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POLITICA

Alumnos tomaron el Nacional Buenos Aires y el Pellegrini para exigir que se cumpla la ley de financiamiento universitario

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Los estudiantes del Colegio Nacional de Buenos Aires y de la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini resolvieron en asambleas tomar ambos establecimientos por tiempo indeterminado. La decisión fue adoptada este martes después de una serie de debates internos en los que participaron decenas de alumnos, con el objetivo de exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. Argumentan que la medida es una respuesta directa al ajuste del Gobierno nacional, que afecta tanto los salarios docentes como el mantenimiento de la infraestructura educativa.

La protesta comenzará en la noche, al finalizar el turno vespertino, y se desarrollará bajo la modalidad de toma con presencia de los estudiantes en los edificios. Según lo resuelto en las asambleas, el dictado de clases no se interrumpirá completamente: cada alumno podrá optar por adherirse o no a la medida y, en reemplazo de la actividad habitual, se organizarán clases públicas en el marco de la protesta. El presidente del centro de estudiantes del Nacional Buenos Aires, Francisco Pitrola, precisó en diálogo con A24 que la voluntad de la comunidad estudiantil “es visibilizar la crisis y defender la educación pública”, remarcando que cada jornada se evaluará en asambleas si la ocupación continúa.

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El reclamo central apunta a que el Gobierno nacional cumpla la ley votada por el Congreso y promulgada en octubre de 2025, que establece pautas para el financiamiento de las universidades y sus instituciones dependientes. Sin embargo, la norma se encuentra judicializada y su aplicación fue suspendida a la espera de una definición sobre las partidas presupuestarias. El Poder Ejecutivo apeló los fallos iniciales que ordenaban la puesta en marcha de los artículos vinculados a la recomposición salarial y al financiamiento, mientras el oficialismo promueve un nuevo proyecto legislativo que condiciona las actualizaciones presupuestarias a que la inflación anual supere el 14,3%.

La toma de los colegios preuniversitarios se inscribe en un contexto de conflicto por los recursos destinados a la educación superior. En paralelo a la protesta estudiantil, la Federación de Docentes de las Universidades (Fedun) anunció un paro total de actividades por veinticuatro horas para este viernes, con la consigna de exigir la convocatoria urgente a paritarias y la recomposición salarial. “Reclamamos la urgente convocatoria a paritarias, la recomposición salarial y el cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario”, señaló la organización en un comunicado. Se suma a los otros sindicatos de docentes universitarios, Conadu y Conadu Histórica.

Hubo clases públicas frente a Tribunales, en la Ciudad de Buenos Aires

La medida de fuerza de los docentes se suma a una serie de movilizaciones y jornadas de clases públicas impulsadas desde 2024 en todo el país. El gremio sostiene que los salarios perdieron un 52,1 % de poder adquisitivo desde la llegada del presidente Javier Milei a la Casa Rosada y denuncia que el atraso impacta de manera directa en la calidad educativa y en la permanencia del cuerpo docente en el sector público.

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“Los profesores del Nacional Buenos Aires están cobrando un 30 % menos que los docentes de las escuelas de la Ciudad”, afirmó Pitrola en A24. Según el dirigente estudiantil, esta situación representa un perjuicio estructural y evidencia “un claro ataque directo a las universidades”. Sostuvo también que “históricamente, los docentes de los colegios preuniversitarios ganaban un 30 % más que sus pares de la ciudad”, y consideró que la reversión de esta relación salarial se produce en el marco de una política que busca “deteriorar la educación pública para eventualmente arancelarla”.

En la entrevista concedida a A24, Pitrola explicó que la ocupación de los establecimientos tiene carácter “indeterminado”, pero que la continuidad de la medida será evaluada de manera cotidiana en asambleas abiertas a toda la comunidad educativa. “La idea es visibilizar, la idea es informar a la sociedad lo que está pasando en el colegio, porque es realmente muy grave”, expresó el presidente del centro de estudiantes. Aseguró que “la situación es límite” y que “los profesores se están yendo al sector privado, dejando la labor de la enseñanza pública”.

Desde la perspectiva de los alumnos, el deterioro de los salarios y la falta de mantenimiento edilicio son síntomas de una crisis más profunda que afecta a toda la Universidad de Buenos Aires (UBA) y al sistema universitario nacional. En este sentido, la movilización estudiantil se articula con las acciones de los gremios docentes y no docentes, que este martes organizaron clases públicas frente al Palacio de Tribunales para exigir una definición de la Corte Suprema sobre la ley.

