POLITICA
Kicillof pidió por las reelecciones indefinidas de intendentes: cómo es el proyecto que impulsa el oficialismo y qué chances tiene de tratarse
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, volvió a pedir este viernes por la reelección indefinida de los intendentes. “Me parece que muchos sectores ya se han expresado a favor de permitir que haya posibilidad de elegir a cualquiera, de no prohibir a ninguno”, afirmó durante una conferencia de prensa en Alvear.
Respecto de la posibilidad de que los intendentes sean reelectos de manera indefinida, Kicillof señaló: “Es muy infrecuente que a nivel de gobiernos locales no haya posibilidad de que se presenten todos los candidatos para que el pueblo vote a dirigentes que conoce, que son cercanos”.
Sucede que, si la ley no se modifica, 80 de los 135 intendentes que hoy gobiernan municipios bonaerenses no podrán competir por otro mandato. Según el reparto actual, 51 de esos intendentes son de Unión por la Patria, 16 corresponden al radicalismo, siete al PRO, cinco integran espacios vecinales y uno responde a La Libertad Avanza tras haber abandonado el PRO.
La discusión gira alrededor de la ley sancionada en 2016 durante la gestión de María Eugenia Vidal, que fijó un máximo de dos mandatos consecutivos para intendentes, legisladores, concejales y consejeros escolares.
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Cinco años después, la Legislatura modificó esa norma para establecer que, en el caso de los intendentes, el primer período a computar sería el iniciado en 2019. Esa reforma permitió que muchos jefes comunales pudieran competir nuevamente en 2023, pero también fijó el escenario actual: quienes fueron reelegidos ese año no podrán volver a presentarse en 2027 si el régimen no cambia.
Desde hace meses, varios intendentes, especialmente los alineados con Kicillof, presionan para que la Legislatura elimine ese límite. El argumento que sostienen es que la norma restringe el derecho de los ciudadanos a elegir libremente a sus autoridades locales.
Las chances reales de llevar adelante una reforma
En la oposición tampoco existe un respaldo amplio a una reforma. Tanto el PRO como La Libertad Avanza cuestionan la posibilidad de extender los mandatos, mientras que en la UCR conviven posiciones más favorables al cambio, aunque sin un impulso público para modificar la legislación.
“Todo indica que no hay chances, a nivel cero”, sentenciaron desde un municipio peronista del AMBA a TN. En tanto, un intendente opositor indicó a este medio que “hay gente que está tratando de darle la vuelta a esa modificación”.
“Depende del Gobernador”, resaltó a este medio un jefe comunal peronista que no está alineado. “Conmigo no hablan”, subrayó, pero hizo hincapié en que “todos los intendentes quieren la reelección”.
En el oficialismo admiten que cualquier intento de modificar la ley quedará inevitablemente atado a la negociación política entre los distintos sectores del peronismo. Por esa razón, en la Legislatura consideran que las posibilidades de avanzar con una reforma siguen siendo reducidas, al menos en el corto plazo.
De qué se trata el proyecto del oficialismo
El proyecto presentado por la senadora bonaerense Ayelén Durán propone eliminar las restricciones vigentes para la reelección de intendentes, legisladores provinciales, concejales y consejeros escolares. La iniciativa modifica distintas normas electorales de la provincia y deroga las leyes que establecieron los límites a la cantidad de mandatos consecutivos, con el objetivo de habilitar nuevamente las reelecciones sin tope para esos cargos.
En los fundamentos, la legisladora sostiene que las restricciones actuales afectan el ejercicio de los derechos políticos tanto de los candidatos como de los electores. Argumenta que la Constitución bonaerense solo fija expresamente un límite para la reelección del gobernador y que, por ese motivo, cualquier otra limitación debería surgir del propio texto constitucional y no de una ley. Además, cita tratados internacionales sobre derechos políticos para respaldar esa interpretación.
El proyecto también plantea que la posibilidad de una reelección indefinida no implica la permanencia automática de un funcionario en el cargo, sino que cada continuidad queda sujeta a la decisión de los votantes en las urnas. En esa línea, afirma que impedir nuevas postulaciones reduce la oferta electoral y limita la capacidad de la ciudadanía para elegir libremente a sus representantes.
