ECONOMIA
Jubilación anticipada: qué edad y años de aportes exige ANSES en 2026

El acceso a una jubilación antes de cumplir la edad jubilatoria ordinaria reglamentaria ya no es una posibilidad en la Argentina, salvo para casos y actividades que cuentan con regimenes especiales como la construcción, el transporte de carga, el personal de salud de áreas críticas, la actividad minera y los docentes.
Fuera de ello, el sistema general administrado por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) estipula de forma regular que los hombres deben contar con 65 años de edad y las mujeres con 60 años, además de registrar un piso mínimo de 30 años de servicios con aportes efectivos.
Sin embargo, el marco normativo contempla excepciones específicas y regímenes especiales que habilitan el retiro temprano de la actividad laboral para determinados grupos de trabajadores que cumplen con requisitos severos de aportes y vulnerabilidad en 2026.
El fin de la prórroga para desocupados
La reconfiguración legal del sistema previsional argentino eliminó los mecanismos extraordinarios que rigieron durante los períodos anteriores en el país. El Gobierno nacional adoptó la determinación oficial de no prorrogar la denominada Jubilación Anticipada por Desempleo, una herramienta extraordinaria que permitía jubilarse a hombres de entre 60 y 64 años y a mujeres de entre 55 y 59 años que poseían los 30 años de aportes completos pero se encontraban desocupados.
Al concluir el plazo de vigencia establecido en las prórrogas legislativas anteriores, este beneficio caducó, modificando de forma sustancial las alternativas de retiro para los ciudadanos que perdieron su empleo en la etapa previa a la vejez ordinaria.
Jubilación anticipada por discapacidad: requisitos de edad y aportes
En el escenario actual, la principal vía activa de jubilación anticipada general corresponde al régimen diseñado para personas con discapacidad o disminución física comprobable. Esta herramienta jurídica, amparada por la Ley 20.475, busca garantizar la protección y la cobertura de seguridad social a aquellos operarios cuyas trayectorias laborales sufrieron el impacto de una alteración psicofísica permanente.
La reglamentación de la ANSES diferencia la edad mínima de acceso según el tipo de contratación en el que se desempeñó el solicitante durante su vida laboral activa. Los trabajadores bajo el régimen de relación de dependencia pueden iniciar el trámite de retiro a partir de los 45 años de edad, mientras que para los trabajadores autónomos o monotributistas el piso de edad se fijó en los 50 años.
El requisito de aportes para esta modalidad de retiro anticipado por discapacidad disminuye en comparación con el régimen ordinario general. La ANSES exige acreditar un mínimo de 20 años de servicios con aportes computables y efectivos en los registros del sistema previsional.
Un aspecto técnico fundamental que evalúan los auditores del organismo es que el solicitante debe certificar una disminución de la capacidad laboral igual o superior al 33%. Esta condición de invalidez o discapacidad física o intelectual no puede tener un carácter transitorio, sino que tiene que estar debidamente acreditada y mantenida durante los últimos 10 años anteriores al cese definitivo de la actividad laboral o a la fecha de presentación de la solicitud del beneficio.
Diferencias técnicas con el Retiro por Invalidez de ANSES
Resulta de gran importancia técnica diferenciar esta jubilación anticipada por discapacidad de la prestación por Retiro por Invalidez contemplada en la Ley 24.241. Mientras que el esquema de retiro temprano por discapacidad opera a partir de un piso del 33% de disminución psicofísica y exige 20 años de servicios efectivos, el Retiro por Invalidez demanda la acreditación de una incapacidad laboral total superior o igual al 66%. Esta última condición debe ser dictaminada de manera exclusiva por una junta médica oficial encargada de evaluar el cuadro clínico del paciente. Además, el Retiro por Invalidez no exige una cantidad fija de años de servicios antiguos, sino que se rige por la condición de aportante regular o irregular con derecho, evaluando la regularidad de los depósitos previsionales en los 36 o 60 meses previos al inicio de la dolencia.
