No está todavía en la discusión pública, atravesada por las negociaciones alrededor de la suspensión de las PASO y el Presupuesto 2027, pero hay un trabajo silencioso de legisladores, operadores y empresarios cada vez más preocupados por la crisis de un rubro tan sensible como el de la salud. Es tan compleja la situación que, según fuentes del sector, hay un universo de unas 5.000 clínicas y sanatorios privados que corre serios riesgos si no se prorroga la emergencia sanitaria que está vigente desde la crisis de 2001 y que les permitió evitar el pago de aportes y contribuciones sin ser embargadas. Sin esa ayuda, el sistema de la seguridad social estaría al borde de la quiebra.

“La situación es preocupante”, aseguraron desde una de las principales prepagas que, sin embargo, tiene más espalda que el resto.

El Congreso debe definir a fin de año si se vuelve a prorrogar la Emergencia por la que todavía subsisten los prestadores que atienden a afiliados del PAMI, de las obras sociales provinciales y sindicales, y de la medicina prepaga. Según informes de las cámaras, la brecha entre los costos y los ingresos de las clínicas y los sanatorios llegó al 57% en diciembre del 2023, y con la desregulación de las prepagas y la desaceleración inflacionaria se estancó en un 26% en la actualidad: “El sector prestador está en un equilibrio precario y desigual, se recuperó donde dominan las prepagas y sigue atrasado donde dependen del PAMI y las obras sociales, especialmente en el interior”.

En el caso de las obras sociales sindicales, la situación es aún más acuciante: según informes de la CGT, el 78,5% de los beneficiarios de esas obras sociales aportan menos que el costo del Plan Médico Obligatorio (PMO). Fue una discusión que el sindicalismo, con Gerardo Martínez a la cabeza, llevó a la mesa de negociaciones con el Gobierno, en particular con operadores ligados a Santiago Caputo, durante la discusión por la reforma laboral, pero no llegaron a buen puerto. El asesor presidencial mantiene una fuerte influencia en el rubro a través del ministro Mario Lugones, padre de su socio Rodrigo, y en especial en el PAMI junto a su hermano Francisco: el mes pasado, por caso, el consultor llegó hasta el edificio de la avenida Corrientes para presentar a las autoridades a Verónica Pérez, nueva coordinadora de un organismo que está atravesado por una feroz disputa interna que parece haber entrado en una zona de relativa estabilidad en el último mes. Aún cuando llegó a circular el nombre del ministro de Salud de Salta con un potencial desembarco en el organismo, en un hipotético acuerdo entre la Casa Rosada y el gobernador Gustavo Sáenz.

El conflicto escaló a principios de año, en un serio desacuerdo entre Salud y Economía por las transferencias del Tesoro que hizo crujir al sistema y llevó a los prestadores a prender las luces de alerta. Esta semana, por ejemplo, sanatorios y clínicas de todo el país convocaron a una suspensión de los servicios para los afiliados de la principal obra social -unos 6 millones- por 48 horas. También se registraron diferencias internas por algunos negocios dentro del PAMI que incluso tuvieron eco en la Justicia.

Según confiaron a este medio fuentes oficiales, se trabaja en un proyecto pedido por el sector que es analizado por la comisión de Acción Social y Salud Pública de la Cámara de Diputados que preside el diputado Manuel Quintar, que saltó a la fama cuando compró un automóvil Tesla que estacionó en el garaje del Congreso, pero que tiene clínicas en Jujuy e intereses en el negocio. Hubo más de 10 reuniones con representantes de ese sector, pero aún no se definió si la iniciativa será presentada por el bloque, por legisladores aliados o directamente por el Ejecutivo. El proyecto, de “reforma del sistema prestacional de la salud”, apunta a cerrar la emergencia a través de la regularización fiscal y previsional en hasta 180 cuotas, la protección de embargos cautelares y la compensación de créditos históricos del PAMI con obligaciones tributarias, entre otros puntos. Hay un lobby de las cámaras empresariales para apuntalar ese proyecto. De hecho, fuentes oficiales confirmaron que durante la semana Rodolfo Negri, un empresario importante de San Luis, le llevó el tema al ministro Lugones, aunque el escollo principal es el de su colega Luis Caputo, “Toto”, un fanático de la disciplina fiscal a cualquier costo. El rol de Negri es muy relevante: es la pareja de la senadora de La Libertad Avanza Ivana Arrascaeta, que preside, ni más ni menos, que la comisión de Salud de la Cámara alta.