Otro de los argumentos que expone la iniciativa es que Buenos Aires figura entre las provincias con mayores restricciones en materia de reelecciones de autoridades locales. Según el texto, más de la mitad de las jurisdicciones del país permiten la reelección indefinida de intendentes u otros cargos municipales, por lo que el proyecto busca “armonizar” la legislación bonaerense con un criterio más amplio y reforzar el principio de autonomía municipal.
Desde el punto de vista parlamentario, el expediente ingresó al Senado bonaerense el 19 de mayo de 2025, lleva la firma de Ayelén Durán y permanece en estudio en la Comisión de Legislación General, a la que fue girado de manera directa tras su presentación.
Axel Kicillof, intendentes, reelección indefinida
POLITICA
Mendoza: piden el juicio político para la vicegobernadora por sus dichos contra la selección de Francia
A pesar de que el Mundial 2026 terminó, las polémicas aún continúan vigentes. En este sentido, la vicegobernadora de Mendoza, Hebe Casado, enfrenta un proceso de juicio político tras calificar a la selección de fútbol de Francia como un “equipo africano de flojos modales” durante el certamen. Un grupo de dirigentes radicales solicitó formalmente su destitución por considerar que incurrió en “conducta impropia” y “mal desempeño de sus funciones”.
La polémica se desató luego de que Casado expresara en redes sociales, tras el partido que enfrentó a Paraguay contra Francia por los octavos de final: “Muy bien Paraguay. El equipo africano flojo de modales. No lo aguanto a Mbappé”. Estas declaraciones generaron rechazo tanto en el ámbito político local como internacional, y motivaron que el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, enviara una carta al embajador francés en Argentina para distender el conflicto. El propio gobernador calificó los dichos de su vicegobernadora como “de carácter discriminatorio” y se distanció públicamente de sus expresiones.
El pedido de juicio político fue presentado por el abogado y exsenador nacional Miguel Mathus Escorihuela junto a otros referentes de la Unión Cívica Radical (UCR), quienes fundamentaron la solicitud en el artículo 109 de la Constitución de Mendoza. El documento también fue firmado por Fernando Armagnague, exdiputado nacional, y otros dirigentes partidarios. Según los autores, las declaraciones de Casado “desprestigian la institución que inviste, como así también a la Provincia y a la ciudadanía mendocina”.
Las repercusiones diplomáticas no se hicieron esperar. La embajada de Francia en Argentina repudió las palabras de la vicegobernadora y la declaró persona non grata. A modo de defensa, Casado afirmó: “No he dicho nada racista ni discriminatorio, ¿por qué me rectificaría? Que se rectifique quien piense que ser africano es una condición de inferioridad”. Además, atribuyó la controversia al “correctismo político” y al “wokismo”, y sostuvo que sus comentarios se dieron en el marco del folclore futbolero.
La denuncia contra Casado también llegó al ámbito judicial. El abogado Alfredo Guevara promovió una causa bajo la Ley 23.592 de Actos Discriminatorios, que inicialmente tramitó en la justicia local y luego pasó al fuero federal. Por otro lado, el justicialismo presentó diversas iniciativas en la Legislatura para repudiar las declaraciones de la funcionaria.
El proceso de juicio político deberá seguir el mecanismo previsto en la Constitución de Mendoza. La solicitud fue dirigida al presidente de la Cámara de Diputados, André Lombardi, y el primer paso corresponde a ese cuerpo legislativo, que debe votar la acusación. El Senado provincial se encargaría del juzgamiento, y en ambos casos se requiere una mayoría calificada de dos tercios. Aunque existen pocas probabilidades de que la destitución avance debido a la composición mayoritaria oficialista, el trámite podría derivar en la separación del cargo de la vicegobernadora.