El cálculo económico del haber previsional para la jubilación anticipada por discapacidad sigue una metodología vinculada a los ingresos históricos del trabajador. La ANSES determina el monto mensual a abonar realizando un promedio del ingreso base percibido por el dependiente durante los últimos 60 meses de actividad formal. El beneficio resultante representa una escala que oscila entre el 50% y el 70% de dicho promedio salarial, dependiendo de la cantidad de años totales aportados y de la naturaleza de la actividad. Es indispensable remarcar que este beneficio contributivo difiere de la Pensión No Contributiva por Invalidez, una asignación asistencial destinada a personas en extrema vulnerabilidad social que equivale al 70% de una jubilación mínima y que no requiere aportes previos al sistema.
Regímenes diferenciales e insalubres
Por fuera del esquema de discapacidad, la ANSES mantiene operativos los denominados regímenes diferenciales o insalubres, los cuales configuran otra modalidad de jubilación anticipada en el país.
Estas estructuras previsionales especiales abarcan a sectores de la economía expuestos a tareas que provocan un envejecimiento prematuro o un desgaste físico superior al ordinario, como la construcción, el transporte de carga, el personal de salud de áreas críticas o la actividad minera.
En estas categorías industriales, las edades de retiro varían entre los 50 y los 55 años de edad, y las exigencias de aportes se reducen a 25 o 20 años de servicios, siempre que se verifique que la totalidad de las tareas se realizaron bajo las condiciones de insalubridad declaradas por las normativas laborales del sector. Por esos motivos hay trabajadores de distintas actividades que se rigen por su propio régimen y acceden a la jubilación anticipada.
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ECONOMIA
La titular del FMI llega con fuerte respaldo a Milei para atravesar el año electoral

En otros tiempos, la llegada de un líder del FMI a la Argentina se daba en momentos de extrema tensión. En tiempos de crisis extrema. Sucedió cuando vino Anoop Singh, en pleno desbande de 2002. O la de Christine Lagarde, a mediados de 2018, durante la explosión del plan económico de Mauricio Macri.
Ahora es distinto. Bien diferente. La expectativa es máxima. El arribo de Kristalina Georgieva será transmitido como una señal de fortaleza, de cara a las elecciones presidenciales del año que viene.
«La visita de Kristalina hay que entenderla como parte del plan financiero 2027«, dice, risueño, un economista de Wall Street que conoce de memoria los pasillos de la sede del FMI en Washington.
¿Qué significa esa apreciación? Que el contundente respaldo del Fondo Monetario aparece frente a los inversores como una pieza más de la construcción de la armadura de dólares para enfrentar el año electoral, donde Javier Milei buscará su reelección.
Un mensaje contundente para diferenciarse de 2025
«El 2027 no es 2025. Al menos ese es el mensaje que intentará mandar el Gobierno», refiere el director de una empresa líder de la alimentación, también consultado por iProfesional.
La afirmación tiene que ver con lo sucedido en la previa a las elecciones de medio término del año pasado. A diferencia de entonces, el Gobierno se prepara de manera activa para evitar una corrida cambiaria.
El Banco Central lleva casi 140 jornadas consecutivas comprando dólares en el mercado. Ya presentó el programa financiero hasta finales del año que viene. Y ahora, en ese contexto, llega Georgieva con su respaldo político. ¿Habrá algo más?
La expectativa es que no habrá ahora ningún anuncio concreto, pero la señal es bien concreta: de ser necesario, el Fondo estará para respaldar al líder libertario.
Una agenda del FMI cargada con objetivos políticos claros
La llegada de Kristalina Georgieva a la Argentina no será una visita protocolar más. Durante las 48 horas que permanecerá en Buenos Aires, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional mantendrá reuniones con Milei, con el ministro de Economía, participará de encuentros reservados con empresarios y ofrecerá una conferencia ante ejecutivos.
