Perdió hasta el manejo de escena. El jueves a la tarde la imagen todo terreno de Patricia Bullrich se desvaneció. No tuvo su “no positivo”, pero fue parecido. En su caso fue un “me voy a abstener de votar en contra” que acompañó con un “no comprometo a mi bloque” para justificar su abierto desafío a los mandatos de Javier Milei. Leyó su posición, mirando hacia abajo. Solo de a ratos levantaba la vista. Minutos antes había discutido con medio recinto, acusada de traidora por propios y ajenos.

La decisión de Bullrich de desmarcarse de los deseos presidenciales de retirar el pliego de María Verónica Michelli por ser cuñada de un periodista pulverizó la endeble mayoría que había conseguido el Gobierno en el Senado, que ahora quedó rehén de su propia torpeza. Los aliados se le escapan, ya no le creen. El oficialismo se va quedando sin recursos para negociar, la interna consume lo poco de coordinación parlamentaria que queda y los proyectos se apagan en la hoguera del fuego amigo.

El Gobierno pasó del 13 a 0 en Diputados a una derrota autoprovocada en el Senado y la apertura de un futuro incierto para el resto de las reformas que emprendió la Casa Rosada. El destino de la jueza quedará en un limbo y los deseos de Milei y Karina podrán concretarse al fin, a pesar de la caída abrumadora que sufrieron esta semana. Pero lo que pasó el jueves va mucho más allá de ese pliego. La consecuencia del desorden hizo postergar el tratamiento del proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, por falta de votos, y no está garantizado que el oficialismo pueda llamar a sesión para este miércoles para retomarlo.

La mayoría de los senadores libertarios ya sacó pasaje por pedido de la Casa Rosada, que envió al grupo de wWhatsapp del bloque la orden de que estén en el Congreso. Ningún aliado asegura hoy que pueda concretarse una convocatoria.

Las definiciones comenzarán a verse pasado mañana, cuando vuelva a reunirse la comisión de acuerdos para tratar nuevos pliegos de candidatos a jueces. La pelea es cuerpo a cuerpo. Otra vez no aparecen los postulantes de las provincias, y por ahora se trataría solamente siete candidatos, de los cuales uno solo es del interior. “Si no negocia con nosotros no tiene un solo proyecto más aprobado”, anticipa un senador de trato asiduo con Bullrich.

La senadora está tironeada. Su yo interno le dice que no se va a someter a la conducción de Karina pero su aspiración política, al cargo que sea, le indica que jugar al fleje puede tener consecuencias adversas sobre un electorado, el de Milei, del que depende. Ser el plan B del Presidente la hace caminar por la cornisa de la ambivalencia permanente. Después del desafío público por el caso de Michelli, cuando el lunes comunicó su objeción de conciencia, Karina Milei la convocó a su despacho en la Casa Rosada. La gestualidad de la foto dice bastante de quién fue la promotora del encuentro. Karina está de frente, sonriente, iluminada, y Bullrich de costado, sin rostro. No se le ve la cara. “Ella no se va a someter a su conducción”, insisten al lado de la senadora para defender lo que pareció una marcha atrás. Creen todo lo contrario. Con todo lo que hizo para diferenciarse, ni se animaron a echarla.

Crítica interna

Bullrich mantendrá su juego. Como anticipó Infobae, frenó la campaña porteña y está definido que se retira del territorio de la ciudad hasta nuevo aviso. El viernes tuvo actividad Pilar Ramirez, la mano derecha de Karina Milei y con quien salía a candidatearse pos caída de Manuel Adorni, pero Bullrich no apareció. “Tampoco estaba previsto”, se atajan en el comando libertario. Patrica anticipa a sus allegados que la Secretaria General y líder del partido la quiere usar como anzuelo porteño para negociar con Mauricio Macri. Sostiene que a cambio de bajar al PRO de una candidatura presidencial va a terminar cerrando un pacto para la continuidad de Jorge Macri y su popularidad en terreno porteño va a quedar desechada. “Además necesitan el acuerdo en la provincia”, reflexiona con sus laderos la senadora, que ahora elige salir de recorridas por las provincias, como Mendoza.

Bullrich se muestra en la intimidad crítica de la política económica del Gobierno. Sostiene que la macro no llega a la micro y que el oficialismo necesita un golpe de efecto que reactive la actividad. “Los centros urbanos están muy golpeados”, dicen cerca de ella. “Hay tiempo para levantar pero tienen que ordenarse”, se lamenta sobre las internas a pesar de que esta semana quedó ella en boca de todos por su nueva diferenciación.