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El conflicto por el financiamiento universitario no es nuevo: desde 2024, estudiantes y trabajadores han encabezado al menos cuatro movilizaciones federales y numerosas jornadas de protesta. La promulgación de la ley en octubre de 2025 no destrabó la situación, ya que su implementación quedó supeditada a la asignación de fondos en el Presupuesto. Mientras tanto, el Gobierno envió al Congreso una nueva iniciativa que no contempla una recomposición por lo ocurrido en 2024 y 2025.

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POLITICA

La Justicia frenó los despidos en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial

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La Justicia falló a favor de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) en su pedido de dar marcha atrás a la Resolución 42/26 del gobierno nacional, que disponía la cesación de la prestación de más de 900 servicios del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI).

Tras la medida publicada en abril, los empleados estatales habían denunciado un intento de “desmantelamiento” del organismo para justificar más de 700 despidos.

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Este martes, el Juzgado Federal en lo Civil y Comercial de San Martín acató la medida cautelar que presentó el gremio, en la que exigía que las autoridades del INTI se abstengan de aplicar la resolución. “La Justicia falla a favor de ATE y frena los despidos masivos en el INTI. También impide el desmantelamiento del organismo. Es un triunfo para los estatales”, celebró en sus redes sociales Rodolfo Aguiar, secretario general del sindicato.

La resolución de la Justicia

“La Justicia ordenó a las autoridades del INTI a dar marcha atrás con la Resolución 42/26, impidiendo cualquier tipo de cesación, transferencia o modificación de funciones y exigiendo la garantía de ocupación efectiva de todos los trabajadores con mantenimiento pleno de sus categorías y remuneraciones”, explicó y definió a la cautelar como un “avance significativo en la lucha contra los despidos ilegales y el desguace estatal”.

En tanto, apuntó contra el Gobierno: “Lo dijimos mil veces: no se puede gobernar al margen de la ley y contra la Constitución Nacional. Se están debilitando, la tortilla se empezó a dar vuelta y vamos por más”.

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A mediados de abril, el Gobierno dio de baja más de 900 servicios que el INTI prestaba y aclaró que se trataba de una medida en consecuencia de la “baja demanda”. La resolución, además, fue impulsada en el marco de los recortes que el Ejecutivo establece sobre el organismo desde 2024.

Tal como informó , los casi 1000 servicios que fueron suprimidos tenían que ver, entre otros, con ensayos microbiológicos clave en alimentos (detección de Salmonella, E. coli, Listeria) y control de contaminantes como micotoxinas; análisis de calidad de agua y efluentes (potabilidad, metales, compuestos orgánicos); servicios de metrología y calibración de instrumentos (termómetros, prensas, equipos electrónicos); ensayos para la industria como materiales de construcción, seguridad eléctrica/electrónica y control de combustibles (naftas, gasoil) y para componentes de seguridad en transporte (ascensores, automotriz).

Noticia en desarrollo.

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Instituto Nacional de Tecnología Industrial,Conforme a,,El mensaje del Tedeum. La bronca oculta de Milei con la Iglesia,,Minuto a minuto. Javier Milei y sus medidas, en vivo: las repercusiones del tedeum y la expansión de la interna libertaria,,Entrevista en LN+. El financista Vallejo insistió en que la causa “está tirada de los pelos” y dijo que manejaba US$500.000 por día

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Del pacto fiscal a una gran reforma tributaria: el plan del Gobierno para cumplir con el FMI

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El Gobierno apunta a reformar el Monotributo como parte de un rediseño tributario más amplio, pero condiciona cualquier cambio al déficit cero. En el Ejecutivo dicen puertas adentro que el régimen está “quebrado” y lo ubican entre los capítulos que analiza el equipo económico para la reforma tributaria que se comprometió a trabajar con el Fondo Monetario Internacional.

La definición no implica, sin embargo, una reforma de shock. En la Casa Rosada reconocen que todavía no hay un proyecto definitivo y que el Ministerio de Economía trabaja sobre distintas alternativas. La idea que gana terreno en la mesa chica de Javier Milei es dividir la reforma en etapas para evitar un impacto fiscal que complique el equilibrio de las cuentas públicas.

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No vamos a admitir déficit. La idea es que sea una reforma escalonada y que no rompa el equilibrio de las cuentas”, aseguran en Nación. En otro sector del oficialismo advierten que el Gobierno sigue “ajustado de caja” y que una baja tributaria fuerte antes de las elecciones solo podría avanzar si se compensa con más recorte del gasto o con un salto de la actividad.