Lo dicho más arriba: detrás de la agenda oficial hay un objetivo mucho más relevante: empezar a construir el respaldo político y financiero que el Gobierno considera indispensable para atravesar sin sobresaltos el proceso electoral de 2027.
En la City y entre los principales empresarios existe una coincidencia. La presencia de Georgieva es interpretada como una señal de que el FMI ya comenzó a jugar su partido. «El Fondo forma parte del programa financiero para 2027», resumió ante iProfesional uno de los empresarios que mantiene diálogo frecuente con funcionarios y organismos internacionales.
La frase sintetiza una percepción cada vez más extendida: además de evaluar las metas del acuerdo vigente, el organismo quiere transmitir que seguirá acompañando al Gobierno en el período más delicado de su gestión.
Ahora el desafío es mayor: economía partida y ajuste sobre ajuste
La directora gerente del Fondo aterriza en Buenos Aires en un momento de dudas sobre el modelo económico. No por la cuestión financiera sino, más bien, por el costado de la economía real.
Ya no hay discusión de que «la economía Milei» dibuja una letra K. Una economía partida en dos, con tres sectores bien pujantes (campo, minería y energía) trayendo dólares a la Argentina y con el resto sin poder levantar cabeza.
Esos rubros -con la industria y el comercio abatidos y una construcción planchada- son los que emplean a la mayoría de la población.
Por eso mismo, los principales bancos de Wall Street siguen con lupa la evolución de esas arterias; lo mismo que el Fondo Monetario.
El estancamiento está forzando al Gobierno a aplicar un ajuste sobre el ajuste de las cuentas públicas para que no se desvíe el equilibrio fiscal. Pero hay incertidumbre al respecto si pronto no hay una reacción del consumo y el crédito.
En 2027 no sólo estará en juego la continuidad del programa económico sino también la posibilidad de que el Presidente obtenga un segundo mandato.
Y tanto el Gobierno como buena parte del mercado descuentan que el FMI preferiría la continuidad del actual rumbo económico antes que un cambio de administración que vuelva a cuestionar las reformas implementadas.
Por eso la visita de Georgieva trasciende ampliamente la revisión técnica del programa.
En los hechos, marca el comienzo de una nueva etapa: la construcción de un paraguas financiero y político destinado a garantizar que Milei llegue a las elecciones de 2027 con estabilidad cambiaria, acceso al financiamiento y una inflación en descenso.
Ese es, hoy, el verdadero mensaje que el mercado espera escuchar durante las próximas 48 horas.
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ECONOMIA
Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural, insistió con su reclamo: «Es necesario llegar a retenciones cero”

Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), puso en primer plano la agenda del sector agropecuario frente al escenario económico. “Es necesario llegar a retenciones cero”, afirmó Pino en declaraciones a Infobae en Vivo al detallar el impacto de las políticas tributarias sobre el campo y la necesidad de reformas estructurales para potenciar la producción.
Desde la sede de la SRA, Pino sostuvo que el campo representa un motor para la economía argentina y subrayó la importancia de avanzar hacia un esquema impositivo que incentive la inversión y el desarrollo. “No hay secretos en lo que el campo quiere y pide”, expresó, y remarcó que la demanda por una baja de retenciones es incesante porque los productores necesitan previsibilidad para planificar sus actividades.
El dirigente señaló que la eliminación de las retenciones no solo responde a un reclamo histórico, sino que también permitiría que el sector aporte más recursos a la economía nacional. “El campo devuelve cuando bajan las retenciones”, aseguró, y argumentó que las medidas que favorecen la rentabilidad del productor generan un efecto multiplicador en toda la cadena agroindustrial. Según Pino, “el secreto es no discutir, sino insistir”, en referencia a la persistencia con la que las entidades rurales plantean sus demandas ante el Gobierno.
Durante su exposición, Pino destacó que la infraestructura resulta vital para reducir el costo argentino y mejorar la competitividad de las exportaciones. Mencionó que las rutas y los caminos rurales inciden directamente en el costo de producir, mientras que la falta de inversiones en logística limita el potencial del sector. Además, advirtió que la compra de tierras para reservas naturales debe contemplar un equilibrio con el uso productivo, ya que el avance de la fauna silvestre sobre áreas sin destino productivo genera problemas para los productores.