Lejos del Milei que en público se felicitaba por la fortaleza política que consiguió en el Congreso tras las elecciones de medio término, la senadora cree que todavía es un gobierno débil políticamente y que sin acuerdos no puede avanzar. Es lo que le están advirtiendo los aliados para esta semana. El proyecto de propiedad privada cayó por diferencias en dos capítulos: manejo del fuego y extranjerización de la tierra. “Nunca tuvieron los votos, estaban complicados”, agrega un senador peronista. Lo mismo aporta una aliada no automática. Dicen que el problema que tiene Bullrich es que la presiona la Casa Rosada. En este caso, Federico Sturzenegger, que va por todo. Los senadores dispuestos a apoyar se quejan de que los cambios que aceptan vuelven con retoques menores y no se tienen en cuenta sus aportes. Nadie cree por estas horas que pueda aprobarse esa iniciativa en lo inmediato. La primera disidencia surgió de la senadora Edith Terenzi (Chubut), que avisó que no lo votaba. Lo mismo pasó con los otros tres legisladores enrolados bajo el bloque que conduce la jujeña Carolina Moisés, que ya había presentado un dictamen aparte. Apenas comenzada la sesión, los radicales Maximiliano Abad y Flavio Fama plantearon lo mismo; tampoco estaban Julieta Corroza (Neuquén) y Alejandra Vigo (Córdoba).

En este escenario, es poco probable que avance la reforma electoral, nacida trunca por la obsesión de Karina de eliminar las PASO, la única herramienta que tiene la oposición para ordenarse. Ahí sí pesan los gobernadores y dependerá del acuerdo electoral que terminen haciendo con La Libertad Avanza. No quieren candidatos que empañen sus reelecciones. Se viene el Mundial y con el oficialismo a los empujones, no hay aliado que hoy tenga voluntad política de sesionar.

También quedó tecleando la prórroga para que permanezca en su cargo por otros 5 años más Víctor Pesino, vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital, el juez que falló a favor de la reforma laboral e intervino la Unión Obrera Metalúrgica (UOM). Su tratamiento se incluyó a las apuradas el viernes, para llevarlo a audiencia en la comisión de Acuerdos pasado mañana. El malestar se sigue fogoneando entre los aliados por estas incorporaciones sorpresivas del Gobierno. Entre los pliegos que se vienen para esa audiencia, senadores cercanos al oficialismo están atentos a otro caso similar al de Michelli. Es la mujer de otro periodista, que ingresó como candidata a la sala VI de la cámara laboral. Se trata de Marina Edith Pisacco.

Sesión descontrolada

El karinismo le reprocha a Bullrich su intención de meterse en la interna judicial, que ya está atravesada por la pelea dentro de la Corte Suprema, entre el sector de Horacio Rosatti, cercano al Gobierno y al ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y el de Rircardo Lorenzetti. “No es un error, se pasó de rosca”, definen cerca de la Secretaria General sobre cómo se movió Patricia. Más allá de su posición respecto de Michelli, cuestionada por Milei por ser cuñada del periodista Hugo Alconada Mon, cerca de Karina se molestaron por la selección de los postulantes que tenían prioridad para ser tratados el jueves. Esa lista quedó en manos de Bullrich. Como ejemplo, cerca de Karina dicen que entró la secretaria del juez Julián Ercolini, María Julia Sosa, pero no Emilio Rosatti, el hijo del presidente de la Corte, Horacio Rosatti.

En la reunión de labor parlamentaria del día anterior, donde participaron los jefes de bloques, se dejó afuera a Michelli y a otros 23 pliegos de candidatos que ya estaban listos para ir al recinto. Michelli necesitaba dos tercios porque su dictamen no tenía una semana. El senador karinista Juan Carlos Pagotto se había encargado de cajonearlo. La propuesta de dejar a una veintena afuera fue un pedido del jefe de bloque del PRO, Martín Goerling Lara, y de Carlos Camau Espínola, en representación de un sector de los provinciales. Lo usaron como anzuelo para obligar a Bullrich a convocar una próxima sesión. Si dejaban sola a Michelli, pasaba automáticamente al olvido. El kirchnerismo jugó la suya. No comprometió en ese momento los dos tercios (que los iba a dar) y dejó que el oficialismo se enredara solo.

El revuelo se generó cuando en la Casa Rosada se enteraron de que en la lista de los 50 a tratar no estaba Emilio Rosatti, de la primera camada de pliegos que envió el Ejecutivo. El teléfono de Bullrich explotó. “La presionaron todos, pobre”, la consuela un senador aliado. Ella rompió el pacto del día anterior, con acta por escrito y todo, y obedeció a las órdenes de Karina. Volvió con todos los pliegos menos el de Michelli, lo que le generó la rebelión de los aliados. “Está muy pegada a Santiago Caputo”, sospechan en el karinismo sobre los pasos que fue dando la senadora. “La selección de los 50 la hizo ella, el gran quilombo fue ese corte. Acá no hay ñoños republicanos, acá hay juego de poder”, le reprochan los que quedaron afuera. Para entonces el bloque libertario era un hervidero y Luis Juez se retiraba para no votar.

