POLITICA
La Argentina ante los senderos que se bifurcan

Estados Unidos quiere ganarle a China la carrera de la inteligencia artificial, pero ¿cómo sabremos quién ganó o perdió? Kyle Chan, investigador de Brookings, planteó esta pregunta provocadora en una audiencia pública en la Cámara de Diputados de EEUU hace unas semanas. Una primera respuesta posible: quién lleva la ventaja en los modelos más poderosos, que define quién llega primero a la anhelada y temida superinteligencia artificial. Otra manera de entender la disputa sería acerca de quién controla los insumos en la cadena de valor de la IA: el acceso a los minerales críticos, a los semiconductores o a la energía que demandan los centros de datos. Una tercera forma de abordarlo, argumentó Chan, sería en qué medida la IA logra mejorar la vida y el progreso de la mayor cantidad de personas. Estas formas de evaluar no son excluyentes, y requieren activar distintas palancas de política pública.
La competencia entre Washington y Pekín no tiene correlato con lo que ocurre en el resto del mundo, pero como en cada momento de disrupción tecnológica, todos los países están corriendo su propia carrera, incluida la Argentina. Y esa es la pregunta que quiero plantear: ¿qué significaría que a la Argentina le vaya bien en la carrera de la IA?
El Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial (ILIA), elaborado por el Centro Nacional de Inteligencia Artificial de Chile, ofrece un punto de partida útil. Argentina ocupa el sexto lugar de 19 países evaluados, con 52 puntos sobre 100, clasificada como “adoptante”: ni entre los pioneros (Chile, Brasil, Uruguay) ni entre los más demorados. Pero la región en su conjunto viene corriendo de atrás. Toda la inversión privada en IA de América Latina representa apenas el 1,12% de la inversión global: una brecha de siete veces respecto al peso de la región en el PBI mundial. Argentina tiene hoy un rezago de adopción de IA en una región rezagada.
Descartemos primero lo que no está a nuestro alcance. Sería poco realista plantearnos que Argentina busque insertarse en la construcción de grandes modelos fundacionales (como Claude o ChatGPT), un camino que requiere inversiones de capital abismales, talento especializado en escala y acumulación de conocimiento durante años. Para dimensionar dónde estamos: Corea del Sur, que se ubica en un muy lejano tercer lugar detrás de Estados Unidos y China en el desarrollo de modelos de IA, es el país con más patentes de IA per cápita del mundo. Ese club tiene barreras de entrada que hoy no podemos franquear.
Eso no significa que países como Argentina queden automáticamente sin lugar en esta nueva geografía tecnológica. En las grandes transformaciones, buena parte del valor suele estar en la capacidad de adaptar y difundir tecnologías a lo largo de distintos sectores de la economía, más que en liderar necesariamente la invención original. Nuestro test tiene que ser otro.
Una primera dimensión pasa por construir aplicaciones, servicios y plataformas sobre los grandes modelos existentes. Puede además aprovechar el acceso abierto a varios de ellos ya que la Argentina tiene la ventaja de ocupar el segundo lugar de la región en relevancia de su producción de código abierto. Tenemos un sector muy significativo en el que apalancarnos: las exportaciones de servicios basados en la economía del conocimiento alcanzaron en 2025 un récord de 9.600 millones de dólares y fueron el tercer complejo exportador del país.
El desafío es que este terreno se mueve rápido. Cada nuevo anuncio de los grandes modelos de IA redefine en cuestión de semanas modelos de negocio y barreras de entrada para millones de start-ups en todo el mundo. La capacidad de innovar es clave y para ello hacen falta recursos humanos especializados y acceso a financiamiento para escalar rápido. La brecha de talento en IA entre América Latina y el promedio mundial se viene ampliando desde 2022, impulsada por una pérdida acelerada de profesionales especializados. Y el problema es doble: no retenemos el talento existente y nuestros indicadores de calidad educativa revelan cuán endeble es la base sobre la que formamos a quienes vienen. Sin reformas e inversión en el sistema educativo y tecnológico, la IA es un simple anhelo de deseo.
