El juez federal Sebastián Casanello sobreseyó al embajador ante la Unión Europea Fernando Iglesias en una causa por enriquecimiento ilícito que le había iniciado en 2021 el diputado kirchnerista Rodolfo Tailhade.

El cierre del caso se apoyó en un peritaje contable sobre el patrimonio del entonces legislador y la resolución deja constancia de que el proceso no afectó el buen nombre y honor del imputado.

Según el dictamen fiscal de Ramiro González, el análisis pericial y la evaluación conjunta de los patrimonios de los imputados no advirtieron la existencia de un enriquecimiento sin justificación.

Sin impulso fiscal, el juez Casanello dictó el sobreseimiento.

Los bienes y las variaciones patrimoniales registradas encontraron respaldo adecuado en los ingresos acreditados y en los demás fondos verificados durante los períodos analizados, señala el fiscal.

Tailhade había presentado la denuncia el 4 de febrero de 2021, cuando integraba el bloque del Frente de Todos e Iglesias era diputado nacional.

El expediente se sorteó y recayó en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 7, a cargo de Casanello.

Decía la denuncia que al cierre del ejercicio 2017, según sus declaraciones juradas ante la Oficina Anticorrupción, Iglesias declaraba un patrimonio neto de 3.751.753,98 pesos.

Y que al cierre de 2019, en su última declaración jurada presentada al momento de la denuncia, consignaba activos por 12.250.198,90 pesos y deudas por 2.210.000, con un patrimonio neto de 10.040.198,90.

En ese período había incorporado una camioneta 4×4, una propiedad de 100 metros cuadrados y una tenencia en efectivo de 10.000 dólares que no tenía al inicio.

Tailhade sostuvo que ese incremento no guardaba relación con los ingresos declarados y pidió que se lo citara a indagatoria y se ordenara su procesamiento. También cuestionó los viáticos que el diputado percibió por viajes al exterior financiados por la Cámara.

Iglesias respondió desde el recinto y desde las redes. Atribuyó sus ingresos a la venta de sus libros, al alquiler de propiedades y a conferencias, calificó la denuncia de ridícula y dijo que a los 63 años era la primera vez que debía ir a un tribunal a defenderse.

Tailhade replicó que la explicación de los libros era inverosímil porque no había editado ninguno en 2018 ni en 2019.

Casanello delegó la investigación en la fiscalía. El primer fiscal a cargo fue Jorge Di Lello, que imputó a Iglesias el 11 de febrero de 2021 junto con Ana Kliauga y José Bocles, y dispuso las primeras medidas de prueba. Tras la muerte de Di Lello, el expediente pasó a Ramiro González.

En agosto de 2021 se levantaron los secretos bancario y fiscal sobre el entonces diputado, se pidieron sus declaraciones juradas a la AFIP y a la Cámara, y se libraron oficios a entidades bancarias para detectar cuentas no declaradas.

Tailhade amplió la denuncia y sumó una transferencia al exterior por 17.921 dólares desde una cuenta del Banco Ciudad, en junio de 2019. Tras esas medidas se ordenó el peritaje que cerró el caso.

El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi rechazó que los diputados nacionales de la Coalición Cívica-ARI Mónica Frade y Maximiliano Ferraro sean querellantes en la causa que investiga al presidente Javier Milei y a otras personas por un supuesto fraude con el lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA.

El fallo del juez se suma al que dictó semanas atrás, confirmado hace cinco días por la Cámara Federal, con su sala recién integrada por jueces designados este año por el Gobierno, donde rechazó que los inversores que perdieron dinero con el token puedan ser querellantes en el expediente.

Frade y Ferraro habían presentado un pedido para ser querellantes al argumentar que integran la comisión investigadora parlamentaria sobre $LIBRA y donde pidieron incorporar como prueba el informe final de esa comisión, además del testimonio de Nadia Beller, expareja del consultor Fernando Cerimedo, preso en Bolivia.

Martínez de Giorgi explicó que la condición de legislador, por sí sola, no los habilita a constituirse como parte querellante.

Entendió que la ley les exige a los querellantes acreditar un interés “directo, inmediato y personal” derivado del hecho investigado y que una vinculación genérica con la maniobra denunciada no resulta suficiente.

Según el fallo, Frade y Ferraro invocaron como perjuicio la afectación del normal funcionamiento de la administración pública, la transparencia del proceso decisorio estatal y el ejercicio de sus funciones de control parlamentario.

Pero el juez dijo que esas razones no los diferencian de cualquier otro integrante del Congreso ni del interés general que puede tener cualquier ciudadano en que se investiguen delitos contra la administración pública.

Por eso dijo que de aceptar ese criterio, por el solo hecho de ser legislador, “habilitaría a cualquier diputado a querellar en toda causa vinculada con el funcionamiento del Estado”, lo que no abarca la figura del “particularmente ofendido”.

Tampoco alcanzó, según el juzgado, que ambos hubieran actuado como denunciantes originales, pues el hecho de ser denunciantes no los coloca automáticamente en el rol de querellante.

El juez Martínez de Giorgi citó como antecedente el fallo de la Sala I de la Cámara Federal del 4 de septiembre pasado, que había confirmado la exclusión como querellantes de cinco inversores que habían comprado el token $LIBRA y se presentaron como damnificados.

Eran Juan Patricio Marchetto, Alan Vega, Braian Emanuel Quintero, Matías Alejandro Paris y Martín Romeo, varios de ellos patrocinados por el diputado y abogado Juan Grabois.

Esa exclusión había sido dispuesta originalmente por el juez Martínez De Giorgi el 3 de julio, a pedido de Mauricio Novelli, uno de los investigados en la causa como presunto intermediario entre la Casa Rosada y empresarios del mundo cripto.

La Cámara ratificó la decisión de Martínez de Giorgi con los votos de Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi, que había jurado horas antes como camarista con nuevo acuerdo del Senado.

En su resolución sobre Frade y Ferraro, el juez Martínez de Giorgi mencionó otro antecedente de la misma causa cuando en febrero pasado ya se había aplicado el mismo criterio restrictivo sobre la legitimación para querellar.

Con estas decisiones en la causa $LIBRA, el impulso solo queda en manos de la fiscalía a cargo de Eduardo Taiano.

Taiano había imputado a Milei el 22 de febrero de 2025 por abuso de autoridad, tráfico de influencias, estafa, cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública, a partir de las denuncias originales de Claudio Lozano, Gregorio Dalbón, la Coalición Cívica y de Grabois junto a Itaí Hagman.

En abril de este año, la querella había pedido el llamado a indagatoria de Milei, del entonces vocero presidencial Manuel Adorni y de otras 14 personas vinculadas al caso.

Frade y Ferraro podrían apelar el rechazo ante la Cámara Federal, el mismo camino que transitaron los cinco inversores excluidos, sin suerte. Por encima de ese tribunal, podrían recurrir ante la Cámara Federal de Casación Penal para lograr regresar al caso.