POLITICA
Jorge Macri y LLA buscan desregular las VTV en la Ciudad, un negocio que concentran empresarios bajo la mira judicial
La Libertad Avanza (LLA) y Pro empiezan a moverse en sintonía en la Legislatura porteña. Luego de que el bloque violeta acompañara la ampliación presupuestaria impulsada por Jorge Macri, ahora ambos partidos trabajan en conjunto para desregular el sistema de Verificación Técnica Vehicular (VTV) en la Ciudad.
La Legislatura porteña tiene previsto tratar, este jueves, un proyecto presentado por LLA para ampliar los plazos de revisión de los vehículos particulares, liberar el esquema de precios y ampliar el rango de prestadores que pueden brindar este servicio. Hasta ahora, cuatro firmas, ligadas a empresarios apuntados en la investigación contra Jorge D’Onofrio por el presunto cobro de coimas en la provincia de Buenos Aires, monopolizaban el negocio.
“Desde LLA CABA presentamos un proyecto para que tengas la libertad de hacer la VTV en cualquier taller habilitado: cerca de tu casa, de forma simple, rápida y generando más trabajo. Hagamos que la ciudad avance a la velocidad de la Nación”, anunció Pilar Ramírez, presidenta del bloque libertario y alfil de Karina Milei en la ciudad.
La iniciativa pretende alinear a la Ciudad con la resolución que impulsó el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, el mes pasado para poner fin al monopolio de las plantas verificadoras. El objetivo es abrir el negocio a talleres privados que cuenten con equipamiento específico y acrediten capacidad técnica y personal calificado para realizar las inspecciones.
Actualmente, la Ciudad funciona bajo un esquema cerrado -con apenas siete sedes habilitadas para realizar la VTV- que controlan un reducido grupo de empresas. Según reconstruyó , son solo cuatro empresas las que que están autorizadas para realizar la revisión de vehículos particulares en el terruño de Jorge Macri.
Se trata, en todos los casos, de compañías que también ofrecen el mismo servicio en la provincia de Buenos Aires, donde el gobierno de Axel Kicillof ya anticipó que no prevé avanzar con la desregulación que impulsan desde Casa Rosada. Algunos de sus directivos están siendo investigados en la causa contra el exministro de Transporte bonaerense Jorge D’Onofrio por el direccionamiento de la licitación de las VTV en ese distrito.
El proyecto sobre las VTV que se debatirá en la Legislatura cuenta -según indicaron fuentes parlamentarias a – con el apoyo de LLA, el bloque oficialista Vamos por más (Pro y la Coalición Cívica) y la Unión Cívica Radical (UCR).
El bloque peronista Fuerza por Buenos Aires, en cambio, rechaza la iniciativa: se oponen a que cada proveedor determine el valor del servicio -sin precio máximo de referencia- y las dificultades que se generan para fiscalizar que la verificación esté correctamente hecha. “Si bien estamos de acuerdo con la desconcentración y la descentralización, el criterio de cercanía no puede ir en desmedro de garantizar la seguridad vial”, aseguraron en el bloque.
Las empresas detrás de las VTV
De las siete sedes habilitadas para realizar la VTV en la ciudad de Buenos Aires, cuatro se encuentran el barrio porteño de Barracas. Una de ellas está a cargo de la firma Werniger Sud SA, perteneciente al grupo TUV SUD Atisae. La empresa administra el taller oficial de Herrera 1995, en el barrio porteño de Barracas.
Según registros oficiales del 2023, la compañía está presidida por Germán Jorge Neuss, fundador de Neuss Capital. El empresario, al igual que sus hermanos Patricio y Juan Neuss, mantienen un estrecho vínculo con el asesor presidencial Santiago Caputo.
Según el sitio web de Werniger SUD, la empresa también realiza revisiones en la provincia de Buenos Aires, donde cuenta con cuatro talleres autorizados en las localidades de Solano, Bernal, Berazategui y Avellaneda. Es decir, incluso si la Legislatura porteña avanzara con la desregulación en la capital federal, la firma aún conservaría su protagonismo en el negocio de las VTV bonaerenses.