Una segunda dimensión es horizontal: que la IA no quede confinada a los sectores de vanguardia o start-ups sino que impregne al conjunto de la economía, de manera que potencie la productividad. América Latina arrastra un problema severo de productividad —su crecimiento promedió apenas un 0,4% anual en los últimos 25 años y fue negativo en la última década— y los grandes saltos tecnológicos abren oportunidades para acelerar transformaciones. Esta puede ser una de ellas.
Como ocurrió con internet o la electricidad, hay países que lideran la invención y los primeros desarrollos comerciales, pero eso no impide que otros se vuelvan especialmente eficaces en difundir esa tecnología a lo largo de toda su economía. No conocemos una revolución tecnológica de esta escala y velocidad, pero sí sabemos que los procesos de difusión tecnológica son muy relevantes para el desarrollo de los países.
¿Podemos convertir esta disrupción en una herramienta para mejorar la competitividad de nuestra economía? ¿Cómo incentivamos usos de IA que potencien el trabajo humano y no lo reemplacen? Según el ILIA, Argentina registraba a inicios de 2025 casi 8 millones de usuarios activos de aplicaciones de IA generativa. Somos adoptantes tempranos. Pero ese uso individual no se traduce todavía en impacto productivo. Como suele ocurrir en los procesos de difusión tecnológica, las compañías más grandes y dinámicas llevan la delantera y para las pymes es más cuesta arriba.
Según una encuesta de usos de IA en pymes argentinas realizada por NADIA (Nodo argentino de IA), existe un crecimiento acelerado de uso pero aún incipiente. Entre las pymes de manufactura, el 36% reporta usar al menos un tipo de IA y su principal uso es para marketing y ventas. Aún no se observa un uso sistemático y con rediseño de procesos. La brecha entre uso individual e impacto productivo es, por ahora, un fenómeno extendido en el mundo. Pero el potencial es grande, especialmente en los sectores más rezagados. A lo largo del país, empresas de distintos sectores están experimentando con IA de formas que muchas veces pasan desapercibidas, pero que podrían convertirse en referencia para otras organizaciones y, además, contribuir a dinámicas de ecosistema que han demostrado acelerar la difusión de innovaciones tecnológicas.
El sector público no es ajeno a esta promesa de adopción transversal, desde un algoritmo que detecta irregularidades en licitaciones antes de que se firmen, a un hospital que agiliza diagnósticos (ni hablar del desafío que implica para el sistema educativo). Pero una incorporación de IA en el Estado que no sea solo cosmética para un reel de Instagram tiene prerrequisitos: datos públicos de calidad y con estándares de ciberseguridad, interoperabilidad de sistemas e inversión en profesionales especializados capaces de conducir una adopción que hoy avanza a distintas velocidades. A su vez, el sector público expone, sin atenuantes, el desafío que la IA plantea a toda la economía: cómo se van a reconfigurar los trabajos con la automatización creciente.
Una tercera dimensión opera en una capa más basal: la infraestructura física que hace posible la IA y que condiciona también la capacidad de usarla y de innovar del resto de la economía. La infraestructura digital global tiene un costo material enorme y la inteligencia artificial lo está multiplicando: centros de datos que consumen cantidades crecientes de energía, semiconductores que requieren minerales críticos y redes que demandan conectividad de alta capacidad.
Argentina tiene ventajas concretas en ese ecosistema. Produce carbonato de litio, tiene reservas de cobre y un sector energético en crecimiento, además de un territorio extenso y subutilizado para infraestructura digital. Los casos de referencia no están tan lejos. En el Nordeste de Brasil, Porto Digital reúne casi 500 empresas tecnológicas y ayudó a convertir a Recife en uno de los polos de innovación más dinámicos de América Latina. El desafío para Argentina es atraer inversiones y lograr sinergias que redunden en mejoras en conectividad, empleo y condiciones para acelerar la incorporación tecnológica en el resto de la economía.
