cuando sufrió un episodio de descompensación severa con pérdida de conocimiento, que obligó a que fuera trasladado de urgencia en ambulancia a un hospital externo al penal.

Además, durante su encierro desarrolló hiperglucemia con parámetros diabéticos y tuvo que incrementar su medicación psiquiátrica por insomnio persistente y depresión.

Los jueces consideraron para decidir la posición del fiscal general Mario Alberto Villar, que apoyó el pedido de la defensa, argumentando que la permanencia de Uberti en prisión comprometería su salud más aún.

Villar dictaminó que no estaba acreditado que el Hospital Penitenciario de Ezeiza pudiera tratar adecuadamente las patologías del detenido y que debían ponderarse los severos riesgos derivados de su condición clínica junto con el estrés y el temor constante que padecía.

Los jueces de Casación advirtieron que, ante el consentimiento fundado y razonable del fiscal para otorgar el beneficio, el tribunal debía hacer lugar a la prisión domiciliaria.

Finalmente, Casación resolvió que la prisión domiciliaria deberá efectivizarse “con la inmediata colocación de una tobillera electrónica” para asegurar que el arrepentido siga sujeto al proceso desde su hogar.

Uberti, como arrepentido en el caso de los Cuadernos de las coimas, fue el más explícito en sus declaraciones, que cobran vital importancia por tratarse de un funcionario que estaba en el corazón del poder.

“Yo le llevaba a Néstor Kirchner bolsos con el dinero que recaudaba de las concesionarias viales que estaban bajo mi órbita. Las entregas se hacían en el despacho presidencial de la Casa Rosada o en la Quinta de Olivos. También hubo entregas en el domicilio de [Julio] De Vido”, dijo Iberti, que trabajaba para el entonces ministro de Planificación Federal, también con prisión domiciliaria por sus condenas.

Un rumor está creciendo en los tribunales federales cercanos al río, en Comodoro Py, donde están los jueces penales que deben resolver casos de corrupción política, lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y narcotráfico, entre pocas investigaciones más, aunque son las más llamativas y las que hacen famosos a sus magistrados. Dice la versión que una sala de la Cámara de Casación (hay cuatro tribunales integrados por tres magistrados cada uno) estaría a punto de devolverle al juez federal de Campana, Adrián González Charvay, el expediente judicial que indaga sobre la verdadera propiedad de la mega mansión de Pilar, cuyo dueño supuesto sería el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, y su socio permanente, Chiqui Tapia.

La quinta, si la llamamos así subestimándola, está a nombre de un monotributista y de su madre jubilada. La Argentina es un país raro, donde hay jubiladas que tienen enormes propiedades o les prestan miles de dólares a funcionarios públicos, mientras el resto de los jubilados vive peor que mal. González Charvay es el juez predilecto de los dos caciques del fútbol que ya están procesados en el fuero Penal Económico por evasión fiscal agravada, retención indebida de tributos y de aportes a la seguridad social. El delito presunto rondaría, si se confirmara, unos 400 millones de dólares y no incluye todavía la vasta propiedad de Pilar.

La causa por la propiedad de esa casona en el rico norte del conurbano, donde ocurrió una fiesta de jueces que abrió el expediente sobre la riqueza indebida de los dirigentes de la AFA, pasó ya por las manos del juez federal Daniel Rafecas y del juez en lo Penal Económico Marcelo Aguinsky, quienes le dieron un fuerte impulso inicial. Ahora se tramita en el despacho de la jueza en lo Penal Económico Verónica Straccia, una magistrada con fama de seria y trabajadora que cultiva el bajo perfil.

Según el rumor, aquella sala de Casación (la instancia más alta de la justicia penal), con los votos de los jueces Mariano Borinsky y Javier Carbajo, le sacaría a ella el manejo de la investigación y se la devolvería a González Charvay, el amigo de los dueños de la AFA. Sería el sueño hecho realidad de Tapia y Toviggino.

