POLITICA
Kicillof acelera su construcción federal: los ministros bonaerenses encabezarán reuniones en las provincias
Decidido a fortalecer su estructura y consolidar una candidatura para las elecciones del año que viene, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, delegó en ministros el encargo de encabezar reuniones políticas en distintas provincias del país. Será a través del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) y el operativo comenzará en los próximos días. “En la medida en que su agenda de gobernador se lo permita, el gobernador va a estar recorriendo oportunamente otras provincias; no solo en un rol institucional como gobernador, sino también en un rol político como presidente del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires”, había dicho el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco este lunes.
Bianco será uno de los funcionarios que saldrán del territorio bonaerense en los próximos días. El sábado estará en la localidad de San José en la provincia de Entre Ríos. El mismo día, también a Entre Ríos, llegará el ministro de Trabajo, Walter Correa. Este último visitará Concordia, en horas de la tarde.
Bianco encabezará una charla definida como “Entre Ríos tiene futuro. Axel es la esperanza”. Uno de los armadores locales es el exdiputado nacional por Entre Ríos, Marcelo Casaretto. También forman parte de ese espacio y estarán con Bianco, el diputado provincial de Entre Ríos, Enrique Cresto; el presidente del PJ de Paraná, Enrique Vázquez; la ex intendenta de Villaguay, Claudia Monjo; el senador provincial Marcelo Berthet, que además es el presidente del bloque del PJ en el Senado entrerriano; y el ex intendente de Federal, Gerardo Chapino, entre otros.
El paso de Correa está apalancado por la pata gremial, ya que se mostrará con el titular de ATE de Entre Ríos, que a su vez es el secretario general de la CTA de los Trabajadores de dicha provincia. Se trata del propio Enrique Vázquez. El lunes, Kicillof recibió en su despacho de La Plata a un grupo de dirigentes de la CTA y de ATE de diferentes provincias, entre los que se encontraba el secretario general de la CTA de los Trabajadores en Buenos Aires, Roberto Baradel. Fue luego del encuentro que el mandatario bonaerense mantuvo con los intendentes de la naciente Liga de Intendentes Peronistas.
El objetivo es primero hacer una avanzada con funcionarios devenidos en armadores del MDF y de la figura de Kicillof con carácter federal. Los próximos días y agosto serán un mes activo. Antes de los despliegues de Bianco y Correa de este fin de semana, se le suma la presencia del ministro de Desarrollo Agrario bonaerense, Javier Rodríguez, en Santa Fe. El funcionario estará este viernes en la provincia de Santa Fe. Semanas atrás, estuvo en Córdoba y se reunió con el ministro de Bioagroindustria de la provincia que gobierna Martín Llaryora, Sergio Busso. Rodríguez también planea visitar Corrientes para sostener lo que fue el paso de Kicillof a principios del mes de junio. En esa oportunidad el mandatario bonaerense firmó un acuerdo con su par, el radical Juan Pablo Valdés, además de visitar la localidad de Empedrado y presentar su libro en la Universidad Nacional del Nordeste. Quien está a cargo del armado del Movimiento Derecho al Futuro en Corrientes es el exintendente de Ituzaingó (Buenos Aires) y actual titular de Provincia Seguros, la aseguradora del Grupo Provincia, Alberto Descalzo.
El intendente en uso de licencia de Avellaneda, Jorge Ferraresi, también combinará parte de su propia construcción bonaerense con el despliegue en pos de la figura de Kicillof. Por eso hará un alto en su recorrida por distintas localidades de Buenos Aires para viajar a Mendoza. Allí estará entre el 7 y 8 de agosto. Este viernes encabezará una actividad en el distrito bonaerense de Chivilcoy en la sede del sindicato de Luz y Fuerza de dicha localidad de la Cuarta sección electoral.