Aplicaciones y servicios sobre IA, difusión productiva e infraestructura digital. Son dimensiones distintas de una misma transformación y se potencian mutuamente. Hay una tentación simétrica en los senderos del debate actual en nuestro país sobre la inteligencia artificial. La del entusiasmo fácil: creer que la IA va a resolver los problemas estructurales de la economía argentina sin que cambie nada de lo demás. Y la del rechazo defensivo: resistir la infraestructura y la adopción en nombre de una soberanía digital que, en la práctica, equivale a aislarnos y perder oportunidades concretas. La apuesta más difícil y más valiosa es construir márgenes de acción: articular capacidades de innovación, uso e infraestructura que traduzcan la expansión de la IA en mejoras concretas de productividad, competitividad y bienestar. Argentina puede seguir acumulando usuarios de IA generativa y quedarse, al mismo tiempo, fuera de los beneficios reales de esta revolución. En el jardín de Borges, todos los futuros permanecen abiertos. El de la Argentina en la IA también, todavía.
*La autora es directora regional The Global Initiative for Digital Empowerment (GIDE) y profesora invitada Universidad Di Tella
Julia Pomares,Conforme a
POLITICA
Milei habló de los cambios en la Quinta de Olivos: “Hoy es una base militar, tengo enemigos pesados en el mundo”

El presidente Javier Milei confirmó que la Quinta de Olivos “opera hoy como una base militar” y fundamentó que tomó la decisión “por cuestiones de seguridad”. El mandatario fue más allá de los cambios edilicios o administrativos y puso nombre a la razón de fondo: tiene, según sus propias palabras, “enemigos pesados” a nivel internacional.
La revelación llegó cuando, en una entrevista con LN+, al Presidente le preguntaron por la disolución de la administración civil de la Quinta de Olivos. Milei respondió que la medida respondió a “cuestiones de seguridad interna” y que quienes observaron con atención los cambios en el predio en los últimos tiempos habrán notado un conjunto de modificaciones en torno a la seguridad.
Cuando se le pidió que desarrollara qué implica concretamente ese estatus, Milei explicó: “Hay determinadas cuestiones que tienen cuestiones de seguridad mucho más profundas que en las condiciones que estaba la quinta”.
“Tengo algunos enemigos pesados en el mundo”, afirmó el Presidente con una sonrisa y continuó: “Los de acá son de vigésimo quinto orden. Los pesados son los enemigos que me he granjeado internacionalmente”.
Los cambios se generaron hace diez días, cuando el Presidente desplazó al personal civil de la Quinta de Olivos. Esta medida implica la eliminación de la estructura de la que estaba a cargo Osvaldo Javier Sosa, el “intendente” de la Residencia Presidencial. Sosa es cuñado de la subsecretaria de Planificación General, Belén Agudiez, mano derecha de Karina Milei y quien renunció al día siguiente de que se conociera la noticia.
Con el desplazo de Sosa, crecen las acciones de la Casa Militar, que depende de la Secretaría General de la Presidencia y tiene como jefe principal al general de brigada Sebastián Ibáñez. Según rige en la Ley de Defensa Nacional, la fuerza está encargada de la custodia del Presidente en la Casa Rosada y a todos los lugares donde se encuentre el presidente, tanto en el país como en el exterior. Ibáñez fue ascendido a su actual puesto en marzo de 2024 y se erigió como una persona de vital de confianza de los hermanos libertarios por su responsabilidad del resguardo físico de ambos.
Con la nueva decisión, las tareas de limpieza, de cocina y los mozos pasarán a ser personal de la Casa Militar, que contiene entre sus filas tanto a empleados civiles como de formación castrense. Hasta el anuncio, sus atribuciones se limitaban a la custodia del terreno.