Algo similar sucede con la compañía Applus Iteuve Argentina SA, que administra otras dos plantas verificadoras de Barracas: una en Vélez Sarsfield 566 y otra en Santa María del Buen Ayre 1001. En tanto, en el distrito que conduce Kicillof, y según datos de su página web, concentra bajo su órbita 19 centros que ofrecen este servicio.
Según registros oficiales, la firma está a cargo del empresario Aitor Retes Aguado. El empresario ejerce desde 2015 como vicepresidente de la Comisión Internacional de Inspección de Vehículos, una asociación internacional especializada en seguridad vial.
Según información del Gobierno de la Ciudad, las otras cuatro terminales de verificación habilitadas en la Capital Federal están en manos de SGS Argentina SA y VTV Metropolitana-VTV Norte. La primera gestiona los centros habilitados en Tronador 115 (Paternal) y Osvaldo Cruz 1711 (Barracas), mientras que la segunda gestiona las sedes de 27 de febrero 5483 (Pompeya) y Donado 973 (Villa Ortúzar).
Al igual que las otras dos firmas que tallan en el distrito de Pro, también están autorizadas a realizar las VTV en la provincia de Buenos Aires.
SGS Argentina está, hoy a cargo de Federico Schroer, pero hasta mediados del año pasado -según consigna en el perfil de Linkedin de sus autoridades- estuvo a cargo de Germán Leandro Rebolo. VTV Norte, por su lado, está a cargo del empresario Martín Hernán Serrano, quien también ejerce como presidente de la Cámara Argentina de Empresas Verificadoras de Automotores.
Tanto Neuss y Retes Aguado como Rebolo y Serrano quedaron bajo la lupa judicial luego de que se abriera una investigación contra el exministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Jorge D’Onofrio por el direccionamiento del servicio de VTV en la provincia de Buenos Aires.
La semana pasada, el fiscal Álvaro Garganta solicitó que se eleve a juicio la causa por corrupción que investiga al exfuncionario. En el documento presentado ante el Juzgado de Garantías N°4 de La Plata, el fiscal pidió la citación del exministro y los cuatro empresarios mencionados, investigados en calidad de “autores de cohecho activo y como partícipes necesarios de la negociación incompatible”.
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POLITICA
Fundación Techo analizó el fallo por la Ley de Tierras: “Puede venir un inglés a comprar un pedazo de la Patagonia”
La Corte Suprema dejó vigente la derogación de la Ley de Tierras al revocar una resolución que había favorecido al Centro de Excombatientes de Malvinas de La Plata. El tribunal consideró que la entidad no tenía legitimación para pedir la inconstitucionalidad del artículo 154 del DNU 70/2023 y no resolvió el planteo de fondo.
Juan Maquieyra, integrante de la ONG Techo, se refirió al fallo y reclamó que el Gobierno incluya recursos para obras de integración sociourbana en el presupuesto que analiza el Congreso. Según planteó en Infobae Al Mediodía, la falta de partidas para barrios populares coincide con una norma que eliminó restricciones a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros.
La Corte Suprema revocó una resolución favorable al Centro de Excombatientes de Malvinas de La Plata y dejó vigente el artículo 154 del DNU 70/2023, que derogó la Ley de Tierras. El tribunal no definió la constitucionalidad de fondo del decreto: consideró que la organización demandante no tenía legitimación para solicitar la inconstitucionalidad de esa norma.
Maquieyra cuestionó el alcance de la decisión. “A mí me parece insólito meterse a dejar a disponibilidad de cualquiera que quiera comprar la tierra argentina”, afirmó.
El representante de Techo sostuvo que la situación resulta contradictoria con los planteos oficiales sobre soberanía nacional y mencionó el reclamo argentino por las Islas Malvinas. “Puede venir un inglés a comprar un pedazo de la Patagonia ahora, cerquita de Malvinas”, expresó.