Para el sindicalismo, el escenario respecto de las obras sociales es “casi terminal” para buena parte de los gremios. Así lo plasmaron en un “informe de situación de las obras sociales” elaborado por la CGT a principios de año, y desde ese momento el problema solo se agravó. “Para poder continuar con la prestación de servicios, la mayor parte de nuestras organizaciones necesitan el auxilio de sus respectivos sindicatos, sin el cual muchas entrarían en cesación de pagos”, resaltó ese documento. Además, es la primera vez en dos décadas que la CGT no tiene llegada directa, y por lo tanto influencia, en la Superintendencia de Servicios de Salud, que administra y distribuye recursos para las obras sociales a través de un fondo solidario. Existía hasta ahora una norma implícita: el superintendente de esa oficina tenía que ser casi empleado de los gremios. No es el caso del funcionario actual, Horacio Guevara, ligado a Lugones, que reemplazó hace diez días a Claudio Stivelman.

El malhumor sindical por la crisis de las obras sociales también está ligado al sistema de cobranzas que la administración porteña aplica cada vez que un afiliado se atiende en alguno de los hospitales de la capital a través de FACOEP, una sociedad del Estado que se creó por ley en el 2016 y que reemplazó al sistema ASI. Tal vez por eso hubo algún chispazo reciente entre el ministro Fernán Quirós y Héctor Daer. Desde el sindicalismo apuntan contra el jefe de Gabinete, Gabriel Sánchez Zinny. Los directivos de las obras sociales gremiales están muy inquietos. Algunos, por ejemplo, temen por posibles embargos judiciales.

El panorama general, dicen, es alarmante. El tema está al tope de las preocupaciones de los popes de la CGT. Fuentes sindicales aseguraron que esta semana incluso podría haber una cumbre institucional entre Cristian Jerónimo y la cúpula de la Unión Argentina de Salud (UAS), que nuclea a las principales entidades privadas de medicina, clínicas, sanatorios, prepagas, laboratorios y prestadores de salud de todo el país, y que preside Hugo Magonza.

La alarma atraviesa a todos los sindicatos. Chicos, medios y hasta a los más grandes. En Camioneros, por ejemplo, el tema impacienta a Liliana Zulet, pareja de Hugo Moyano, apuntada puertas adentro por el manejo de la obra social, Oschoca, desde la que construyó un imperio de sociedades. Zulet fue además durante años motivo de disputa entre Hugo y su hijo Pablo Moyano, aunque bajaron la guardia este año y se reconciliaron. El año pasado, Pablo Moyano se distanció de la CGT, pero ahora está, desde hace tiempo, en un proceso de recomposición de vínculos, y se prepara, si no hay imprevistos, para conducir la Seccional Buenos Aires a partir del año próximo, cuando haya elecciones. Ese proceso componedor incluyó a Claudio Tapia, “Chiqui”, el jefe de la AFA, sacudido por turbulencias judiciales. En privado, Tapia dice que algunas de sus desventuras en la Justicia son fogoneadas por el principal consultor presidencial, al que apodó “Astroboy”.

Abogados para todos. El mundillo judicial está atento a lo que suceda este martes, cuando más de 180.000 abogados matriculados elijan a sus cuatro representantes para el Consejo de la Magistratura hasta el 2030, y se empiecen a redefinir los equilibrios dentro de un organismo tan sensible como ese.