La entrevista abarcó también otros temas de la agenda de gobierno. En materia económica, el Presidente descartó que la caída mensual de la actividad configure una recesión y la atribuyó a un proceso de cambios estructurales en la economía.
“Lo que hay es una desaceleración del ritmo de expansión”, afirmó y sumó: “Estamos en niveles máximos de PBI y de PBI per cápita, máximos de consumo privado y máximos de exportaciones”. Ante el planteo sobre el estancamiento de algunos rubros del consumo masivo, respondió que existe un cambio en las modalidades de compra: “El consumo está en máximo histórico. Lo que está cambiando es la modalidad de consumo”.
En el plano político, defendió la diversidad de criterios dentro de su fuerza y calificó su vínculo con la senadora Patricia Bullrich como “excelente”, pese a las diferencias públicas de las últimas semanas. Y en el tramo final, anticipó que recibirá al Papa León XIV con “mucha alegría” durante su visita a la Argentina, a la que definió como un acontecimiento de relevancia institucional y religiosa.
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POLITICA
Javier Milei focaliza sus próximos pasos en acelerar las inversiones en la Argentina y asegurar el respaldo legislativo de los gobernadores

Javier Milei viajará este martes a París con una agenda que combina dos de las prioridades que la Casa Rosada busca instalar para la próxima etapa de su gestión: acelerar la llegada de inversiones y consolidar el respaldo político necesario para avanzar con su programa económico en el Congreso.
El Presidente encabezará entre el miércoles y el viernes la segunda edición de la Argentina Week, un foro organizado para presentar oportunidades de negocios y proyectos de inversión ante empresarios europeos. Pero la particularidad de esta edición será la presencia de 12 gobernadores, que viajarán junto al mandatario en medio de las negociaciones por el Presupuesto 2027 y por la agenda legislativa que el Gobierno pretende impulsar en los próximos meses.
La partida está prevista para este martes a las 22. La comitiva estará integrada por la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; los ministros Pablo Quirno (Relaciones Exteriores), Luis Caputo (Economía), Federico Sturzenegger (Desregulación), Juan Bautista Mahiques (Justicia) y Mario Lugones (Salud); y el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández.
A ellos se sumarán Rolando Figueroa (Neuquén), Ignacio Torres (Chubut), Alberto Weretilneck (Río Negro), Alfredo Cornejo (Mendoza), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Gustavo Sáenz (Salta), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Leandro Zdero (Chaco), Carlos Sadir (Jujuy), Marcelo Orrego (San Juan), Raúl Jalil (Catamarca) y Claudio Vidal (Santa Cruz). La presencia de mandatarios de distintos espacios políticos busca exhibir una imagen de acompañamiento transversal al rumbo económico argentino.
La foto política adquiere relevancia por el momento en que se produce. El Gobierno envió el proyecto de Presupuesto 2027 al Congreso el 15 de septiembre y necesita construir acuerdos con distintos bloques para conseguir su aprobación.
La negociación excede al Presupuesto. En la Casa Rosada consideran que los gobernadores serán una pieza central para reunir las mayorías necesarias para los proyectos que el Ejecutivo quiere llevar al Congreso durante los próximos meses.
Según la información oficial, Milei mantendrá el jueves un encuentro exclusivo con todos los gobernadores que participen de la gira. Después hará lo propio con un grupo reducido de empresarios, de entre seis y diez ejecutivos.
Macron, la OCDE y una agenda vinculada al mundo de los negocios
La Argentina Week se extenderá del 30 de septiembre al 2 de octubre y tendrá como escenario distintos espacios institucionales y empresariales de París.
El miércoles a las 14, hora argentina, habrá un cóctel-cena de bienvenida con ministros, gobernadores y empresarios. La actividad formal comenzará el jueves en la sede de la OCDE, donde Luis Caputo y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, encabezarán un panel sobre la transformación macroeconómica argentina.