También anticipó que la organización seguirá de cerca las definiciones políticas posteriores al fallo. Para Maquieyra, la medida es “realmente grave”.
Urbanizar barrios populares
El foco central del reclamo de la ONG está en la ausencia de recursos para obras de agua potable, cloacas, electricidad y accesos en barrios populares. “No hay partidas para integración sociourbana”, afirmó Maquieyra sobre el proyecto de presupuesto.
El dirigente señaló que el Fondo de Integración Sociourbana (FISU), destinado a financiar esas intervenciones, quedó “totalmente desfinanciado”. La entidad no plantea como condición conservar ese instrumento, sino asegurar recursos para las obras mediante el mecanismo que el Gobierno considere.
“Si el Gobierno quisiera hacerlo por otro mecanismo que no sea el FISU, nosotros estamos para sentarnos en la mesa y conversarlo”, sostuvo Maquieyra. La organización presentó una iniciativa junto con Cáritas y bloques parlamentarios para declarar la emergencia de los barrios populares y garantizar financiamiento.
Según el integrante de Techo, más de diez bloques y cerca de 140 diputados acompañan la propuesta. El objetivo es sostener intervenciones en zonas donde las familias enfrentan déficits de infraestructura y servicios esenciales.
Un millón y medio de chicos vive con problemas de acceso a servicios
Maquieyra afirmó que 1,5 millones de niños y niñas viven en barrios con dificultades para acceder a servicios básicos. “Cuando abren la canilla del baño no saben si sale agua potable”, expresó.
También describió riesgos asociados a instalaciones eléctricas precarias y problemas de conectividad durante las lluvias. “Niños y niñas que cada vez que llueve mucho no pueden ir a la escuela”, afirmó.
Para Techo, esas condiciones afectan de forma directa las trayectorias educativas. Maquieyra cuestionó que se hable de inclusión y calidad educativa cuando algunos alumnos no pueden asistir a clases por el estado de los accesos a sus viviendas.
El representante de la ONG diferenció las transferencias de ingresos de las políticas de vivienda e infraestructura. Mencionó a la Asignación Universal por Hijo (AUH) y a la integración sociourbana como dos herramientas de alcance social que requieren continuidad.
Proyecto de Techo en el Congreso
Techo y Cáritas llevaron al Congreso un proyecto que prevé recursos graduales para las obras. Maquieyra sostuvo que la inversión requerida sería inferior al 1% del producto bruto interno (PBI).
“La propuesta no dice: ‘De un día para el otro meté los 20 mil dólares que hay que poner’”, explicó. Según indicó, el monto representa menos de la mitad de lo que recaudaría el Estado con cambios en el impuesto a las ganancias judiciales.
Maquieyra señaló que la iniciativa fue presentada ante funcionarios nacionales y que la entidad está dispuesta a discutir modificaciones al texto. “Esta no es una propuesta contra el Gobierno, esta es una propuesta a favor de un millón y medio de chicos”, afirmó.
El dirigente remarcó que el planteo busca asegurar agua potable, electricidad segura, condiciones de vivienda y accesos que permitan a los estudiantes asistir a la escuela aun cuando llueve.
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POLITICA
Venta de tierras a extranjeros: constitucionalistas advierten que una decisión del Congreso sería la mejor solución a la tensión entre poderes
Un decreto del Poder Ejecutivo que derogó una ley, un rechazo del Senado y un fallo de la Corte Suprema desataron la tensión entre los tres poderes del Estado.
El máximo tribunal dejó ayer sin efecto, en la práctica, los límites a la venta de tierras a extranjeros al restituir la vigencia de un artículo del megadecreto 70/2023 de Javier Milei. Tras el fallo, constitucionalistas consultados por coincidieron en que el desenlace de este choque de poderes está en manos del Legislativo. Solo una decisión del Congreso podría ponerle fin.