La secuencia de cámaras del Senado habla por sí sola. Todo quedó a la vista. El rol de Victoria Villarruel fue clave para el desenlace, jugando abiertamente contra el Gobierno. Ya había mandado el mensaje de que no se estaban poniendo o sacando caramelos sino jueces. Bullrich se pelea con la vicepresidenta delante de todos, en el estrado. El reloj marca entonces las 13.50, la sesión había comenzado casi dos horas antes. Discuten acaloradamente. Acorralada, Bullrich pide el cuarto intermedio. La vuelve a llamar a Karina. No tienen margen. Van todos los pliegos a votación. Quienes participaron de esa negociación no podían creer lo que veían. Villarruel, Bullrich y Ezequiel Atauche peleándose entre ellos.

El Gobierno seguirá jugando fuerte y tiene previsto que Michelli no asuma. Lo que hará es no conformar el tribunal para el que fue elegida, que tiene que ser habilitado por la Corte. Lo dijo sin sutilezas el propio Mahiques, insólitamente, el promotor de Michelli en 2018, cuando era viceministro de Justicia. “Restan una serie de pasos, como por ejemplo que la Corte Suprema de Justicia de la Nación lo habilite”, anticipó. A eso el Gobierno espera contar con el paso del tiempo en el Consejo de Magistratura, que preside Rosatti, que tiene que iniciar el proceso para acondicionarlo. Mahiques habló de que falta conseguir “un edificio y poner mobiliario”, algo así como una advertencia: sos jueza, pero no tenes ni silla.

Quién ganó

En el Gobierno se ufanan de haberse salido con la suya al conseguir, al final de todo el escándalo, la aprobación de los 74 pliegos. En el peronismo descartan esa lectura y consideran que el oficialismo perdió la brújula, los aliados se les esfuman y los jueces nombrados no son de Milei, al punto que ellos mismos les dieron los votos. “Acá ganó la familia judicial”, aclaran. Son concursos que existen desde hace más de 10 años y una buena parte se los llevó la provincia de Buenos Aires: 13 en total y 8 de La Plata. “Nosotros no podemos dejar la provincia sin jueces, los revisó Axel”, apuntan en el kirchnerismo del Senado para desmentir que sean jueces que respondan a Milei.

El peronismo incluso cerró filas en la votación, con la aprobación de todos los pliegos menos el de Emilio Rosatti (ahí sólo se ausentó el santafecino Marcelo Lewandowski) y el de la secretaria del juez Ercolini. Entre los nuevos nombramientos está Laureano Durán, que fue protagonista de fuertes polémicas en 2014 cuando el kirchnerismo lo designó para ocupar el estratégico juzgado federal 1 de La Plata, que entiende en temas electorales, que estaba vacante en ese momento por la muerte de Manuel Humberto Blanco. Durán fue votado ahora como vocal de la sala I de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata.

Caputo, el trader político

Mientras la interna se desangra y el oficialismo ve desvanecerse los proyectos en el Senado, el ministro de Economía apuesta en la ruleta electoral. “Puede haber un shock externo, el petróleo puede ir a USD 400, puede haber una guerra mundial o una invasión extraterrestre, que Kicillof no va a ser presidente nunca en su vida en la Argentina. ¿Está claro?”, se ufanó Luis Caputo esta semana en su discurso ante la Cámara de Comercio, Industria y Servicios Argentino Brasileña de la República Argentina (CAMBRAS). Los aplausos costaron. Fueron tibios y llegaron tarde. Al menos eso notó el equipo del gobernador. “Pasó de largo, no le importó a nadie”, refieren cerca de Kicillof.

Justo esta semana se conoció una encuesta de Alaska y Trespuntozero en la que se refleja un rechazo a la confianza en la palabra de Caputo. Ante su afirmación de que los próximos 18 meses serán los mejores en décadas, el 69,3% responde que le cree poco o nada. Ante su declaración de que la gente está mejor que en 2023, el rechazo es del 68,6%. Esa misma muestra refleja que algo parecido le pasa a Milei. El 66,5% no cree que “lo peor ya pasó”, frase reiterativa de Milei. Además, el 61% tampoco cree que la inflación se derrumbará y el 67% tampoco está de acuerdo con que la política económica actual no está destruyendo empleos.

Los rojos de la recaudación alertaron a las consultoras económicas y al Fondo Monetario Internacional. La consultora 1816 destacó que los números del fisco cortaron nueve meses de caída, pero de manera coyuntural. Alerta a sus clientes que fue “gracias a la base de comparación del Impuesto a las Ganancias”. “Los datos desagregados no fueron tan positivos: el IVA-DGI cayó 3,0% real, séptima caída al hilo. La asistencia a PAMI de $580.000 millones con Lecap (en lugar de efectivo) y la postergación de los FAL apuntan a no afectar el superávit base caja”, señalan. Justamente, la reglamentación del Fondo de Asistencia Laboral que se conoció esta semana postergó su implementación recién para el 1 de noviembre. En círculos económicos anticipan que fue un pedido del FMI. También 1816 se ocupa de plantear dudas respecto de cuánto le cree el mercado a Caputo. “Ya sin Bonar 27 como alternativa (salvo que abran otra serie corta), ¿la demanda privada podrá canalizarse a los 2028 y/o a bonos más largos? Eso dependerá en buena medida de cuánto penetre la idea de Caputo de que “no hay riesgo político para 2027” y/o la idea de que la economía argentina de los próximos años va a tener tanto flujo de dólares que los bonos 2028 se pagarán sin importar quién gobierne (al final del día, ambas cosas achicarían el riesgo político para el año que viene)”.