La estrategia que evalúa el Ejecutivo es separar los cambios en proyectos distintos. Entre las opciones, se evalúa incluir en el primer tramo incluir medidas de simplificación, revisión de beneficios fiscales, ajustes sobre regímenes especiales y cambios en el Monotributo. Las bajas más costosas -como una reducción más profunda de retenciones, impuesto al cheque o una reforma amplia del IVA- quedarían subordinadas al margen fiscal y a la negociación con gobernadores.

El Gobierno se comprometió a presentar una reforma tributaria antes de que termine 2026 (Foto: NA /Claudio Fanchi).

El diagnóstico sobre el Monotributo es uno de los puntos más sensibles. En el Gobierno sostienen que el esquema genera incentivos para que contribuyentes y pequeños negocios no crezcan, no pasen al régimen general o fragmenten actividades para evitar una carga impositiva mayor. Por eso, una de las alternativas en análisis apunta a ordenar la transición hacia autónomos, IVA y Ganancias, reducir saltos bruscos entre categorías y achicar la brecha con el régimen general.

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En Nación buscan presentar ese capítulo como una medida de ordenamiento y no como una suba de impuestos. La dificultad política es que el Monotributo alcanza a profesionales independientes, comerciantes, prestadores de servicios y otros pequeños contribuyentes, una base amplia y sensible en términos electorales. Por eso, en la Casa Rosada no lo piensan como una reforma aislada, sino como una pieza dentro de un paquete escalonado.

Leé también: El Gobierno envió al Congreso el proyecto que crea el Super-RIGI para atraer inversiones de al menos US$1000 millones en nuevas industrias

El compromiso con el FMI refuerza esa lógica. El organismo planteó que la reforma debería mejorar la eficiencia y la simplicidad del sistema, racionalizar gastos tributarios y permitir una reducción gradual de “impuestos distorsivos”. La letra chica del programa no apunta a una baja inmediata y generalizada de tributos, sino a una reforma fiscalmente neutra: bajar algunas cargas, pero compensarlas con ampliación de base, reducción de exenciones o recortes de gasto.

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En el oficialismo admiten que ese punto marca el límite central de la discusión. La Casa Rosada quiere mostrar una hoja de ruta ante el FMI y ante el sector privado, pero no quiere resignar recaudación sin tener garantizada una compensación. Sostienen que primero debe consolidarse el equilibrio fiscal y recién después avanzar sobre las bajas de impuestos más costosas.

La Casa Rosada busca abrir una negociación con gobernadores para incluir Ingresos Brutos, Sellos y tasas municipales en la reforma (Foto: Presidencia).
La Casa Rosada busca abrir una negociación con gobernadores para incluir Ingresos Brutos, Sellos y tasas municipales en la reforma (Foto: Presidencia).

El otro eje será el pacto fiscal con las provincias. El equipo económico que lidera Luis Caputo busca abrir una negociación con gobernadores para incluir Ingresos Brutos, Sellos y tasas municipales. En Nación sostienen que una baja de impuestos nacionales tendría poco efecto sobre el “costo argentino” si las provincias y los municipios no acompañan con una reducción de tributos locales.

El contexto fiscal con las provincias también llega tensionado por la evolución de los recursos automáticos. Según IARAF, en abril de 2026 el Gobierno nacional envió al consolidado de provincias y CABA $5,584 billones en concepto de coparticipación, leyes especiales y compensaciones, frente a los $4,362 billones girados en el mismo mes de 2025. Eso implicó una suba nominal del 28%, pero, descontado el efecto de la inflación, representó una caída real del 3,2%. En el caso de la coparticipación estricta -contar transferencias originadas en leyes complementarias ni compensaciones-, el descenso habría sido de 3,7% real.

Leé también: El Gobierno acelera una nueva tanda de reformas para junio con foco en desregulación y juicio por jurados

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A eso se suma la última reestructuración presupuestaria. La decisión administrativa 20/2026 dispuso rebajas en créditos presupuestarios para cumplir con el equilibrio previsto en el Presupuesto 2026. En ese marco, el Ministerio del Interior tuvo un recorte de $320.671 millones, con una baja de $320.711 millones en el programa “Relaciones con las Provincias y Desarrollo Regional”, principalmente vinculado a Aportes del Tesoro Nacional (ATN), las transferencias no automáticas.

El Gobierno quiere negociar con las provincias una baja de impuestos subnacionales, pero al mismo tiempo mantiene cerrada la caja nacional y recorta partidas vinculadas al vínculo financiero con los distritos. En la Casa Rosada creen que esa tensión obliga a avanzar por tramos y a evitar una reforma integral que concentre todos los costos políticos y fiscales en una sola ley. Nación ya experimentó dificultades por el capítulo de Ganancias de la reforma laboral, que terminó retirando.