En rigor, la Corte Suprema devolvió vigencia al artículo 154 del decreto 70/2023 que estableció la derogación de la Ley de Tierras que fijó límites a la venta de tierras a extranjeros.
La Cámara Federal de Apelaciones de La Plata había declarado la inconstitucionalidad del artículo, pero Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti consideraron que el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) no estaba legitimado para demandar en este caso y, así, restituyeron el artículo 154 y, en los hechos, quitaron los límites a la venta de tierras a extranjeros.
En el universo legislativo, el Senado había rechazado el DNU 70 en marzo de 2024, pero la Cámara de Diputados nunca trató el decreto y, en consecuencia, la norma de Milei mantuvo su vigencia, dado que para anular un DNU se requiere el rechazo de ambas cámaras. El fallo de la Corte desató ayer la reacción de los diputados de la oposición, que por estas horas intentan organizarse para derogar definitivamente el decreto.
Para los constitucionalistas consultados, la clave está en el Congreso. El propio fallo de la Corte aclara que su decisión no implica “interferencia alguna sobre la intervención del Poder Legislativo contemplada en el artículo 99, inciso 3°, de la Constitución Nacional [la facultad del Congreso de considerar los DNU] respecto de la mencionada norma”.
Dos mecanismos legislativos podrían ser la vía, de acuerdo a distintos constitucionalistas:
El Senado avanzó en el rechazo del DNU en marzo de 2024, pero la Cámara de Diputados jamás tomó la posta. Legisladores como Cecilia Moreau (Unión por la Patria) y Esteban Paulón (Provincias Unidas) llamaron ahora a derogar el decreto en la Cámara baja.
Ante la consulta de , Pablo Salinas, politólogo especialista en asuntos parlamentarios, detalló que si la oposición en Diputados prosperara con esa jugada, el DNU 70/2023 caería definitivamente. A su vez, explicó que la anulación desecharía el decreto en su totalidad. Y sumó que el tratamiento de los DNU en el Congreso no se rige por los plazos de vigencia de los proyectos de ley. Es decir, el rechazo del Senado que data de marzo de 2024 no perdió estado parlamentario y Diputados lo podría tratar “en cualquier momento”.
El constitucionalista Diego Armesto indicó que el considerando 9° del fallo de la Corte, aquel que destaca la facultad del Congreso de rechazar el DNU, es un mensaje central del fallo, al indicar que “falta el control político que nunca terminó” de ejercer el Congreso.
Al respecto, la constitucionalista Lorena González Tocci dijo en X que era preciso “modificar la nefasta ley 26.122″, que requiere que las dos cámaras del Congreso rechacen un DNU para que caiga y que dispone que el decreto siga en pie incluso con el rechazo de la Cámara de Diputados o del Senado, como ocurre en este caso.
“Lo mejor es una nueva ley que derogue [el artículo 154]”, consideró Daniel Sabsay, especialista en derecho constitucional. “De todas maneras, el conflicto entre poderes está planteado”, afirmó.
Andrés Gil Domínguez evaluó que el máximo tribunal “esfumó” la división de poderes y precisó que una iniciativa de este calibre debería circunscribirse a dos artículos: uno que derogue el 154 del DNU 70 y otro que reponga la Ley de Tierras. Este es el “camino más fácil”, apuntó. Una nueva norma dejaría atrás el fallo de la Corte.
Los abogados también mencionaron otras alternativas menos robustas, aunque posibles, como la incorporación de límites a la extranjerización de tierras en el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada. Se trata de la iniciativa impulsada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, que en agosto pasado logró la aprobación del Senado, pero aún no fue tratada en Diputados.
El proyecto original eliminaba el tope a la venta de tierras a extranjeros. Tras una fuerte presión política y callejera, el Gobierno debió retirar el capítulo de extranjerización de tierras. Ahora, barajan algunos, la oposición podría restituir los límites en la Cámara baja y devolver el proyecto al Senado.