Otro de los puntos abordados por el presidente de la SRA fue la relación con el Gobierno. Pino describió el diálogo actual como “inédito” y sostuvo que la propiedad privada no está en discusión. Reconoció que la unificación del tipo de cambio representó un avance producto del trabajo conjunto entre los sectores público y privado. “El tipo de cambio unificado es un avance logrado luego de mucho insistir”, afirmó.
El reclamo sobre la ley de semillas también ocupó un lugar en la agenda de Pino. Señaló que el sector necesita una normativa que surja del consenso y contemple el equilibrio entre los intereses de los productores y las empresas proveedoras de tecnología. En este sentido, Pino advirtió que la tecnología en soja resulta positiva, pero que el pago de regalías adicionales se vuelve inviable mientras subsistan las retenciones. “La tecnología en soja es buena, pero con retenciones no se puede pagar más”, indicó.
La situación de la infraestructura rural y el costo logístico fue otro eje central. Pino puntualizó que la falta de caminos adecuados y la ausencia de políticas de mantenimiento elevan los costos de transporte, lo que termina afectando la competitividad internacional de los productos argentinos. Además, se refirió a la necesidad de que el Estado acompañe con inversiones que permitan reducir el denominado “costo argentino”.
En cuanto al futuro de la dirigencia rural, Pino aclaró que la sucesión en la SRA no obedece a reglas automáticas. “No siempre el vicepresidente es después presidente en la Rural”, afirmó, desmitificando la idea de una línea sucesoria predeterminada dentro de la organización. Subrayó que los procesos internos de la entidad responden a consensos y que la continuidad de las gestiones depende del respaldo de los socios.
Pino hizo hincapié en que el campo valora la previsibilidad por encima de los nombres y partidos políticos. “La previsibilidad es central para el productor argentino; la necesitamos para invertir y planificar a largo plazo”, señaló. En este contexto, reclamó que las políticas públicas no se transformen en instrumentos de recaudación coyuntural sino en herramientas de promoción para el crecimiento del sector.
La cuestión de la relación con Brasil también apareció en el discurso de Pino. Aseguró que las negociaciones comerciales continuarán a pesar de las tensiones políticas, dado que el intercambio con el principal socio del Mercosur resulta clave para la economía del agro argentino.
En el cierre de su intervención, Pino advirtió que históricamente el campo fue el sector al que las políticas económicas recurrieron para obtener recursos rápidos. “En seis meses el campo da liquidez, por eso siempre se lo mira para recaudar”, sostuvo. Esta dinámica, explicó, genera ciclos de presión fiscal que afectan la capacidad del sector para contribuir de manera sustentable al desarrollo del país.
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ECONOMIA
Gigante lácteo acumula un freno de 7 meses, medio año sin pagar sueldos y miles de cheques rebotados

La crisis en Lácteos Verónica no se toma respiro y llega a esta instancia del año en su mayor punto de tensión. La lechera acumula siete meses sin producir, al menos un semestre de sueldos sin abonar, y una perspectiva que la acerca velozmente a la quiebra. El contexto de parálisis en las plantas de la firma mantiene en situación de desastre económico a cerca de 700 familias. Al mismo tiempo, la cadena de pagos se rompió por completo y la posición de la familia Espiñeira, los dueños de la empresa, ante esta crisis sigue siendo un enigma para sus propios acreedores.
El panorama en las instalaciones santafesinas de Lehmann, Suardi y Clason ya no refleja actividad industrial. Hoy domina un esquema de vigilancia obrera. Los trabajadores mantienen acampes y guardias permanentes en los ingresos para evitar un eventual vaciamiento de maquinaria o el retiro imprevisto de insumos.