Al Gobierno se le complica la narrativa. Muerto el slogan “la moral como política de Estado” y el anticasta, le queda el fantasma del pasado, que choca con la idea de Caputo de que no hay riesgo kuka. Otro dato que aporta la encuesta de Alaska es que se revirtió el factor aglutinante del voto mileísta. Ante la pregunta de quién es el responsable del deterioro económico actual, el 63,6 % lo puntualiza en el gobierno libertario. Es Milei contra Milei. Lo dijo el Presidente cuando confesó en público que compite contra él mismo. Entre las peleas internas y las emocionalidades se le acorta el tiempo para ganarse.

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Existe una serie de preguntas que se repite de manera insistente entre la dirigencia libertaria, y que repercuten en el humor del círculo rojo. ¿Hasta dónde Javier Milei se involucra en los temas? ¿Quién fue el que se encaprichó con María Verónica Michelli, la candidata a un tribunal federal de La Plata aún en proceso de maduración cuyo pliego el Presidente no pudo retirar del Senado, furioso, aparentemente, por el parentesco de la postulante con el periodista Hugo Alconada Mon? ¿Quién dio la orden, el Presidente o su hermana Karina Milei? ¿Quién ordena la Cámara alta y qué intereses representa Patricia Bullrich? ¿Quién informa a Milei del estado de situación de las cosas? Peor aún: ¿Cómo se informa?

Ese mar de inquietudes volvió a golpear en el casco del bote del Gobierno tras una semana que exhibió, otra vez, serios desbarajustes en el doble comando en manos de los hermanos Milei, que sumaron a la interna despiadada entre la Secretaria General, los Menem y Santiago Caputo y sus seguidores una rebelión cada vez más frecuente de Patricia Bullrich, dispuesta a cualquier tipo de confrontación con los hermanos, pública y privada, con tal de revalorizar su potencia electoral de cara al 2027. Sin embargo, esos desajustes de la conducción libertaria contrastan con el avance fundamental que el gobierno acaba de conseguir en un rubro tan sensible y relevante en la construcción de cualquier proyecto de poder como es la Justicia. A pesar del caos interno: dos caras de una misma moneda.

El jueves, en una sesión alborotada que refrescó toda esa batería de preguntas que inquietan -y desconciertan- al círculo rojo empresarial y político, Milei consiguió, en medio del escándalo en torno a Michelli, la aprobación de otros 73 pliegos por parte del Senado. Hay que remontarse a ocho años atrás, en el 2018, durante la gestión de Mauricio Macri, que siempre mostró una fascinación especial por el Poder Judicial, para superar ese número: el ex presidente designó entonces 81 funcionarios judiciales de un total de 191.

Milei aspira a superar esa cifra. En realidad, mencionar al Presidente es solo una referencia institucional: entre los interrogantes que atraviesan al Gobierno se destaca qué nivel de relevancia le otorga el mandatario a este proyecto en marcha de reconfiguración del Poder Judicial que sí sigue con interés Karina Milei, influenciada por Martín y Eduardo Menem, “Lule”, y ejecutado por Juan Bautista Mahiques y Santiago Viola, dos funcionarios muy audaces que, en el caso del primero, ya demostró que es capaz de librar una batalla feroz contra viejos camaradas que se enteraron de su designación de ministro por los medios y cuyo desenlace todavía es incierto, pero que ya tiene consecuencias directas sobre expedientes que se tramitan en Comodoro Py.

En el Poder Judicial suele agitarse de todos modos un dicho: “Los jueces son de los jueces”. “En el calendario judicial no figura el 17 de octubre, el Día de la Lealtad”, reflexionó un operador. Puede dar testimonio Cristina Kirchner que solo durante sus dos mandatos como presidenta el Ejecutivo designó 381 funcionarios judiciales, y en los próximos días está por cumplir un año de arresto domiciliario, una condena revisada y corroborada por todas las instancias, incluida la Corte Suprema.