El ex ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollán, es otro de los dirigentes que está activo en la construcción política de Kicillof. Tras haber lanzado el MDF Salud a nivel nacional con un multitudinario acto en el Pasaje Dardo Rocha de La Plata, ahora trabaja en la conformación de los MDF Salud en distintas provincias. Tiene en agenda, hacerlo en la provincia de Chubut. El jueves 6 y viernes 7 de agosto estará en el territorio donde gobierna Nacho Torres. Primero en Dolavon. Allí habrá reuniones y luego, en Rawson, la capital chubutense participará del acto inaugural del MDF Salud Chubut.
Quien está a cargo del armado nacional del MDF es el ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés “Cuervo” Larroque.
Mientras los ministros y dirigentes bonaerenses se lanzan a las provincias en pos de fortalecer la construcción de Kicillof, la interna del peronismo sigue vigente y, en las últimas horas, tuvo un nuevo episodio cuando el diputado nacional y líder de La Cámpora, Máximo Kirchner, planteó que está dispuesto a reunirse con el propio gobernador. “Estoy convencido de que no estamos en veredas opuestas”, dijo Kirchner sobre Kicillof en una reciente entrevista con C5N. Allí agregó que “hubo gente que adelantó una pelea que yo nunca entendí demasiado, respeto los debates, pero hay que evitar a los microdirigentes que crecen en la oposición”, y que “todas las veces que me convocaron a dialogar y a charlar fui. No puedo entrar a lugares sin que me inviten”, en alusión a la gobernación bonaerense. Es que desde hace un tiempo el edificio del Ejecutivo provincial también es sede de reuniones de carácter político, más allá de los actos de gestión institucional.
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POLITICA
La Justicia federal investigará a Claudio Tapia por presunto enriquecimiento ilícito en su cargo en la CEAMSE
La Justicia federal de Comodoro Py investigará una denuncia contra el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, por presunto enriquecimiento ilícito en su función como directivo de la CEAMSE, la empresa estatal mixta entre la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires que gestiona los residuos del Área Metropolitana.
La denuncia fue presentada en abril por el empresario Guillermo Tofoni, quien mantiene un litigio con Tapia, y sostiene que el dirigente registró “un crecimiento real de la liquidez” de aproximadamente el 1.000% entre 2017 y 2024, un salto que, según planteó, “excede con creces cualquier índice inflacionario del período” y no encuentra correlato en los ingresos lícitos que el propio Tapia declaró en ese lapso.
El caso había sido presentado originalmente ante la Justicia porteña, pero se abrió una disputa de competencia porque la CEAMSE es un organismo interjurisdiccional. El fiscal Gerardo Pollicita entendió en una primera instancia que la causa debía tramitar en la Ciudad, mientras que el fiscal José Agüero Iturbe sostuvo que correspondía a la Justicia federal; finalmente la Cámara Federal de Comodoro Py resolvió que el expediente quede radicado en el fuero federal, a cargo del juez Ariel Lijo. El magistrado ya había tenido un rol en otra causa vinculada a Tapia: en 2021 cerró una investigación por irregularidades en contratos firmados por la AFA, en la que Tofoni también resultó sobreseído. Hasta el momento no se produjeron medidas de prueba en el nuevo expediente.
Según el análisis que Tofoni acompañó en su presentación, en 2017 Tapia había declarado un patrimonio compuesto por cuatro propiedades con un valor fiscal de $17 millones, un vehículo y $1,5 millones en efectivo. La declaración jurada correspondiente a 2024, en cambio, consigna más de $1.002 millones en depósitos distribuidos en múltiples cuentas bancarias —entre ellas una cuenta corriente con más de 517 millones—, más de $39 millones en efectivo y US$246.206 en caja de ahorro a valor oficial, lo que representa una liquidez total cercana al millón de dólares. La denuncia también repara en los ingresos que Tapia declaró por sus otras funciones: $100.233.144 anuales como presidente de la CEAMSE y $718.536.500 anuales como vicepresidente de la CONMEBOL. La presidencia de la AFA, en tanto, es un cargo ad honorem.