Gobierno, Reforma Tributaria, MONOTRIBUTO, pacto fiscal

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POLITICA

La Argentina ante los senderos que se bifurcan

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Estados Unidos quiere ganarle a China la carrera de la inteligencia artificial, pero ¿cómo sabremos quién ganó o perdió? Kyle Chan, investigador de Brookings, planteó esta pregunta provocadora en una audiencia pública en la Cámara de Diputados de EEUU hace unas semanas. Una primera respuesta posible: quién lleva la ventaja en los modelos más poderosos, que define quién llega primero a la anhelada y temida superinteligencia artificial. Otra manera de entender la disputa sería acerca de quién controla los insumos en la cadena de valor de la IA: el acceso a los minerales críticos, a los semiconductores o a la energía que demandan los centros de datos. Una tercera forma de abordarlo, argumentó Chan, sería en qué medida la IA logra mejorar la vida y el progreso de la mayor cantidad de personas. Estas formas de evaluar no son excluyentes, y requieren activar distintas palancas de política pública.

La competencia entre Washington y Pekín no tiene correlato con lo que ocurre en el resto del mundo, pero como en cada momento de disrupción tecnológica, todos los países están corriendo su propia carrera, incluida la Argentina. Y esa es la pregunta que quiero plantear: ¿qué significaría que a la Argentina le vaya bien en la carrera de la IA?

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El Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial (ILIA), elaborado por el Centro Nacional de Inteligencia Artificial de Chile, ofrece un punto de partida útil. Argentina ocupa el sexto lugar de 19 países evaluados, con 52 puntos sobre 100, clasificada como “adoptante”: ni entre los pioneros (Chile, Brasil, Uruguay) ni entre los más demorados. Pero la región en su conjunto viene corriendo de atrás. Toda la inversión privada en IA de América Latina representa apenas el 1,12% de la inversión global: una brecha de siete veces respecto al peso de la región en el PBI mundial. Argentina tiene hoy un rezago de adopción de IA en una región rezagada.

Descartemos primero lo que no está a nuestro alcance. Sería poco realista plantearnos que Argentina busque insertarse en la construcción de grandes modelos fundacionales (como Claude o ChatGPT), un camino que requiere inversiones de capital abismales, talento especializado en escala y acumulación de conocimiento durante años. Para dimensionar dónde estamos: Corea del Sur, que se ubica en un muy lejano tercer lugar detrás de Estados Unidos y China en el desarrollo de modelos de IA, es el país con más patentes de IA per cápita del mundo. Ese club tiene barreras de entrada que hoy no podemos franquear.

Eso no significa que países como Argentina queden automáticamente sin lugar en esta nueva geografía tecnológica. En las grandes transformaciones, buena parte del valor suele estar en la capacidad de adaptar y difundir tecnologías a lo largo de distintos sectores de la economía, más que en liderar necesariamente la invención original. Nuestro test tiene que ser otro.

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Una primera dimensión pasa por construir aplicaciones, servicios y plataformas sobre los grandes modelos existentes. Puede además aprovechar el acceso abierto a varios de ellos ya que la Argentina tiene la ventaja de ocupar el segundo lugar de la región en relevancia de su producción de código abierto. Tenemos un sector muy significativo en el que apalancarnos: las exportaciones de servicios basados en la economía del conocimiento alcanzaron en 2025 un récord de 9.600 millones de dólares y fueron el tercer complejo exportador del país.

El desafío es que este terreno se mueve rápido. Cada nuevo anuncio de los grandes modelos de IA redefine en cuestión de semanas modelos de negocio y barreras de entrada para millones de start-ups en todo el mundo. La capacidad de innovar es clave y para ello hacen falta recursos humanos especializados y acceso a financiamiento para escalar rápido. La brecha de talento en IA entre América Latina y el promedio mundial se viene ampliando desde 2022, impulsada por una pérdida acelerada de profesionales especializados. Y el problema es doble: no retenemos el talento existente y nuestros indicadores de calidad educativa revelan cuán endeble es la base sobre la que formamos a quienes vienen. Sin reformas e inversión en el sistema educativo y tecnológico, la IA es un simple anhelo de deseo.

Una segunda dimensión es horizontal: que la IA no quede confinada a los sectores de vanguardia o start-ups sino que impregne al conjunto de la economía, de manera que potencie la productividad. América Latina arrastra un problema severo de productividad —su crecimiento promedió apenas un 0,4% anual en los últimos 25 años y fue negativo en la última década— y los grandes saltos tecnológicos abren oportunidades para acelerar transformaciones. Esta puede ser una de ellas.