La avanzada de Mahiques bajo el paraguas de Karina Milei y en sintonía con un sector de la Corte que representa su presidente, Horacio Rosatti -su hijo Emiliano consiguió el jueves la aprobación de su pliego-, apunta no solo al envío y la designación de funcionarios, sino a un proyecto más ambicioso. Lo resume un colaborador del ministro: “Se está cambiando un ecosistema por completo, 40% de vacantes, se le saca influencia a viejos operadores, abogados, grupos económicos”. Solo resta saber con qué tipo de artillería está dispuesto a responder el otro bando, y el contenido de una eventual represalia. Tal vez en la suerte de Manuel Adorni, en la causa ANDIS o en el expediente $LIBRA radique parte de la respuesta. “Vamos con chaleco antibalas y casco”, abundaron colaboradores del ministro.

A fines de esta semana, con el Mundial de fútbol recién empezado y la incertidumbre en torno a si finalmente el jefe de Gabinete presentará o no, entre el jueves y el viernes, su declaración jurada –“más que un contador, la está completando con un mago”, bromeó un operador libertario que no quiere nada a Adorni-, el Gobierno podría enviar al Senado otros 50 pliegos de los 190 en poder de Mahiques entre jueces -91-, defensores y fiscales, y por fuera de los que ya remitió a la Cámara alta, 139 en total.

Ese plan ejecutado por Mahiques, que aspira a convertirse en un actor protagónico de la Justicia para coronar, de ser posible, con la Procuración, su objetivo de máxima, tendrá este miércoles, en simultáneo, otro mojón en el Consejo de la Magistratura cuando se envíen, de acuerdo a lo previsto, las ternas al Ejecutivo para reemplazar a Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi en la sala I de la cámara federal porteña. Se sumarían a los pliegos que el Gobierno ya tiene listos para mandar al Senado para integrar cuatro tribunales orales federales también de Comodoro Py, el edificio en el que se investiga al poder político.

Cara y seca. Ese intento de colonización y reconfiguración del Poder Judicial por parte de una mesa a la que se sientan Karina Milei, Mahiques, Viola y los Menem, en conversaciones permanentes con un sector de la Corte y algunos viejos operadores, se da en un campo de batalla que suele ser bombardeado por Santiago Caputo y su agrupación Las Fuerzas del Cielo, marginados del sistema de selección de funcionarios judiciales desde que el Presidente dejó que su hermana se apoderara del Ministerio de Justicia y del control de ese rubro, y que en las últimas semanas sumó una nueva combatiente: la jefa del bloque de LLA en el Senado.

“Karina la va a esperar, ¿pero hoy qué pueden hacer? La respuesta es que no pueden hacer mucho», contestaron desde esa trinchera cuando se consultó por la movida pública de Bullrich de rechazo al retiro del pliego de la jueza Michelli. Las últimas jugadas de la ex ministra, desde el abrazo a Macri en la cena de la Fundación Libertad y el pedido televisivo para que Adorni apure su rendición de bienes, a la presentación de su propia DDJJ y la reciente reprobación a la baja de la postulación de Michelli, tienen un mismo patrón común: ella misma se ocupó en hacer de cada una de esas maniobras un evento político.

La hermana del Presidente está muy fastidiada con esa estrategia, es plenamente consciente de que la senadora tiene su propio proyecto y no es en la capital. Sabe que, si tiene la oportunidad, va a jugar sus cartas. Es un rasgo en las características de la ex ministra que no ve, por ejemplo, en otro de los dirigentes proveniente del PRO como Diego Santilli, capaz de cualquier tipo de sumisión política y demostración de lealtad con tal de que le habiliten, como le prometieron, la postulación a gobernador bonaerense en el 2027.

Bullrich no se cree empleada. Y se aprovechó del desinterés del Presidente en un rubro tan complejo como el de la Justicia para plantear su “objeción de conciencia” y poner en crisis el sistema de conducción de los hermanos Milei, que repercutió en el Senado. El lunes, cuando Bullrich avisó a los senadores que plantearía objeciones, recibió reproches de algunos colegas. Dicen que Nadia Márquez, muy cercana a “El Jefe”, puso el grito en el cielo. Y que fue Agustín Monteverde, que compartió boleta con la ex ministra de Seguridad y que tiene trato directo con el presidente, quien le avisó a Milei antes de que ella le planteara su postura y le pusiera a disposición su renuncia a la jefatura del bloque. Ese dato también se ocuparon de resaltarlo desde el bullrichismo. También hubo mensajes del bloque de la UCR al Gobierno, para alertar por un empecinamiento que terminaría en una derrota, como finalmente ocurrió, pero no surtieron efecto: el pleno del recinto votó en favor de la candidata al tribunal platense, incluso con la abstención de Bullrich.

Ese ida y vuelta en torno al pliego de Michelli desconcertó al bloque libertario en el Senado. Sobrevolaron quejas por la falta de una “bajada de línea” por parte de la Casa Rosada. “Somos senadores nacionales, debería existir otro diálogo con el Ejecutivo”, reflexionó un legislador. Ese desconcierto obligó a algunos senadores a suspender entrevistas, algo que ya ocurrió en estos meses, desde que estalló el escándalo Adorni.