Leer más: Yategate: la Justicia reactivó la causa contra Insaurralde y busca información sobre sus comunicaciones y cuentas en el exterior
Tapia integra la CEAMSE desde 2014, cuando fue designado vicepresidente por Mauricio Macri, entonces jefe de gobierno porteño, y pasó a presidir el organismo a partir de 2024 por decisión del gobernador bonaerense Axel Kicillof. Se trata de la segunda causa judicial que involucra el patrimonio de Tapia como funcionario público: el resto de los expedientes que enfrenta están vinculados a su gestión en la AFA, donde él y el tesorero de la entidad, Pablo Toviggino, están procesados por retención indebida de impuestos, y son investigados además por el manejo de los fondos de la asociación, por presuntas facturas falsas y por la compra de una mansión en Pilar que se le atribuye a Tapia. Varias de esas denuncias también fueron presentadas por Tofoni, dueño de World Eleven, la empresa que organizaba partidos amistosos de la Selección argentina y cuyo contrato con la AFA fue dado de baja durante la gestión de Tapia.
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POLITICA
Los cuadernos de las coimas: Baratta amplía su descargo con críticas a los empresarios que aseguraron haberle entregado dinero
Luego de que su situación en el juicio por los Cuadernos de las coimas se complicara con la declaración de directivos del grupo Techint, el exfuncionario kirchnerista Roberto Baratta, ex mano derecha de Julio De Vido y uno de los principales recaudadores de la maniobra, amplía su declaración indagatoria por pedido de sus defensores y apunta contra los testigos que aseguraron haberle entregado dinero.
“Zabaleta, Betnaza y Paolo Rocca están todos sobreseídos. El único imputado y elevado a juicio oral por estos hechos soy yo”, sostuvo el exfuncionario.
Su descargo tiene como protagonistas a Luis Betnaza y Héctor Zabaleta, que declararon como testigos y admitieron haber realizado pagos a Baratta, en un tramo del juicio que lo tiene solo al exfuncionario como acusado.
“Hubo una clara diferenciación en el trato y en los procesos de la etapa de instrucción. Hubo una clara asimetría procesal de Techint con respecto a otros empresarios”, siguió, con críticas a la instrucción y a la causa en general, a la que definió como una “operación de inteligencia”.
Los directivos de Techint fueron sobreseídos en el caso, en un expediente separado, porque la Justicia entendió que sus entregas de dinero no fueron parte del esquema de pagos ligado a la obra pública, sino que se habían producido en la crisis que el grupo atravesaba en Venezuela durante la expropiación de una de sus empresas. “Nadie apeló”, se quejó el exfuncionario.
Baratta, exsubsecretario de Planificación, está acusado como miembro organizador de la asociación ilícita que, según la fiscalía, habrían liderado Néstor y Cristina Kirchner entre 2003 y 2015.
Su situación es una de las más comprometidas en el caso: lo señalan los cuadernos de su exchofer Oscar Centeno, los dedos de muchos de los arrepentidos y testigos y distintos registros telefónicos.
Apoyado en diapositivas, ofreció un descargo que combinó una defensa de la gestión de Cristina Kirchner, críticas al actual Gobierno y la identificación de presuntas contradicciones en el relato de Betnaza y Zabaleta.
No aportó elementos que permitieran sostener que esos pagos no se ejecutaron, pero los negó. “A mí no me pagaron nada”, decía una de sus filminas. “Ni Zabaleta ni Betnaza me dieron nunca ningún pago, nunca, a través de un llamado telefónico, de los cientos que tuve, les solicité nada”, completó.
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El oficialismo cambió de estrategia en Diputados y acompañó el debate sobre morosidad y discapacidad: “No quisieron dar la foto de más de 133”
La Cámara de Diputados aprobó un emplazamiento para que las comisiones avancen con proyectos sobre discapacidad y morosidad. La votación reunió 249 votos afirmativos, uno negativo y ninguna abstención. El cronograma prevé debates sobre discapacidad el 16 y 23 de septiembre, y sobre morosidad el 29 de septiembre. Así lo afirmó en Infobae A las Nueve Pablo Juliano, diputado nacional de Provincias Unidas.