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Como ocurrió con internet o la electricidad, hay países que lideran la invención y los primeros desarrollos comerciales, pero eso no impide que otros se vuelvan especialmente eficaces en difundir esa tecnología a lo largo de toda su economía. No conocemos una revolución tecnológica de esta escala y velocidad, pero sí sabemos que los procesos de difusión tecnológica son muy relevantes para el desarrollo de los países.

¿Podemos convertir esta disrupción en una herramienta para mejorar la competitividad de nuestra economía? ¿Cómo incentivamos usos de IA que potencien el trabajo humano y no lo reemplacen? Según el ILIA, Argentina registraba a inicios de 2025 casi 8 millones de usuarios activos de aplicaciones de IA generativa. Somos adoptantes tempranos. Pero ese uso individual no se traduce todavía en impacto productivo. Como suele ocurrir en los procesos de difusión tecnológica, las compañías más grandes y dinámicas llevan la delantera y para las pymes es más cuesta arriba.

Según una encuesta de usos de IA en pymes argentinas realizada por NADIA (Nodo argentino de IA), existe un crecimiento acelerado de uso pero aún incipiente. Entre las pymes de manufactura, el 36% reporta usar al menos un tipo de IA y su principal uso es para marketing y ventas. Aún no se observa un uso sistemático y con rediseño de procesos. La brecha entre uso individual e impacto productivo es, por ahora, un fenómeno extendido en el mundo. Pero el potencial es grande, especialmente en los sectores más rezagados. A lo largo del país, empresas de distintos sectores están experimentando con IA de formas que muchas veces pasan desapercibidas, pero que podrían convertirse en referencia para otras organizaciones y, además, contribuir a dinámicas de ecosistema que han demostrado acelerar la difusión de innovaciones tecnológicas.

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El sector público no es ajeno a esta promesa de adopción transversal, desde un algoritmo que detecta irregularidades en licitaciones antes de que se firmen, a un hospital que agiliza diagnósticos (ni hablar del desafío que implica para el sistema educativo). Pero una incorporación de IA en el Estado que no sea solo cosmética para un reel de Instagram tiene prerrequisitos: datos públicos de calidad y con estándares de ciberseguridad, interoperabilidad de sistemas e inversión en profesionales especializados capaces de conducir una adopción que hoy avanza a distintas velocidades. A su vez, el sector público expone, sin atenuantes, el desafío que la IA plantea a toda la economía: cómo se van a reconfigurar los trabajos con la automatización creciente.

Una tercera dimensión opera en una capa más basal: la infraestructura física que hace posible la IA y que condiciona también la capacidad de usarla y de innovar del resto de la economía. La infraestructura digital global tiene un costo material enorme y la inteligencia artificial lo está multiplicando: centros de datos que consumen cantidades crecientes de energía, semiconductores que requieren minerales críticos y redes que demandan conectividad de alta capacidad.

Argentina tiene ventajas concretas en ese ecosistema. Produce carbonato de litio, tiene reservas de cobre y un sector energético en crecimiento, además de un territorio extenso y subutilizado para infraestructura digital. Los casos de referencia no están tan lejos. En el Nordeste de Brasil, Porto Digital reúne casi 500 empresas tecnológicas y ayudó a convertir a Recife en uno de los polos de innovación más dinámicos de América Latina. El desafío para Argentina es atraer inversiones y lograr sinergias que redunden en mejoras en conectividad, empleo y condiciones para acelerar la incorporación tecnológica en el resto de la economía.

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Aplicaciones y servicios sobre IA, difusión productiva e infraestructura digital. Son dimensiones distintas de una misma transformación y se potencian mutuamente. Hay una tentación simétrica en los senderos del debate actual en nuestro país sobre la inteligencia artificial. La del entusiasmo fácil: creer que la IA va a resolver los problemas estructurales de la economía argentina sin que cambie nada de lo demás. Y la del rechazo defensivo: resistir la infraestructura y la adopción en nombre de una soberanía digital que, en la práctica, equivale a aislarnos y perder oportunidades concretas. La apuesta más difícil y más valiosa es construir márgenes de acción: articular capacidades de innovación, uso e infraestructura que traduzcan la expansión de la IA en mejoras concretas de productividad, competitividad y bienestar. Argentina puede seguir acumulando usuarios de IA generativa y quedarse, al mismo tiempo, fuera de los beneficios reales de esta revolución. En el jardín de Borges, todos los futuros permanecen abiertos. El de la Argentina en la IA también, todavía.

*La autora es directora regional The Global Initiative for Digital Empowerment (GIDE) y profesora invitada Universidad Di Tella




Julia Pomares,Conforme a

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