Muchas de esas críticas fueron dirigidas a la Secretaria General, que desde las elecciones de octubre pasado se adueñó de la estrategia política y de la interlocución con el Congreso a través de los dirigentes que le reportan. Esa tarea, en el Senado, quedó en manos de Bullrich mientras, en paralelo, Santilli se dedicó al vínculo con los gobernadores. Pero el desmarque que la senadora empezó a tener de la Casa Rosada terminó por desajustar la coordinación con el Ejecutivo.

La pregunta que flotó esta semana en el aire es entonces quién ordena esa descoordinación, pero quedó en el ambiente otra mucho más profunda: ¿Qué grado de involucramiento tiene Milei con ciertas áreas del Estado por fuera de la economía? “Javier no le da importancia a algunas cosas que no le interesan”, aseguró un legislador libertario.

Los cortocircuitos de esta semana reflotaron en ese sentido las dudas por el flujo interno de la información, intoxicado por la guerra eterna entre las distintas tribus. “El 85% de mi trabajo es contrarrestar operaciones internas”, se despachó un colaborador de uno de esos bandos. Esa batería de operaciones cruzadas impacta de lleno en la comunicación, pero también en la política.

En el caso del pliego de Michelli que ahora el Presidente pretende demorar, por ejemplo, las versiones se bifurcan. Hay quienes aseguran que fue el consultor Caputo el que le avisó del parentesco de la postulante. Otros, que Mahiques ya le había advertido al mandatario, y que le restaron importancia. Si esa información fuera cierta, ¿por qué se envió el pliego al Senado para luego convertirlo en un tema de interés nacional?

Milei no tiene previsto cambiar su método de conducción, y ya dejó en claro que no quiere, o no puede, sentar en una misma mesa a su hermana y a su consultor estrella para dar por terminada una puja que corroe a la administración, y que suma cada vez más intrigas. En medio de esa batalla a cielo abierto se detuvo a Facundo Leal, el ex funcionario de ARSAT y del ORSNA que esta administración heredó de anteriores gestiones y al que le encontraron, en una investigación por el robo de material de fibra óptica en un depósito de San Fernando, USD 2.5 millones y cantidades desproporcionadas de cocaína, ketamina y MDMA en dos propiedades. También un equipo para hacer espionaje. Más allá de la contundencia de las pruebas y la evidente rutina agitada, opulenta y ecléctica que llevaba Leal -tenía previsto un viaje especial para su cumpleaños-, los trascendidos apuntan a un pase de facturas interno y una presunta vinculación con una guerra de espías. A propósito, Milei ni siquiera conoce al jefe actual de la SIDE, no le llegan los reportes diarios y no quiere ni saber lo que pasa dentro de ese organismo.

Su hermana sí está al tanto de esos movimientos: la mantienen informada. Por eso promovió a Sebastián Pareja como presidente de la comisión que debe fiscalizar los gastos y la administración de la SIDE. En el entorno de la hermanísima subrayaron que pretendía avanzar sobre alguna otra área controlada por Caputo -¿podía ser el PAMI?- hasta que Adorni cayó en desgracia cuando decidió comprarse un departamento en Caballito y refaccionar totalmente una casa de fin de semana sin que todavía haya justificado esos gastos. Incluyó una cascada en la piscina. El lujo es vulgaridad. Desde ese momento, la hermana presidencial y sus colaboradores dedicaron buena parte del tiempo a blindar al funcionario, al que sostuvieron mientras arreciaban las críticas internas. Esa defensa acérrima también se inscribe en la interna con Caputo.

La última mojada de oreja de la Secretaria General fue sobre la Fundación Faro, administrada por Las Fuerzas del Cielo, con fuerte presencia de Francisco Caputo, hermano del consultor, cada vez más relevante dentro de la estructura. A través de la IGJ, del organigrama de Mahiques, quiere saber sobre las donaciones a la fundación. Un movimiento llamativo si se tiene en cuenta que en diciembre del año pasado el Presidente fue la figura central de la cena de recaudación de fin de año en Puerto Madero, a la que asistió ella, todo el gabinete y el círculo rojo empresario.

El Presidente hace gestos para tratar de apaciguar los ánimos, como los que realizó después el tedeum del 25 de Mayo en el balcón de la Casa Rosada, pero no son suficientes ni llegan a ordenar el sistema de toma de decisiones que los tiene a él y a su hermana como principales socios. Por el contrario, Milei se recuesta sobre el programa económico: está convencido que la recuperación de la actividad ya empezó, que la inflación seguirá a la baja y que las malas noticias comenzarán a quedar atrás.

Parte de ese diagnóstico fue abordado por Macri en el almuerzo que mantuvo esta semana con Rogelio Frigerio en Entre Ríos, por casi una hora. Muy relajado, hubo pocas definiciones políticas, más bien se desmenuzó la situación económica. El ex presidente deslizó que, después de un primer trimestre muy malo, debería verse cierta mejoría en los dos últimos, pero alertó, sin dramatismo, en que no entiende cómo con este superávit el riesgo país aún no se ubicó en los niveles que él tuvo durante su gestión.