El caso puso en el centro del debate el alcance de las expresiones de los funcionarios públicos y sus consecuencias institucionales, así como el impacto en las relaciones entre Argentina y Francia. El gobierno provincial se vio obligado a explicar la situación ante las autoridades francesas y la opinión pública, en un contexto de alta sensibilidad por cuestiones de discriminación y racismo, que aún hoy continúan vigentes en el ámbito nacional e internacional.
Lilia Lemoine rechazó que las críticas dirigidas contra la Argentina tras la final del Mundial respondan a un rechazo generalizado hacia el país y aseguró que forman parte de una utilización política impulsada por sectores de la oposición. Durante una entrevista con Infobae al Regreso, la diputada nacional sostuvo que existe “una campaña internacional antioccidente” y que el kirchnerismo construyó su versión local para responsabilizar al presidente Javier Milei. A su entender, “no hay una campaña internacional antiargentina”, sino un intento por asociar el alineamiento geopolítico del Gobierno con una imagen negativa del país.
La legisladora sostuvo que dirigentes del kirchnerismo y de la izquierda aprovecharon declaraciones de algunas figuras públicas para instalar la idea de que “todo el mundo odia a los argentinos”. Según afirmó, el objetivo es responsabilizar al Presidente mediante acusaciones de racismo que, aseguró, carecen de fundamento. “Quieren hacer creer que el mundo odia a los argentinos por culpa de Milei. Jamás dijo o hizo algo que pudiera hacer pensar que es racista”, afirmó.
En esa línea, argumentó que varios artistas y referentes internacionales críticos del Gobierno militan en espacios políticos vinculados al Partido Demócrata de Estados Unidos o al oficialismo español, a los que relacionó con el “castrochavismo”. Sin embargo, aclaró que esas voces no representan a la totalidad de esas sociedades y rechazó la idea de que exista un sentimiento generalizado contra la Argentina. “No es que todos los españoles o todos los norteamericanos nos odien”, señaló.
Las afirmaciones derivaron en uno de los principales cruces de la entrevista. Diego Iglesias cuestionó cuáles eran las pruebas para sostener la existencia de una campaña organizada y le preguntó si estaba describiendo una conspiración internacional. Lemoine rechazó esa interpretación y respondió que nunca habló de una coordinación global, sino de un fenómeno en el que el kirchnerismo y la izquierda toman declaraciones aisladas de actores y figuras públicas para amplificarlas políticamente. Según planteó, ese mecanismo busca perjudicar la “marca país”, desalentar inversiones y convencer a los argentinos de que el mundo los rechaza por culpa del actual Gobierno.
La diputada insistió en que esos episodios son utilizados para instalar un relato desfavorable sobre la Argentina y sostuvo que el trasfondo excede la política local. A su juicio, la discusión está vinculada con el posicionamiento internacional de la administración de Javier Milei y su alineamiento con Estados Unidos y Occidente, una interpretación que volvió a generar contrapuntos con los periodistas, quienes le pidieron precisiones sobre las evidencias que respaldaban esa hipótesis.
El debate sobre inmigración y la teoría del “gran reemplazo”
La conversación derivó luego hacia la inmigración y la denominada teoría del “gran reemplazo”, una hipótesis según la cual la inmigración masiva modifica la composición demográfica y cultural de los países europeos. Lemoine sostuvo que ese proceso ya puede observarse en distintas naciones del continente y lo vinculó con la caída de la natalidad y las políticas migratorias adoptadas durante las últimas décadas. En ese contexto, afirmó que muchos países “abrieron totalmente las fronteras” y permitieron el ingreso de una población que, con el tiempo, terminará reemplazando demográficamente a la población originaria.
Consultada sobre si esa mirada implicaba una postura xenófoba, la diputada rechazó esa caracterización y aseguró que su preocupación no pasa por el origen de las personas, sino por preservar la identidad cultural y las normas de convivencia. “No es odiar a las personas. Es proteger tu suelo, tu identidad y tu estilo de vida”, afirmó. También manifestó su preocupación por el avance del islamismo radical y la eventual imposición de la ley sharia. “Como mujer, me da miedo la ley sharia”, agregó.