El funcionario indicó que el oficialismo decidió participar ante la posibilidad de que el respaldo parlamentario creciera. “No quisieron dar la foto de más de 133”, sostuvo al referirse al número de legisladores que había apoyado una propuesta previa.
Juliano señaló que la Cámara alcanzó el quórum con 135 diputados, mientras integrantes de La Libertad Avanza permanecían de pie en el recinto. Según su interpretación, el Gobierno evaluó que no podía quedar fuera de una sesión centrada en asuntos que afectan a personas con deudas y a beneficiarios de prestaciones por discapacidad.
El emplazamiento fijó fechas para discapacidad y morosidad
El emplazamiento obliga a las comisiones a tratar los proyectos dentro de un calendario definido. La Cámara debatirá iniciativas sobre discapacidad los días 16 y 23 de septiembre. Las comisiones abordarán la morosidad el 29 de septiembre.
El diputado sostuvo que el debate sobre morosidad acumuló demoras. Indicó que presentó la misma propuesta 15 días antes de la sesión y que entonces obtuvo 133 votos. Para Juliano, ese antecedente permitió convocar la reunión parlamentaria que definió el nuevo cronograma.
Juliano cuestionó la posición inicial del oficialismo frente al quórum. Relató que representantes del Gobierno contactaron a su espacio durante la mañana de la sesión para comunicar que asistirían. También afirmó que La Libertad Avanza discutió internamente quiénes concurrirían al recinto.
El legislador vinculó la decisión con el respaldo de bloques provinciales. Dijo que esos espacios aportaron votos para alcanzar el quórum y para aprobar el emplazamiento. A su vez, planteó que las dificultades financieras tienen expresiones distintas en cada región del país.
Deudas y acceso al crédito
El funcionario planteó que el Congreso debe buscar una respuesta para las personas con morosidad sin afectar el acceso al crédito. “Yo quiero que el Congreso pueda colocar alguna especie de solución”, afirmó. Su propuesta busca combinar herramientas de refinanciación, criterios de segmentación y un mecanismo no judicial para resolver conflictos.
Al mismo tiempo sostuvo que la Comisión de Presupuesto podía demorar el debate. Explicó que el Gobierno propuso sumar a ese cuerpo junto con las comisiones de Usuarios y Consumidores y Finanzas. Juliano pidió excluirla para evitar iniciativas con impacto fiscal y acelerar la elaboración de un dictamen.
Según explicó, el tratamiento debe concentrarse en medidas que no expongan el proyecto a un veto presidencial. Propuso revisar experiencias de la Ciudad de Buenos Aires, Santa Fe y La Rioja. Mencionó planes de refinanciación y programas dirigidos a trabajadores del sector público.
El legislador también propuso crear una instancia extrajudicial inspirada en la mediación. Ese procedimiento buscaría ofrecer una salida para quienes acumulan deudas y evitar nuevas situaciones de mora. Juliano afirmó que la medida podría reunir consensos entre bloques con posiciones distintas.
Consecuencias de la mora
Juliano advirtió que las deudas impagas pueden dejar a personas fuera del sistema financiero durante años. Señaló que su proyecto, llamado Segunda oportunidad, busca revisar ese efecto. La iniciativa apunta a distinguir entre quienes acumulan obligaciones de bajo monto y quienes registran incumplimientos mayores.
El diputado afirmó que el 40% de las personas con morosidad tiene menos de 25 años. Consideró que una deuda inicial no debería impedir el acceso posterior a créditos. También cuestionó que una persona quede registrada durante cinco años por obligaciones que luego regularizó.
Aismimos citó cifras que, según dijo, surgen de estudios del Banco Central. Indicó que las personas con más de tres meses de mora arrastran entre $370.000 y $420.000. Añadió que cerca de 1,8 millones no logran salir de esa situación.
El legislador diferenció los niveles de morosidad según el tipo de prestador. Afirmó que los bancos registran cerca de 7%, las billeteras virtuales entre 19% y 21%, y los prestadores no bancarios alcanzan 36%.
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