POLITICA
Diputados: la oposición busca arrinconar al oficialismo con la morosidad y el Gobierno intenta desactivar un nuevo frente

La crisis por la emergencia en discapacidad golpeó al Gobierno desde varios frentes. Uno de los más evidentes se abrió en la Cámara de Diputados, donde el oficialismo intenta a toda costa dejar atrás los cortocircuitos internos, después de haber aprobado un dictamen de mayoría que dio marcha atrás con lo publicado en el Presupuesto. Pero esta semana la tropa de Martín Menem se prepara para enfrentar una nueva pulseada: es que la oposición volvió a arrinconar al oficialismo con otro tema sensible: morosidad y endeudamiento familiar.
Esta cuestión representa un foco crítico para el Gobierno, no solo por los registros oficiales que agita la oposición, que advierte que casi 6 millones de argentinos acumulan más de tres meses de atraso en el pago de sus créditos, sino también porque logró aglutinar a buena parte de los bloques críticos detrás de un mismo reclamo.
Tal es así que, a principios de septiembre, el peronismo de Unión por la Patria (UP), sectores de Provincias Unidas, Encuentro Federal, la Coalición Cívica, la izquierda y distintos bloques provinciales −entre ellos, Argentina Federal, que reúne a legisladores misioneros y salteños con llegada a sus respectivos gobernadores, Hugo Passalacqua y Gustavo Sáenz−, además de otros monobloques, consiguieron marcarle la cancha al Gobierno. Entonces llevaron el tema al recinto y forzaron al oficialismo a poner en marcha su tratamiento en comisiones.
Eso sí: la oposición quedó ante la difícil tarea de condensar los casi 50 proyectos sobre morosidad y endeudamiento que fueron debatidos en las últimas semanas en las comisiones de Finanzas y de Defensa de la Competencia, ambas con mayoría libertaria.
Tal como anticipó , entre los puntos más resonantes aparecen distintos planes de refinanciación, topes a las tasas y quitas de intereses. Las iniciativas también contemplan mayores controles sobre bancos y fintech.
Según pudo saber este medio, por estas horas el peronismo trabaja sobre la base de dos iniciativas: una que lleva la firma de Nicolás Massot, Miguel Ángel Pichetto y Natalia de la Sota, y otra impulsada por el radical de Provincias Unidas Pablo Juliano. De hecho, representantes de ambos espacios se habrían reunido por Zoom este sábado con el objetivo de unificar criterios de cara a la comisión de dictamen prevista para este martes.
La prioridad es no exhibir fisuras por donde pueda inmiscuirse el oficialismo. “No es el proyecto ideal, pero sí resulta aplicable”, se conforma un diputado de UP que, si bien admite que todavía circulan otros borradores, pone el acento en la necesidad de alcanzar un texto común que permita descomprimir la situación de los sectores más golpeados por esta problemática.
En efecto, la situación apremiante es marcada por varios estudios privados sobre la base de los datos que registra el Banco Central. Por caso, un estudio del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), que toma los datos de junio, advierte que la irregularidad en el pago de las deudas de las familias alcanzó el 15,5%, al considerar en conjunto los compromisos con bancos y proveedores no financieros de crédito, entre ellos, las billeteras virtuales.
El informe contabilizó 20,96 millones de personas endeudadas en todo el sistema, de las cuales 5,91 millones registraban atrasos en sus pagos. Sobre ese universo, 2,90 millones eran morosos exclusivamente con proveedores no financieros, 1,66 millones con bancos y otros 1,36 millones acumulaban deudas irregulares con ambas entidades.
Según el análisis que hace un sector de Unión por la Patria, la situación está atravesada por un fuerte crecimiento del endeudamiento de los hogares, tanto con bancos como con fintech. De acuerdo con las cifras que manejan, el volumen de deuda habría pasado de $724.000 millones en julio de 2024 a $2,58 billones en julio de 2025.