Las declaraciones generaron nuevos contrapuntos con los conductores del programa. Iglesias sostuvo que la teoría del “gran reemplazo” suele ser utilizada por sectores de extrema derecha y advirtió sobre el riesgo de generalizar conductas de grupos radicalizados al conjunto de los inmigrantes musulmanes. Mica Mendelevich, por su parte, planteó que ese razonamiento podía derivar en mecanismos de exclusión similares a los que históricamente afectaron a comunidades perseguidas, como la judía.
Lemoine respondió que diferenciaba claramente al islam del islamismo radical y sostuvo que los musulmanes integrados en la Argentina “no tienen nada que ver” con ese fenómeno. También cuestionó la legislación migratoria argentina, a la que calificó como “una de las más laxas del mundo”, y puso como ejemplo el ingreso de ciudadanos rusos durante la guerra en Ucrania para obtener el pasaporte argentino. Según afirmó, muchos de ellos utilizaron el país únicamente como una vía para acceder a un documento que les permitiera circular hacia otros destinos.
La diputada defendió además que el debate migratorio debe darse antes de que los problemas aparezcan y sostuvo que Europa constituye un antecedente de lo que, a su juicio, podría ocurrir en otras regiones si no se modifican las políticas de ingreso. Esa visión volvió a ser cuestionada por los periodistas, quienes señalaron que se trata de una hipótesis controvertida y sin evidencia concluyente de que responda a un plan coordinado.
La política local: Ley de Tierras, Malvinas y kirchnerismo
En el tramo final de la entrevista, Lemoine abordó distintos temas de la agenda política argentina. Sobre la reforma de la Ley de Tierras, defendió la posibilidad de flexibilizar las restricciones para la compra de terrenos por parte de extranjeros y aseguró que eso no implica una cesión de soberanía. Explicó que las propiedades continúan bajo jurisdicción argentina, siguen alcanzadas por las leyes nacionales y sus propietarios deben pagar impuestos y cumplir la normativa vigente.
“Si un extranjero compra un terreno y se muda, seguirá sometido a la ley argentina. Si no se comporta como un argentino, la ley le caerá encima”, sostuvo. Para la diputada, las críticas a esa iniciativa buscan instalar la idea de que el Gobierno está “entregando el país”, cuando, según su visión, el objetivo es facilitar inversiones privadas sin modificar la soberanía sobre el territorio nacional.
La legisladora también volvió a cargar contra el kirchnerismo, al que acusó de construir relatos falsos sobre la política exterior y la situación económica. En ese sentido, cuestionó la difusión de versiones sobre la posición del Gobierno respecto de las Islas Malvinas y sostuvo que dirigentes, periodistas e influencers amplifican esos mensajes con fines partidarios. Además, puso en duda distintas encuestas electorales favorables al gobernador bonaerense Axel Kicillof y aseguró que responden a intereses políticos.
Sobre la política exterior, consideró además que un mensaje publicado por la vicepresidenta Victoria Villarruel sobre las Islas Malvinas generó un conflicto diplomático innecesario con el Reino Unido. A su entender, ese tipo de intervenciones pueden tener consecuencias delicadas en el plano internacional y afirmó que “podría ser considerado una declaración de guerra”.
La entrevista, que se extendió durante más de una hora, recorrió algunos de los principales ejes del debate político impulsado por el oficialismo. Entre cruces con los periodistas y definiciones sobre geopolítica, inmigración, soberanía y política exterior, Lemoine defendió las posiciones del Gobierno y desarrolló una visión que vincula buena parte de esas discusiones con una disputa ideológica de alcance internacional.
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lilia lemoine
El jueves que viene deberá presentarse a declarar ante la Justicia norteamericana un grupo de personas ligadas a la AFA, en el marco de la causa que se abrió en suelo norteamericano contra la entidad que lidera Claudio “Chiqui” Tapia.
Se desconoce, por el momento, quiénes y cuántos son, pero deberán comparecer ante la Corte del Distrito Sur de Florida para aportar toda la información disponible que tengan respecto a TourProdEnter, la sociedad ligada a Javier Faroni que actúa como agente comercial de la AFA y recolecta sus ingresos por el mundo.