Macri visitó también a Maximiliano Pullaro en Santa Fe, con el que hubo muy buena sintonía, recíproca. Una reunión que alimentó las especulaciones de los que presionan por un remake de Juntos por el Cambio como una alternativa al gobierno. Como se adelantó en esta sección, se habla de hecho del análisis de algunos distritos gobernadores por el PRO y la UCR de converger en un “súper domingo” electoral el próximo año.

Esa hipótesis podría incluir a la ciudad de Buenos Aires, la casa matriz del PRO, que acaba de estrenar nuevo logo pero que arrastra viejos chispazos. Al ex presidente, en realidad, nada la preocupa más que la chance de perder la capital. Por eso es cada vez más comentado el distanciamiento con su primo Jorge Macri, decidido a buscar la reelección, con el que, en verdad, nunca se llevó del todo bien. “Están muy mal”, confirmaron. En la Ciudad circula un fuerte trascendido de un encuentro de tres, entre los Macri y Daniel Angelici, “El Tano” -se involucró en la gestión porteña para intentar acercar posiciones y ordenar la administración y terminó convertido en el hombre más influyente de la capital-, que no habría tenido buenos resultados.

Confían, además, que en el velorio de Luis Brandoni de hace más de un mes atrás, en la Legislatura, los primos hicieron lo imposible para no cruzarse.

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La presentación de un proyecto de ley para castigar con elevadas penas la pesca ilegal procura ser una barrera más a la intensa depredación de ese recurso ejercida especialmente por flotas extranjeras. La iniciativa legislativa se enmarca en la aplicación de sanciones inéditas y nuevas medidas de control introducidas por las autoridades, que alertan sobre graves daños económicos y ambientales provocados por la explotación en el Mar Argentino.

El proyecto de ley impulsado por el diputado Guillermo Michel propone penas de prisión y sanciones económicas a quienes practiquen la pesca ilegal en aguas argentinas. La propuesta agrava el castigo en casos que involucren embarcaciones extranjeras sin autorización, métodos destructivos, especies protegidas o la intervención de funcionarios públicos.

La iniciativa presentada en el Congreso incorpora una definición precisa de pesca ilegal y delimita un marco penal inédito para la actividad en aguas argentinas. El articulado establece la incorporación de nuevos artículos al Código Penal de la Nación, de modo que quienes capturen, extraigan o den muerte a especies de la fauna silvestre durante períodos de veda, en zonas o cuerpos de agua prohibidos o restringidos, o respecto de especies cuya explotación se encuentre vedada por normas nacionales, provinciales o internacionales, puedan ser condenados penalmente. También se prevén sanciones para el uso de métodos prohibidos por la autoridad competente y para la presentación de declaraciones falsas ante los organismos de control sobre el volumen real de la captura.

La propuesta introduce agravantes que elevan las penas hasta seis años de prisión y multas más severas si el delito afecta especies amenazadas incluidas en la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), si se utilizan explosivos o métodos masivos, si la actividad ocurre en áreas naturales protegidas, si participan tres o más personas de manera organizada o si intervienen embarcaciones extranjeras sin autorización. La intervención de funcionarios públicos en estos delitos también representa un agravante, con inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena.

El proyecto avanza sobre la cadena de valor vinculada a la pesca ilegal. En caso de ser aprobado, sancionará con prisión y multas a quienes, a sabiendas de su origen ilícito, vendan, compren, almacenen, transporten, industrialicen o comercialicen productos provenientes de capturas prohibidas. Las penas se agravan si la conducta se realiza en forma organizada, habitual o involucra especies protegidas.

El proyecto de ley prevé también la aplicación de sanciones penales sin perjuicio de las administrativas, ambientales o aduaneras que pudieran corresponder. Ordena el decomiso de especies, productos y bienes empleados en la comisión del delito, como embarcaciones o vehículos. Los ejemplares vivos serán restituidos a su hábitat cuando sea posible o derivados a centros de rescate o investigación. Los productos aptos para consumo humano se donarán prioritariamente a bancos de alimentos y comedores comunitarios. Las embarcaciones y vehículos decomisados podrán ser asignados a la Prefectura Naval Argentina, al INIDEP u otros organismos públicos para tareas de fiscalización o investigación.

Si el Congreso sanciona la norma, las personas jurídicas, como empresas pesqueras, podrán ser sancionadas con multas de hasta el quíntuplo del beneficio obtenido, suspensión de permisos, inhabilitación para contratar con el Estado y la publicación obligatoria de la sentencia en medios nacionales y en el Boletín Oficial con el costo a cargo del sancionado. El dinero recaudado a través de multas y subastas de bienes decomisados integrará el Fondo Nacional de Conservación y Fiscalización Pesquera, destinado a financiar tareas de control, investigación y programas de recuperación de recursos agotados.