Es probable que la justicia norteamericana, que también investiga los movimientos de dinero de los jefes del fútbol argentino en los Estados Unidos, termine siendo más rápida y más dinámica que la argentina. Tal vez. Pero no hay que apresurarse: Borinsky quiere ser miembro de la Corte Suprema de Justicia y su candidatura está avalada por el expresidente del máximo tribunal Ricardo Lorenzetti. Extrañaría sobremanera que Borinsky haga estallar por su cuenta semejante escándalo judicial con él como protagonista cuando aspira a llegar limpio e incuestionado a una de las principales poltronas de la Justicia.

La especie que circula vincula esta eventual decisión con gestiones que habría hecho el viceministro de Justicia, Santiago Viola, seguramente en nombre del ministro, Juan Bautrista Mahiques, quien cumplió funciones en la AFA de Tapia y Toviggino. Viola es el mismo que en otro tiempo sembró testigos falsos para apartar al juez Sebastián Casanello cuando él defendía a los hijos de Lázaro Báez en la causa llamada “la ruta del dinero K”.

Viola pasó de ser abogado defensor de kirchneristas acusados de corrupción a viceministro de Justicia de Milei y representante de su gobierno ante el Consejo de la Magistratura, además de apoderado nacional de La Libertad Avanza. Eximio trapecista. Viola es un disciplinado subordinado de Karina Milei, que está siendo investigada por el caso $LIBRA, porque ella les abrió las puertas de la Casa de Gobierno a los oportunistas argentinos y norteamericanos que crearon esa criptomoneda, lo comprometieron al presidente de la Nación y dejaron un tendal de perdedores y muy pocos ganadores. Supongamos, por lo tanto, que se trata solo de un rumor y de la maledicencia que suele acompañar a los jueces que podrían ascender a destacados cargos. Supongamos.

Hay otros jueces que ya frecuentan el escándalo sin conmoverse. El caso más reciente es el que tiene como protagonista al juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, quien acaba de apartar como querellantes a los damnificados precisamente por los raros manejos de la criptomoneda $LIBRA. ¿El argumento? El magistrado señaló que los que se meten por su propia cuenta en el mundo cripto saben que pueden ganar o perder, y que perdieron. Esa razón existe, siempre que el juego sea limpio y que la cancha no esté inclinada. Esta vez el apoyo del Presidente a la criptomoneda, que duró muy poco tiempo, jugó a favor de los especuladores.

El magistrado argumentó también que los supuestos damnificados no pueden sostener que la inversión haya sido suya. Hagamos otra pregunta: ¿por qué los querellantes gastarían tiempo y energías en un pleito que no es de ellos y que podrían perder? Sea como fuere, la causa se quedó sin el impulso de los que eran querellantes, que son quienes tienen la facultad de conocer el expediente y de pedir medidas de pruebas y la presencia de testigos. Solo el fiscal Eduardo Taiano podría ahora impulsar el caso, pero ya transcurrieron dos años y no citó a nadie, pidió pocas pruebas y no movió con premura y atención el expediente. Taiano es siempre así con los casos que comprometen al poder.

A su vez, Martínez de Giorgi tiene a su esposa, Ana María Juan, con el acuerdo del Senado para ser jueza federal de Hurlingham, pero su designación final está pendiente todavía de un decreto del Presidente. Resulta también que el propio Martínez de Giorgi aspira desde hace tiempo a ascender a camarista. Puede ser que tales incertidumbres hayan promovido la insólita resolución del juez, que seguramente será revisada por la Cámara Federal. Esa Cámara ya lo enmendó en el caso de $LIBRA a Martínez de Giorgi; está integrada por los jueces Martín Irurzun, Eduardo Farah y Roberto Boico.

¿Será por eso que al impecable juez Irurzun no le respondieron siquiera el formal pedido para conseguir el acuerdo del Senado y seguir siendo juez durante cinco años más, después de los 75 que cumplirá el próximo 18 de julio? Es el destino argentino de los buenos jueces. Puede ser también que la decisión de Martínez de Giorgi se trate de una casualidad, si es que las casualidades existen en los tribunales que investigan a los que mandan.

Nunca antes, debe reconocerse, el gobierno de Milei había sido sospechado de incursionar por donde revolotean los jueces, sobre todo cuando al frente del Ministerio de Justicia estaban Mariano Cúneo Libarona y Sebastián Amerio, entonces ministro y viceministro de esa cartera. Mahiques y Viola, que reemplazaron a Cúneo Libarona y a Amerio cuando Karina Milei le arrebató a Santiago Caputo su influencia en la cartera de Justicia, no le están haciendo un favor al jefe del Estado, sino todo lo contrario.