El FBI analiza el desvío de cientos de millones de dólares de los sponsors de la AFA hacia cuentas sospechadas de encubrir a sus verdaderos beneficiarios.
Pese a que no trascendieron las citaciones de la justicia de Florida, distintos nombres podrían haber sido elegidos por los fiscales del caso para ampliar la información sobre TourProdEnter: Juan Pablo Beacon, que supo ser un hombre de extrema confianza del tesorero Pablo Toviggino; Leandro Petersen, máximo responsable del área de Comercialización y Marketing de la AFA; Diego Adrián Lucero, vinculado al entramado societario relacionado con la entidad; y Erica Gillette, titular formal de TourProdEnter y esposa de Javier Faroni.
Son actores secundarios de la trama que, pero que podrían aportar información valiosa para la pesquisa en los Estados Unidos.
Juan Pablo Beacon
Abogado e hijo de un histórico dirigente del fútbol del interior, supo integrar el círculo chico de la AFA como mano derecha del tesorero Pablo Toviggino, pero la relación se quebró y ambos quedaron enemistados.
Formó parte del entramado de sociedades ligadas a la quinta de Pilar que se investiga en la Justicia local y fue presidente ejecutivo del Consejo Federal, que controla la relación con cientos de ligas y miles de clubes del interior.
Desde hace tiempo circula la versión de que tendría en su poder un pendrive cargado con información explosiva para la AFA, que podría comprometer también a miembros de la Justicia federal.
Por todo eso y porque conoce la trastienda operativa de la estructura que comanda Tapia, su testimonio podría ser clave para los tres fiscales que llevan la causa en Estados Unidos.
Leandro Petersen
Tiene un perfil más técnico, pero su cargo lo pone bajo la lupa: como jefe del departamento de Marketing de la entidad fue el arquitecto de la expansión en los negocios comerciales de la marca AFA por el mundo. Llegó allí, cuenta, reclutado por una empresa de recursos humanos que estuvo a cargo de la búsqueda. Antes se había desempeñado en IBM y Mercado Libre.
Las empresas que trabaron relaciones comerciales con la AFA se manejaron con Toviggino y Beacon, pero también con Petersen, tal como contó un equipo de periodistas de en enero.
Como la investigación en Estados Unidos mira de cerca los movimientos millonarios que hubo en ese país entre la AFA y presuntas empresas “fantasmas” a partir del contrato comercial con TourProdEnter LLC, su testimonio podría ser determinante.
Diego Adrián Lucero
Lo alcanza la sospecha de ser uno de los presuntos testaferros vinculados con la compra de la fastuosa mansión de Villa Rosa, Pilar. Junto con Luciano Pantano, titular formal del terreno, constituyó Central Park Drinks, el primer nombre de la firma dueña de la quinta, que recibió dinero directamente de la AFA. En 2022, Lucero renunció como gerente y cedió sus cuotas a la jubilada Ana Conte, la dueña actual junto a Pantano.
Lucero también fue socio de Malte, una de las sociedades vinculadas con la quinta, y empleado de Servicios Lindor, ligada a Mauro Javier Paz, vinculado formalmente con la estructura de la AFA. Es decir que forma parte de la intrincada malla societaria ligada a la AFA.
Erica Gillette
Es la esposa de Javier Faroni y quien aparece formalmente al frente de TourProdEnter, la sociedad que administró al menos US$260 millones provenientes de los negocios internacionales de la AFA. En diciembre de 2021 presentó la oferta para que la firma se convirtiera en agente comercial de la entidad en el exterior, meses después de su creación en Florida.
Gillette figura como administradora y controlante legal de la empresa y aparece en los registros bancarios autorizando transferencias millonarias desde sus cuentas. Según reveló , también utilizó junto con Faroni tarjetas corporativas de TourProdEnter para afrontar más de US$200.000 en viajes, hoteles y consumos personales. Es, desde ya, una de las personas que más información podría aportar sobre el destino de los fondos recaudados para la AFA.
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