Hay un buen número de funcionarios, legisladores, gobernadores y operadores que trabajan desde hace meses en una puja de poder por esos cuatro lugares, con un plus: hay acuerdos y relaciones cruzadas a los vínculos tradicionales.

Por un lado Daniel Angelici, “El Tano”, que lleva como primer candidato a Alberto Biglieri, interventor de la UOM, que se ha transformado en el dirigente más influyente de la ciudad de Buenos Aires y que acordó con gobernadores como Alfredo Cornejo y Maximiliano Pullaro y con el ex presidente Mauricio Macri, siempre atento a la Justicia, que el viernes posteó un texto en favor del intendente Santiago Passaglia, de San Nicolás, y que al rato borró de manera llamativa y desprolija. “El Tano” quiere extender su ascendencia más allá de la capital.

Otra de las listas es apadrinada por Juan Manuel Olmos, que cerró la campaña esta semana junto a Mariano Recalde, de La Cámpora, y que lleva como cabeza a la cordobesa Demarchi Arballo. A propósito del senador y consejero, dentro de esa organización son cada vez más las voces que dan cuenta de un pico de tensión con Máximo Kirchner, que quiere disputarle el control de la capital a través de la diputada Paula Penacca. Recalde no es el único de esa agrupación activo detrás de esa lista: también tallaron, por ejemplo, el intendente Julián Álvarez y Eduardo de Pedro, “Wado”, siempre vinculados con el Poder Judicial. A De Pedro, el círculo rojo lo desvela particularmente: esta semana anduvo a los abrazos con el establishment empresario en un evento en la sede de la UADE en el que se agasajó a Martín Cabrales.

En el caso de Fernando Levene, de Abogacía Federal, el principal promotor es el ex consejero Diego Molea, rector de la Universidad de Lomas de Zamora, muy relacionado con el mundillo judicial, que cerró un acuerdo que incluye desde el gobernador Martín Llaryora hasta al senador Maximiliano Abad. Este último espera hace rato por las negociaciones, truncas durante este año, en torno a la integración de la Corte Suprema bonaerense, que tiene por ahora cuatro vacantes y que Axel Kicillof no se define a ocupar: desde el radicalismo abundaron en que hubo un trato a fin del 2025 alrededor del Presupuesto que incluía la Corte y que, hasta ahora, sigue incumplido. Al gobernador, el rubro judicial no le atrae particularmente.

La cuarta de las listas que este martes intentará buscar una banca por los abogados en el consejo nacional es la que menos expectativa genera: se trata de La Libertad Avanza, encabezada por Luis Palomino, concejal de Vicente López, respaldado por Sebastián Pareja. La campaña de Palomino abre un interrogante en el distrito que gobierna el PRO: si habrá o no un acuerdo entre ambos espacios el año próximo y qué rol jugará Ignacio Devitt, que mantiene una enemistad de hace años con la cúpula del partido amarillo de ese distrito.

Desde que empezó a prestarle más atención al rubro judicial y propició el desembarco de Juan Bautista Mahiques en el gabinete, Karina Milei decidió que el Gobierno necesitaba empezar a disputar lugares de poder no solo en el Consejo de la Magistratura nacional -impulsó en su momento al diputado Gonzalo Roca- a través de Santiago Viola, sino también en el de la capital: el abogado Diego Carbone, muy conocido en el Poder Judicial, será el candidato de ese espacio el próximo mes para la renovación del organismo porteño en el que tallan fuerte Angelici y Olmos. Carbone tiene el aval de Pilar Ramírez y de la hermana presidencial.

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Javier Milei llegó el miércoles a Washington para encontrarse con una Argentina que entusiasma. La de los proyectos petroleros y gas en Vaca Muerta, los minerales críticos y las inversiones que prometen cambiar la escala de las exportaciones. El jueves recibió aplausos y una distinción por su defensa de la libre empresa en la Cámara de Comercio de Estados Unidos, frente al parque Lafayette, a metros de la Casa Blanca. Ese mismo día, por la tarde, frente al Congreso argentino hubo piedras, gases y enfrentamientos durante la movilización por el financiamiento universitario.