Frente a este diagnóstico, una de las propuestas en discusión apunta a crear una línea de crédito directa de la Anses destinada a jubilados, trabajadores, monotributistas y beneficiarios de programas sociales. El objetivo: que los consumidores puedan cancelar deudas contraídas con tarjetas y otros proveedores no financieros de crédito y reemplazarlas por un financiamiento en condiciones “menos perniciosas”.
Según pudo saber , la iniciativa contempla préstamos de hasta $1,5 millones, “en condiciones normales de mercado”, y establece que la relación entre la cuota y los ingresos del beneficiario no podrá superar el 30%.
Pese a los intentos por unificar posiciones, el bloque de Argentina Federal, comandado por el exgobernador de Misiones Oscar Herrera Ahuad, evalúa avanzar con un dictamen propio. Se trata de una figura que viene ganando protagonismo en el Congreso por sus desmarques del oficialismo y que, en un contexto de marcada paridad de votos, puede volver a jugar un papel determinante.
El propio Juliano, durante un encendido discurso contra el Gobierno en la Comisión de Discapacidad, le subió el precio a Herrera Ahuad al destacar sus aportes al dictamen del oficialismo. Aun así, el misionero firmó en disidencia y le exigió al Gobierno mayores precisiones sobre la letra chica de su proyecto. Básicamente, que deje por escrito de qué manera planea actualizar el nomenclador y las prestaciones.
En lo que a la morosidad refiere, su propuesta apunta a prevenir el agravamiento de situaciones de sobreendeudamiento e insolvencia mediante la promoción de condiciones de financiamiento “razonables, transparentes y compatibles con la capacidad de pago de los consumidores”. Asimismo, considera mecanismos para facilitar la refinanciación, reestructuración y cancelación de obligaciones financieras y de consumo.
En las antípodas se ubica el oficialismo. Mientras un sector de LLA se desvelaba para ver cómo lidiar con la crisis en discapacidad y contener a los aliados, otro terminaba de delinear un borrador que no incluye en su abordaje la cuestión del desendeudamiento, mucho menos la posibilidad de una propuesta que incluya un refinaciamiento por parte de los bancos y las fintech.
Aún así, algunos libertarios se jactan de que cuentan con el aval de sus históricos aliados. Es más, hay quienes se arriesgan a decir que en una eventual sesión contarían con los números para aprobar su propio proyecto. Sin embargo, sobran las críticas por fuera del universo libertario en torno al texto oficial, calificado por diputados de varios bloques como “ultra lavado” y “la nada misma”.
Es que la iniciativa no apunta a dar respuesta a la situación más urgente, sino que pone el foco en la prevención. Según explican fuentes de LLA, busca “darle más transparencia a la información financiera, desagregar bien los costos financieros, las tasas y la cuestión impositiva para que el consumidor sepa lo que va a pagar”.
Además, incorpora capítulos de educación financiera y digital, junto con otras herramientas destinadas a facilitar el control y el manejo de la cartera de préstamos de cada cliente.
El tono de la discusión dependerá de la picardía, o no, que tenga la oposición para capitalizar el sinsabor de la propuesta oficialista. Y si muestra reflejos para cerrar filas detrás de una alternativa común. Es que, a diferencia del debate por discapacidad, los emisarios libertarios en Diputados tienen un margen de maniobra mucho más acotado y no podrían conceder modificaciones de peso. El Poder Ejecutivo ya se los dejó en claro: está dispuesto a vetar cualquier iniciativa que represente un costo fiscal.
A priori, la ventaja para los bloques críticos es clara, pero los números ante una eventual sesión en el recinto todavía están ajustados. Una vez más, los espacios provinciales podrían marcar la diferencia. Habrá que prestar especial atención a visitas fuera de agenda de los gobernadores a la Casa Rosada.
crisis por la emergencia en discapacidad,los cortocircuitos internos,un dictamen de mayoría que dio marcha atrás con lo publicado en el Presupuesto.,Delfina Galarza,Congreso Nacional,Conforme a
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