Sin vía judicial
La resistencia a la anulación de la Ley de Tierras depende del Congreso, dado que –argumentan constitucionalistas– la Corte cierra la puerta, en la práctica, a nuevos reclamos judiciales, por lo que esta vía quedaría desechada virtualmente.
Gil Domínguez se refirió a la “trampa formalista” de la Corte. Explicó que, si bien el tribunal dice que no falla sobre el fondo de la cuestión (“el presente pronunciamiento no supone abrir juicio sobre la validez constitucional del artículo 154”), argumenta que la soberanía territorial solo corresponde al Estado. De esta forma, le “obtura a cualquiera” el camino judicial, alegó.
En la misma línea, Alejandro Carrió puntualizó: “Si esta organización no tiene legitimación, ¿quién tendría la facultad para llevar a la Justicia un planteo de inconstitucionalidad por esta norma? La Corte no plantea eso. Me cuesta imaginar a qué actor le va a estar permitido”.
Sabsay coincidió en que sería “difícil” que el máximo tribunal se pronunciara en una dirección opuesta ante otro demandante.
Félix Lonigro agregó: “De acuerdo al argumento que usó, la Corte le va a rechazar el planteo a todo el mundo porque dice que la defensa de la soberanía no es un derecho colectivo, sino una facultad estatal”.
De todos modos, los constitucionalistas no descartan absolutamente que la Corte pudiera declarar la inconstitucionalidad del artículo 154 del decreto al expresarse sobre el fondo ante otro caso.
Juan Vicente Sola dijo que la Corte Suprema evitó “ingresar sobre el fondo” del planteo, pero que sin dudas consideró la “razonabilidad” de la derogación de la Ley de Tierras vigente desde 2011, que establece un tope del 15% de tierras rurales en manos extranjeras (en Nación, provincias y municipios). Sola afirmó: “La Corte en muchos casos decide por la cuestión más sencilla (no necesariamente ingresa sobre el fondo). No tengo duda de que, aunque no lo dijeron, los jueces de la Corte consideraron la razonabilidad de la norma que prohibía [la ley de tierras]”.
dejó ayer sin efecto,reacción de los diputados de la oposición,intentan organizarse,rechazo del DNU,September 30, 2026,Denise Chmois,Ley de tierras,Conforme a
POLITICA
La oposición busca forzar una sesión especial en Diputados para declarar inconstitucional el DNU que habilita la venta de tierras a extranjeros
Luego de que la Corte Suprema de Justicia dejara sin efecto la medida cautelar que interrumpía la derogación de la Ley de Tierras, la oposición busca forzar una sesión especial en Diputdos, en contra del DNU 70/2023.
La Defensa de la Soberanía Nacional en Malvinas empezó a tratarse hoy en las Comisiones de Defensa, Relaciones Exteriores y de Legislación Penal, conducidas por los diputados libertarios Carlos Zapata, Juliana Santillán y Laura Rodríguez Machado.
El diputado Martín Lousteau de Provincias Unidas expresó: “Creo que la Corte, más allá de lo jurídico, muestra una desconexión con el sentir de la sociedad que se manifestó de manera muy contundente con la ley de extranjerización de tierras, que el Senado acaba de no convalidar, de rechazar. Entonces, me parece que hay una desconexión profunda”.
“Yo creo que es una oportunidad para que en Diputados tratemos el DNU 70/23, lo terminemos de dar de baja”, agregó el diputado de la UCR.
En esa misma línea, añadió: “Yo ya lo voté en el Senado de forma negativa, voy a estar muy contento de poder votarlo en forma negativa de nuevo porque es profundamente inconstitucional”.
Desde el peronismo, el diputado Sebastián Galmarini expresó: “Sería muy importante que el Senado sancione la reforma a la ley 26.122 de trámite legislativo de los DNU, para que los Decretos no tengan plena vigencia sin la expresa aprobación de ambas cámaras”.
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