Las dos escenas condensaron la distancia entre las expectativas que despierta el país afuera y los conflictos que atraviesan su transformación adentro. Son las dos Argentinas que el Gobierno necesita acercar antes de 2027. En Washington las observan con atención: quienes celebran las oportunidades de inversión también se preguntan si el costo de la transición puede poner en riesgo la continuidad del programa.

El Presidente llevó una respuesta confiada. Calificó los resultados sociales de su gestión como un milagro, defendió la apertura aun cuando genere efectos distintos entre sectores y se mostró convencido de que los argentinos volverán a elegir su modelo. Su certeza electoral, sin embargo, no clausura el debate en los despachos políticos y financieros estadounidenses.

En los ámbitos políticos, diplomáticos y financieros de Washington, el respaldo al rumbo argentino convive con advertencias. El interés estratégico por la Argentina excede la afinidad entre Milei y Donald Trump. Pero esa alianza tiene límites, y el entusiasmo económico también depende de decisiones que se toman en Buenos Aires.

La preocupación por una ley que puede levantar barreras

En Washington, el entusiasmo por las oportunidades de inversión en la Argentina convive con una preocupación concreta: que el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, la denominada ley por las Malvinas termine levantando nuevas barreras para las empresas y complique los negocios que el propio Gobierno busca atraer.

El temor es que la iniciativa levante nuevas barreras en un mercado que el Gobierno busca abrir. La preocupación no se limita a una discusión diplomática: apunta al alcance económico de las sanciones vinculadas con la explotación de recursos en Malvinas y a cómo podrían afectar las decisiones empresariales.

La preocupación tiene una explicación concreta: la industria petrolera depende de una red internacional de proveedores especializados que no siempre permite separar los negocios de Malvinas de los proyectos argentinos. Las restricciones sobre esas compañías podrían encarecer servicios, demorar inversiones o dificultar campañas de exploración. El efecto podría alcanzar incluso a las operaciones de las propias empresas argentinas.

El cruce ya tiene ejemplos públicos. La firma Bluewater fabricó las monoboyas del oleoducto Vaca Muerta Sur, impulsado por un consorcio encabezado por YPF, y tiene vínculos con Sea Lion. Fugro, también investigada por sus actividades relacionadas con las islas, anunció un contrato para el proyecto Argentina LNG de YPF y sus socios.

El Gobierno exhibe como un resultado favorable que grandes proveedoras hayan descartado trabajar en Malvinas para priorizar el mercado argentino. Pero la superposición de contratos muestra el riesgo de que el endurecimiento de las sanciones termine complicando también los proyectos energéticos que busca impulsar dentro del país.

La situación es seguida con atención en distintas oficinas públicas de Washington, donde se considera que la previsibilidad de las reglas y el acceso a los mercados son condiciones centrales para sostener el interés empresarial.

Milei anunció la iniciativa el 3 de septiembre, en una cadena nacional que combinó el rechazo al avance del proyecto petrolero Sea Lion con la expectativa abierta por declaraciones de Trump sobre una posible revisión de la posición estadounidense. La elaboración del texto tuvo a Legal y Técnica en el centro de la redacción y a Santiago Caputo entre sus impulsores políticos. El proyecto incorporó, además, modificaciones en seguridad y defensa que exceden las sanciones por recursos naturales.

La iniciativa todavía debe atravesar el Congreso. El miércoles 14, el oficialismo no consiguió cerrar un acuerdo para firmar dictamen y continuó negociando cambios con los bloques aliados.

La paradoja es que la inquietud aparece en sectores que acompañan la apertura argentina y esperan avances en el Acuerdo sobre Comercio e Inversiones Recíprocos, conocido como ARTI. Durante la visita presidencial, Pablo Quirno y el representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, firmaron un protocolo adicional para habilitar el envío del entendimiento al Congreso.