La iniciativa incorpora la figura de asociación ilícita para la pesca ilegal, con penas de hasta ocho años de prisión para quienes organicen, financien o lideren bandas dedicadas a este delito de manera permanente o reiterada. Además, el juez podrá disponer la administración cautelar de los bienes secuestrados durante el proceso judicial para reforzar las tareas de control estatal mientras dure la causa.

Dimensión de la pesca ilegal en el Mar Argentino

La presión de las flotas extranjeras sobre la Zona Económica Exclusiva Argentina (ZEEA) y la “Milla 201” alcanza una magnitud sin precedentes. De acuerdo con investigaciones citadas por Infobae y la Fundación Latinoamericana de Sostenibilidad Pesquera (FULASP), entre 1,5 y 3 millones de toneladas de especies clave son extraídas cada año por buques internacionales, hasta cuatro veces más que el volumen desembarcado por la industria pesquera argentina, que oscila entre 750.000 y 900.000 toneladas anuales.

Al menos 400 a 600 embarcaciones, en su mayoría de China, pero también de Corea del Sur, Taiwán y España, concentran su actividad en el borde de la ZEEA. Muchas apagan deliberadamente el sistema de identificación automática (AIS), emplean redes de arrastre prohibidas o eluden los puertos argentinos transfiriendo la pesca directamente a buques nodriza en altamar. El uso de “banderas de conveniencia” permite ocultar la verdadera propiedad de las naves, un método denunciado por el especialista Milko Schvartzman, según recogió Infobae.

El esfuerzo pesquero de la flota china aumentó un 85% desde 2019 y la extracción total de flotas extranjeras creció un 65% en ese mismo período.

Impacto económico, ambiental y respuesta estatal ante la pesca ilegal

Las pérdidas económicas de Argentina por la extracción ilegal superan los 1.000 millones de dólares anuales, según estimaciones de la Subsecretaría de Pesca difundidas por Infobae. La sobreexplotación afecta de manera especial al calamar Illex argentinus ―especie de vida breve y eje alimentario del ecosistema marino― y a la merluza hubbsi, cuya reproducción y migración vinculan los recursos con distintos marcos regulatorios internacionales.

La FULASP advirtió: “En el caso del calamar, que vive apenas uno o dos años y cumple un rol central en la cadena alimentaria, una mala combinación de sobrepesca y cambio ambiental puede generar en poco tiempo el agotamiento de recursos fundamentales para la pesca argentina y todo el ecosistema”, dijo Raúl Cereseto a este medio.

En 2024, las autoridades de las Islas Malvinas suspendieron la segunda temporada del calamar Loligo debido al colapso de la biomasa, mientras que el Reino Unido, a través de la concesión de cuotas pesqueras en Malvinas, extrajo 261.903 toneladas de recursos solo en ese año, equivalentes a más de un tercio de toda la captura argentina. Ello generó ingresos estimados de mil millones de dólares anuales, representando el 65% de los ingresos de las islas, según la investigación de la fundación.

La Prefectura Naval Argentina y la Subsecretaría de Recursos Acuáticos y Pesca adoptaron el criterio de “tolerancia cero” frente a la pesca ilegal. Aplicaron, junto a la Justicia nacional, la mayor multa registrada: $1.262 millones impuesta a un buque de capital chino con bandera de Vanuatu capturado dentro de la ZEEA, después de verificar repetidas incursiones ilegales.

Este caso sentó precedente al validar la evidencia electrónica, como la vigilancia satelital y sistemas como Skylight, para la imposición de sanciones. La Cámara de Armadores Poteros Argentinos (CAPA) destacó “la solidez probatoria” de este tipo de controles y su valor para trasladar la fiscalización del ámbito físico al digital. Para Schvartzman, “la pesca ilegal es la norma para la flota china en el Atlántico Sudoccidental”.

Cooperación internacional y desafíos en la regulación pesquera

El combate contra la pesca ilegal enfrenta vacíos regulatorios en la región y falta de organismos de gobernanza efectiva a nivel global. Instrumentos como el Acuerdo de Medidas del Estado Rector de Puerto, impulsados por la FAO, buscan reforzar los controles portuarios y bloquear puertos de conveniencia como Montevideo, promoviendo el intercambio de información entre autoridades portuarias.

Sin embargo, la presencia británica en Malvinas y la dispersión de responsabilidades complican la creación de organismos internacionales sólidos para la conservación de recursos en el Atlántico Sur. Iniciativas privadas y comisiones regionales no han logrado frenar la actividad ilegítima alentada por apoyo logístico extranjero y la escasez de regulación fuera de jurisdicción nacional.

La presión persistente sobre la fauna marina, la captura sostenida de especies vulnerables y las condiciones extremas de trabajo en estas flotas exigen una respuesta inmediata que trascienda la legislación local y apueste por la cooperación internacional para proteger los recursos y la vida en el Atlántico Sur.

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