«Estamos viniendo a cumplir turno para cuidar los portones y que no nos dejen en la calle de un día para el otro. La incertidumbre te carcome la cabeza. Van siete meses que nos mantenemos haciendo changas de albañilería, cortes de pasto o lo que salga, y comemos gracias al apoyo de los vecinos o en comedores», comentaron a este medio fuentes de los empleados de la lechera.
En paralelo, la situación financiera de la compañía es dramática y no muestra signos de contención. De acuerdo a registros de la Central de Deudores del Banco Central (BCRA) a los que accedió iProfesional, la compañía acumula 3.735 cheques rechazados por falta de fondos.
El pasivo acumulado solo por esos documentos sin cobertura alcanza los 13.450 millones de pesos. A eso se suma una deuda bancaria registrada en el sistema financiero que roza los $18.500 millones, con un rojo repartido entre entidades como Banco Nación, BBVA, Santander, Galicia y Macro.
Entre las obligaciones comerciales en mora, fuentes del sector tambero y del área de Desarrollo Productivo de Santa Fe estiman que el pasivo con los proveedores de leche cruda supera los 65 millones de dólares.
Al mismo tiempo, la empresa mantiene una deuda de obra social con el gremio ATILRA que se ubica muy cerca de los 1.520 millones de pesos.
Lácteos Verónica, a las puertas de la quiebra
Por otra parte, el escenario comercial se agravó para la láctea durante las últimas semanas. Ocurre que, aseguran en el ámbito lechero, fracasaron los acuerdos extrajudiciales con acreedores clave.
Y en el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Santa Fe, afirman las mismas fuentes, ingresaron pedidos de quiebra solicitados por proveedores de insumos, cooperativas eléctricas locales y pymes prestadoras de servicios.
En paralelo, la firma enfrenta la posibilidad de que suceda un aluvión de ejecuciones prendarias e hipotecarias promovidas por bancos públicos y privados, que buscarían ejecutar garantías sobre los inmuebles de las plantas industriales.
La complicación legal no se limita al fuero comercial. Productores de la zona de San Genaro y del departamento Castellanos preparan denuncias penales ante los tribunales de Rafaela bajo la carátula de presunta estafa y retención indebida. Las denuncias en cuestión apuntarían directamente al directorio de la compañía.
Pese al descalabro financiero, la infraestructura instalada mantiene un valor estratégico atrayente para el negocio lácteo regional. En el sector lechero afirman que en los últimos meses existieron sondeos y reuniones preliminares con firmas de peso como Adecoagro y la cordobesa Punta del Agua.
También mostró interés un consorcio de cooperativas tamberas locales que buscaba reabrir la planta de Suardi para el secado de leche y producción de suero en polvo. Sin embargo, en días recientes las conversaciones entraron en un punto de congelamiento absoluto.
El principal obstáculo para cualquier desembarco inversor radica en la magnitud del pasivo acumulado y la falta de un concurso preventivo ordenado que brinde seguridad jurídica. Así, ningún interesado estaría dispuesto a asumir de manera directa una masa de deudas de u$s70 millones ni la contingencia de las causas penales en marcha.
Ante esta traba, todo indica que los potenciales compradores aguardan a que el proceso derive en una quiebra formal para adquirir los activos productivos limpios de pasivos y sin la carga de la deuda histórica de la familia Espiñeira.
Lácteos Verónica y la parálisis productiva y salarial
Mientras tanto, la infraestructura de Lácteos Verónica se encuentra en estado de parálisis absoluta. Los empleados completaron seis meses continuos sin percibir salarios de bolsillo regulares, cobrando únicamente adelantos mínimos esporádicos y concedidos bajo presión gremial.
«Nos dejaron totalmente en la lona. Estamos sin cobrar, sin aportes jubilatorios y con el temor diario de que bajen la persiana en forma definitiva de la noche a la mañana», expresó otro empleado de la compañía.
La empresa arrastra el impago sistemático de los haberes desde enero de 2025, a lo que se suma la segunda cuota del aguinaldo de ese año y la cuota correspondiente a junio de 2026.
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