A propósito de los magistrados, el abogado Bernardo Saravia Frías denunció cómo se están eligiendo los nuevos jueces: “Se están designando centenares de jueces a los empellones, abusando de procedimientos para alterar órdenes de mérito y privilegiando afinidades sobre excelencia”. Esa es una buena interpretación sobre los pliegos de candidatos a jueces que da vueltas intensamente por la política y la Justicia. Y es lo que se observa con los pliegos que Mahiques y Viola envían al Senado para su aprobación.

Hay que aceptar que Milei no sabe mucho de estas cosas (su obsesión es la economía) y que los dos cabecillas de la Justicia están haciendo de las suyas seguramente sin conocimiento del Presidente. También Cúneo Libarona y Amerio habían prometido que respetarían escrupulosamente el orden de mérito que enviara el Consejo de la Magistratura para designar jueces. La pregunta que surge entonces no refiere a lo que está sucediendo, sino por qué cambió lo que sucedía.

Otro ahijado permanente del poder, el juez Ariel Lijo, candidato frustrado a miembro de la Corte Suprema y eterno postulante a procurador general de la Nación (jefe de todos los fiscales), fue recientemente censurado de manera implícita cuando una Cámara le ordenó que aceptara como querellante en la causa de YPF a una ONG que tiene entre sus integrantes a prestigiosas figuras como María Eugenia Talerico y Marcela Campagnoli.

La Cámara, integrada también por buenos jueces como Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, corrigió una decisión anterior de Lijo que le impidió a esa ONG ser querellante en el caso del vaciamiento de YPF por parte de la empresa Petersen, de la familia Esquenazi, y de la petrolera española Repsol. El expediente por el vaciamiento de la principal empresa argentina comenzó hace 20 años en el juzgado de Lijo y nunca avanzó hacia ninguna parte. La denuncia inicial la hizo Elisa Carrió en 2007 y luego se sumaron las provincias de Mendoza y Chubut, patrocinadas precisamente por el abogado Saravia Frías.

Saravia Frías fue el procurador del Tesoro y, por consiguiente, el jefe de los abogados del Estado en tiempos de Mauricio Macri; él imaginó la estrategia judicial para sacarle a la jueza de Nueva York Loreta Preska la demanda del fondo de inversión Burford por las acciones de la familia Esquenazi, que en su momento compró el 25 por ciento de las acciones de YPF con un anticipo de los dividendos de la petrolera. Los dividendos se los llevaron todos los accionistas rápidamente, incluida la empresa Repsol, y ninguno invirtió nada. Ese fue el vaciamiento que debía investigar Lijo y que nunca investigó. Ahora deberá vérselas con la insistencia y el conocimiento de Talerico y Campagnoli. Talerico fue subdirectora de la UIF, la Unidad de Investigaciones Financieras que previene el lavado de dinero, y Campagnoli es una amiga cercana de Carrió.

La jueza Preska había dispuesto una indemnización de 16.000 millones de dólares al fondo de inversión Burford porque este le compró a los Esquenazi el derecho a litigar en los tribunales norteamericanos luego de la pésima estatización de YPF que hicieron Cristina Kirchner y Axel Kicillof. Ellos convirtieron en víctimas a los culpables. El populismo es caro. Pero una definitiva Cámara de Apelaciones de Nueva York revocó luego la decisión de la jueza Preska y salvó a la Argentina de otra monumental deuda por la mala praxis del kirchnerismo.

El nuevo procurador del Tesoro con Milei, que ya es el propio Amerio, exviceministro de Justicia, continuó con la estrategia de Saravia Frías. La continuidad es un buen remedio, cuando el remedio es bueno. En un artículo reciente, Saravia Frías reflexionó de esta manera: “Podemos declarar con leyes que no vamos a emitir más de la cuenta, pero si quienes las juzgan (los jueces) no son independientes o los mejores, pues nos estamos engañando al solitario”. Están engañando: algunos jueces son los que tiran abajo la institución judicial en nombre de meras ambiciones personales.