El interés comercial convive con la búsqueda de garantías frente al calendario político. En ese punto, el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones es valorado como una herramienta para sostener los proyectos aun durante la incertidumbre electoral.

Malvinas, el límite que no modifica la afinidad con Trump

La apuesta de Estados Unidos por profundizar la relación con la Argentina es decidida. La afinidad entre Milei y Donald Trump acelera ese acercamiento, pero el interés también responde al valor estratégico de los recursos argentinos. Ese respaldo, sin embargo, no implica un cambio de posición frente a Malvinas: en Washington no se prevé abandonar la neutralidad en la disputa por la soberanía de las islas.

El contraste pone un límite a la traducción doméstica de la cercanía con Trump. La alianza abre oportunidades, pero no supone que Washington vaya a acompañar a Buenos Aires en cada uno de sus reclamos.

¿Por qué, entonces, Trump abrió la puerta a revisar esa posición? La interpretación que circula en Washington remite a una herramienta habitual del presidente estadounidense: la ambigüedad estratégica. Sus declaraciones sobre Malvinas son leídas como una forma de presionar al Reino Unido y desequilibrar a sus interlocutores, sin comprometerse con una decisión concreta. Para la Argentina, el riesgo consiste en convertir esa ambigüedad en una promesa.

El interés de Estados Unidos, de todos modos, tiene fundamentos que van más allá de la relación personal entre los mandatarios. La energía, los minerales y la competencia con China ocupan un lugar central en esa agenda. La Argentina ofrece recursos y una posición regional que Washington considera valiosos.

En YPF proyectan que el desarrollo energético permita sumar más de US$30.000 millones anuales de exportaciones para la Argentina a partir de 2030. La compañía también estima una balanza comercial energética positiva de US$45.000 millones para 2031 y los años siguientes. Son proyecciones para el conjunto del país, que ayudan a dimensionar el valor estratégico de sus recursos.

En Pan American Energy (PAE) destacan que Southern Energy, el consorcio en el que participan, ya acordó exportar a Alemania dos millones de toneladas anuales de gas natural licuado durante ocho años, a partir de 2027. Según las estimaciones de la empresa, ese acuerdo representa más de US$7000 millones en exportaciones. La oportunidad energética argentina empieza así a traducirse en compromisos comerciales de largo plazo.

La relación también responde a necesidades estadounidenses. Milei facilita y acelera el acercamiento, mientras los recursos argentinos ofrecen razones para sostenerlo más allá de la afinidad personal entre los presidentes.

Los tres escenarios para 2027

Entre los análisis que circulan en la banca internacional hay tres hipótesis electorales: la reelección de Milei, un gobierno peronista moderado que preserve aspectos centrales del rumbo y una oposición dispuesta a revertirlo. En esa evaluación, la continuidad del Presidente sigue siendo el escenario más probable.

La segunda alternativa introduce un matiz relevante. Un cambio de signo político no necesariamente implicaría desarmar el programa. Podría aparecer un peronismo que conserve su orientación general y preste más atención al mercado interno.

El tercer escenario, que aparece con menor probabilidad en ese esquema, sería un regreso a políticas que subordinen la estabilidad de largo plazo a objetivos inmediatos. La evaluación distingue esos programas de las personas: también reconoce que en los espacios opositores hay equipos que comprenden las restricciones económicas, aunque su capacidad de influir en una eventual gestión sea otra incógnita.

En ese mapa también pesan los vínculos que Sergio Massa conserva en Washington, un activo dentro de un peronismo dividido. En la misma evaluación pesan su imagen negativa y las dificultades para reunir consensos internos. Esos contactos no equivalen a una candidatura definida ni a una preferencia estadounidense por su regreso.

Para estimar las probabilidades, el análisis también mira a los gobernadores. Muchos de los proyectos vinculados con la energía y los recursos naturales se concentran en provincias del interior. Sus mandatarios tienen incentivos para que esas inversiones avancen, aun cuando no compartan la identidad partidaria del Presidente.

Esos intereses pesan también en la composición del Congreso y en los apoyos que necesitaría cualquier intento de cambiar el rumbo. A eso se agregan las divisiones opositoras y las dificultades para construir una propuesta y un liderazgo comunes. La tesis es que existen obstáculos políticos para una reversión, incluso más allá del resultado presidencial. No que ese riesgo haya desaparecido.

Cómo administrar la transición sin perder la elección

La discusión sobre 2027 conduce a una pregunta económica inmediata: qué hacer con los sectores que soportan el costo del cambio de modelo mientras las nuevas inversiones todavía no producen un beneficio extendido.

Entre quienes siguen la economía argentina desde Washington también se discute la necesidad de introducir medidas para gestionar la transición. La preocupación alcanza a sectores que acompañan la orientación general del programa y quieren que perdure: estabilizar la economía es una condición necesaria, pero insuficiente, para transformar las oportunidades en crecimiento. En ese debate aparecen propuestas como reducir la carga de Ingresos Brutos mediante una negociación con las provincias y revisar el rechazo general a las regulaciones.

Una de las discusiones financieras reconoce el esfuerzo de estabilización y, al mismo tiempo, plantea que parte del costo del ajuste podría haberse amortiguado, especialmente en áreas como universidades y discapacidad.

La Argentina de la energía, la minería y el agro concentra expectativas de crecimiento. La de las actividades que enfrentan mayores dificultades no puede esperar indefinidamente a que esos proyectos se conviertan en empleo, ingresos y demanda. En el análisis financiero aparece una objeción concreta: el traslado de trabajadores desde los sectores que pierden actividad hacia las provincias mineras y energéticas difícilmente ocurra con la velocidad que necesita la política. El desafío político consiste en que los tiempos de una y otra no vuelvan incompatible la continuidad de las reformas con la necesidad de ganar una elección.

Milei defendió en Washington la lógica de la reasignación de recursos y sostuvo que la Argentina no tiene un problema de empleo. En los ámbitos económicos y financieros de la capital estadounidense, el debate se desplaza hacia la forma de administrar sus consecuencias. Cuánto acompañamiento hace falta, con qué instrumentos y cómo evitar que el malestar termine frustrando las inversiones que hoy despiertan entusiasmo. La expansión del crédito y de un mercado de capitales estable aparece como una vía para que los ingresos exportadores lleguen también a la construcción, los servicios y el consumo. Pero ese proceso requiere tiempo.

También aparece una duda sobre el propio Presidente: si la convicción que le permitió ejecutar el ajuste puede convivir ahora con la flexibilidad que requiere esta etapa.

Las imágenes del jueves dejaron esa distancia expuesta: los aplausos de una audiencia empresaria y, horas después, las piedras y los gases frente al Congreso. Desde Washington se apuesta por la Argentina que promete crecer. También se sigue a la que necesita llegar hasta ese crecimiento.

Javier Milei, Washington

En los últimos días la Casa Rosada vio repuntar levemente la imagen de Javier Milei, y de cara al debate de temas sensibles vinculados a la economía en el Congreso durante los próximos días mantendrán incólume el discurso duro que en la oposición consideran cruel.

Después de la batalla campal en la calle y de la pelea minuto a minuto el jueves pasado, dentro del recinto, por el DNU 70, la Cámara de Diputados volverá a ser el eje de la atención en la semana que se inicia mañana. Esta vez, para retomar la serie de proyectos controversiales cuyo debate se aplazó; donde el endeudamiento familiar aparece como principal tema que vincula el plano económico con el social y que afecta a amplios sectores.

En el oficialismo, a pesar de todo, le restan importancia.

“No es un tema”, dijeron en Economía. “No se endeudan para comer. No son grandes gastos, es que la gente administra mal el dinero”, sostienen funcionarios que analizaron los números en profundidad y atribuyen esos problemas a las compras online y a las nuevas facilidades para importar productos a bajo precio del exterior.

No obstante, hay cierto registro: saben que es políticamente incorrecto decir tal cosa en público y sólo lo manifiestan por lo bajo, aunque con total convencimiento.

El diagnóstico del Gobierno es, lisa y llanamente, que el endeudamiento es el resultado de un plan virtuoso. Por un lado, porque es una señal -como suele repetir el vocero presidencial, Adrián Ravier, en sus conferencias de prensa- de que “volvió el crédito”. Pero también, agregan en privado, porque el Gobierno “generó una cuestión de aspiración”. En la mirada de los libertarios, la mora es una señal de que hay mayor confianza. “Se generó una competencia de mercado”, justifican, con seguridad.

Con estas premisas en mente, durante los próximos días encararán el debate por los endeudados sin recalcular, a pesar de que el tema, cuentan los analistas locales, fue un problema grave para Lula da Silva en Brasil.

Milei está convencido del rumbo económico a pesar de los llamados de atención desde el ala política. Pero también desoye los pedidos de algunas voces libertarias de que al menos sus alfiles intercalen los latigazos con “caricias”, como dijo un referente violeta de vínculo directo con la cúpula y con llegada al territorio bonaerense.

Esas voces están convencidas también del rumbo económico, pero sugieren cambios en el terreno declamativo. En la mesa política, en cambio, no creen necesario matizar la narrativa tajante. Milei deslizó algún concepto conciliador hace tres semanas, cuando reconoció que “la foto es horrible”. Pero ni el jefe de Estado ni los ministros creen que haga falta algún tipo de matiz en el tema social. “Así nos quisieron, así nos quieren”, dijeron en LLA.

Mientras, Axel Kicillof aún no dio detalles de eventuales avances de la investigación que lanzó en agosto, cuando el tema se ubicó en el centro de la agenda, junto a su Secretario de Hacienda, Augusto Costa. Dijo que investigaría a entidades como Mercado Libre, en una conferencia de prensa sobre las condiciones de los créditos otorgados por billeteras virtuales y posibles abusos contra los consumidores.

Más allá de esa medida, en la oposición trabajan para que en Diputados el Gobierno sufra un revés el miércoles, tras su propio fracaso en la búsqueda del quórum para derogar el DNU 70/23. En la mesa política, en cambio, están convencidos de que la sesión del 21 -que convocaron para dar de baja la del jueves pasado- está “atada”.

“Esta semana no va a ser tan complicada. Los dictámenes ya fueron consensuados y firmados con los aliados”, dijeron.

Vienen con aires triunfalistas de la pelea contra la oposición en la Cámara baja a pesar de que en el saldo total tuvieron problemas serios, las dudas que se generaron por el operativo de seguridad en las inmediaciones del Congreso, y los incidentes con la policía. Y las encuestas que miran en la Casa Rosada son el principal sostén de la estrategia narrativa. El Presidente subió en algunas de ellas, y eso refuerza la idea de que “decir la verdad”, como lo plantean, no tiene costo para su imagen. Para el oficialismo, el electorado valora la firmeza del mensaje, incluso cuando es incómodo.

La oposición, en cambio, lee otra cosa. Sus referentes señalan que el Gobierno naturaliza una situación que golpea a miles de familias y que el discurso de que “la gente administra mal” desconoce el contexto de ingresos y consumo. De ahí la acusación sobre la “crueldad”, que se repetirá en el recinto cuando llegue el turno del proyecto de endeudamiento familiar.

Mientras en el Congreso la oposición se ilusiona con que el oficialismo sufra un nuevo revés, en la Casa Rosada creen que no ocurrirá. Con los dictámenes firmados por los aliados, la sesión del 21 es para ellos una oportunidad de demostrar que, más allá del ruido, tienen los números. Y de seguir sin recalcular el mensaje.

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